Este hecho marca un antes y un después para América latina, es considerado un periodo muy turbulento en el cual entraron en escena política los ejércitos modernos organizados formados y profesionalizados imitando los modelos europeos más prestigiosos y profesionales (Alemán y Francés) y comenzaron a intervenir directamente en la política latinoamericana con ideologías nacionalistas y reformistas, siendo este contexto provechoso para presentarse como los únicos capaces de garantizar orden, modernización y defensa nacional. En este marco, se evidenció como los militares estuvieron involucrados en el derrocamiento del poder de no menos de seis naciones latinoamericanas entre las cuales se incluyen a Argentina, Brasil, República Dominicana, Bolivia, Perú y Guatemala y varios intentos fallidos de llegar al poder. 

En vísperas de la Segunda Guerra mundial la mayoria de las repúblicas de América latina era gobernadas por militares, a su vez, aquellos gobiernos que en fachada parecían gobernadas por un civil tenían en el poder a un General (México, Uruguay) 

A lo largo de todo el continente se presentan diversidad de situaciones, sus sociedades y sistemas políticos también lo eran por lo que su análisis está condicionados a varios matices incluso a la categoría misma de "Militar" que podía no ser del todo homogénea. 

Finalizada la segunda guerra mundial EE.UU se consolida como potencia hegemónica.

Tras ello, se firmaron varios acuerdos como "el tratado del río (1947) que establecía principios de solidaridad y ayuda mutua para evitar agresiones extranjeras . Los pactos se incrementaron luego de 1950 con la Guerra de Corea, aún así EEUU no creyó en un primer momento que América latina seria una zona militar prioritaria. Luego, en el contexto de Guerra Fría y tras la Revolución Cubana (1960) y la instalación de un régimen comunista a apenas 140 km de Florida la alarma se activó. A partir de allí, EEUU tuvo gran influencia en la consolidación de nuevas dictaduras militares las cuáles contaban con su apoyo y estaban bajo la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN). De esta manera, los militares asumieron la misión de combatir al “enemigo interno” ante la "subversión comunista" lo que legitimó su rol político y justificó regímenes autoritarios con una política contrarevolucionaria de vigilancia impulsada por Washington. De esta manera, la defensa nacional fue sustituida por la seguridad nacional llevando al derrocamiento de jefes de estado que eran considerados débiles o blandos entre las décadas de 1960 y 1980.

En chile el Servicio militar obligatorio fue impuesto en 1900, sus instituciones constituían desde entonces en un conjunto de funcionarios estables, permanentes y con una carrera regulada.

Hacía 1920 y 1930 ya en la segunda etapa militar (era militar) establecida por Bethel se vio incrementado su activismo en la esfera política. Las responsabilidades nacionales no les permitia tener facilidad para permanecer neutrales en cuestiones políticas. A partir de 1924 podemos ver cómo los oficiales chilenos entraron en escena. Los mismos obligaron al congreso a una aprobación de leyes progresistas iniciando una etapa de gran agitación inestabilidad y reformas. Estas ideas encarnaron en Carlos Ibañez Campos (1927-1931) y en la efímera República Socialista (1932) con Marmaduke Grove quien creo la Fuerza Aérea Chilena y el Partido Socialista de Chile.

Washington impulsa una agenda hemisférica anticomunista; cooperación militar, inteligencia y doctrinas de “seguridad interna”, elaborada y sistematizada en Brasil (ESG) y difundida en el continente con apoyo estadounidense; redefine al “enemigo” como interno y habilita la tutela militar sobre la sociedad.

Entre febrero y diciembre de 1930 los militares estuvieron envueltos en el derrocamiento del gobierno en no menos de seis naciones muy diferentes de América Latina: Argentina, Brasil, República Dominicana, Bolivia, Perú y Guatemala.

La modernización de los ejércitos latinoamericanos llevó aparejadas dos reformas clave: el reclutamiento de oficiales por medio de academias militares especializadas y su formación en ellas, el ejército antiguo los hombres eran generalmente soldados profesionales que en un principio habían sido reclutados o que a veces se alistaban en el ejército por orden de los tribunales, para cumplir sentencia por algún delito.

