Años después de su origen, en 1997, la COP 3 de Kioto acordó el primer protocolo legalmente vinculante para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Fue el llamado Protocolo de Kioto en el que los países firmantes se comprometieron a reducir las emisiones en al menos un 5 % (en comparación con los niveles de 1990) para 2012.

Pero, quizá la COP sobre el cambio climático más famosa fue la COP 21 que se celebró en Francia en 2015, donde se adoptó el Acuerdo de París. Este pacto estableció objetivos específicos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para limitar el aumento de las temperaturas y los impactos del cambio climático. Aunque estos son los más reseñables, no son los únicos acuerdos pioneros de la COP sobre el cambio climático.

Aunque hubo voces de preocupación de no llegar a ningún acuerdo en la COP27, se adoptó finalmente el «Plan de implementación de Sharm el-Sheikh«, el cual incluyó la creación de un fondo para apoyar a países en desarrollo vulnerables contra el cambio climático. El uso del propio fondo se discutirá en la COP28 de 2023.

El mismo plan reitera la promesa plasmada en el Acuerdo de Glasgow, adoptado en la COP26 en 2021, que pretende limitar el aumento de la temperatura media global a 1.5°C por encima de los niveles preindustriales, y además incluye la promoción de la generación de energía limpia y la eficiencia energética, la eliminación gradual de la generación de energía a base de carbón y la aceleración para eliminar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles.

Pese a este acuerdo, se afirma que las medidas de mitigación para frenar el calentamiento global, como la reducción de la emisión del GEI y el apoyo financiero a los países emergentes, han sido insuficientes, y faltan acciones específicas para la reducción de los combustibles fósiles.

Al respecto, en la COP27, México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, anunció un aumento de la meta de reducción de emisiones del GEI de 22% a 35% para 2030, 5% más de lo que anunció la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, introduciendo, por ejemplo, el transporte con bajas emisiones y la generación de energías con baja huella de carbono. En concreto, pretende promover la electromovilidad retomando el Acuerdo de Glasgow. Si bien, según IMCO, para cumplir con estas metas para realizar acciones de cero emisiones en el sector transporte, se requiere que el 50% de los vehículos vendidos sean de cero emisiones: tienen que vender 600 mil vehículos eléctricos al año al menos, contra 47 mil vehículos ligeros híbridos y eléctricos vendidos durante 2021. Será sumamente complicado para alcanzar en los 7 años restantes sin que se implemente o incentiven la inversión relativa.

Aquí, lo primordial es que cada país comparta un sentido de crisis sobre el cambio climático y mantenga y fortalezca la cooperación internacional. Particularmente, los países desarrollados deben fortalecer el apoyo a los países emergentes y establecer objetivos más ambiciosos para ellos mismos, desde la perspectiva de promover los esfuerzos de los países emergentes que son esenciales para la descarbonización.

Dentro de este lineamiento, como una de las medidas de mitigación específicas, se deberá profundizar las discusiones sobre la reducción de los vehículos de gasolina y de energía a carbón con una guía de la hoja de ruta realista para la descarbonización.

Cabe resaltar que es relevante brindar apoyo relacionado con el clima, sino en mejorar el entorno empresarial, incluidos los sistemas legales y reglamentarios básicos.

Al respecto, cabe recordar que la COP 26 estableció una regulación clara sobre el mercado de bonos de carbono. Estos bonos, regidos por el mecanismo del mercado, son esquemas en los cuales los países desarrollados dividen la proporción que logre reducir la emisión del GEI con aquellos en desarrollo en donde se lleva a cabo dicha reducción real. Si los respectivos países pudieran intercambiar la porción de la reducción, el costo podría bajarse a nivel internacional.

Este esquema de bonos de carbono (plasmado en el art. 6 del Acuerdo de París) es impulsado activamente por Japón introduciendo el “mecanismo de acreditación conjunta”. Para finales del 2021, se implementó el mismo mecanismo en 205 operaciones con 17 países de Asia. En un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón se menciona que México es el primer y único país de América Latina con el que Japón puede impulsar este mecanismo.

El vínculo México-Japón se ha fortalecido por el Acuerdo de Asociación Económica vigente desde 2005. En el presente siglo, Japón es el 4° inversionista para México después de EU, Canadá y España. El 2023 será el aniversario de 135 años de la relación diplomática de ambas naciones. Será el momento de crear un nuevo vínculo, no sólo económico sino también social. La cooperación en temas específicos como el calentamiento global será una forma de abrir una nueva ruta en la relación entre México y Japón.

El Plan de Acción de Buenos Aires (PABA):

Contexto:

El PABA surgió en un contexto de creciente interés en la cooperación técnica entre países en desarrollo, impulsada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo (CTPD) en 1978.

Objetivo principal:

Su principal objetivo era establecer un marco para la cooperación técnica entre países en desarrollo, promoviendo la transferencia de tecnología y conocimientos.

Beneficios:

La cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD) se considera un modelo de cooperación que permite a los países compartir sus experiencias, recursos y conocimientos para el desarrollo.

Importancia:

El PABA sentó las bases para la cooperación Sur-Sur, un enfoque que enfatiza la cooperación entre países en desarrollo, reconociéndolos como socios en el desarrollo.

Legado:

El PABA ha sido reconocido como un hito en la cooperación internacional para el desarrollo, contribuyendo a fortalecer las relaciones entre países en desarrollo y a la promoción de la transferencia de tecnología y conocimientos.

Ley de Cambio Climático y Transición Energética (2021):

España aprobó esta ley para establecer objetivos climáticos y energéticos, incluyendo la neutralidad climática antes de 2050.

PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030):

Este plan establece objetivos de reducción de emisiones para 2030 y acciones para alcanzar la neutralidad climática.

Participación activa en las COP:

España participa en las negociaciones de la CMNUCC, buscando acuerdos internacionales para la acción climática.

Objetivos de reducción de emisiones:

España se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 23% respecto a 1990, trabajando para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.

Finalmente, en Dubai se ha logrado un acuerdo muy positivo para impulsar la transición energética. Por primera vez se hace un llamamiento expreso al abandono de combustibles fósiles bajo condiciones estrictas: acelerar la acción climática en esta década, alcanzar emisiones netas cero a 2050 y fundamentar la acción en la ciencia. Además, para 2030 se ha fijado el objetivo de triplicar la capacidad renovable y duplicar las mejoras de eficiencia energética.

Se ha realizado un llamamiento a todos los países para reducir las emisiones del transporte por carretera a través del despliegue de infraestructuras de recarga eléctrica y la utilización de vehículos cero y de bajas emisiones.

Además, se ha reafirmado el escenario del aumento de la temperatura en 1,5ºC a través de acciones concretas en torno a la reducción de emisiones, unida a una reducción del uso de carbón, de las emisiones de metano y eliminar los subsidios ineficientes a combustibles fósiles, provocando un despliegue acelerado de tecnologías de cero o bajas emisiones. Los resultados alcanzados guiarán la revisión de los planes climáticos de los países (NDCs) en la COP30 que se celebrará en Brasil en 2025.

Además de estos acuerdos, también se han aprobado aspectos técnicos y contribuciones financieras vinculados a la adaptación al cambio climático, el fondo para ayudar a afrontar impactos del cambio climático a países en desarrollo (Fondo de pérdidas y daños) y contribuciones a la financiación climática como la reposición del Fondo Verde del Clima por parte de países desarrollados.