También representa una barrera porque esta arraigada en las actitudes, creencias y valores que determinan como una comunidad percibe y responde a la diferencia.

Sin embargo, las normativas nacionales como la Ley de Educación Nacional N.º 26.206 y la Resolución CFE N.º 311/16 van a marcar un cambio de paradigma hacia la inclusión educativa. Estas normas reconocen el derecho de todos los estudiantes a recibir educación en igualdad de condiciones, promoviendo la eliminación de barreras y la adecuación de las prácticas escolares. A pesar de estos avances normativos, los discursos que circulan en las escuelas muestran la presión entre lo legalmente establecido y las prácticas cotidianas poniendo en duda de la posibilidad real de inclusión.  Muchas veces se mantiene al estudiante en un estado de integración sin apoyos adecuados o adecuaciones del entorno muy lejos de una plena inclusión que buscan las políticas actuales.

La P.E en la modalidad de E.E se basa en principios como accesibilidad, participación plena y respeto por la diversidad. Es necesario la construcción de entornos que valoren las diferencias como parte constitutiva del aprendizaje y se habiliten nuevas formas de pensar la escuela como espacio de todos. Para que se dé una transformación es necesario la formación docente, el acompañamiento institucional y el trabajo interdisciplinario.

Cada persona con discapacidad tiene derecho a acceder a una educación de calidad, para que puedan educarse en igualdad.

En argentina los niños y niñas con discapacidad son sistemáticamente rechazados de escuelas, hasta encontrar una que les abra las puertas; les dicen que no podrán cumplir con las exigencias de la institución, que el colegio no está preparado para recibirlos o que simplemente no hacen inclusión.

Incluir estudiantes con discapacidad no es una opción, o un acto de buena voluntad, es una obligación de todas las escuelas públicas y privadas .

La convención de los derechos humanos de las personas con discapacidad tratado internacional obligatorio en nuestro país desde el 2008 reconoce en su artículo 24, el derecho a la educación inclusiva y establece que las personas con discapacidad no pueden ser excluidas del sistema general de educación.En Córdoba, el derecho a la educación inclusiva para personas con discapacidad está contemplado en la Ley Córdoba Inclusiva (10.728) de 2020, que establece la obligatoriedad de la capacitación para el trato adecuado y la accesibilidad universal, y promueve un modelo educativo inclusivo en todos los niveles educativos del sistema provincial.

A su vez el derecho a la educación, se entrecruza con otro muy importante, el derecho al trabajo; por eso al terminar sus estudios las personas con discapacidad deben tener el acceso y la capacitación adecuada para incorporarse al mercado laboral sin barreras.

A lo largo de la historia, la forma de entender la discapacidad cambió mucho. Antes, desde una mirada más médica, se pensaba que la persona con discapacidad debía ser tratada o educada en lugares separados, porque se creía que no podía aprender junto a los demás. Con el tiempo, y gracias a nuevas concepciones sociales y educativas, empezó a reconocerse que el problema no estaba en la persona, sino en las barreras que la sociedad y la escuela imponen. Ese cambio marcó el paso de la educación especial tradicional hacia la educación inclusiva, que busca garantizar que todos los estudiantes puedan aprender y participar, respetando sus diferencias.

Las frases que se escuchan en las escuelas, como las que mencioné en el audio, muestran cómo todavía circulan ideas que vienen de esas viejas concepciones. Muchas veces se sigue pensando que la inclusión es “aceptar” a quien es diferente, cuando en realidad se trata de transformar la escuela para que todos puedan ser parte. Las representaciones sociales que tenemos sobre la discapacidad influyen mucho en nuestras actitudes y prácticas. Cambiar esas representaciones implica comprender que la diversidad no es un problema, sino una característica natural de cualquier grupo. Requiere revisar las palabras, los prejuicios y los modos de enseñar que se sostienen en la vida escolar cotidiana.

En Argentina, la Ley de Educación Nacional N.º 26.206 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad son marcos legales que impulsan la educación inclusiva en todas las provincias. Estas normativas proponen una escuela abierta, que respete las diferencias y brinde los apoyos necesarios para cada estudiante. Los principios de la política educativa en la modalidad de Educación Especial se basan justamente en la integración y la inclusión, entendidas como un derecho y no como una opción. Lograr una educación inclusiva real es un proceso que requiere compromiso, reflexión y trabajo conjunto entre docentes, familias y toda la comunidad educativa.

