Para afrontar los retos actuales de conservación del planeta y los recursos naturales es necesario crear acciones que contribuyan al uso de herramientas, costumbres y cambios en los hábitos que nos permitan mitigar los efectos negativos sobre el cambio climático.

Es por esto que nos debemos comprometer con los siguientes requerimientos:

* Todas las industrias emisoras de humo y/o gases deberán contar con procesos debidamente certificados por los entes reguladores del medio ambiente a nivel mundial.  Adicional si cuentan con parque automotor con mas de 10 vehículos de transporte estarán en la obligación de tener el 50% de estos vehículos a gas o eléctricos.

* Las grandes y medianas empresas deberán contar con un cubrimiento mínimo del 30 % de la energía renovable en paneles solares.

* Las empresas recolectoras de residuos deberán informar y exigir la separación de material reciclable del ordinario, adicionalmente tendrán la potestad de generar informes que permitan la imposición de sanciones económicas al incumplimiento de esta.

*El gobierno nacional contribuirá económicamente exonerando de impuesto de renta a las empresas que se dediquen a la investigación, creación y comercialización de empaques biodegradables para el uso doméstico y/o industrial 

Esta política será aplicada a partir de su momento de publicación. 24 de abril del 2021

VIDEO CAMBIO CLIMATICO

https://www.youtube.com/watch?v=1uU5qathCus

 

El objetivo número 1 se enfoca en reducir las condiciones de pobreza en el mundo, mediante la oportunidad de vinculación laboral de las personas que viven en extrema pobreza. En donde de acuerdo a una investigación realizada por las Naciones Unidas, se advierte que las consecuencias económicas de la pandemia mundial podrían incrementar la pobreza en todo el mundo, incrementándola en un 8% más a nivel mundial, sobre una base de un 10% con que se contaba antes de ésta.

El objetivo número 2, manifiesta que este se obtendrá siempre y cuando se cumpla el objetivo 1, toda vez que, mediante un empleo estable, las personas pueden acceder a satisfacer las necesidades de su núcleo familiar, tales como la alimentación.

En Colombia existe un problema de inseguridad alimentaria y Nutricional. según los resultados de las Encuestas Nacionales de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2010), realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en donde se visualiza el aumento de situaciones alimentarias como: la mal nutrición (desnutrición, sobrepeso/obesidad y la anemia).

Los departamentos con altos niveles de corrupción, como Guajira y Chocó, no solo ven en peligro su derecho a la alimentación, sino su derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, y en ellos se registran las cifras más altas de necesidades básicas insatisfechas, así como de mortalidad infantil del país y poca o nula la disponibilidad de agua potable y de alimentos con calidad nutricional.

Por otro lado, y acorde a investigación realizada por FENALCO, se revela que en Colombia durante el año 2020 se desperdiciaron cerca de 10 millones de toneladas de alimentos, lo que representaría la alimentación de 8 millones de personas durante un año.

Basados en estos contradictorios resultados, es necesario implementar en el país una política de cambio, referente a disminuir los índices tanto de desperdicio de alimentos, como de malnutrición, mediante mecanismos de articulación entre el Estado y las empresas productoras y comercializadoras de alimentos, con el fin de impactar este aspecto y facilitar a las personas de menos recursos, el acceso a la alimentación.

Teniendo en cuenta programas que en la actualidad están articulando organizaciones como la ONG “acción contra el hambre”, que ha desarrollado programas de alimentación para la población migrante venezolana y comunidades vulnerables, dentro del contexto urbano y el grupo Éxito con su programa “Gen Cero”. 

