El Plan Nacional de Desarrollo es el principal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP).

El objetivo es contribuir, a través de las

políticas públicas, al cumplimiento progresivo de los derechos constitucionales, los objetivos del régimen de desarrollo y disposiciones del régimen del Buen Vivir.

La planificación es un medio para

servir a la población, y que los problemas de desarrollo son derechos insatisfechos.

Proceso integral de carácter económico, social, cultural y político, cuyo objetivo es la mejora constante del bienestar de

todas las personas sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios.

Garantizar una vida digna de todas

las personas en todo lugar en todo momento.

2007-2008

Ecuador experimentó el proceso constituyente más democrático de su historia, sintetizado en un texto constitucional de vanguardia, garantista de derechos, que fue aprobado masivamente vía referéndum por los ecuatorianos, con una mayoría inédita de las dos terceras partes.

Las pujantes demandas sociales de diferentes estratos llaman por una apertura al diálogo y a la producción de

consensos, sin claudicar a los principios y conquistas logradas con tanto esfuerzo.

En la actualidad tenemos una sociedad con mejores capacidades, distribuidas de manera más equitativa; en consecuencia, debemos afrontar nuevos desafíos.

Esta propuesta de desarrollo (Buen Vivir) sitúa al ser humano y a la naturaleza en el centro de la gestión pública, priorizando el bienestar de hombres, mujeres, niños y ancianos y sus relaciones armónicas para construir una sociedad en la diversidad.

Reconocimiento igualitario de los derechos de todas las personas e implicó la consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la convivencia social y política.

Los últimos diez años han servido para demostrar que la pobreza es un problema del capitalismo, que se ha reproducido por las prácticas de exclusión, marginación y dominación a partir del ejercicio del poder.

Procesos de diálogos y acuerdos para la

Alcanzar logros importantes tales

como mayor equidad y justicia social, el desarrollo de capacidades del talento humano y capacidades productivas, grandes proyectos de infraestructura para el desarrollo en cuanto a salud, educación, vialidad, generación eléctrica, y servicios con amplia cobertura a nivel nacional, entre otros.

Los desafíos están en tener una economía inclusiva con alto valor agregado y una sociedad con nuevos valores, basados en la solidaridad y la corresponsabilidad.

Lograr una sociedad más justa y equitativa construida a través de la promoción de la igualdad en todos los ámbitos y la erradicación de todo tipo de discriminación, exclusión y pobreza.

Los retos se orientan a garantizar los derechos de la naturaleza con el fin de, garantizar un ambiente sano, digno y abundante para las generaciones futuras.

Ampliar los espacios para la participación ciudadana y la deliberación, así como fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción a través de la consolidación de un Estado transparente y eficiente y una sociedad activa, esto con el fin de garantizar el derecho a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción (CE, art. 3).

La integración latinoamericana y la inserción estratégica del país a escala global para la consolidación de una cultura de paz y el posicionamiento del Ecuador en el mundo, bajo el respeto de la soberanía (CE, art. 276).

Garantía del derecho a la salud gracias a la promoción de hábitos de vida saludables orientados a la prevención de enfermedades.

El acceso a la educación básica y bachillerato será universal, erradicando la discriminación y ampliando las modalidades de educación especializada e inclusiva.

Fortalecer el ordenamiento territorial y la gestión del suelo, entendiendo que cada territorio es parte de un complejo sistema de interdependencias entre los asentamientos humanos, las dinámicas productivas, los recursos naturales y los servicios ambientales.

El fortalecimiento del tejido social y el sentido de pertenencia a una comunidad política y territorial crea condiciones para el trabajo mancomunado y solidario, en un proceso que refuerza la confianza y la valoración, para la unidad en la diversidad en el marco de una sociedad plurinacional e intercultural.

Las redes de infraestructura crean condiciones para el traslado de personas y el intercambio de bienes, servicios

e información y conocimiento, así como para el fomento de la producción y relación a nivel nacional y regional.

La infraestructura productiva, la tecnología y el conocimiento son elementos fundamentales para fortalecer los circuitos comerciales solidarios, los

encadenamientos productivos y las economías de escala capaces de dinamizar la competitividad sistémica del territorio nacional.

El desarrollo territorial requiere de movilización,

asociatividad y corresponsabilidad de todos los

actores en el territorio.

La descentralización y desconcentración, como políticas nacionales para democratizar y trasformar el Estado, deben orientarse a mejorar las condiciones de vida de la población, consolidando la gobernanza del territorio y promoviendo una cultura ciudadana empoderada de sus derechos y deberes.

El uso y gestión del suelo presenta nuevos desafíos en términos de coordinación intersectorial y de articulación entre niveles de gobierno.

Fortalecer las capacidades de gestión territorial e implementar políticas públicas con perspectiva territorial, tanto desde el gobierno central como desde los gobiernos autónomos descentralizados.

La asignación de los recursos públicos debe alinearse a los Objetivos Nacionales de Desarrollo y garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales.

Implementa políticas públicas que permitan cumplir los objetivos, políticas y metas establecidos en la planificación nacional, con un enfoque de equidad territorial y que sirva para cerrar brechas sociales y distribuir los beneficios del desarrollo.

La inversión ejecutada se enfocó en nutrición, educación, salud, vivienda, infraestructura de saneamiento básico, protección y seguridad social, vivienda e infraestructura pública en el sector social y para la producción, como por ejemplo: hospitales, escuelas, generación hidroeléctrica,

conectividad, vialidad, puertos y aeropuertos, entre otros.

El reto de la planificación es invertir recursos con un criterio de pertinencia y responsabilidad económica considerando las políticas y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, las cuales son responsabilidad de

todos los ecuatorianos y ecuatorianas.

Para la ejecución de la inversión pública que fomente el crecimiento y el desarrollo del país, existen fuentes de financiamiento adicionales al Presupuesto General del Estado.

Plan Nacional de Desarrollo asciende a USD 42 152 millones.

Fomento del cumplimiento de los objetivos,

políticas y metas del Plan Nacional de Desarrollo se

requieren de fuentes de financiamiento adicionales al

presupuesto general del Estado.

El cumplimiento de los Objetivos Nacionales de

Desarrollo, incluyendo la implementación de

proyectos estratégicos nacionales e intervenciones emblemáticas, requiere inversiones corresponsables por un monto total de USD 55.448 millones entre 2017 y 2021.