Por su carácter de derecho habilitante, la educación es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentran social y económicamente marginados salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad.

Para ello, deben existir la igualdad de oportunidades y el acceso universal. Los instrumentos normativos de las Naciones Unidades y la UNESCO estipulan obligaciones jurídicas internacionales que promueven y desarrollan el derecho de cada persona a disfrutar del acceso a la educación de calidad. A este marco legal (enlace Acción Normativa) los Estados Miembros y la comunidad internacional le asignan una gran importancia con miras a hacer realidad el derecho a la educación.

En México, como en muchos países de Latinoamérica, prevalecen diferencias notorias entre las instituciones educativas del sector privado y aquellas de gestión pública. A pesar de que en ambos casos se debe cumplir el mismo plan de estudios establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), existen varias discrepancias que van más allá de los materiales educativos con los que cuentan o la extensión horaria y amplitud curricular. Tal circunstancia parece estar normalizada en el imaginario colectivo, al punto de que se considera inherente a la situación y rara vez es cuestionada.

El sistema educativo mexicano es de los más grandes del mundo, lo que de manera natural implica la existencia de una serie de retos y por ende la necesidad de implementar estrategias que permitan nivelar las condiciones de los componentes del sistema. En términos cuantitativos, la más reciente publicación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) arroja los siguientes datos para el inicio del ciclo escolar 2016 – 2017:

La comparativa de las cifras arrojadas para los ciclos escolares 2012 – 2016 nos muestra un ligero crecimiento en el número de alumnos y docentes para la educación preescolar, secundaria y media superior, pero una importante disminución en los alumnos, docentes y escuelas para la educación primaria.

En lo que respecta a la infraestructura también podemos observar importantes carencias en distintas áreas, desde la falta de instalaciones sanitarias o de accesos para los usuarios con discapacidad motriz, hasta la ausencia de laboratorios de ciencias o aulas de cómputo en los planteles del nivel medio superior (49% y 29%, respectivamente).

Una vez desagregados estos y otros datos por entidad federativa se puede realizar un análisis detallado para determinar disparidades y establecer la necesidad de reorganización o redistribución de los recursos destinados al sistema.