Por lo tanto, se propone gestionar una estrategia de concientización a más empresas productoras y comercializadoras de alimentos, para donar aquellos productos que se vislumbra que no se venderán por su baja rotación y proximidad a la caducidad, y mediante articulación con Estado, se facilite la logística de recogerlos y distribuirlos en las zonas con menos capacidad adquisitiva del país, para evitar tanto el desperdicio como la malnutrición, lo que facilitará a contribuir con el logro del objetivo número 2 de los ODS (hambre cero). 

 https://youtu.be/oGb-1Jy3dcE

 

En su dimensión de derecho, la educación tiene el carácter de fundamental, en atención al papel que cumple en la promoción del desarrollo humano y la erradicación de la pobreza y debido a su incidencia en la concreción de otras garantías fundamentales, como la dignidad humana, la igualdad de oportunidades.
https://www.google.com/search?q=educacion+derecho+fundamental+colombia&oq=educacion+derecho+fundamental&aqs=chrome.2.69i57j0l2j0i22i30l7.11545j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

En otras palabras, la educación virtual hace referencia a que no es necesario que el cuerpo, tiempo y espacio se conjuguen para lograr establecer un encuentro de diálogo o experiencia de aprendizaje. Sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno es posible establecer una relación interpersonal de carácter educativo.
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-196492.html?_noredirect=1

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indica que solo alrededor de un 26% de los estudiantes en zonas rurales tienen conectividad frente a un 89% en zonas urbanas. (Septiembre, 2020)
https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/educacion-virtual-realidad-o-ficcion-en-tiempos-de-pandemia/

Según datos registrados en el sistema de matrícula (SIMAT) del Ministerio, actualmente se encuentran matriculados 9.395.018 menores en el sistema educativo, ya sea en colegios oficiales o privados. Sin embargo, se encontró que entre los meses de marzo  y agosto 102.880 se retiraron.

Esto quiere decir que la deserción a causa de la se estima en un 1.1 por ciento, lo que representa más dela tercera parte dela deserción total del 2019, que fue de los 2,99. Esto causa preocupación dada que por lo general a los mayores índices de abandono del sistema educativo se registran no a nivel intranual sino interanual. (fuente: El Tiempo)

Aunque los números concretos de los estudiantes que desertaron en el 2020, que está recopilando el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), estarán listos entre junio y julio, la Secretaría de Educación de Medellín (SEM) le dijo a El Colombiano que seguramente serán superiores a los de 5.408 alumnos que, según el Ministerio de Educación, abandonaron sus estudios en la ciudad el 2019.

Ese mismo año, el Observatorio para la Calidad Educativa de Medellín (OCEM) registró que la tasa de deserción fue del 2,74 %: 8.640 estudiantes abandonaron las instituciones educativas.

Como está ocurriendo a nivel nacional, la cifra de deserción escolar será superior a la del 2019 debido a la pandemia. Eso es un hecho.
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/06/mas-de-5400-alumnos-habrian-desertado-de-la-escuela-en-medellin-secretaria-de-educacion/
https://news.un.org/es/story/2020/08/1479572
https://ayudaenaccion.org.co/actualidad/clasesvirtuales 

Identificar a la población educativa sin acceso a las clases virtuales.

La identificación de la población se realizará a través de un censo, base de datos de ministerio de educación y DANE.

Presentación por parte del Alcalde al Concejo Municipal del estudio de la propuesta de intervención, quien decidirá sobre la misma, mediante acto administrativo. Si la aprueba, el Presidente del Concejo hará la solicitud a la Asamblea Departamental.

Los municipios deben administrar el presupuesto y el personal docente y administrativo que el departamento les delegue para la puesta en marcha de la presente política pública.

Estas medidas regirán por el tiempo que de decrete educación virtual o en alternancia.

 Solución

Es importante, revisar la normativa vigente, entre lo cual se encuentra nuestra CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991:

ARTÍCULO 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 

ARTÍCULO 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley.

-  Política nacional de primera infancia. Ley 1098 de 2006. Código de Infancia y la Adolescencia. 

Se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, el cual tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.

ARTÍCULO 1º. Finalidad. Este Código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

ARTÍCULO 2º. Objeto. El presente Código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su establecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.

 ARTÍCULO 3º. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad.

