Como señala Dietz (2001), el feminismo, en tanto movimiento político, al valerse de sus prácticas democráticas desafía a toda política excluyente. Particularmente, la pandemia por COVID-19 dejó expuestas las desigualdades derivadas de las tareas y trabajos de cuidados. Entre ellas, la exclusión de estas del espacio público y el impedimento mismo de la realización de actividades público-políticas por parte de quienes las realizan.
En este sentido, y tomando los aportes de la democracia radical y participativa, se propone: 

I) el establecimiento obligatorio de espacios de diálogos provinciales y municipales (físicos o virtuales) para que, en el año previo a las elecciones, las mujeres y LGBTIQ+ compartan sus experiencias, sus conocimientos políticos y propuestas para la elaboración de proyectos comunes que podrán presentarse independientemente o a través de partidos con los que sientan identificación; y,

II) la creación de espacios de cuidado y acceso a tecnología que permitan concurrir a los espacios de diálogo y a la realización del voto.

Una propuesta de fortalecimiento de la democracia en contexto de pandemia es la sanción de la Ley de La Ley de cupo Laboral travestis, trans en Argentina para organismos del estado y que además contempla incentivos para que se avance al mismo tiempo en el sector privado (en consonancia con la ley 26.743 y el decreto 721/2020) proyecto impulsado por más de 150 organizaciones travestis/trans.  Como plantea Mouffe la distinción público- privado no solo afecta a las mujeres sino a muchos otros grupos. Garantizar el derecho al trabajo digno a este colectivo es también garantizar la condición de ciudadanía que se necesita para una democracia plural.

Para ampliar sobre la temática:

Video: https://www.youtube.com/watch?v=IbArms7Xr4Q

Durante el ASPO todo el aparato Estatal en sus tres funciones, y en relación al acceso a derechos básicos como el de la Educación, la Salud, la Justicia, ha funcionado en gran parte mediante medios virtuales, esto ha dejado por fuera a una gran porción de población sin posibilidad de ejercer su ciudadanía.

No hay participación activa, plena y ejercicio de derechos real sin conectividad ni los recursos cognitivos y materiales precisos para acceder a ella. Las brechas de género se expresan en este sentido impactando en gran medida en poblaciones rurales, alejadas de las grandes ciudades (y dentro de ellas también), además impacta en la problemática la feminización de la pobreza y la división desigual de las tareas de cuidado. Todo esto se profundiza a la hora de mirar a las diversidades sexo-genéricas.

A su vez, propondría el refuerzo de políticas de conectividad, para garantizar el acceso a la información a las TIC, sobre todo para los ámbitos domésticos. 

En este sentido garantizar:

-Conectividad a internet gratuita en todos los territorios.

-Accesibilidad digital en todos los niveles educativos, retomando experiencias como la del Programa Conectar Igualdad.

-Canales virtuales fluidos y directos de interacción con el Estado. Exploración de nuevas modalidades de presencia institucional tales como telemedicina, canales de atención virtual, etc.

Si bien no se trata de políticas focalizadas en poblaciones de mujeres o personas LGBTI, entiendo que impactarían de manera positiva en las vidas de estas poblaciones, apuntando a generar formas de apropiación tecnológica para las mayorías y generando nuevas modalidades de interacción con el Estado que apunten a su democratización.

Una de las consecuencias mas visibles de la pandemia de Covid-19 se encuentra relacionada con la sobrecarga en las tareas domesticas que poseen las mujeres y diversidades.
Esto tuvo lugar a partir de las transformaciones que ocurrieron en la vida cotidiana que impactaron notablemente en las mujeres como jefas de hogar ya que son ellas quienes destinan mayor cantidad de tiempo y trabajo a  las tareas reproductivas tales como el mantenimiento del hogar, el cuidado de lxs hijxs, el cuidado de adultxs mayores.
En este marco, es fundamental que el Estado reconozca el trabajo domestico a partir de una ley de cuidados para que el mismo deje de ser invisibilizado ya que su impacto es altamente negativo debido a que profundiza la brecha salarial - es decir - la desigualdad entre hombres, mujeres y diversidades y se constituye como una forma de violencia por motivos de género.