Si el Sr. Dionisio Romero le regalase S/. 1,000 al Sr. José Rodríguez Banda se reduciría la desigualdad en el Perú, debido a que el primero tiene más riqueza que el segundo. Evidentemente, dicha transferencia no generaría ningún beneficio a los ocho millones trescientos treinta mil pobres que hay en el país. La desigualdad es una medida de la dispersión de los ingresos en un país y no de la pobreza; por ello, cuando nos centramos en medidas de desigualdad corremos el riesgo de dejar de lado los problemas sociales más importantes como la pobreza extrema.

El uso populista del concepto de desigualdad…

La desigualdad, muy comúnmente estimada utilizado el coeficiente GINI, puede reducirse de diversas formas sin realmente atender las necesidades más urgentes de un país. Incluso la destrucción de riqueza pura, si esta afecta a los más ricos, reduce la desigualdad en un país, pero eso claramente no es un objetivo social deseable. De igual manera, las transferencias de dinero de gente muy rica a gente un poco menos rica también reducen la desigualdad, pero no hacen nada por reducir la pobreza.

El modelo de apertura y libertad económica vigente en el Perú en los últimos veinte años (aunque aún muy distante de un modelo real de mercado) ha mejorado significativamente la vida de los más pobres. Entre el 2004 y el 2011, el porcentaje de la población en situación de pobreza pasó del 58.7% al 27.8%, es decir, el porcentaje de pobreza se redujo un 52.6%. Ante esta evidencia, algunos opositores al modelo liberal señalan que el modelo ha generado crecimiento con mayor desigualdad. Esto no solo es falso (entre el 2004 y el 2011, la desigualdad medida utilizando el índice GINI se redujo un 8%), sino que no es relevante. La desigualdad es un problema social importante cuando esta refleja que los pobres no están siendo atendidos, pero si estos están cada vez mejor, el que los ricos hagan mucho dinero o el que la clase media haya logrado pasar a clase alta gracias a su esfuerzo no es algo negativo, sino todo lo contrario.

Bajo el argumento de que la economía esta en piloto automático (lo que al parecer tiene una connotación negativa para ellos), los opositores al modelo liberal proponen una mayor intervención del Estado. Lo que más llama la atención es que, luego de diagnosticar que el Perú sufre de mucha desigualdad, proponen cambios en la política macroeconómica, la creación y repotenciación de empresas públicas, y la implementación de políticas sectoriales. Es decir,proponen crear subsidios para la clase media y para ciertas empresas en lugar de atender a los más pobres. Parece que la preocupación social se les quedó en el diagnóstico y se les olvidó en la solución. Como respondiera Margaret Thatcher al mismo argumento de que el modelo liberal genera desigualdad (igualmente contrario a las cifras oficiales de la época para el Reino Unido): “Ustedes preferirían que los pobres sean más pobres con tal de que los ricos sean menos ricos”.

… y sus consecuencias en las políticas públicas

La educación en las universidades públicas es prácticamente gratuita. Los empresarios arroceros usan agua subsidiada en sus procesos de producción. Un congresista propone que el Gobierno cree una empresa de transporte aéreo pública para que los pasajes cuesten US$ 150 en lugar de US$ 400 (no especifica las rutas). Algunos empresarios reciben subsidios del Estado cuando exportan y exigen todavía mayores beneficios como créditos subsidiados. Varias actividades culturales están exoneradas de impuestos. Todos estos son ejemplos de intervenciones que cuestan cuantiosos recursos al Estado. Es posible que algunos de ellos reduzcan la desigualdad, pero no la pobreza, debido a que benefician principalmente a la clase alta, media y, en el mejor de los casos, media baja. Este es uno de los mayores riesgos de poner objetivos de reducción de desigualdad por encima de objetivos de reducción de pobreza. Las políticas suelen desviar recursos de las clases más necesitadas hacia las clases con mayor poder político y económico. Claros ejemplos son los pedidos de subsidios para ciertos grupos productivos.

El Estado tiene ciertas obligaciones que corresponden a su rol subsidiario, tales como la justicia y defensa, y estas responsabilidades requieren un presupuesto propio. Pero en cuanto a su rol de redistribución de riqueza, el Estado cuenta con recursos escasos y, por lo tanto, los subsidios al agua, vivienda y educación universitaria para la clase media son solo posibles a costa de asignar menos recursos a otros fines como educación inicial y programas de salud para niños en situación de extrema pobreza. En un país en el que más de un cuarto de la población es pobre, se debe establecer una regla fundamental: ningún programa deberá estar orientado a beneficiar económicamente a un grupo socioeconómico que no sea el más pobre. Así, por ejemplo, hasta que no se hayan atendido todas las necesidades de aquellos que viven en pobreza extrema, el Estado debería estar prohibido de establecer subsidios para la clase alta o media. Lamentablemente, tan difícil como es encontrar a alguien que se oponga a esta máxima en papel es encontrar a un político que la apoye en la práctica.

