Existen argumentos a favor y en contra sobre la objeción de conciencia.

Argumentos a favor

1. Derecho a la libertad de conciencia: Los profesionales de la salud tienen derecho a no ser obligados a realizar procedimientos que van en contra de sus creencias morales o religiosas.

2. Protección de la integridad personal: La objeción de conciencia permite a los profesionales de la salud mantener su integridad personal y no comprometer sus valores.

Argumentos en contra

1. Derecho a la salud: Las mujeres tienen derecho a acceder a servicios de salud reproductiva, incluyendo el aborto, sin que se les niegue debido a la objeción de conciencia de un profesional de la salud.

2. Responsabilidad profesional: Los profesionales de la salud tienen la responsabilidad de proporcionar cuidados médicos adecuados, independientemente de sus creencias personales.

Se debe equilibrar a la libertad de conciencia de los profesionales de la salud con el derecho de las mujeres a acceder a servicios de salud reproductiva seguros y efectivos. Es necesario implementar políticas claras que garanticen el acceso a estos servicios mientras se respetan las creencias de todos los involucrados.

Principio de Proporcionalidad

• Idoneidad: La medida adoptada debe ser adecuada para alcanzar el fin legítimo que se persigue.

• Necesidad: Entre las medidas posibles, debe elegirse aquella que menos restrinja el derecho en cuestión.

• Proporcionalidad en sentido estricto: Debe existir un equilibrio entre la importancia del fin perseguido y la gravedad de la intervención en el derecho afectado.

  
  

«Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o afectación de uno de los principios, tanto mayor debe ser la importancia de la satisfacción del otro.»

Se refiere a la obligación de:

• Proporcionar información precisa y objetiva sobre las opciones de aborto y los riesgos asociados.

• Realizar procedimientos de aborto de manera segura y efectiva.

• Proporcionar atención post-aborto adecuada.

• Respetar la autonomía y los derechos reproductivos de la mujer.

La responsabilidad médica en el contexto del aborto también implica que los profesionales de la salud deben:

• Estar capacitados y tener experiencia en la realización de procedimientos de aborto.

• Mantener la confidencialidad y la privacidad de la mujer.

• Evitar cualquier forma de discriminación o estigmatización hacia la mujer.

La responsabilidad médica es fundamental para garantizar que las mujeres tengan acceso a cuidados médicos seguros y efectivos, y que sus derechos reproductivos sean respetados.

En el primer Código Penal de 1837 se ubica al aborto dentro de los Delitos contra los Particulares y teniendo como bien jurídico de protección “la existencia natural y civil de los niños”. Dentro de este código la sanción estaba dirigida únicamente a médicos, cirujanos, boticarios o comadronas que causen un aborto o que aconsejen a una mujer cómo realizarlo, mas no incluía una sanción directa a la mujer. La pena se determinaba entre si existió o no el consentimiento de la mujer. Si este consentimiento estaba presente, la pena era de uno a cuatro años. Si no existió consentimiento de la mujer, la pena era de dos a seis años.

En esta época, en el mundo no existía una sola nación en la cual se reconociera a las mujeres como sujetas autónomas de derecho, específicamente en Ecuador la sociedad y estado consideraban a la mujer como seres marginales, sin importancia ni derechos, lo que justificaba su exclusión de responsabilidad penal.

Dentro del segundo Código Penal de 1872, se introduce de forma expresa frente a este tema el bien jurídico de “el orden de la familia y la moral pública”. Ya no de la “existencia de los niños”. Aquí ya se establece una sanción para la mujer. Con el detalle importante de que se consideraba que, si una mujer abortaba era para ocultar su “sentimiento de deshonra”, donde específicamente la honra de la mujer no era realmente de la mujer si no que recaía en sus figuras masculinas cercanas (padre, hermanos, esposo).

Una época donde el embarazo “deshonroso” y el aborto recaían en una enorme costumbre moral, donde nunca se había visto tan a flote un marcado machismo y vulneración de la dignidad femenina.

Código Penal de 1906 “Alfaro revolucionó todo, menos el control del cuerpo de la mujer”

 El gobierno de Alfaro estableció varios cambios para romper con el orden clerical existente, pero en materia de aborto se mantiene la misma penalización para la mujer.

En este Código se agregan varios articulados que afectan directamente a la mujer y sus decisiones, sorprendentemente se establece la legalidad que un hombre mate a su hija, nieta o hermana si la sorprendía en “un acto carnal” y la legalidad de que el marido mate a su mujer al encontrarla en flagrante adulterio o una pena directa con prisión de tres a cinco años.

Ya avanzando al Código Penal de 1938, se hacen importantes cambios referentes al tema del aborto, el bien jurídico de protección ya no es “la moral pública y la familia”, sino “la vida”. Se despenalizó el aborto por las siguientes causales: 1) riesgo en la salud o vida de la mujer y 2) en caso de violación de una mujer demente o idiota (como erróneamente se llamaba a la mujer con discapacidad mental de aquella época).

Código Orgánico Integral Penal actual (COIP), llegamos a 2014 y se busca construir un código penal renovado y moderno que se adapte a esta nueva era, sin embargo, el único cambio que se realizó con respecto al aborto frente al último Código Penal de 1938 fue modificar la expresión “mujer idiota o demente” por la de “mujer que padezca discapacidad mental”.

Es decir, desde 1938 se dieron inmensos cambios y revoluciones mundiales y aun así con respecto a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer no existió cambio significante a favor de la autonomía femenina en Ecuador.

Reforma de 2022, durante la presidencia de Guillermo Lasso, se estipulo permitir la legalización del aborto en todos los casos de violación, aunque claro con previo estudio del caso.

Caso Relevante

• Sentencia Nro. 34-19-IN/21: La Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en casos de violación, ponderando el derecho a la vida del nasciturus y los derechos de la mujer gestante, en esta sentencia se llego al resultado que la;

  
  

  criminalización del aborto consentido por causa violación es injustificado, que agranda la condición de vulnerabilidad de las mujeres víctimas de violación sexual.

La persona que ayude a abortar a una mujer será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, mientras que directamente la mujer que aborte será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.

Las únicas excepciones en las que se ampara el aborto son cuando este representa un riesgo para la salud o vida de la mujer y también cuando el embarazo haya sido fruto de una violación sexual.

En Ecuador, la penalización del aborto, salvo en casos extremos, representa una limitación significativa a la autonomía de las mujeres. Impide que ellas puedan tomar decisiones informadas y seguras sobre su salud y sus cuerpos. La ampliación de los casos permitidos fortalecería sus derechos y su capacidad para manejar su bienestar de manera autónoma.

El dilema se complica debido a que la confidencialidad y el consentimiento informado son críticos, pues en ocasiones es posible que las menores no tengan la madurez necesaria para tomar decisiones sobre su salud reproductiva. Además, la obligación de involucrar a los padres en el proceso de toma de decisiones puede generar conflictos en la autonomía de la menor y la autoridad de los padres.

• Armendáriz Jelin

• Belkhatir Nour

• Benites Dayana

• Vicky Carpio

• Ivanna Cedeño