- En el terreno del desarrollo económico, el Gobierno de Aylwin registró grandes e históricos avances y un crecimiento nunca antes experimentado en Chile: en promedio, el PIB creció 7,3% anual durante su gobierno. Según las cifras del Banco Mundial, el producto creció de US$28.385 millones cuando terminó la dictadura en 1989 a US$55.154 millones en 1994, cuando concluyó el mandato de Patricio Aylwin.

- Por su parte, la inflación se redujo  desde el 27,3% en 1990 hasta el 8,9% en 1994; el desempleo bajó del 8,3% en que estaba el índice cuando comenzó la democracia, para caer a 5,5% en 1992 y subir al final del Gobierno de Aylwin a 6,7%. La fuerza del trabajo aumentó 2,6% y se incorporaron 132 mil personas al año al mercado laboral.

- En 1990 el 41% de los chilenos vivía en situación de pobreza, es decir más de 5 millones de chilenos estaban en esta situación. Este porcentaje se redujo a un 28% al final de su periodo gracias a las siguientes medidas:

- Aumento de la inversión: Participación activa del Estado en el desarrollo de políticas sociales en ayuda de los sectores más vulnerables incrementando el gasto social en materia de vivienda, educación, salud, capacitación laboral, nutrición e infraestructura.
-Crecimiento económico y reactivación económica con equidad social:

Aumento de los ingresos autónomos debido a la creación de empleos con un gran incremento en el Ingreso mínimo, incrementando el ingreso de los hogares más pobres en promedio en un 18%.
-Reforma Tributaria: La Reforma Tributaria de 1990 tuvo como fin incrementar los recursos públicos para invertir en las necesarias políticas sociales tendientes a mejorar la equidad y disminuir la pobreza. La reforma, fruto de un acuerdo que involucró a todos los sectores, abarcó, en lo principal, las siguientes medidas:

Cambio de la base del sistema de tributación sobre la renta de las empresas (impuesto de primera categoría) desde utilidades distribuidas a utilidades devengadas.

Aumento de la tasa del impuesto a la renta de primera categoría desde 10% a 15%, hasta diciembre de 1993.

Cambio en el sistema de tributación sobre la renta en la agricultura, minería y transporte desde renta presunta a renta efectiva.

Eliminación de fuentes de evasión del impuesto a la renta a través de la subdivisión y formación de nuevas sociedades.

Creación de un crédito tributario especial por las inversiones productivas efectuadas por las empresas.

Cambio en la estructura de tramos para la aplicación de los impuestos a los ingresos personales (Impuesto Global Complementario e Impuesto Único al Trabajo), manteniendo el mínimo exento y las tasas marginales, con un incremento global de la carga tributaria para los contribuyentes de mayores ingresos, hasta diciembre de 1993.

Aumento, hasta diciembre de 1993, de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde 16% a 18%.

La Reforma Laboral impulsada por el Gobierno también fue fruto de un acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno, que apuntó, en primer lugar, a legalizar nuevamente las organizaciones sindicales y fortalecerlas, tras el escenario de proscripción total del movimiento sindical que instaló la dictadura. De esta manera, los trabajadores volvieron a levantar sus sindicatos, federaciones y confederaciones.

-La política laboral desarrollada se inspiró en cinco tareas, realizando una significativa contribución a los logros de equidad y participación perseguidos:

-La dictación de una nueva legislación laboral: nuevo Código del Trabajo, el primero en Chile promulgado en democracia, pues los anteriores (1931 y 1987) fueron dictados bajo regímenes políticos de excepción. La filosofía que orientó esta reforma se basó en los principios de equidad, autonomía social y participación, y eficacia para el desarrollo. En concreto, esto se tradujo en: aumento de cinco a once meses en el monto máximo de las indemnizaciones por despido; la creación por vez primera de una indemnización para las trabajadoras de casa particular; en el perfeccionamiento del feriado progresivo; el fortalecimiento de la responsabilidad subsidiaria de los empleadores respecto de los derechos previsionales y laborales, entre otras medidas.
-Acuerdos sociales entre trabajadores, empresarios y gobierno que estimularan la cooperación. 
- 1991 se promovieron los “Acuerdos Marco” para buscar la estabilidad entre los diversos actores sociales, suscribiéndose uno por año, en los cuatro años de gobierno.

Aumento en más del 50% de la capacidad del Estado para fiscalizar la legislación laboral y previsional.

Perfeccionamiento del sistema de seguridad social.

Capacitación y formación profesional, elevándose en 40% el número de trabajadores que participaron en cursos financiados por franquicias tributarias, entre otros resultados.

Gracias a estas medidas, entre 1990 y 1993, el empleo creció en 3% anual y la tasa de desempleo cayó a menos del 5%, la más baja en dos décadas. Los salarios reales crecieron en 4% al año, y los mínimos en promedio de 5,6%. Y las asignaciones familiares recibidas por los trabajadores de menores ingresos se incrementaron en cerca del 70%. Los pensionados, asimismo, recibieron un reajuste adicional de sus pensiones, por sobre el aumento del costo de la vida, que superó el 10%. Todo esto, mientras el gasto social del Estado en salud, educación, vivienda y seguridad social creció sobre el 30% durante los cuatro años de gobierno. Y la cantidad de familias bajo la línea de la pobreza se redujo en más del 25%.

- Reforma de primera generación, fue realizada fundamentalmente durante los años 80.

- Reducción del déficit fiscal.

- Disminución del tamaño de la Administración.

- Privatización de empresas públicas. 

- Reforma de segunda generación: La premisa sobre el mejoramiento de la calidad de las instituciones públicas, como base para el desarrollo sustentable, ha presidido el esfuerzo de los diferentes gobiernos democráticos, desde 1990.
En materia de educación, se modificó el estatuto docente, mejorando el régimen laboral de los profesores, sus remuneraciones y estabilidad. De igual manera, se apuntó al mejoramiento de la calidad de la educación y se avanzó en lo que luego sería el financiamiento compartido.

En materia ambiental se dictó la Ley de Bases del Medio Ambiente N°19.300, haciéndose el país cargo de la creación de una institucionalidad que velara por los problemas del medio ambiente. Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994. Además, se creó la Comisión Nacional de Medioambiente.

Se crearon trascendentes instituciones sociales del Estado de Chile, dando atención a los más vulnerables del país. La primera, en materia social, fue la trasformación de Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) que pasó a ser el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), concebido como una instancia fundamental en la planificación e implementación de las políticas sociales para nuestro país.

También se creó el Ministerio Secretaría General de la Presidencia que tendría a su cargo la relación con el poder legislativo y la coordinación de la agenda de reformas.

Las principales instituciones sociales creadas durante el Gobierno de Patricio Aylwin fueron:

FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social): se creó el 26 de octubre de 1990. El FOSIS apoya a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que buscan mejorar su calidad de vida. Según las necesidades, implementa programas en ejes de acción: expansión de capacidades, bienestar comunitario e inversión para las oportunidades.

SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer): fue creado mediante la Ley N°19.023, promulgada el 26 diciembre de 1990, publicada el 3 de enero de 1991. Un gran hito, pues representa el primer organismo del Estado de Chile destinado a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena): en 1990 se creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI). Tres años después, en septiembre de 1993, fue aprobada por el Congreso la Ley Nº19.253 de Pueblos Indígenas. Además, se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con el fin de promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional, a través de la coordinación intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversión y la prestación de servicios a usuarios y usuarias, son sus propósitos.

INJUV (Instituto Nacional de la Juventud): fue creado el 16 de febrero de 1991 por la Ley N°19.042. El INJUV orienta su trabajo a los y las jóvenes de entre 15 y 29 años, coordinando las políticas públicas de juventud que se originan en el Estado. Asimismo, genera programas que fomentan la inclusión y participación social, el respeto de sus derechos y su capacidad de propuesta, poder de decisión y responsabilidad.

FONADIS (Fondo Nacional de Discapacidad): se crea en enero de 1994, cuando se promulgo la Ley N°19.284 que establece normas para la Plena Integración Social de las Personas con Discapacidad. Su misión fue: “contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, facilitando su inclusión en el sistema de protección social y promoviendo la igualdad de oportunidades y no discriminación, a través de una gestión coordinada, eficiente, participativa y ética”. Organismo precursor de lo que hoy es SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad)

Junto a estas organizaciones, se crearon diversas entidades enfocadas al bienestar, desarrollo y buen vivir de la familia y la mujer, iniciativas que fueron lideradas por la Primera Dama, señora Leonor Oyarzún:

Fundación de la Familia: nace en 1990 con la misión de reconstituir el tejido social dañado en dictadura. Se abrieron Centros Familiares en diversos lugares de Chile, focalizando el trabajo con familias de escasos recursos, con el objeto de acercar las políticas sociales a estos sectores. Este trabajo continúa y hoy especialmente con enfoque territorial y de disminuir diversas brechas que van apareciendo.

PRODEMU (Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer): fue creada el 28 de noviembre de 1990, con el objetivo de facilitar la participación, organización y el desarrollo integral de la mujer a través de una estructura democrática y pluralista.

Fundación Integra: nace en 1990 orientando su trabajo a la educación inicial de los niños en extrema pobreza. Hoy cuenta con una extensa red de jardines infantiles y salas cuna gratuitas en todo Chile, y donde miles de niños y niñas reciben una educación parvularia pública y de calidad a través de un proyecto educativo que considera la participación activa de los equipos de trabajo, las familias y la comunidad, en un entorno acogedor, diverso y protegido.

Estas tres instituciones se han consolidado y representan actualmente una pieza esencial de la red de fundaciones a lo largo de todo el país de la actual Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República.

~Uso de incentivos y evaluación del desempeño

La búsqueda de una mayor eficiencia y efectividad del Estado condujo a la institucionalización de los procesos de rendición de cuentas y a la creación de sistemas de evaluación del desempeño.
 

~Desagregación y aumento de la competencia en el servicio civil

La búsqueda por mayor eficiencia mediante iniciativas de desagregación de funciones (diseño y ejecución), devolución y delegación; estuvo asociada a la necesidad de fortalecer la profesionalización. La mayor discrecionalidad y el menor énfasis en reglas formales y en líneas jerárquicas, provocaron una de-burocratización (Olsen, 2008), que necesitaba desarrollar sistemas de servicio civil (SC) bajo criterios de mérito y flexibilidad, guiándose por tres ejes orientadores:

• descentralizar la gestión de recursos humanos;
• potenciar y profesionalizar la función directiva, y
• flexibilizar el sistema de personal (Echebarría, 2006; UN-DESA, 2005).

Promulgó una serie de leyes que buscaron potenciar la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Entre éstas destacaban las leyes de violencia intrafamiliar, filiación, protección a la familia y la de adopciones, y dejó en marcha la tramitación del proyecto de ley que crea los Tribunales de la Familia.

Económicamente, Chile consolidó una política que compatibilizó el crecimiento con la equidad logrando un crecimiento promedio superior al 5 por ciento, inflación de un 6 por ciento y una significativa reducción en los niveles de pobreza, llegando a alcanzar a un 20 por ciento de la población.

En el último período de su administración el país atravesó una grave crisis financiera, producto de la denominada “Crisis Asiática”, que se explica por las dificultades financieras de países asiáticos, luego de la devaluación de la moneda tailandesa. Se sumaron a esto los problemas energéticos, producto de la sequía que afectó a nuestro país.

Se firmó un protocolo gasífero entre Chile y Argentina, en 1995, que abastecería al país de gas natural, como medida para evitar la dependencia de las lluvias en el suministro. Además, en 1996 se inauguró la central hidroeléctrica Pangue, en la Región del Biobío y se aprobó el estudio de impacto ambiental de la central Ralco, en el Alto Biobío.

En materia minera, se firmó el Tratado sobre integración y complementación entre Chile y Argentina, que permitió la instalación de Pascua Lama, y el estudio de proyectos mineros como Vicuña, Amos-Andrés, Las Flechas y El Pachón.

En el plano de las relaciones internacionales, fortaleció la apertura comercial del país, reinsertándolo en la comunidad internacional, y así Chile pasó a ser miembro activo del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico (Apec); suscribió un Acuerdo de Libre Comercio con Canadá; firmó un Acuerdo de Cooperación Económica y Política con la Comunidad Europea; e incorporó al país como miembro asociado del Mercosur. Respecto a las relaciones con China, el 23 de marzo de 1994 firmó el Convenio sobre estímulo y Protección Mutua de Inversión. En el marco de una reunión informal de la Apec, en Indonesia, se entrevistó con el presidente de Estado chino, Jiang Zemin, el 14 de noviembre de 1994.

En tanto, el 24 de noviembre de 1995, el presidente chino recibió al presidente Frei en el Gran Palacio del Pueblo, en Beijing, quien -además- se reunió con el primer ministro Li Peng; en este marco, se firmó el Convenio de Transporte Marítimo y el memorando de Entendimiento sobre la Cooperación en Pesquería. En esta misma gira, el mandatario se entrevistó con el secretario del Comité Municipal de Shangai, Huang Ju, el 26 de noviembre de 1995; y ese mismo mes, 50 compañías chinas participaron en la Feria Internacional de Santiago (Fisa S.A.).

El 30 de enero de 1996, el presidente recibió en La Moneda al viceprimer ministro, Shu Rongji. Asimismo, el 5 de noviembre de 1996 fue visitado por el primer ministro chino Li Peng, y firmaron el Convenio de Cooperación Espacial y el Acuerdo de Cooperación en Agricultura, Ganadería, y Ciencia y Tecnología.

En 1996, se desarrolló en Santiago y Viña del Mar la VI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, ocasión en la que el país acogió a numerosos mandatarios, además del rey Juan Carlos I de España.

El mismo año, su gobierno consiguió la aprobación del Tratado de Campos de Hielo Sur, con el que puso fin al último litigio fronterizo pendiente con Argentina; y firmó del Acta de Ejecución del Tratado de Lima de 1929, con Perú, el 13 de noviembre de 1999, con lo que se finiquitaron los aspectos pendientes del Artículo 5 de dicho tratado y del segundo de su Protocolo Complementario.

