La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), pero creada por esta en el año 1959. Constituye una institución del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos (SIDH), que se encarga de proteger y promover el respeto de los mismos en el continente Americano. Actúa como órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos en esta materia.

Se compone por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, estos deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos.

1. Los Miembros de la comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros.

2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos. Cuando se proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del propuesto.

 ¿Como es su mandato?

1. Los miembros de la comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos años. Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los nombres de estos tres miembros.

2. No puede formar parte de la comisión más de un nacional de un mismo Estado.

La CIDH realiza su trabajo con base en tres ejes fundamentales; 

~   El sistema de petición individual.

~   El monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados Miembros.

~   La atención a líneas temáticas prioritarias.

a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;

b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos;

c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones;

d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;

e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y

g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

La sociedad civil puede recurrir a la protección de sus derechos por medio de dos mecanismos a saber; por un lado en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o grupos. Por su parte, en el sistema de peticiones y casos  la Comisión podrá  analizar situaciones de violación de derechos humanos en los Estados, donde se presume un agotamiento de los recursos judiciales internos de los países, entre otros requisitos dispuestos en la Convención Americana.

¿Quien puede presentar?

Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la comisión  peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un Estado parte.

a) Que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;

b) Que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;

c) Que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y

d) Que la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.

a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;

b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y

c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

La complementariedad es el mecanismo jurídico mediante el cual se plasma la interacción de la Corte con las jurisdicciones nacionales. Consagrado bajo de figura de cuestiones de admisibilidad, este principio constituye la piedra angular de las relaciones entre la Corte y las jurisdicciones locales para la implementación de las obligaciones de investigar y enjuiciar a los responsables de crímenes internacionales, que el Artículo 86 del Estatuto le impone a los Estados. Así, este principio evita la existencia de conflictos de competencia entre la Corte y los Estados, al ubicar preferentemente la obligación erga omnes de investigar, perseguir y castigar a los responsables de crímenes internacionales en las jurisdicciones nacionales, la que además debe desarrollarse dentro de ciertos marcos de eficiencia y efectividad. Por ello es que también se considera que la Corte constituye un poderoso incentivo para que los tribunales nacionales instruyan procedimientos en contra de las personas sospechosas de participar en crímenes internacionales.

El principio de complementariedad surge desde el preámbulo del Estatuto, donde se establece la obligación de “todo Estado ejerce su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales” y se destaca que la Corte “será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales”. Adicionalmente, el principio se consagra en los artículos 1 y 17 del Estatuto, en virtud del cual la Corte solo ejercerá su competencia cuando un asunto determinado en el Estatuto y de cierto umbral de gravedad, no ha sido abordado por las autoridades estatales del o los países competentes o estas no han actuado de acuerdo con los estándares mínimos establecidos en la regulación del Estatuto.

Por tanto, el principio de complementariedad mantiene la vigencia del sistema preexistente de aplicación indirecta del derecho penal internacional; asegura que los Estados conserven intacta su competencia; facultando a la Corte a actuar, de modo excepcional, en aquellos casos de su competencia cuando los Estados no estén en condiciones o no tengan la voluntad de administrar justicia con el especial objeto de garantizar que los más graves crímenes internacionales no quedarán impunes. De esta forma, el principio de complementariedad garantiza que la jurisdicción de la Corte es de última ratio, es decir, destinada a complementar y no a suplantar las jurisdicciones nacionales.

La Corte Interamericana es uno de los tres tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana. La Corte Interamericana ejerce una función contenciosa, dentro de la que se encuentra la resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias; una función consultiva; y la función de dictar medidas provisionales. La sede de la Corte Interamericana se encuentra en San José de Costa Rica.

1. La Corte se compone de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la OEA, elegidos a título personal de entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales, conforme a la ley del Estado del cual sean nacionales o del Estado que los postule como candidatos.

2. No puede haber más de un juez de la misma nacionalidad.

1. Los jueces de la Corte son electos para un mandato de seis años y sólo pueden ser reelectos una vez. El juez electo para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, completará tal mandato.

2. Los mandatos de los jueces se contarán a partir del primero de enero del año siguiente al de su elección y se extenderán hasta el 31 de diciembre del año en que se cumplan los mismos.

3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. Sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos.

De acuerdo con la Convención Americana, la Corte ejerce principalmente tres funciones: 

~ Contenciosa: Dentro esta función la Corte determina si un Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por la violación de alguno de los derechos consagrados en la Convención Americana o en otros tratados de derechos humanos aplicables al Sistema Interamericano. Asimismo, a través de esta vía, la Corte realiza la supervisión de cumplimiento de sentencias.