-  Política de Gestión del conocimiento y la innovación. Alcaldía de Medellín. SAPIENCIA. Agencia de Educación Superior de Medellín - 2020

La Política, se estructura bajo cinco (5) componentes definidos por el Departamento de la Función Pública: Generación y producción; herramientas para uso y apropiación; analítica institucional; cultura de compartir y difundir; y planeación como soporte diagnóstico para identificar el estado o situación, la proyección de las acciones para promoverla. Categorías presentes: Bancos de datos, portales virtuales, CRM (Herramientas de relacionamiento con grupos de valor), Gestor documental, Biblioteca virtual o física, plataforma documental del sistema integrado de gestión, diversos aplicativos. 

· Ley 29 de 1990: Dicta disposiciones para el fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico. Da funciones al Estado relacionadas con la dirección del Ciencia, Tecnología e Innovación en el país a través de planes y programas, 

· Ley 1286 de 2009: Se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia,

· Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015,

· Conpes 3920 de 2018: Política Pública de Explotación de Datos (Big data),

· Decreto 1008 de 2018: Política de gobierno digital,

· ISO 30401: 2018 – Sistemas de Gestión del Conocimiento, 

· Conpes 3975 de 2019: Política para la transformación digital e inteligencia artificial,

· Resolución 8312 de 2020. Por la cual se adopta el Plan Estratégico de SAPIENCIA “Camino a la Transformación Educativa 2020-2023” donde una de las estrategias planteadas es la implementación de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, 

· MIPG dimensión 6: Gestión del conocimiento y la innovación.

Es así, como el servicio de educación formal, regular y de adultos, educación para el trabajo y el desarrollo humano y educación informal, se encuentra enmarcado dentro del ordenamiento constitucional, legal y reglamentario. Durante el Gobierno del Presidente Duque, el sector de Educación pasó de tener un presupuesto de $38,5 billones en 2018 a $44,1 billones en 2020. Esto significa un crecimiento del 6,41% frente al 2019 y un crecimiento real del 11% frente al 2018. A nivel nacional la inversión en educación se le suman $218.000 millones, con lo que aumenta a casi $4,2 billones en 2021. A través de sus componentes de Equidad y de Excelencia, el programa ‘Generación E’ llega a 116.787 jóvenes. A diciembre próximo, se espera beneficiar a 168 mil jóvenes del país y en el cuatrienio cumplir la meta de 336 mil. Los estudiantes en condición de vulnerabilidad beneficiarios son de 1.094 municipios, que equivalen al 97,5% del total del país y con cobertura en los 32 departamentos de Colombia. Más de 1,1 millón de niños y niñas de preescolar, básica y media, equivalente a cerca del 16% de la matrícula, acceden hoy a la Jornada Única.

De esta manera se dan pasos importantes en el fortalecimiento de las trayectorias educativas completas, permitiendo que los niños disfruten de más y mejor tiempo en la escuela. Este logro representa avances en la meta establecida de llegar con jornada única al 18% de la matrícula en 2020 y al 24% en 2022. Según el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación 2021, el presupuesto del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sería de 280 mil millones (24 mil de funcionamiento y 256 mil millones de inversión). “Colombia no puede seguir en el puesto mediocre de tener una inversión en ciencia y tecnología que escasamente supera el 0,2 por ciento del PIB. Nuestra meta, al 2022, es llevar al 1.5 % del PIB la inversión en ciencia y tecnología, y así seguir avanzando en una línea ascendente”.
https://www.universidad.edu.co/presupuesto-2021-inicia-discusion-con-preocupacion-por-fuerte-recorte-a-minciencias/#:~:text=Presupuesto%202021%3A%20Inicia%20discusi%C3%B3n%20con%20preocupaci%C3%B3n%20por%20fuerte%20recorte%20a%20Minciencias,-3%20agosto%2C%202020&text=Seg%C3%BAn%20el%20Proyecto%20de%20Ley,256%20mil%20millones%20de%20inversi%C3%B3n).