Asimismo, en abril de 1998 recibió la visita del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, quien viajó en el marco de la II Cumbre de las Américas, realizada en Santiago.

Hacia el final de su periodo (16 de octubre de 1998) se produjo la detención del entonces senador vitalicio Augusto Pinochet, en Londres. En esa oportunidad se solicitó la liberación del senador, bajo el argumento de la vulneración de la soberanía. El general permaneció detenido 17 meses, retornando sólo días antes (2 de marzo de 2000) que finalizara su Gobierno.

El 11 de marzo de 2000, terminó su período presidencial y fue sucedido por el socialista Ricardo Lagos Escobar, iniciándose el tercer gobierno de la Concertación de Partidos por la Democracia. Tras concluir su mandato, asumió como senador vitalicio, cargo que mantuvo hasta 2006.

En su Programa se fundamentó en los siguientes ejes: restauración de la democracia, reorganización del Estado, creación de empleos, crecimiento económico, reincorporación del país en el contexto internacional, entre otros.

En agosto del año 2000 presentó un proyecto de ley para combatir la evasión y elusión tributaria, para no acudir a nuevos impuestos. La Ley N° 19.738, de 2001, permitió recaudar más recursos por la vía de hacer más eficiente el cobro de los impuestos.

El 31 de mayo del 2000, publicó el documento “Carta a los Pueblos Indígenas de Chile”, y el 18 de enero del año siguiente, creó la Comisión Verdad y Nuevo Trato, entregando su Informe el 28 de octubre del 2003, en que se propusieron una serie de medidas y políticas relacionadas con los Pueblos Indígenas chilenos.

El 13 de junio de 2000, el Gobierno, las Fuerzas Armadas y organizaciones de Derechos Humanos conformaron una “Mesa de Diálogo”, firmando un acuerdo para proporcionar información sobre el paradero de las personas detenidas y desaparecidas durante la dictadura cívico militar.

El de 2001, se promulgó la Ley N° 19.742, que Reforma constitucional que elimina la censura cinematográfica sustituyéndola por un sistema de calificación y que consagró el derecho a la libre creación artística, como se dispuso en la sentencia del caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros) vs. Chile, de 5 de febrero de 2001, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 16 de enero de 2003, luego de los hechos relacionados con los casos Coimas y MOP-Gate, creó la Comisión Asesora en Transparencia y Probidad Pública, con el fin de asesorar al Presidente en la elaboración de propuestas de políticas públicas e iniciativas legales, en materia de probidad y transparencia. Antes, el 25 de septiembre de 2002, había presentado un proyecto de ley para el mejoramiento de la gestión pública y nuevo trato laboral de los funcionarios y las funcionarias públicas, que se materializó en la publicación de la Ley N° 19.882, el 23 de junio de 2003.

El 12 de agosto de 2003 presentó su propuesta: “No hay mañana sin ayer”, con el fin de perfeccionar la búsqueda de la verdad y justicia, la reparación a las víctimas y el fortalecimiento de la sociedad y sus instituciones para evitar la repetición de estos hechos. En este contexto, el 26 de septiembre de 2003, creó la Comisión Nacional Prisión Política y Tortura, con el objeto de determinar quiénes fueron las personas que sufrieron la privación de libertad y torturas por razones políticas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. La Comisión, presidida por monseñor Valech, entregó su Informe en el que se identificó a las víctimas y se hicieron propuestas de reparación por parte del Estado. Lo presentó al país el 28 de noviembre de 2004. La Ley N° 19.992, estableció reparaciones para las víctimas.

El 3 de septiembre de 2004, en materia de salud y protección social, se publicó la Ley N° 19.966, que estableció un régimen de garantías en salud (conocida como “Ley Auge”), relativas al acceso, calidad, oportunidad y protección financiera en materia de salud, para lo cual se estableció una priorización de programas, enfermedades o condiciones de salud, los que progresivamente irían en aumento. Además, se promulgó la Ley N° 20.077, de 2005, que restableció la Bonificación Fiscal para enfermedades catastróficas. Asimismo, se estableció un sistema de protección social, denominado “Chile Solidario”, para las familias en situación de extrema pobreza (Ley N° 19.949, de 2004). Por otra parte, le correspondió promulgar la Ley que creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Ley N° 19.828, de 2002).

En Educación, se promulgó la Ley N° 19.875, de 2003, que reformó la Constitución para establecer la gratuidad y obligatoriedad de la educación media. Asimismo, se diseñó una política de financiamiento de la Educación Superior, que permitió, entre otras, financiarla con créditos de la banca privada avalados por el Estado (conocido como “CAE”), siendo reformada por los gobiernos posteriores.

Bajo su administración se crearon en el año 2004, las comunas de: Hualpén, en la Región de Biobio (Ley N° 19.936); Alto Hospicio en la Región de Tarapacá (Ley N° 19.943); Cholchol, en la Región de la Araucanía (Ley 19.944); y Alto Biobío, en la Región del Biobío (Ley N° 19.959). En agosto de 2005 se publicó la Ley N° 20.050, modificatoria de la Constitución de 1980, que en la línea del gobierno, eliminó aquellos “enclaves autoritarios” que permanecía en la Constitución, por ejemplo, los senadores designados y vitalicios, el rol de garantes de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas y la inamovilidad de sus Comandantes en Jefe. Además, se modificaron las normas sobre estado de excepción constitucional, del Tribunal Constitucional.

En materia de obras públicas, desarrolló una política de concesiones privadas que permitió la construcción de grandes obras. Tratándose del transporte público de la Región Metropolitana de Santiago, su gobierno diseñó y desarrolló el Plan Transantiago.

En el ámbito de la política exterior, en este periodo se fortalecieron las relaciones a nivel regional. Así, al asistir a la XVIII Cumbre de Presidentes del Mercosur, celebrada en Buenos Aires el 30 de junio de 2000, manifestó su interés por integrar el Mercosur como miembro de derecho pleno desde su estatus como Estado Asociado. En XXIII cumbre del MERCOSUR, celebrada el 5 y el 6 de diciembre de 2002 en Brasilia, suscribió los Acuerdos sobre Regularización Migratoria Interna de los Ciudadanos y Residencia para Nacionales, dirigido a la libre circulación de personas.

Asimismo, condujo a su gobierno a celebrar distintos Tratados de Libre Comercio (TLC) con países europeos, asiáticos y Estados Unidos. El 18 noviembre de 2002, la Ministra de Relaciones Exteriores Soledad Alvear, firmó el Acuerdo de Asociación Política y Comercial entre Chile y la Unión Europea, el que al entrar en vigencia permitió el levantamiento inmediato de aranceles y barreras arancelarias del Mercado Común Europeo para el 85% de las mercancías. El acuerdo alcanzó también al comercio industrial, pesquero, agrícola y financiero. El 26 de junio de 2003, firma un acuerdo específico con países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC o EFTA).

Entre febrero de 2003 y noviembre de 2005, se firman TLC con cinco países del Asia Pacífico: Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y la República Popular China.