 

~ La facultad de dictar medidas provisionales: Estas medidas se dictan en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas.

~ La consultiva: Por este medio la Corte responde consultas que formulan los Estados miembros de la OEA o los órganos de la misma acerca de: 

 

a)      La compatibilidad de las normas internas con la Convención.

 

b)      La interpretación de la Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados Americanos.

La Corte determinó, por tanto, que la supervisión del cumplimiento de las sentencias es uno de los elementos que componen su función jurisdiccional. Lo anterior en tanto el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por el Tribunal en sus decisiones es la materialización de la justicia para el caso concreto y, por ende, de la jurisdicción. Por tanto, la efectividad de las sentencias depende de su ejecución y, para ello, la propia Corte supervisa diariamente que los Estados estén cumpliendo con las reparaciones ordenadas en sus sentencias  a través de diversas formas (proceso escrito, audiencias, visitas y notas de la Secretaría del Tribunal).

La implementación efectiva de las decisiones de la Corte es la pieza clave de la verdadera vigencia y eficacia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sin la cual se hace ilusorio el propósito que determinó su establecimiento.

Por ello la Corte ha considerado que el efectivo cumplimiento de sus decisiones es parte integrante del derecho de acceso a la justicia. En este sentido, resulta necesario que existan mecanismos efectivos para ejecutar las decisiones de la Corte.

¿Quienes NO pueden interponer peticiones?

El Tribunal no puede atender peticiones formuladas por individuos u organizaciones. De esta manera, los individuos u organizaciones que consideren que existe una situación violatoria de las disposiciones de la Convención y deseen acudir al Sistema Interamericano, deben dirigir sus denuncias a la Comisión Interamericana, la cual es competente para conocer peticiones que le presente cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención por un Estado Parte.

¿Puede la corte visitar los territorios de los estados?

Las labores de la Corte son estrictamente judiciales y se atañen a la competencia que le otorga la Convención Americana, en atención a sus tres funciones, contenciosa, cautelar y consultiva. Por lo que esta no podría, por ejemplo, conocer la situación general de derechos humanos de un Estado o realizar visitas in loco, como aquellas de competencia de la Comisión. Sin embargo, conforme lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento de la Corte, ésta puede requerir “en cualquier estado de la causa” la realización de diligencias probatorias en el marco de la tramitación de un caso contencioso. Utilizando esta facultad, la Corte ha realizado visitas in situ en los territorios de los Estados en el marco de la tramitación de casos concretos.

Tiene como objetivo el asegurar la protección y el respeto de los derechos humanos de las personas por parte de todos los Estados, esta protección es denominada como una obligación internacional que adquieren los Estados que suscriben tratados internacionales, como la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Para asegurar lo anterior, los Estados deben optar por la creación de mecanismos o herramientas que tengan como objetivo principal cumplir con obligaciones internacionales, en el caso de Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz creada en virtud del Acuerdo Final de Paz, tiene como función proteger los derechos de las víctimas resultantes del conflicto armado, como la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y asegurar el mantener la paz.

El concepto contemporáneo de Control de Convencionalidad ha tenido su origen en los diferentes sistemas regionales de protección a derechos humanos, su finalidad está enfocada a la armonización del derecho interno con el derecho convencional de acuerdo a los tratados que cada uno de los Estados ratifique, a lo largo de su desarrollo se ha dimensionado de dos maneras, la primera, en un Control de Convencionalidad Concentrado, el cual consiste principalmente en el ejercicio y análisis que realiza la jurisdicción especial de protección a los derechos humanos, que en nuestro caso sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a un caso concreto en el que se vulneren los derechos humanos, propendiendo por la adecuación de la doctrina interamericana que protege el derecho que ha sido afectado al particular o a la colectividad, al derecho interno del Estado del cual la víctima es perteneciente, y por otro lado, un Control de Convencionalidad Difuso que deben realizar no solo los jueces nacionales al aplicar la jurisprudencia interamericana a los casos concretos a los que se enfrentan, sino también las autoridades públicas.

El Control de Convencionalidad tiene un origen pretoriano francés, el cual ya sea en diferente denominación, también contempla la facultad que tiene el poder judicial de confrontar una ley nacional con un tratado internacional prevaleciendo este último.