El hambre y la pobreza no son por falta de alimentos o de recursos sino por las enormes desigualdades creadas en el mundo real que impiden su adecuada distribución. En este humilde presagio Amartya K. Sen recibió el Premio Nobel de Economía en 1998. El fracaso de las teorías sobre ‘el derrame’, en la que el crecimiento y el desarrollo primero benefician a los sectores acomodados y luego lentamente llega a todos. En rigor, parece que algo detuvo el derrame en los sectores medios en el mejor de los casos, y mantuvo altos niveles de pobreza. En el desarrollo de los indicadores económicos y sociales es fundamental el concepto del enfoque de las ‘capacidades’. Es decir, los medios y la aptitud para que cada persona disponga del poder para convertir sus derechos en libertades reales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, los ciudadanos tienen el derecho constitucional de votar. Para Amartya K. Sen esto no significa nada si cada uno de los ciudadanos no pueda ejercer efectivamente la capacidad de votar. Educación, cultura cívica, medios de transporte, acceso libre al lugar de votación, son las barreras que se deben sortear y superar para que cada ciudadano puede ejercer su elección personal. En el mundo del trabajo, Amartya Sen dice que las ‘capacidades’ se enfocan en la libertad positiva, que es la capacidad real de una persona de ser o de hacer algo, a diferencia de la libertad negativa, que es común en economía y se centra simplemente en la no interferencia y que el mercado fluya. Un trabajo sin condiciones de trabajo dignas y salario razonable condena a la persona a la pobreza, a pesar de que puede por sí ejercer su derecho a trabajar. Y el pobre o el indigente no puede salir de su proceso de exclusión bajo las reglas del mercado, o mejor dicho, bajo la inexistencia de reglas que impone el mercado global de la oferta y la demanda, donde el fin es el lucro, y no ningún otro objetivo social, caritativo o benéfico. Tomas Piketty, llamado el nuevo Carlos Marx del Siglo XXI, desde el año 2000 es director de estudios en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). Actualmente es profesor asociado de la Escuela de Economía de París. Piketty sostiene que cuando la tasa de acumulación de capital crece más rápido que la economía, entonces la desigualdad aumenta. El autor propone, para evitar lo que denomina un capitalismo patrimonial, los impuestos progresivos y un impuesto mundial sobre la riqueza con el fin de ayudar a resolver el problema actual del aumento de la desigualdad. Los impuestos se vuelcan hacia los grupos marginados o segregados para tenderles puentes que los conecten con salidas razonables. Sus trabajos cuestionan de manera radical la hipótesis optimista del economista ruso Simon Kuznets quien establecía un vínculo directo entre el desarrollo económico y la redistribución de ingresos, resaltando la importancia de las instituciones políticas y fiscales en la instauración de impuestos e ingresos públicos y por tanto en la evolución económica histórica de la distribución de la riqueza. Su libro más reciente, ‘El capital en el siglo XXI’, se nutre de datos económicos que se remonta 250 años para demostrar que se produce una concentración constante del aumento de la riqueza que no se autocorrige y que aumenta la desigualdad económica, problema que requiere para su solución una redistribución de la riqueza a través de un impuesto mundial o global sobre la misma. El trabajo humano en relación de dependencia, como lo establecen los sistemas codificados de Europa Central, solo conducen a una mejor distribución por las herramientas de protección brindadas desde el Estado, ya que con la competencia del mercado abierto tienden a consolidar los guetos de pobreza, insuficiencia de ingresos y marginalidad. Para David Harvey la tesis de Piketty confirma que el capitalismo de libre mercado, cuando no interviene el Estado para redistribuir la riqueza, produce oligarquías antidemocráticas y, por supuesto, aumenta la desigualdad. La causa es que la tasa de retorno del capital siempre supera a la tasa de crecimiento de la renta, cuestión que como señala Piketty es y ha sido ‘la contradicción central del capital’. Esto ocurre, según Harvey, pero critica que no lo señale Piketty, por el desequilibrio de poder entre capital y trabajo. Aunque Piketty señala el período 1932-1980 como excepcional al establecerse la tributación progresiva, la implantación del keynesianismo, que permitió mantener la demanda y no impidió el crecimiento, ignoraría la pregunta sobre como se mantuvo la demanda a partir de 1980, cuando se confirma el fin del keynesianismo y la fuerte implantación del neoliberalismo thatcheriano, y por tanto la respuesta: la expansión desmesurada del crédito que causará crisis continuas de las que Piketty tampoco da explicación, entre ellas la crisis financiera de 2008 y la crisis económica de 2008-2014. 

El trabajador de ingresos fijos los ingresos tienden a disminuir respecto de las demandas pico de trabajo ya que: a) que el porcentaje de retorno del capital supera el porcentaje de crecimiento económico; b) que la riqueza que se hereda siempre posee más valor y se potencia frente a la que un individuo puede acumular en su vida; c) que de los dos datos y las tendencias se desprende que el capitalismo entra en contradicción tarde o temprano con la democracia y la justicia social. Prescindiendo de todas las orientaciones ideológicas, el pragmatismo que imponen estos tiempos nos obligan a observar las distintas tendencias, para descubrir seguramente que lejos de los extremos, la verdad están en un punto relativo y equidistante entre ellos.