En el año 2002, Chile integró como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En el contexto de la Guerra de Estados Unidos contra Irak, Chile se opuso a la resolución patrocinada por Gran Bretaña, España y EE.UU., por la cual se daría un ultimátum a Irak para que aclarara el paradero de armas de destrucción masiva bajo la amenaza de intervención militar. El 6 de junio de 2003, en Miami, la Canciller Alvear firmó el TLC con Estados Unidos, convirtiéndose en el primer país latinoamericano en firmar un tratado de esta naturaleza.

En el campo de la cooperación internacional, el 2004, ordenó la participación de soldados para la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH). Asimismo, contribuye a crear la Alianza Internacional contra el Hambre (AICH), junto al Secretario General de la ONU, Kofi Annan, los presidentes Luiz Inácio da Silva (Brasil), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Jacques Chirac (Francia).

Por otra parte, enfrentó desencuentros bilaterales con países de la región, por ejemplo, Perú, quien el 2005, dictó una ley que fijaba una nueva delimitación de las aguas territoriales del Pacífico, asunto que terminó en la Corte Internacional de Justicia. Finalmente, cabe señalar el desarrollo en Santiago la XV Reunión del Grupo de Río, el 17 y el 18 de agosto de 2001, y la XII Cumbre de la APEC, el 20 y el 21 de noviembre de 2004, en las que fue el anfitrión. En esta última reunión, se dió inicio a las negociaciones del TLC con China. En su última Cuenta Pública al país, señaló que Chile era una “economía abierta al mundo”, experimentando un sostenido aumento en las exportaciones.

Así, en los primeros años de vigencia del Tratado comercial con la Unión Europea, crecieron en un 18% y se extendieron a Finlandia, Grecia y Portugal. El 11 de marzo de 2006, le entregó el mando de la presidencia de la República a su ex ministra de Salud Pública y Defensa Nacional, Michelle Bachelet Jeria, primera mujer en la historia de la República en asumir la primera magistratura. Luego, creó la Fundación Democracia y Desarrollo (FD+D), destinada a preservar su legado.

El siguiente año, el 1 de mayo de 2007, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, lo nombró como enviado especial de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Se desempeñó como Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Brown, Rhode Island, Estados Unidos, entre los años 2008 y 2015.

En 2017 intentó nuevamente llegar a La Moneda al ser proclamado por el PPD, en enero de ese año como precandidato a la Presidencia de la República. Luego de la decisión del Comité Central del Partido Socialista de apoyar al senador Alejandro Guillier, declinó su postulación el 10 de abril de 2017.

Primera Presidenta de la República

El 11 de marzo de 2006, ante el Congreso Nacional reunido en pleno en Valparaíso, Ricardo Lagos Escobar, le traspasó el mando del país por el periodo 2006-2010, convirtiéndose en la primera mujer en asumir la Presidencia en la historia de Chile. A la ceremonia asistieron 31 mandatarios y delegaciones de 100 países.

Tan pronto fue proclamada por el Tribunal Calificador de Elecciones como Presidenta electa, anunció la conformación un gabinete, el primero de carácter paritario entre hombres y mujeres. Tras su juramento, inició el trabajo para cumplir los principales ejes de su Programa de Gobierno: educación; protección social; más y mejores empleos; crecimiento y estabilidad; protección de la Salud y la tercera edad, que luego se transformaron en distintas leyes que marcaría el sello de gobierno.

En los primeros días de mandato, implementó medidas relativas a los adultos mayores: atención gratuita en la red pública de salud, reajuste de pensiones básicas y asistenciales. A 25 años de la instalación del sistema de pensiones del Decreto Ley 3.500, de 1980 y bajo el compromiso de su Gobierno de establecer un sistema de protección social, creó el 17 de marzo de 2006, el “Consejo Asesor Presidencial para la Reforma Previsional”, para que elaborara una propuesta de reforma del sistema de pensiones.

El 11 de marzo de 2008, promulgó la Ley N° 20.255, que estableció, entre otros, el Sistema de Pensiones Solidarias (conocido también como “Pilar Solidario), con el fin abordar el problema de personas que por distintas causas no lograron financiar una pensión, en el contexto de capitalización individual impuesto por el Decreto Ley N° 3.500.

En abril de 2006, enfrentó el inicio de manifestaciones estudiantiles, conocidas como la “Revolución Pingüina”, quienes demandaban el cambio del sistema educacional, apuntando directamente contra la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). El movimiento, caracterizado por una transversalidad política, reunidos en la ACES, logró el reemplazo del Ministro de Educación Martín Zilic por Yasna Provoste, y el inicio de una discusión profunda en materia educacional. El 31 de octubre de 2006, promulgó el decreto que creó el “Consejo Asesor para la calidad de la Educación”, con la finalidad de identificar y formular reformas legales e instrumentales para garantizar el derecho a la educación de calidad. El 17 de agosto de 2009 promulgó la nueva Ley de Educación, aunque mantuvo algunas disposiciones de la antigua LOCE.

En su Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 2007 ante el Congreso Nacional, anunció la creación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, “espacio destinado a dar visibilidad a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile entre 1973 y 1990; a dignificar a las víctimas y a sus familias; y a estimular la reflexión y el debate sobre la importancia del respeto y la tolerancia, para que estos hechos nunca más se repitan”. El Museo fue inaugurado en el 2010, como una de las actividades del Bicentenario de la República. Asimismo, se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y dicta la Ley N° 20.377, de 2009, sobre declaración de ausencia por desaparición forzada de personas.

El 1 de septiembre de 2009, se promulgó la Ley N° 20.379, creándose un sistema intersectorial de protección social, integrado principalmente por el Programa de Protección de la Infancia (Chile Crece Contigo) y Chile Solidario, concebido como un modelo de gestión formado por acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por diferentes organismos del Estado en favor de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Por otra parte, se promulgaron diversas leyes tendientes a proteger otros derechos, por ejemplo, la Ley N° 20.249, de 2008, creó el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios; N° 20.330, que fomenta que profesionales y técnicos jóvenes presten servicios en las comunas con menores niveles de desarrollo del país; N° 20.366, que adelantó la transición del sistema de pensiones solidarias, ambas del 2009; y N° 20.418, de 2010, fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad.

Por otra parte, se promulgaron en su gobierno la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la información pública y la Ley N° 20.414, Reforma Constitucional en materia de Transparencia, Modernización del Estado y Calidad de la Política. En el ámbito internacional, le correspondió, entre otros, participar en la constitución de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), asumiendo como su primera Presidenta pro tempore, entre 23 de mayo de 2008 y el 10 de agosto de 2009.

El 27 de febrero de 2010, unos días antes de terminar su mandato, un terremoto y posterior maremoto, afectó a la zona centro sur del país, ocasionando graves daños en infraestructura vial, en viviendas y pérdidas humanas.

Entregó la presidencia de la República a Sebastián Piñera Echenique, poniendo fin a dos décadas de administraciones de la Concertación, iniciados el 11 de marzo de 1990.

El 14 de septiembre de 2010, tras algunos meses de haber concluido su mandato el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, anunció su nombramiento como Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, entidad creada el 2 de julio del mismo año, destinada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Antes de partir a New York, en abril de 2010, creó la Fundación Dialoga.

