Sin duda alguna uno de los problemas de mayor trascendencia es el referente al agua, un recurso del cual depende la humanidad y los seres vivos.
En esta nota de Scielo  nos habla sobre la sobre explotación de los mantos acuíferos, sobre los conflictos sociales que van desde el desabasto del recurso hasta los problemas de salud por la contaminación de este recurso, Los factores que comúnmente se consideran para realizar un diagnóstico respecto al agua,  su desigual distribución  y temporal, el crecimiento acelerado de la población , y la  creciente demanda, sustentablemente este recurso esta  agotado y limitado, así como los graves problemas económicos, políticos y sociales entre los países y al interior de ellos que el agua amenaza desatar, con frecuencia culminan con un panorama aterrador: dentro de 20 años uno de cada dos hogares en el planeta podría sufrir algún grado de estrés hídrico, hoy en día muere más gente por falta de agua o por su mala calidad que por las guerras que aquejan al mundo, cerca de 25 000 personas mueren cada día por enfermedades relacionadas con el agua no tratada, etcétera.   

La contaminación del agua y la sobre explotación, como podemos ver en las siguientes imágenes y a lo que nos enfrentamos día a día. 

La gestión jurídica del agua en México tiene como fundamento lo que dictan tres artículos de la Constitución Política (4˚, 27 y 115) y la Ley de Aguas Nacionales.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.