Los datos oficiales indican que hasta junio de este año se han perforado solo 173 pozos. Si la tendencia continúa, a fines del 2016 el total alcanzará los 346 pozos, una cifra similar a la de 2012, un año en el que Vaca Muerta era una promesa escasamente conocida del país. La caída es evidente: en 2014 se perforaron 551 pozos y en 2015, 504 pozos.

La actividad general en la Cuenca Neuquina bajó, según fuentes del Sindicato Petrolero conducido por Guillermo Pereyra, entre un 45% y 50%, afectando los puestos de empleo de unos 3000 operarios.

La mitad de ellos permanecen suspendidos cobrando un mínimo salarial de 12 mil pesos, mientras que los restantes han sido desafectados. Unos 1000 pertenecen a Añelo, Cutral Co y Plaza Huincil y otros 500 a Neuquén Capital.

Desde las cámaras de servicios petroleros, el optimismo ante una posible reactivación durante el segundo semestre es muy moderado.

Según fuentes de la Cámara Empresarial, Industrial, Petrolera y Afines (Ceipa), para que la industria recupere los niveles de exploración y producción que venía exhibiendo en el periodo 2014-2015, es imprescindible que se mantengan los subsidios al barril criollo, que compensa la estrepitosa caída del precio internacional (se paga a unos US$ 67 contra US$ 49 o incluso menos que cotiza afuera).

Por otro lado, los empresarios están expectantes a que la Justicia Federal defina el tema del alza de tarifas del gas para que, de este modo, se pueda implementar el aumento del gas en boca de pozo que pasaría de los US$ 2,5 a los U$S 5 el millón de BTU. La provincia más beneficiada con esta modificación tarifaria sería Neuquén que recibiría 2500 millones de pesos extra puesto que produce cerca del 50% del gas de la Argentina.

“Si no existiera el valor subsidiado al barril criollo la caída hubiera sido mucho más marcada”, aclaran fuentes empresariales neuquinas. En su visión, la resolución de la trama judicial a propósito del aumento de los servicios, es vital para que comiencen a llegar nuevas inversiones a Vaca Muerta. “Si los jueces federales supieran realmente cómo afecta el congelamiento de las tarifas a la actividad gasífera no habrían hecho lo que hicieron. Hay miles de puestos en juego. Las empresas se mostrarían muy atraídas por el nuevo valor”, agregan.

Según datos de la Subsecretaría de Energía, divulgados por el diario Río Negro, en el primer semestre la producción de petróleo bajó 3,7% interanual. En cuanto al gas, cayó 3,4% y el no convencional escaló 27% en Vaca Muerta.

El río Colorado permite hoy el abastecimiento a poblaciones, el riego de unas 150.000 hectáreas, usos mineros, petroleros, recreativos, tanto como la generación hidroeléctrica. Se trata de una cuenca que comparten cinco provincias: Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Esta cuenca tiene como autoridad de aplicación al denominado Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) integrado por las provincias mencionadas y por la Nación, invitada por aquéllas a integrarlo debido al carácter interjurisdiccional del recurso. Este Comité elaboró en 2012 un informe titulado Evaluación de la actividad petrolera , que detalla que en 2011 hubo 1982 "incidentes denunciados". Involucra a 18 compañías, más de 70 yacimientos y expresa la actividad que involucra a la cuenca del río. Retrospectivamente menciona que en el período 2000-2011 las compañías petroleras contaminaron la cuenca del río Colorado con 4,6 millones de litros de petróleo y con 54,5 millones de litros de agua contaminada de producción, lo que implica una superficie equivalente a 240 hectáreas. Varias organizaciones sociales vienen denunciando el avance de explotaciones de yacimientos no convencionales conocido también como fracking , que usa grandes volúmenes de agua y químicos a presión, que rompen la roca y, mediante bombeo, extraen el hidrocarburo.

Teniendo en cuenta la superficie involucrada y la necesidad de preservar el ecosistema del río se requiere de las autoridades una posición firme para la protección del ambiente. Aquí no hay misterios: se trata de conjugar la responsabilidad de quien desarrolla una actividad riesgosa -y que debe asumir su responsabilidad por los daños que produce aun cuando el clima no sea el deseado- y el derecho constitucional de todos los habitantes de gozar de un ambiente sano.

No se trata de detener ningún desarrollo, sino de que toda explotación de recursos naturales, en un país como la Argentina, cuente con un control exhaustivo que impida que este tipo de incidentes se conviertan en una práctica habitual resuelta con el pago de una multa.

Los hechos reflejan la necesidad de que las empresas que allí desarrollan sus actividades reemplacen los materiales antes de que se venza su vida útil y que las autoridades cumplan con su deber de protección del ambiente y de hacer valer ese derecho fundamental que establece que el daño ambiental produce, prioritariamente, la obligación de recomponerlo.