En marzo de 2013, luego de renunciar a su cargo en ONU Mujeres, regresó a Chile. En un acto celebrado en la comuna de El Bosque, el 28 de marzo de 2013, anunció su voluntad de asumir nuevamente una candidatura presidencial y transformarse en la candidata de la Nueva Mayoría, nueva alianza que incluía a los partidos de la Concertación más otras fuerzas de izquierda como el Partido Comunista de Chile, en las elecciones presidenciales del 17 de noviembre de 2013.

El domingo 30 de junio de 2013, se realizaron por primera vez las elecciones primarias en el marco de la Ley N° 20.640, para la nominación de candidatos y candidatas a la presidencia de la República, parlamentarios y alcaldes, y publicada el 6 de diciembre de 2012. En esta elección, en la que votaron por el bloque de la Nueva Mayoría 2.142.070 personas, se enfrentó su ex ministro de Hacienda, el independiente Andrés Velasco, quien obtuvo 278,684 votos, equivalentes al 13,01% del total de sufragios; al democratacristiano Claudio Orrego, quien alcanzó 189.752, correspondientes al 8,86% del total de sufragios; y al radical social demócrata José Antonio Gómez Urrutia, el que obtuvo 108.365, equivalentes al 5,06% del total de los votos; mientras que Bachelet obtuvo 1.565.269 votos, correspondientes al 73,07% del total[29] , consolidando una amplia ventaja frente a sus contendores.

En octubre de 2013, presentó su Programa de Gobierno para el periodo 2014-2018, el que contemplaba tres grandes reformas: educación, tributaria y nueva constitución.

 

Segunda Presidencia de la República

El 11 de marzo de 2014 asumió nuevamente la Presidencia de la República por el periodo 2014-2018. En la ceremonia del traspaso del mando, celebrada en Valparaíso ante el Congreso Nacional reunido en pleno, tomó juramento e impuso la Banda Presidencial la Senadora María Isabel Allende Bussi, primera mujer en ocupar la presidencia del Senado en la historia de Chile. Recibió la piocha de O’Higgins de manos de Sebastián Piñera, a quien ella se la había entregado cuatro años antes.

De conformidad a su Programa de Gobierno, en su segundo mandato, envió al Congreso un proyecto de ley para implementar una Reforma Tributaria con el objeto, entre otros, financiar con ingresos permanentes la Reforma Educacional e implementar otras políticas sociales.

El 19 de mayo de 2014, dio a conocer la Reforma Educacional. Así, implementó la gratuidad, aunque en forma progresiva, en la educación universitaria, la que después se extendió a estudiantes de centros de formación técnica; creó dos nuevas Universidades Regionales: O’Higgins y Aysén y 15 Centros de Formación Técnica (CFT) regionales vinculados a las Universidades estatales, que empezaron a funcionar en el 2017; se eliminó el copago en la educación particular subvencionada; se establecen normas para asegurar la inversión de los recursos públicos en la calidad de la educación; se elimina la selección de los alumnos en los colegios.

El 16 noviembre de 2017, promulgó la Ley N° 21.040, que Crea un Sistema de Educación Pública, terminando con la municipalización de la educación y crea 70 Servicios Locales de Educación Pública, como órganos públicos funcional y territorialmente descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios. A lo anterior, se sumó, entre otros, la creación de la Subsecretaría de Educación Parvularia y la Ley que establece el Estatuto de los Asistentes de la Educación Pública. Asimismo, se debe tener en consideración la Ley N° 20.903, de 2016, que crea el sistema de desarrollo profesional docente.

En materia de regionalización y administración local, creó la XVI Región de Ñuble y las Provincias de Diguillín, Punilla e Itata y promulgó la Ley N° 20.965, que permitió la creación de los Consejos y Planes comunales de seguridad pública, y Ley N° 21.074, sobre Fortalecimiento de la regionalización del país. Además, se promulgó la Ley N° 21.070, que reguló el ejercicio de los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde el territorio especial de Isla de Pascua.

La educación inicial, concentró el aumento de jardines infantiles y salas cunas para niñas y niños de 0 a 4 años. También, se estableció una política para mejorar la formación y mejoramiento de las condiciones laborales del personal docente y la formación de nuevos profesionales de la educación. Por otra parte, en materia de igualdad de derechos, le correspondió firmar la ley sobre Acuerdo de Unión Civil y enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario, en cumplimiento del compromiso asumido por el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

El 8 de marzo de 2015, en el contexto de la celebración del día de la mujer, promulgó la ley que crea el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Para contribuir la autonomía financiera de las mujeres, el gobierno aumentó la cobertura en salas cunas y jardines infantiles. En el ámbito de la participación política, estableció cuotas para aumentar la representación de las mujeres en el Congreso Nacional. Además, se promulgó la ley N° 21.030, de 2017, que despenaliza el aborto en tres causales.

El 27 de abril de 2015, promulgó la ley que sustituyó el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo. Asimismo, promulgó la ley que reguló el derecho a sufragio los chilenos y las chilenas en el extranjero y sobre la autonomía del Servicio Electoral, entre otras.

En el marco del desarrollo de las energías renovables no convencionales (ERNC) en nuestro país, se promulgó la Ley N° 20.897, de 2016, que modifica la Ley que establece franquicias tributarias respecto de sistemas solares térmicos, la ley General de Servicios Eléctricos y la Ley que crea al ENAP. En este mismo contexto, el Sistema Interconectado Central y del Norte Grande, también fue objeto de su política, con la idea de unir en una única línea de Arica a Chiloé. Asimismo, promovió la industria solar y del litio, con el objeto incorporar mayor valor agregado, capacidad tecnológica, cobre limpio y exportación de servicios.

Para enfrentar la inestabilidad que afectaba a la pequeña minería, se promulgó la Ley N° 21.055, de 2018, que creó un mecanismo de estabilización del precio del cobre para la pequeña minería. En materia de inversión, promulgó Ley N° 20.848, que estableció marco para la inversión extranjera directa en Chile y creó la institucionalidad respectiva. Además, estableció políticas para apoyar a las Pequeñas y Medianas empresas (PYMES).

Por otra parte, en el marco de la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, que contempló un conjunto de 47 iniciativas destinadas: diversificación productiva; la atracción de inversiones, la innovación y el emprendimiento; la competitividad de las empresas de menor tamaño y la eficiencia en la gestión del Estado, promulgó la Ley N° 20.956, que establece medidas para impulsar la productividad.

En el ámbito del derecho laboral, promulgó la Ley N° 20.940, que moderniza el sistema de relaciones laborales, para garantizar un adecuado equilibrio entre las partes y con pleno respeto a la libertad sindical conforme a los Convenios Internaciones que Chile mantiene vigente. También, se publicó la Ley N° 20.891, de 2016, que perfecciona el permiso postnatal parental y el ejercicio del derecho a sala cuna para las funcionarias y funcionarios públicos.

