El enfoque de salud pública desde una perspectiva comunitaria. Bajo este enfoque las personas se conciben como parte de una red que puede ser aprovechada para la atención y el tratamiento del uso problemático de las drogas. Las comunidades cuentan con recursos que pueden ser aprovechados para generar pequeños cambios que sumados producen importantes impactos a nivel local y nacional.

La dignificación de las personas como un eje central de las respuestas al consumo de drogas. El enfoque de salud pública ubica en el centro a las personas y el reconocimiento de sus derechos y libertades. Aun tratándose de consumidores con usos problemáticos, adictos o incluso personas que sean parte de las redes de narcotráfico, debe prevalecer su condición de ser humano. La categoría de enfermo no puede aplicarse a todos los consumidores y la estigmatización aleja la posibilidad de acceder a apoyo, atención y tratamientos.

El análisis del espectro del uso de sustancias psicoactivas como guía de la política pública. Los diferentes tipos y usos de drogas deben guiar la revisión de las políticas de drogas y sus distintos componentes. Es importante evaluar la criminalización del uso de ciertas sustancias psicoactivas y sus resultados, e invertir en el cambio y la innovación.

Intervenciones basadas en la reducción de daños y los derechos humanos. La reducción del daño fue desarrollada inicialmente como un enfoque para reducir el riesgo de transmisión de VIH por el uso de jeringas contaminadas por usuarios de drogas; actualmente se promueve como una estrategia para permitir una intervención directa con usuarios con estilos de vida caóticos. La reducción del daño parte de la aceptación de que el consumo lícito o ilícito de drogas y alcohol es una realidad y por eso promueve un trabajo para minimizar los efectos perjudiciales para el individuo y para la sociedad.

El fortalecimiento de capacidades para el cambio de un enfoque meramente punitivo a un enfoque de salud pública. Este cambio requiere de una aproximación multidisciplinaria que permita construir una red formal de servicios que garantice el derecho a recibir atención, con intervenciones basadas en fundamentos científicos, el reconocimiento de las libertades y los derechos, la fiscalización de las respuestas institucionales y la apertura de mecanismos de participación social.