En Argentina, los cambios en las representaciones se articularon con normas nacionales que marcaron hitos: la Ley Nacional de Educación N.º 26.206 (2006) reconoce la educación como derecho social y garantiza la inclusión de estudiantes con discapacidad en todos los niveles y modalidades. También se incorporan los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), con jerarquía constitucional, que plantea el acceso a la educación común con los apoyos necesarios. A nivel provincial, las normativas educativas establecen lineamientos específicos para fortalecer la articulación entre la educación especial y la educación común, asegurando trayectorias integrales y continuas para todos los estudiantes.

Desde esta perspectiva normativa y política, la modalidad de Educación Especial ya no se concibe como un espacio segregado, sino como parte del sistema educativo que brinda apoyos, recursos y saberes especializados para garantizar la inclusión. Las voces del audio, docentes, familias, estudiantes, muestran que aún coexisten modelos antiguos y nuevos, y que la construcción de una escuela inclusiva implica revisar prácticas, creencias y discursos. Reconocer esta transición es clave para transformar la escuela en un espacio que no tolere las diferencias, sino que las valore como parte constitutiva de la diversidad humana.

La educación es un derecho fundamental, garantizando que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad independientemente de sus orígenes, discapacidades, género o nivel socioeconómico. En el marco legal se establece un principio de inclusión educativa en todos los niveles del sistema educativo el ministerio de Educación, ciencia y tecnología de acuerdo con el consejo federal de Educación garantiza la integración de los alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades (ley de Educación nacional número 26 206 - ley provincial 9870, artículo 16) garantizando así la igualdad de oportunidades y la participación plena de todos los estudiantes, utilizando estrategias comunes como adaptaciones curriculares apoyos individualizados y capacitando a los docentes para que puedan implementar prácticas inclusivas en el aula. Estas leyes,aseguran que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad.

Durante gran parte de la historia argentina, la escuela fue concebida como un dispositivo de homogeneización, especialmente desde la Ley 1420 de 1884, que instauró la educación común, gratuita y obligatoria. En este marco, las diferencias —incluida la discapacidad— eran vistas como obstáculos a superar o apartar. Predominaban los modelos médicos y asistencialistas, que ubicaban a las personas con discapacidad en instituciones segregadas, bajo la lógica de la protección y la rehabilitación. La educación especial surgió como respuesta a esta mirada, consolidándose en espacios paralelos al sistema común. Sin embargo, hacia fines del siglo XX, comenzó a gestarse un cambio de paradigma, influido por los movimientos internacionales de derechos humanos y por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD, 2006), que Argentina ratificó mediante la Ley 26.378, otorgándole jerarquía constitucional en 2014.

Este giro normativo impulsó la transición desde la integración —que implicaba adaptar al estudiante a la escuela— hacia la inclusión, que exige transformar las prácticas escolares para garantizar el derecho a la educación de todos. A nivel nacional, la Ley de Educación Nacional 26.206 (2006) y la Ley de Educación Especial 22.431 (modificada por la Ley 25.689) establecen principios de equidad, accesibilidad y participación plena. En el ámbito provincial, normativas como la Resolución 311/16 en Córdoba promueven la inclusión educativa desde un enfoque de diseño universal, reconociendo la diversidad como valor pedagógico. No obstante, en muchas instituciones persisten tensiones entre discursos inclusivos y prácticas excluyentes, donde las diferencias aún se perciben como problemáticas a gestionar más que como oportunidades para enriquecer el aprendizaje colectivo.

En este contexto, las opiniones que circulan en las escuelas revelan disputas entre modelos históricos y nuevas concepciones. Mientras algunos actores sostienen miradas centradas en el déficit, otros reivindican el enfoque social de la discapacidad, que la entiende como resultado de barreras actitudinales y estructurales. La inclusión no se reduce a la presencia física del estudiante con discapacidad, sino que implica revisar las culturas institucionales, las políticas y las prácticas pedagógicas. Reconocer las diferencias como constitutivas de la experiencia escolar exige una formación docente crítica, políticas intersectoriales y una comunidad educativa comprometida con la justicia educativa. La inclusión no es una estrategia, es un derecho, una forma de preguntarnos que escuela queremos construir y de revisar nuestros propios discursos.