En materia de cultura, se promulgó la Ley N° 21.045, de 2017, que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

En el ámbito internacional debió enfrentar la demanda del Estado Plurinacional de Bolivia presentada ante la Corte Internacional de Justicia impugnando el Tratado de Límites de 1904, defendiendo Chile la intangibilidad de los tratados internacionales. Además, en este periodo le correspondió asumir la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017. El 30 de junio de 2017, promulgó la Ley N° 21.067, que crea la Defensoría de la niñez, con el fin de difundir, promover y proteger los derechos de los niños y niñas, de acuerdo a la Constitución Política, la Convención sobre los Derechos de los Niños y demás tratados sobre la materia. Asimismo, promulgó la Ley N° 21.063, que creó un seguro para el acompañamiento de niñas y niñas que padezca ciertas enfermedades, para que sus padres puedan cuidarlos.

En marzo de 2015, la creación de la “Comisión Asesora Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción”, en este contexto promulgó la Ley N° 21.078, sobre transparencia del mercado del suelo e impuesto al aumento de valor por ampliación del límite urbano. Al finalizar su segundo gobierno, envió al Congreso Nacional el proyecto de ley que buscaba la discusión de una Nueva Constitución, el que fue fruto del Proceso Constituyente iniciado el año 2015, que incluyó Cabildos comunales y regionales, un Consejo Ciudadano de Observadores y un Comité de Sistematización 

El 11 de marzo de 2010, asumió como el como Presidente de la República, después de 20 años de gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia.

En los comienzos de su administración, debió afrontar los efectos del terremoto y maremoto que afectó al centro y al sur del país, el 27 de febrero de 2010, que dejó un saldo de 525 muertos y 23 desaparecidos. Para ello, implementó un plan de reconstrucción de viviendas e infraestructura pública. Debido a las circunstancias señaladas, significó postergar las propuestas de su Programa de Gobierno, las que giraban en torno a siete ejes: igualdad de oportunidades; fortalecimiento de la confianza en las instituciones democráticas; fortalecimiento de los derechos y libertades individuales; fortalecer las regiones y las comunas; fortalecer el emprendimiento de clase media; participación en mundo globalizado; y cuidado del medio ambiente.

Para enfrentar los efectos del terremoto y maremoto de febrero de 2010, presentó a tramitación en el Congreso Nacional un proyecto de ley para realizar la reconstrucción del país. En este contexto, promulgó la Ley N° 20.444, creó un Fondo Nacional de la Reconstrucción y fijó mecanismos de incentivos tributarios a las donaciones en caso de catástrofes y la Ley N° 20.455, que modificó distintas leyes para obtener mayores recursos para este fin.

El 5 de agosto de 2010, el derrumbe de la mina San José, ubicada en la Región de Atacama, en el norte del país, mantuvo atrapados a 33 mineros hasta el 13 de octubre de ese año, encabezando un rescate sin precedentes por parte de mandatario y su Ministro de Minería Laurence Golborne. Al cumplirse un año del accidente, ingresó un proyecto de ley sobre institucionalidad y seguridad minera, que creaba la Superintendencia de Superintendencia de Minería y el Servicio Geológico de Chile[6]. En octubre del año siguiente, la Cámara de Diputadas y Diputados, por un Proyecto de Acuerdo, solicitó al Ejecutivo una pensión para los 33 mineros. Sin embargo se otorgó solamente a 14 de ellos. Finalmente octubre de 2014, se otorgó una pensión a todos ellos.

Entre julio y octubre de 2010, se produce un recrudecimiento del conflicto mapuche, iniciándose una huelga de hambre por parte de comuneros, quienes fueron procesados invocándose la Ley Antiterrorista. El año 2011 estuvo marcado por los movimientos sociales, entre los que se encuentra el de la región de Magallanes, que se manifestó en contra del alza del precio del gas. También se expresó el movimiento estudiantil que demandaba el acceso equitativo a la educación superior, la eliminación del lucro en las universidades y el alza del gasto público a las universidades del Estado. A lo anterior, se suma el paro de los funcionarios del Registro Civil e Identificación, iniciado en agosto de 2013.

El año 2010, se cumplieron 200 años desde la celebración de la Primera Junta de Gobierno. En este contexto, distintas confesiones religiosas, propusieron un indulto general. Sin embargo, el Presidente optó por indultos particulares, excluyendo a los condenados por violación a los Derechos Humanos.

Al finalizar el año 2012, se publicó la Ley N° 20. 568, regula el régimen de inscripción electoral y la organización y funcionamiento del Servicio Electoral, como parte del sistema electoral público establecido en la Constitución Política, fijando la inscripción automática. A lo anterior, se suma la Ley N° 20.640, publicada en noviembre de 2012, la cual establece el Sistema de Elecciones Primarias para nominar a los candidatos y candidatas a Presidente de la República, congresistas y alcaldes y alcaldesas.

En materia de educación, entre otros, se incrementó la subvención escolar; se promulgó la Ley N° 20.501, sobre calidad y equidad de la educación; se creó la Beca Vocación de Profesor para estudiante de pedagogía, que al 2013 eran más de 6 mil; y se implementó el Programa Liceos Bicentenarios, inaugurando 60 liceos de excelencia en las capitales regionales y en otras comunas, por ejemplo, Alto Hospicio, Puente Alto, Renca, Cerro Navia, Conchalí, Quilicura, San Bernardo, Loncoche, Purén, Angol, Lota, Coronel y Lebu. El 4 de octubre de 2012, se publicó la Ley N° 20.634, permitió reducir la tasa de interés del crédito con aval del Estado a un 2% de interés real. Se triplicó el programa de becas para la educación superior y se reprogramaron los créditos de los deudores de los Fondos Solidarios de Crédito Universitario, crédito universitario y crédito fiscal universitario. Asimismo, se publicó la Ley N° 20.710, publicada el 11 de diciembre de 2013, que reformó la Constitución Política estableciendo la obligatoriedad del Segundo Nivel de Transición y crea un sistema de financiamiento gratuito desde el Nivel Medio Menor.

En el campo de la salud, se aumentó el número de enfermedades cubiertas por el AUGE, pasando de 56 a 80; se inauguraron 27 hospitales; se eliminó para los pensionados y las pensionadas la cotización del 7% obligatoria en salud y se permitió la modalidad de libre elección a más de 660 mil pensionados asegurados en Fonasa; se aprobó la Ley N° 20. 724, de 2014, sobre fármacos. Asimismo, desarrolló el programa “Elige Vivir Sano”, dirigido por su esposa, Cecilia Morel, con el fin de promover la vida sana. Este programa transformó en la Ley N° 20.670, publicada el 31 de mayo de 2013, creando el Sistema Elige vivir sano. En materia medio ambiental, se modernizó la institucionalidad, creando nuevos tribunales ambientales y se aprobó una normativa más estricta para las centrales termoeléctricas, con estándares de la OCDE.

El 29 de febrero de 2011, se publicó la Ley N° 20.502, que creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se aumentó en más de 8 mil los efectivos de Carabineros, medidas que permitieron reducir el índice de victimización desde 33,6% hasta un 24,8%, logrando que cerca de 1,4 millones de personas dejaran de ser víctimas de delitos[14]. Asimismo, en octubre de 2011, por Ley N° 20.530, se creó el Ministerio de Desarrollo Social, pasando a denominarse Ministerio de Desarrollo Social y Familia el año 2019. La cartera nace en el marco del programa de Gobierno, reemplazó al Ministerio de Planificación, y buscó asegurar la consistencia de las prestaciones y beneficios sociales, logrando una visión global, alineada y coordinada de las políticas sociales en el país. Además, se otorgó el Ingreso Ético Familiar que benefició a más de 218 mil familias.

