llamamos comúnmente a todos los materiales de desecho inservibles, o sea, que, a diferencia de los residuos, no pueden ser reutilizados o reciclados.

Residuos inorgánicos. Aquellos que no tienen origen en un ser vivo, sino en diferentes procesos químicos o artificiales de las industrias humanas.

Residuos mezclados. Aquella que combina ingredientes de diverso tipo, orgánicos e inorgánicos, combinando por ejemplo residuos de comida con envases plásticos.

Residuos peligrosos. Aquella que, sea o no de origen biológico, contiene sustancias capaces de reacciones químicas tóxicas o de esparcir infecciones, y por lo tanto representa un riesgo grave a la salud humana y animal.

Residuos reciclables. Aquella que puede retornar al circuito productivo como materia prima, y volver a servir para fabricar elementos de consumo.

Además, la basura también puede afectar a la salud de las personas. Los residuos pueden atraer insectos y roedores que transmiten enfermedades, lo que aumenta el riesgo de contagio entre la población.

Otro aspecto importante es el impacto en la imagen de la ciudad o el pueblo.

Por último, la gestión inadecuada de la basura puede generar problemas económicos. La limpieza y el mantenimiento de las calles y espacios públicos pueden suponer un gasto importante para las arcas municipales, lo que puede repercutir en otros servicios básicos.

Es necesario tomar medidas para reducir el volumen de basura generado y fomentar prácticas sostenibles. Esto implica una responsabilidad colectiva, en la que cada individuo juega un papel fundamental. Separar los residuos, reciclar y reducir el consumo de productos de un solo uso son algunas acciones concretas que podemos llevar a cabo.

Dentro de los mecanismos de protección de los derechos constitucionales, la Carta de 1991 elevó a cánon constitucional: las denominadas acciones populares (art. 88, inciso primero, C.P.). Estos instrumentos buscan proteger esa categoría de derechos e intereses en cuanto se relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia  y otros de similar naturaleza que se definan por el legislador.