El uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y el Ejército, que resultó en la muerte de más de 50 personas, suscitó fuertes críticas tanto dentro del Perú como en la comunidad internacional. Según informes, las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes, lo que llevó a denuncias de violaciones de los derechos humanos y abuso de autoridad. Estos actos han sido cuestionados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha señalado posibles violaciones a las garantías constitucionales, como el derecho a la vida y a la protesta pacífica. En respuesta, se ha exigido una investigación exhaustiva y sanciones para los responsables, destacando la necesidad de reformar el manejo estatal de la protesta social en el país.