Desde el punto de vista económico y durante todo su período, el país experimentó un crecimiento anual promedio de 5,3%, creándose más de 1.000.000 de nuevos empleos. Asimismo, implementó un subsidio para la contratación de las mujeres, generando más de 576 mil empleos durante el mandato.

En el ámbito de la política exterior, siguió la senda de sus antecesores y celebró una serie de tratados de libre comercio (TLC), entre ellos, Malasia, firmado en noviembre de 2010 en el marco de la Cumbre de la APEC en Yokohama; Vietnam, en noviembre de 2011 en Honolulu; Hong Kong, septiembre de 2012 en Vladivostok; y Tailandia, en octubre de 2013 en Bangkok. Asimismo, se intensificó el TLC con la República Popular China y Europa.

El 27 de abril de 2011, se reunen en la ciudad de Lima los presidente de México, Colombia, Chile y Perú, sentando las bases de la Alianza del Pacífico. Al día siguiente, con la Declaración de Lima, nace la Alianza del Pacífico, como una iniciativa económica y de desarrollo[16] . Se constituyó formalmente el 6 de junio del año siguiente con la firma de un Acuerdo Marco en Cerro Paranal, Chile. El Presidente Piñera, fue el primero en ocupar la presidencia pro tempore, entre el 5 de marzo de 2012 al 22 de mayo de 2013.

l 3 de diciembre de 2011, se constituye la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política, correspondiéndole al Presidente Piñera asumir la presidencia pro tempore hasta el 28 de enero de 2013, al desarrollarse en Santiago la cumbre del CELAC, los días 27 y 28 de enero de ese año.

Por otra parte, la relación debió abordar los diferidos con Perú y Bolivia: el litigio ante la Corte Internacional de Justicia, con Perú sobre la delimitación de la frontera marítima, que concluyó con la sentencia de 27 de enero de 2014 y con la demanda presentada el 2013 por Bolivia, reclamando una salida soberana al mar por las costas chilena,

El 11 de marzo de 2014, le entregó la Presidencia de la República a Michelle Bachelet Jeria.

Segunda Presidencia de la República

El 11 de marzo de 2018, ante el Congreso Nacional, reunido el Pleno en Valparaíso. La Sesión, contó con la presencia de mandatarios de diversos países y delegaciones. Recibió la piocha de O’Higgins de manos de Michelle Bachelet Jeria, a quién el mismo se la había entregado cuatro años antes.

Su programa asumió tres compromisos: recuperar la unidad y confianza para volver a generar progreso social y económico; fortalecer a la clase media; y estar junto a las familias chilenas para enfrentar con éxito los desafíos del ciclo vital, mitigando sus principales temores en ámbitos tan sensibles como su salud y la de sus seres queridos, la educación de sus hijos, la tercera edad, la delincuencia y el desempleo. Asimismo, establece 5 ejes prioritarios: volver a crecer, crear empleos y mejorar los sueldos; llevar a cabo cambios profundos en materia de salud, mejorando la calidad y el acceso; mejorar la calidad de la educación, de niños, niñas, jóvenes y trabajadores; hacer retroceder la delincuencia, el narcotráfico y terrorismo; y asegurar un nuevo trato con los niños y adultos mayores.

El 2 de abril se conformó la Mesa de Trabajo para Acuerdo Nacional por la Infancia, para abordar los temas de la protección y promoción de la infancia, y la que sesionó semanalmente, recibiendo 207 propuestas de 30 organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, se impulsó una reestructuración del Ministerio de Desarrollo Social, transformándose en Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y se adoptaron medidas para atender los problemas existentes en el SENAME. Asimismo, formó la Mesa de Trabajo para un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana el 6 de abril; Acuerdo por el Desarrollo y la Paz de La Araucanía el 24 de abril; Acuerdo Nacional por una Salud Digna, Oportuna y de Calidad, el 10 de mayo; y finalmente la Mesa de Trabajo para un Acuerdo Nacional por el Desarrollo Integral y la Derrota de la Pobreza. Instancias destinadas a lograr grandes acuerdos.

El 23 de mayo de 2018, con el fin de eliminar las desigualdades y la discriminación entre hombres y mujeres, presentó una Agenda por la Igualdad y Dignidad de la Mujer, que incluyó una reforma constitucional y el impulso diversos Proyectos de Ley. En este primer año de gobierno, además, se realizaron diversas manifestaciones sociales: de mujeres contra el acoso e igualdad de derechos; en Quintero, Puchuncaví y Ventanas, Quinta Región, por los problemas generados por la contaminación ambiental de la zona; estudiantiles, por la eliminación del lucro, el endeudamiento y la educación no sexista; y del movimiento No+AFP.

Incrementar un 20% la Pensión Básica Solidaria, en beneficio de 590.000 pensionados.

Incrementar un 20% el Aporte Previsional Solidario, en beneficio de 945.000 pensionados.

Incremento añadido a las pensiones básicas y los aportes previsionales solidarios, para los jubilados mayores de 75 años, a partir de 2021 y 2022.

Se compromete aporte fiscal en suma al ahorro previsional de la clase media, en pos de aumentar sus pensiones al momento de la jubilación, en beneficio de 500.000 trabajadores.

Se compromete aporte fiscal para mejorar pensiones de la tercera edad no autovalente.

Se compromete priorizar la votación del artículo de ley para la creación del Seguro de Enfermedades Catastróficas, iniciativa enviada por el Gobierno, donde el Estado fija un techo máximo de gasto en salud para las familias beneficiadas, contribuyendo el Estado con el excedente.

Crear un seguro que cubra parcialmente el gasto en medicamentos no cubiertos por programas como el GES o la Ley Ricarte Soto.

Amplificar el convenio de Fonasa con farmacias para reducir el precio de los medicamentos, en beneficio de 12 millones de personas.

Ingreso Mínimo Garantizado: Crear un Ingreso Mínimo Garantizado de 350.000 pesos, para trabajadores a jornada completa.

Se crea un nuevo tramo en el Impuesto Global Complementario de 40% para las rentas superiores a 8 millones mensuales.

Tarifas de la electricidad: Crear un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas, lo que permitirá anular la reciente alza 9,2% de la electricidad, retrotrayendo el valor de las tarifas eléctricas al nivel del primer semestre de este año.

Trasferencia de comunas de altos a comunas de bajos ingresos: Profundización del Fondo Común Municipal, y aumento de las transferencias de comunas de altos ingresos a comunas de bajos ingresos, para inversión en servicios y infraestructura municipal.

Reducción de la dieta pública: Disminución de las dietas y salarios de diputados, senadores y otras figuras públicas.

Reducción del número de parlamentarios y de reelecciones en el ámbito público administrativo.

Proyecto Pro-Infancia, enviado por el gobierno en reemplazo del Servicio Nacional de Menores (Sename), con la creación de dos nuevas entidades: el Servicio de Protección de la Niñez y Adolescencia y el Servicio de Reinserción Juvenil.

Proyecto que crea el Seguro Catastrófico de Salud.