En 1922 varios jóvenes oficiales brasileños, los llamados tenentes, tomaron parte en una serie de rebeliones esporádicas, improvisadas y no coordinadas cuya causa fue el descontento político-militar generalizado que provocaron la corrupción y las prácticas restrictivas de la Primera República. La revuelta y la muerte de un puñado de tenientes en Copacabana, en julio de 1922, año en que se conmemoraba el centenario de la independencia, pasaron a simbolizar a ojos de las clases medias brasileñas sus propias aspiraciones de cambio político y social. En 1924 surgieron nuevos movimientos tenentistas en el sur del país. Los supervivientes de uno de estos levantamientos fallidos emprendieron la travesía de la inmensa nación en una «larga marcha» que sería celebrada como gesto heroico para la «regeneración» de Brasil. Se trataba de la famosa columna Prestes-Costa, que no logró reclutar a los caboclos en el interior del país y terminó sus andanzas en lamentable estado tres años después en Bolivia. Luis Carlos Prestes, «el caballero de la esperanza» al que cantara Jorge Amado, abandonó el ejército por el Partido Comunista de Brasil y estuvo al frente de éste desde los años veinte hasta los ochenta. Otros tenentes apoyaron a Getúlio Vargas en la revolución de 1930, que puso fin a la república oligárquica. Algunos de ellos estarían entre los instigadores del golpe de estado de 1964 y participarían en el régimen militar de 1964- 1985. En la diversidad de estas historias personales se advierte la ambigüedad del propio tenentismo.

Tras el golpe de 1964, Brasil adoptó un modelo económico ultraliberal pero con fuerte capitalismo de Estado. Aumentó el número de empresas públicas, llegando a 600 en 1980, lo que generó críticas liberales y acusaciones de “socialismo” hacia el régimen.

Durante la transición democrática, los militares mantuvieron gran influencia en el gobierno de Sarney (1985–1990), con presencia activa en el gabinete y oposición a reformas como la agraria. El presupuesto de defensa se incrementó y no se limitó su autonomía institucional.

Con la llegada de Collor de Mello (1990–1992), su participación política abierta disminuyó, aunque expresaron descontento por recortes presupuestarios y la abolición del SNI. Durante el juicio político a Collor, las Fuerzas Armadas se mantuvieron neutrales y respetuosas del orden constitucional.

La Constitución de 1988 redujo su papel político, pero aún les otorgó funciones internas, manteniendo una significativa influencia en la administración civil y cargos no estrictamente militares.

Entre el 2 y el 8 de octubre de 1937, fuerzas militares dominicanas, bajo órdenes explícitas del dictador Rafael Leónidas Trujillo, ejecutaron una campaña genocida contra haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la frontera, se estima que entre 9.000 y 35.000 personas fueron asesinadas.

Trujillo utilizó discursos incendiarios en Dajabón, acusando falsamente a haitianos de delitos contra la población dominicana y justificando una “solución definitiva”:

“Y ya hemos comenzado a remediar la situación.”

Los soldados, muchas veces armados con machetes, bayonetas y fusiles (de origen estadounidense), actuaron con brutalidad, buscando ocultar la responsabilidad del Estado. Como método de identificación, algunos relatos mencionan que se pedía a las personas pronunciar “perejil”; aquellos que fallaban eran asesinados — una práctica simbólica llamada masacre del perejil.

La masacre fue parte de un plan mayor: la dominicanización de la frontera. Trujillo buscaba redefinir la identidad nacional, promover el antihaitianismo institucionalizado, prohibir el vudú, cambiar topónimos y fomentar asentamientos dominicanos. El régimen convirtió en enemigo interno a quienes históricamente habían sido vecinos y trabajadores, alterando de raíz la vida en la frontera.

Se utilizaron discursos de odio, armas contundentes, y metodologías adaptadas (como el "perejil"), el régimen intentó redefinir la frontera como dominicana y justificar la violencia estatal. Las víctimas fueron silenciadas, los perpetradores nunca sancionados, y la indemnización resultó simbólica.

Principales dictaduras en Argentina (1930-1983)

1930 – Golpe de José Félix Uriburu y es el primer golpe del siglo XX en Argentina donde derroca a Hipólito Yrigoyen (UCR). Se caracteriza por ser un régimen conservador y corporativista, con fraude electoral y participación restringida con ello marca el inicio de la “década infame”.

1943 – Golpe del GOU (Grupo de Oficiales Unidos) derroca a Ramón Castillo, se caracteriza por ser un gobierno militar nacionalista, del cual surge Juan Domingo Perón y logra a través de cargos obtenidos (Secretaría de trabajo y previsión, vicepresidencia y ministro de guerra, su posterior accenso al poder. Es una dictadura con fuerte influencia hasta la elección de Perón en 1946.