Por tanto, se procede a encontrar la oferta que se tiene en dichos términos y las diferentes alternativas a los ciudadanos dependiendo de su ciclo vital:

-   La estrategia para la infancia, como es el programa “De Cero a Siempre” es la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que busca aunar los esfuerzos de los sectores público y privado, de las organizaciones de la sociedad civil y de la cooperación internacional en favor de la Primera Infancia de Colombia. La Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia busca potencializar la Política De Cero a Siempre, que reúne políticas, programas, proyectos, acciones y servicios dirigidos a la primera infancia, con el fin prestar una verdadera atención integral que haga efectivo el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas entre cero y cinco años de edad. Los derechos de las niñas y los niños en primera infancia son impostergables; la familia, la sociedad y el estado están en la obligación de garantizar la protección, la salud, la nutrición y la educación inicial desde el momento de la gestación hasta los cinco años. En la actualidad 1.374.423 de niños y niñas menores de cinco años cuentan con educación inicial en el marco de la atención integral. A 2022 la meta es de 2'000.000 niños y niñas. La Estrategia De Cero a Siempre fue aprobada como Ley de la República y sancionada el 2 de agosto de 2016.  En consecuencia la atención integral a la primera infancia deberá ser implementada en todo el País, logrando avanzar en condiciones reales en favor del desarrollo integral de niñas y niños.​ La Política De Cero a Siempre demandará una mayor preparación de cada uno de los actores involucrados haciendo inaplazable el establecimiento de compromisos locales y regionales para avanzar coordinadamente en el cumplimiento de las coberturas, así como en la adecuación de las instituciones para cumplir los parámetros de atención integral. 

-  En el SENA, hay acceso en la educación por medio de dos modalidades académicas, como Técnicos, tiene 6 niveles: Auxiliar, Especialización tecnológica, operario, profundización técnica, tecnólogo y técnico. La carrera del nivel auxiliar es la de menor nivel y la de técnico es la de nivel superior. En función de la especialización que desee puede elegir el nivel técnico en el SENA. Cada programa tiene sus ventajas según el perfil que se quiera conseguir en función de la meta profesional. Los técnicos en el SENA deben responder a habilidades frente al uso de herramientas para que puedan desempañarse en el mundo laboral en una actividad o área específica del sector productivo o de servicios y la formación de los tecnólogos, orientada para que los estudiantes sean capaces de diseñar, construir, ejecutar, controlar, transformar y operar en los mercados cuando acaban sus estudios. Su función es buscar soluciones a los problemas que demandan los sectores productivos y de servicios del país.

-   En la ciudad de Medellín,  las IES (Instituciones de Educación Superior) e ofrecen un total de 94 programas académicos, entre los cuales hay nueve de forma virtual, gracias a la Ciudadela Universitaria Digital, Arroba Medellín. La matrícula cero una iniciativa de la Alcaldía de Medellín, con la cual se cubrirá la matrícula de más de 24 mil estudiantes de las tres IES públicas del municipio: ITM, I. U. Colmayor e I. U. Pascual Bravo. Con un valor cercano a los $20.500 millones de pesos, con la Matrícula Cero se asegurará la permanencia de los estudiantes en el segundo semestre de 2020 y se garantiza con tres acciones: pagando el valor de la matrícula, flexibilizando los requisitos para que los estudiantes becados no tengan obstáculos y la entrega de tres mil computadores Chrome Book.

Cuya reflexión, frente a los presentes beneficios, están propuestos para realizarse en modo virtual, el acompañamiento a las familias esta supeditado al acceso a un equipo de cómputo e internet.
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/6666-Matricula-Cero

