Katerin Lenis Malpup ID 910584

Viviana Concha Patiño ID 117281

Daniela Imbachi Imbachi ID 899616

Viviana Hoyos Moreno ID 910701

La Ley 43 de 1990, que regula el ejercicio de la profesión contable en Colombia, establece varios principios que rigen la conducta ética de los contadores públicos. Entre los principios que fueron incumplidos en el caso Odebrecht por parte de los contadores y revisores fiscales se destacan: 

• Principio de integridad (Art. 37): Los contadores deben ser honestos y directos en sus relaciones profesionales. En el caso Odebrecht, parece claro que los contadores y revisores fiscales implicados fallaron en mantener la integridad, al posiblemente encubrir información sobre sobornos en los asientos contables. 

• Principio de objetividad (Art. 38): Los contadores públicos deben evitar que los conflictos de interés o influencias de terceros afecten su juicio profesional. En este caso, parece que hubo falta de objetividad, ya que omitieron información crítica que comprometía la transparencia de los estados financieros de la empresa y los pagos ilícitos. 

• Principio de independencia (Art. 39): Los revisores fiscales y contadores deben actuar con independencia mental y aparente. Si bien no hay suficiente información para confirmar, es posible que los profesionales implicados hayan tenido algún tipo de conflicto de interés que comprometiera su independencia, ya sea por presiones internas o externas. 

• Principio de responsabilidad (Art. 40): El contador público debe asumir responsabilidad plena por los informes y certificaciones que emite. Al omitir información relevante o no advertir sobre los sobornos, los contadores y revisores fiscales no cumplieron con este principio. 

De acuerdo con las normas éticas emitidas por los organismos reguladores en Colombia, como la Junta Central de Contadores (JCC) y las disposiciones del Código de Ética del Contador Público Internacional (emitido por el IFAC, adoptado en Colombia), las sanciones pueden variar según la gravedad de la falta cometida. En un caso de corrupción y encubrimiento de sobornos como el de Odebrecht, la violación de los principios de integridad, objetividad, independencia y responsabilidad expone a los contadores implicados a sanciones disciplinarias, económicas, e incluso penales, dependiendo de su grado de participación en el encubrimiento de los sobornos.

·        Sanciones disciplinarias: Esto puede incluir amonestaciones o suspensión temporal del ejercicio de la profesión, y en casos más graves, la cancelación de la matrícula profesional, lo que implica la inhabilitación para ejercer como contador público.

·        Multas económicas: Los organismos reguladores, como la JCC, pueden imponer multas a los profesionales implicados, especialmente si se determina que hubo violación de normas éticas o encubrimiento de información financiera.

·        Acciones penales: Si los contadores o revisores fiscales participaron activamente en los actos de soborno o encubrimiento, pueden ser objeto de procesos penales, lo que podría llevar a penas de prisión, multas elevadas y otras sanciones impuestas por la justicia.

·        Inhabilitación profesional: La JCC puede también inhabilitar a los profesionales para ejercer ciertas funciones o actuar como auditores/revisores fiscales en ciertos sectores.