1955 – “Revolución Libertadora” Golpe militar contra Perón, se caracteriza por ser una dictadura cívico-militar con represión del peronismo y persecución política.

1962 – Golpe contra Arturo Frondizi quién es derrocado por los militares por permitir el regreso del peronismo. Se lleva a cabo la presidencia provisional de José María Guido, bajo tutela militar.

1966 – “Revolución Argentina” (Onganía, Levingston, Lanusse) derrocamiento de Arturo Illia. Se caracteriza por ser un régimen militar autoritario, sin partidos políticos. Se impulsa la “Doctrina de la Seguridad Nacional”.

1976 – “Proceso de Reorganización Nacional” (Videla, Viola, Galtieri, Bignone) Golpe militar contra Isabel Perón. Se caracteriza por ser la dictadura más represiva de la historia argentina. Se implementa el terrorismo de Estado (violación de los Derechos Humanos), desapariciones, censura, represión sistemática.

Finaliza en 1983 tras la derrota en Malvinas y la crisis del régimen.

El capítulo muestra que entre 1930 y 1983, Argentina estuvo dominada mayormente por dictaduras militares, con golpes que interrumpieron repetidamente el orden constitucional. De 23 presidentes en ese período, 15 fueron militares, y ningún presidente civil elegido pudo terminar su mandato sin la intervención militar.

Por un lado, los militares se presentaron como “guardianes del orden” frente a escenarios de crisis institucionales, conflictos sociales, expansión de ideologías como el socialismo y el comunismo, y tensiones entre sectores conservadores y populares. Bajo esta lógica, se legitimaron golpes de Estado que derrocaron gobiernos democráticos en nombre de la “seguridad nacional” y el “desarrollo económico”.

La influencia de Estados Unidos, a través de la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN), fue clave en este proceso. Bajo el contexto de la Guerra Fría, se consideró que la principal amenaza no era externa sino interna, lo que llevó a justificar la represión de opositores, la censura y la sistemática violación de los derechos humanos.

Sin embargo, este papel tutelar de las Fuerzas Armadas dejó una profunda herida histórica. Si bien algunos regímenes promovieron proyectos de modernización o infraestructura, los costos humanos fueron enormes: desapariciones forzadas, torturas, censura y exilio marcaron a generaciones enteras.

Y para tener una reflexión final podemos preguntarnos: ¿qué significa “seguridad nacional” cuando se sacrifica la democracia y la dignidad humana? Hoy, las memorias de las dictaduras y la búsqueda de justicia nos recuerdan que la estabilidad no puede construirse desde la violencia del Estado, sino desde instituciones democráticas fuertes y el respeto irrestricto a los derechos fundamentales.

El Apoyo directo e indirecto a regímenes militares, con el financiamiento de fuerzas armadas mediante ayuda económica y militar, el entrenamiento de oficiales en la School of the Americas y en bases estadounidenses, también provisión de armas y asistencia técnica para operaciones de contrainsurgencia.

La DSN como estrategia estadounidense y de la OTAN adaptada en américa latina que consideraba que un ejercito extranjero no era el enemigo si no el enemigo interno por ejemplo: opositores políticos, estudiantes, sindicatos o guerrillas. También Justifica el rol de las fuerzas armadas como guardianes permanentes del orden, habilitando golpes de Estado, gobiernos militares y represión sistemática.

Se menciona la "guerra sucia" contra la subversión, implicando que hubo acciones represivas y violaciones de derechos humanos.

Los enormes abusos cometidos provocaron repulsión incluso entre ciertos elementos que antes apoyaban al régimen militar.

Tras el régimen militar, el gobierno civil repudió la amnistía que las fuerzas armadas se habían concedido a sí mismas y procesó a los líderes del régimen anterior.

Ante las protestas de las fuerzas armadas, se tomaron medidas para limitar el alcance de los procesamientos.

Carlos Menem, sucesor de Alfonsín, perdonó a todos los oficiales que habían recibido sentencias condenatorias, sin olvidar a los líderes del régimen anterior.

Las rebeliones militares de 1987-1989 expresaron resistencia a los cambios organizativos, limitaciones presupuestarias y juicios por violaciones de derechos humanos.

Impacto en la desmilitarización la forma en que se manejaron las violaciones de derechos humanos influyó en el proceso de desmilitarización, indicando que la severidad o indulgencia en el castigo a los responsables tuvo un impacto en la relación entre civiles y militares.