La tecnología forma parte de nuestro día a día, es algo tan naturalizado, que muchas veces no somos conscientes de como esto llega a nuestras manos y el impacto (social, económico, ambiental y especialmente cultural) que tiene sobre nuestras vidas y cada sector. Entre tanto, las potencialidades de las nuevas tecnologías como la computación en nube, tienen un amplio espacio para mejorar sustantivamente aspectos del desarrollo personal e intelectual. El alcance de estas tecnologías en las áreas geográficas o sectores más desfavorecidos, así como sus diferentes aplicaciones, permite que, conjugado con la capacitación se pueda sacar el máximo beneficio de las mismas, avanzando en la incorporación de estas personas a la economía. Por tanto, dicha propuesta de una política pública que permita canalizar recursos sociales en procura de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos y la búsqueda del accionar del estado, frente al CAMBIO TECNOLÓGICO, se debe a que no hay sector de la educación colombiana que no esté viviendo una transformación completa en su forma de aprender. 

De este modo, esta política pública en relación con el Derecho fundamental de la Educación propone consigo una excelente formación en las TICS y acceso gratuito a internet. Por tanto, pretende que en los lugares más apartados se pueda gestionar el préstamo de equipos de cómputo de mesa, portátiles y tabletas, para que la comunidad académica continúe creciendo y desarrollando los programas que se tienen como lineamento estatal presentes: “Todos a aprender”, Becas para la Excelencia Docente, Jornada Única y ‘Colombia bilingüe’, el Plan de Educación Rural y ‘Ser pilo paga’, entre otros, encaminados a mejorar la calidad y el acceso a la educación en todos los niveles. Un objetivo común en el país, como el mejor educado de Latinoamérica en 2025. 

Esta política pública, pretende en primera instancia que se realice un contrato mediante la figura civil de un “Comodato”, gracias a su calidad de préstamo y de uso, para 30 equipos de cómputo, requeridos, solicitados y suministrados gracias al presupuesto Municipal para la Educación de cada Ciudad o Departamento. 

La estrategia, consiste en que el número completo de los dispositivos (30 unidades: 10 computadores – 10 portátiles – 10 tabletas) se entregarían en el establecimiento académico más cercano, sea el pueblo o el corregimiento, que posea cobertura digital, con el fin de proporcionar un servicio optimo y posible a los ciudadanos, en calidad de OPORTUNIDAD DE DEVOLUCIÓN, este préstamo se realizará durante un año (365 días) en el modelo de alternancia a toda la comunidad. Entendiendo, que es responsabilidad del estado facultar a los docentes que deseen desplazarse a la Ciudad para capacitarse en todo lo relacionado. 

Posterior, al término del tiempo, serán retirados y entregados en otra institución. 

En segunda instancia, se propone el mantenimiento, en el cual se realizará una licitación para certificar que una entidad “privada”, se encargará de supervisar, prestar el servicio mediante una excelente atención y asesoría, brindar capacitación en el punto de interacción (pueblo, corregimiento y vereda) para los docentes en relación a las TICS, inspeccionará la capacidad o velocidad del internet. Cabe recordar, que la responsabilidad contractual del préstamo se realizará mediante un formulario en el cual el rector que recibe los equipos de cómputo, es quien se encargara de cuidar, gestionar el mantenimiento requerido frente a dicha entidad en el caso de daño o en caso de pérdida.  

En acto seguido, el profesor encargado del aprendizaje y la enseñanza recibe los equipos y da cuenta de su trato y desempeño adecuado con las herramientas y el sofware legal (paquete de office), mediante el cual se regulará el uso del mismo. El préstamo se divulga mediante los medios de comunicación que tiene el sector. Para que la comunidad realice la respectiva identificación de su condición en términos de una clasificación entre profesores, estudiantes y población desescolarizada, como: nombre, edad, escolaridad, entre otros aspectos locativos y demográficos en los cuales se tendrá en cuenta la ubicación de los individuos: pueblo, corregimiento y vereda. 

