El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

Lorena Cabrera, coordinadora de la especialidad en Gestión Integral de Riesgos de la IBERO, expone que las autoridades municipales y el gobierno del estado deben retomar su capacidad de gestión hídrica y sus atribuciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, ya que el sector de la construcción ha crecido atendiendo a intereses mercantiles y dejando de lado su huella ecológica.