Subsidios gubernamentales: Los gobiernos pueden implementar programas de subsidios para personas de bajos ingresos que han perdido su trabajo. Esto puede incluir la reducción del costo de los servicios médicos, medicamentos y seguros de salud para quienes enfrentan dificultades económicas.

Programas de asistencia sanitaria: Los programas como Medicaid en EE. UU. o similares en otros países ofrecen asistencia sanitaria a personas que no pueden costear seguros privados, mitigando así el impacto del desempleo en el acceso a la salud.

Centros de salud comunitarios: Los gobiernos pueden establecer o apoyar clínicas comunitarias que ofrezcan atención primaria y preventiva gratuita o a bajo costo. Estas clínicas suelen atender a personas sin seguro o que tienen recursos limitados, proporcionando acceso a consultas médicas, vacunas, control de enfermedades crónicas, y medicamentos básicos.

Brigadas móviles de salud: Equipos móviles de médicos y enfermeras que se desplazan a comunidades rurales o áreas urbanas vulnerables para ofrecer servicios de salud gratuitos. Esto ayuda a que las personas que no tienen acceso a transporte puedan recibir atención médica.

Consultas virtuales: Facilitar la atención médica a través de plataformas digitales permite a las personas recibir consultas sin necesidad de desplazarse. Esto reduce costos y tiempo, especialmente para quienes no pueden pagar una visita presencial.

Servicios de telemedicina subvencionados: El gobierno puede apoyar el uso de telemedicina para ofrecer servicios de salud mental, consultas generales y seguimiento de pacientes crónicos a un costo más bajo o gratuito para quienes lo necesiten.

Acciones de tutela: En algunos contextos, como en Colombia, se puede interponer una acción de tutela para proteger el derecho fundamental a la salud. Esto es particularmente útil cuando una persona desempleada no está recibiendo la atención médica que necesita debido a su condición laboral.

Defensores del pueblo y organizaciones de derechos humanos: Estas entidades pueden ayudar a garantizar que se respeten los derechos a la salud de las personas desempleadas y puedan interceder ante el gobierno o empleadores para garantizar que se implementen medidas de protección adecuadas.