Cabe recordar, como evidencia latente uno de los ejemplos en el Departamento de Antioquia, el préstamo de computadores portátiles y de escritorio, una alternativa que se utiliza en la Universidad de Antioquia, un servicio en diferentes sedes de la ciudad de Medellín, que ha servido para muchos jóvenes en formación con escasos recursos para comprar un equipo; los computadores son de última generación, con acceso a la red inalámbrica institucional y de uso móvil por las instalaciones internas.
http://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/generales/interna/!ut/p/z0/fc0_b8JADAXwrxIGRnQhVPwZowghISYqIbilci5uMeTOl7OD-PgkdOrS7f3kp2djzdnYAA_6ASUO0A6-2OXXelMV8_IjP-yO-yovl1W5XX2eDsW6MHtj_y8MC3TrOlsa6zgoPtWcIyeFtm8QpjnIX13Z428WEkUPWYNZTXVLrOhApjlrYskE04McDWm4U_jm5MHRx

Para terminar, transcurrido el año y finalizada dicha obligación se le presentará a la institución académica el “LEASING”, una alternativa que permite financiar, la opción de realizar un acuerdo financiero, en el cual puede acceder por medio de la empresa privada prestadora del mantenimiento de los equipos, acordar el número de dispositivos que requiere, mediante la figura de arrendamiento financiero mensual y al final la opción de comprarlos. 

 Participantes: Luz Dary Ramírez Mazo, Natalia Correa, Fernelis Mercado, Juan Carlos Valencia.

 

 

DATOS Y HECHOS:

Las personas provenientes de Venezuela enfrentan múltiples barreras para contar con un estatus migratorio en Colombia, evidencia de ello es que cerca del 56% se encuentra en situación irregular. 

De acuerdo con las cifras disponibles, en Colombia existen cerca de un millón de migrantes en condición irregular con vocación de permanencia, más de cinco millones de venezolanos cuentan con Tarjeta Migratoria Fronteriza y un millón de migrantes en tránsito que no son fácilmente identificables, lo cual dificulta su trazabilidad. No obstante, se espera que la inmunidad de rebaño entre los habitantes de Colombia que se pretende alcanzar contribuya también a la protección de la población migrante independientemente de su estatus.

 DIAGNOSTICO

La identificación de la población a vacunar se hará a través de la construcción de una base de datos maestra que será alimentada con información de fuentes oficiales como las EPS. La barrera está en que las personas migrantes indocumentadas no están incluidas en bases de datos oficiales, y mucho menos en las de las EPS, pues no pueden afiliarse al sistema de salud. 

Negarle la vacuna a estas personas no solo era un acto discriminatorio y antiético, sino que podría tener consecuencias epidemiológicas debido a que en Colombia hay asentados cerca de un millón de venezolanos que no han reglamentado su estatus migratorio.

CIFRAS

En el país residen 1.729.537 venezolanos, de los cuales el 44% -equivalente a un poco más de 762 mil- se encuentra en "condición regular", mientras que el 56% restante, más de 966 mil, estaría indocumentado, según cifras publicadas por Migración Colombia con corte al 31 de diciembre de 2020.

FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PUBLICA:

Identificar a la población migrante venezolana indocumentada a vacunar contra COVID 19.

La identificación de la población se realizara a través de un censo y base de datos de migración Colombia.

Los Alcaldes de cada municipio establecerán políticas para personas vulnerables que no se benefician de los sistemas de salud.

La vacunación sera gratuita y se realizara por fases teniendo en cuenta las medidas establecidas por el gobierno nacional.

Se solicitara la cédula venezolana para la vinculación a la EPS por el tiempo de la vacunación.

Estas medidas regirán solo por el tiempo de la PANDEMIA POR COVID 19.

FUENTES

https://www.dejusticia.org/venezuela/

https://www.dejusticia.org/dejusticia-presenta-el-panorama-de-las-rutas-de-regularizacion-migratoria-en-colombia/

https://www.portafolio.co/economia/colombia-buscara-ayuda-para-vacunar-a-venezolanos-irregulares-548804

https://www.dejusticia.org/column/vacunaran-a-las-personas-migrantes-indocumentadas-en-colombia/

Juliana Andrea Salgado
Yesica Patricia Carvajal
Diana Hoyos
Daniela Pérez