Control de Convencionalidad es un mecanismo judicial de origen internacional con el propósito de garantizar la protección de los derechos del Corpus Iuris Convencional, como también, el cumplimiento de sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideradas como precedente jurisprudencial que evitan la vulneración de la Convención Americana, en consecuencia, quiere decir que los operadores jurídicos deben ejercer a través de la interpretación, una labor de armonizar el derecho interno a los parámetros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Existen dos clases de control de convencionalidad:

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD CONCENTRADO: Es ejercido principalmente por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su función principal es la de analizar la situación que conllevó a la vulneración del derecho, para lo cual, el afectado debe surtir el trámite de agotar los mecanismos de defensa internos, y posteriormente, dirigirse a la jurisdicción interamericana, también debe propender por garantizar al lesionado la protección de derechos humanos. Tiene efectos erga omnes, toda vez que la Corte Interamericana modifica el ordenamiento jurídico interno el cual rige a todas las personas habitantes del Estado parte.

CONTROL DE CONVENCIONALIDAD DIFUSO: Busca que los jueces nacionales en razón a la potestad de administrar justicia conferida a través de la Constitución, realice un análisis de cotejo entre una ley interna y la el Corpus Iuris, incluyendo protocolos adicionales, jurisprudencia y doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos


Los conceptos de bloque de constitucionalidad, control de constitucionalidad y control de convencionalidad están íntimamente ligados, pero operan en diferentes niveles.
El bloque de constitucionalidad como instrumento de internacionalización del derecho constitucional en Colombia, es usado como herramienta de inclusión de las normas y tratados internacionales en el ordenamiento jurídico interno, ejerciendo con ello un control de constitucionalidad.


De esta forma, en aquellos países donde los derechos humanos consagrados en tratados internacionales tienen rango constitucional, la vinculación es clara: los derechos humanos consagrados en tratados internacionales pasan a ser parámetro de constitucionalidad y de convencionalidad, por lo que la magistratura nacional al realizar control de constitucionalidad también realiza control de convencionalidad. Sin embargo, en aquellos países donde los derechos humanos consagrados en tratados internacionales no poseen este rango, las normas internacionales se incorporan al bloque de constitucionalidad como herramienta de interpretación de los derechos fundamentales. Al ser utilizado el bloque de constitucionalidad como herramienta hermenéutica, las normas nacionales son dotadas de contenido e interpretadas a la luz de los parámetros internacionales, por lo que la decisión que adopte el juzgador también tendrá un resultado conforme a las obligaciones internacionales.

Asimismo, a través de este Sistema se crearon dos órganos destinados a velar por su observancia: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, la Corte declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación del artículo 23  que corresponde a los derechos políticos y del artículo 8 en cuanto a las garantías judiciales, le ordenó adecuar su ordenamiento jurídico interno y modificar la legislación que autorizaba la limitación de los derechos políticos por vías diferentes a las previstas en el artículo 23.2 de la convención.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional, desde la sentencia C-028 de 2006 hasta la sentencia C-111 de 2019, que avalaba la constitucionalidad de dichos poderes disciplinarios, ha quedado sin efectos, ya que ninguno de los argumentos que había defendido la Corte Constitucional colombiana para justificar los poderes sancionatorios de la Procuraduría fue tenido en cuenta por la Corte IDH. 

Un punto a tener en cuenta es el hecho de que, dentro de la interpretación del artículo 23.2 de la convención, existe la posibilidad de limitar los derechos políticos por parte de los jueces  pertenecientes a lo contencioso administrativo, cuando se trate de asuntos electorales o de pérdida de investidura, sin embargo, la Convención Americana alego que esta no debe ser interpretada de forma exclusivamente textual, pues, la mayor parte de la jurisprudencia contenida en el Sistema Interamericano se ha construido precisamente a partir de la apertura a otros métodos interpretativos y, en especial, a la interpretación evolutiva y no cerrada.


Aporte esencial de la sentencia

Ahora bien, esta decisión está apuntalada sobre el valor que tiene la democracia para la Organización de Estados Americanos. Pues, se trata de la enorme relación existente entre el régimen democrático de gobierno y el sistema de protección de los derechos humanos. Una democracia eficiente puede funcionar solo si existen suficientes garantías para el ejercicio de los derechos políticos. Finalmente, se afirma que esta decisión pone a salvo las reglas del juego de un estado democrático de las decisiones que resultan autoritarias y de la formulación de las funciones disciplinarias para interferir en el escenario del poder político.