Proyecto que crea el derecho a Sala Cuna Universal, a todos los niños hijos de progenitores pertenecientes a la fuerza laboral.

Proyecto que establece la reducción de las contribuciones de los adultos mayores más vulnerables.

Como efecto de las movilizaciones, a nivel del Poder Legislativo fueron destrabados algunos proyectos de ley en materia de equidad social y de otros asuntos vinculados a las demandas ciudadanas en relación al funcionamiento de la política, dándoles prioridad para que avancen en su tramitación legislativa:

El 22 de octubre, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general un paquete de medidas que incluyen la rebaja del sueldo parlamentario y también la reducción de números de parlamentarios.8​

El 5 de noviembre, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado de Chile aprobó la idea de legislar sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, quedando listo para ser votado en la Sala del Senado.9​

El 7 de noviembre, por 2 votos a favor y 3 en contra, la Comisión de Educación y Cultura del Senado rechazó el proyecto de ley ''Sala Cuna Universal'', influenciado por el rechazo transversal de diversos organismos de educación parvularia.10​11​

El 13 de noviembre, con 134 votos a favor y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó proyecto de ley que otorga mayor protección a los humedales urbanos ante edificaciones y planificación territorial.12​

El 13 de noviembre, con 36 votos a favor y 4 en contra, el Senado aprobó proyecto de ley que establece límites en la reelección de diputados, senadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales por un máximo de dos períodos. Sin embargo, se critica la presencia de 'letra chica' en el proyecto, ya que no considera los períodos ya ejercidos por estas autoridades, por lo que podrían postularse para un nuevo período.13​14​

El 20 de noviembre de 2019, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en forma unánime una iniciativa que busca rebajar en un 50% las dietas de autoridades del Gobierno, parlamentarios y autoridades regionales, excluyendo a concejales y consejeros regionales. También en ese mismo día se aprobó en forma unánime que el ahorro de la reducción de este 50% vaya directamente al Presupuesto de la Nación.15​

Agenda de seguridad

Los siguientes anuncios fueron considerados entre las medidas de la Nueva Agenda Social, del día 22 de octubre de 2019:7​

La creación de una Defensoría de las víctimas, para facilitar el acceso y fortalecer la defensa jurídica y apoyo social y sicológico a las víctimas de la delincuencia.

Plan de reconstrucción de daños y destrucciones provocados por la violencia y delincuencia producto de la crisis, destinado a bienes de carácter público o de interés público, como el caso de Metro, comprometiendo recursos por 350 millones de dólares.

Antivandalismo

Anuncios y proyectos realizados el día 7 de noviembre de 2019:16​

Ingreso de un proyecto de ley antisaqueos para el endurecimiento de las sanciones de delitos de robo que se cometen valiéndose de la multitud.

Prioridad al proyecto de ley antiencapuchados.

Prioridad al proyecto en contra de los delitos que afectan al orden público con uso de barricadas.

Ingreso de un proyecto de ley que establece un estatuto de protección para personal de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería.

Aumento de la capacidad de vigilancia aérea de Carabineros y de la Policía de Investigaciones.

Creación de un equipo multisectorial entre Fiscalía, Carabineros y la Policía de Investigaciones para mejorar labores de inteligencia policial preventiva.

Prioridad de discusión a los proyectos de ley de modernización del Sistema Nacional de Inteligencia y de Modernización del Funcionamiento de las Policías.

Refuerzo a los canales de denuncias y de entrega de información civil contra delincuentes.

Reforma tributaria

El día 8 de noviembre de 2019, el nuevo Ministro de Economía, Ignacio Briones, logra acordar, junto a todas las partes del espectro político, la aprobación de la reforma tributaria, destrabada luego de meses de discusión, mediante la negociación del gobierno con el parlamento. El objetivo de estas medidas fue lograr una recaudación fiscal estimada en US$ 2.000 millones, mediante el impulso al crecimiento y el emprendimiento económico, y en favor de suministrar el coste que significa la Nueva Agenda Social.17​ Además de las medidas en temática económica señalada en la Nueva Agenda Social, en esta reforma tributaria los principales aspectos reformados son los siguientes:17​

Creación de régimen especial Pro-Pyme (pequeñas y medianas empresas), 100% integrado y en base a retiro, únicamente para empresas con ventas hasta UF 75.000 y requisitos operativos. Estas empresas estarán afectas a una tasa de impuesto de primera categoría de 25%.

Tasa reducida de PPM de 0,25% a 0,20% para aquellas pequeñas y medianas empresas con ingresos de hasta UF 50.000.

Aplicación de sobretasa progresiva a beneficio fiscal sobre el conjunto de activos inmobiliarios de contribuyentes con avalúo fiscal total superior a $400 millones, descontando Pymes.

Se eximirá del pago de contribuciones a adultos mayores cuyo ingreso mensual los ubique en el tramo exento del Impuesto Global Complementario. Adicionalmente, a los adultos mayores del segundo tramo del IGC, se les reducirá a la mitad el pago de sus contribuciones.

Aprobación de un nuevo proceso constitucional

El día 10 de noviembre de 2019, el Gobierno, a través de un comunicado del nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aprueba la futura aplicación de un proceso para el establecimiento de una nueva Constitución, mediante un Congreso Constituyente con plebiscito ratificatorio.18​ Dos días más tarde, los catorce partidos opositores al gobierno (RD, PCCh, PS, PDC, PPD, PEV, PR, PI, PRO, FRVS, Comunes, PL, CS y PH) emitieron una declaración conjunta en donde se manifestaron favor de una Asamblea Constituyente.19​ Durante el 13 y 14 de noviembre los partidos de Chile Vamos y parte de la oposición comenzaron una serie de negociaciones en el Congreso para idear una solución para un nuevo proceso constituyente y su forma de participación ciudadana.20​ Las negociaciones llegaron a puerto en la madrugada del 15 de noviembre, cuando se anunció la realización de un plebiscito nacional en abril de 2020, que definirá el inicio y mecanismo del proceso constituyente.21​ El acuerdo, titulado «Propuesta de Acuerdo para una ruta Constituyente», fue redactado por la senadora Ena von Baer (UDI) y el diputado Miguel Crispi (RD),22​ y firmado por partidos de oficialismo y oposición, excluyendo al PCCh, el PRO, el FRVS, el PH y CS, que se restaron de la iniciativa.23​

Otros proyectos de ley relacionados

El 24 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que reduce la jornada laboral semanal a 40 horas (Boletín 11179-13), presentado en 2017 e impulsado por las parlamentarias del Partido Comunista Camila Vallejo y Karol Cariola. La iniciativa se aprobó por 88 votos a favor, 24 en contra y 27 abstenciones, tras un debate que tomó 2 sesiones.24​

El 10 de noviembre de 2019, el Gobierno señaló estar preparando un proyecto de ley que aumenta las penas y sanciones para delitos de corrupción, prácticas monopólicas, fraude e intelectuales de alto impacto social. Adicionalmente, entre las alternativas se sondea como opción subir las penas de cárcel a la colusión cuando implican bienes básicos, así como la evaluación de personalidades jurídicas. También se busca acelerar proyectos enviados que tienen relación con la integridad pública.25​