Bulmer (2021) nos explica que la Constitución Política se describe comúnmente como un conjunto de normas político-legales fundamentales que son vinculantes para todos los habitantes e instituciones del Estado. Estas normas se refieren tanto a la estructura y el funcionamiento de las instituciones de gobierno como a los principios políticos y los derechos de los ciudadanos. Además, cumplen con los criterios de representación y derechos humanos reconocidos internacionalmente para los sistemas democráticos. (p.5)

Nombrando algunas de las funciones de una constitución:

1. Pueden declarar y definir los límites de la comunidad política.

2. Pueden declarar y definir la naturaleza y la autoridad de la comunidad política.

3. Pueden expresar la identidad y los valores de una comunidad nacional.

Pese a las limitaciones que tiene una constitución, el constitucionalismo es uno de los mayores logros de la civilización, ya que los países que han conseguido establecer y conservar un gobierno constitucional han estado al frente del progreso científico, tecnológico, del poder económico y del bienestar humano. La presencia de un gobierno constitucional asegura el ejercicio justo e imparcial del poder, en la medida que posibilita una sociedad ordenada y pacífica que protege los derechos de las personas y las comunidades, y promueve la gestión correcta de los recursos y el desarrollo de la economía. El constitucionalismo democrático moderno se basa en dos principios: gobierno representativo, por el cual la ciudadanía puede participar en los asuntos públicos y someter a control al gobierno; y la protección de los derechos, en especial, las debidas garantías procesales, la libertad de expresión y la tolerancia religiosa, que protegerán a la ciudadanía frente a los abusos de poder.(p. 14-16)

¿Qué es un "Momento Constituyente", el "Poder Constituyente" y el "Poder Constituido"?

El "Momento Constituyente" es una fase de crisis social profunda y completa. Se sugiere que las Constituciones surgen en estos momentos en los cuales las sociedades experimentan una necesidad imperiosa de cambio, lo que permite tanto la ruptura con las estructuras antiguas como el surgimiento de nuevas formas. Para que este momento de cambio se convierta en un proceso constituyente, se requiere una fuerza social capaz de integrar las demandas de transformación social y llevarlas a la esfera constitucional, configurándose así como un Poder Constituyente. Por lo tanto, se concluye que nos encontramos en un "momento constituyente" que inevitablemente nos llevará hacia una "reforma constituyente" radical. (León, 2021)

Respecto al "Poder Constituyente" ya antes mencionado, Alcalá (2017) explica que es la potencia originaria, extraordinaria y autónoma del cuerpo político de una sociedad que dicta las normas fundamentales para la organización y funcionamiento de su convivencia política y jurídica, pudiendo sustentar o cancelar la Constitución en su pretensión de validez. El poder constituyente originario es aquel que organiza y da forma jurídica a un Estado o permite que éste vuelva a refundar su orden jurídico luego de un proceso revolucionario o de un golpe de Estado, o de una decisión pacífica del cuerpo político de la sociedad. (p. 328)

Los "Poderes Constituidos" son aquellos órganos estatales establecidos directamente por la Constitución en un orden público. Nuestra legislación establece la existencia de cuatro poderes constituidos, los cuales son: el órgano legislativo, el órgano judicial, el órgano ejecutivo y el órgano electoral. Este último se generó ante la emergencia suscitada en Sucre respecto al conflicto de la capitalía plena.

Aquellos órganos fundamentales del Estado están establecidos por el poder constituyente, el cual determina también sus respectivas competencias y limitaciones. En este sentido, derivan del órgano constituyente, mientras que la función esencial de éste no es gobernar, sino crear la Constitución del Estado. (Cabas, 2017, pp. 105-106)

Soza (2018) indica que en el artículo 410 de la nueva Constitución Política del Estado del 2009, establece la jerarquía normativa o también llamada la Pirámide de Kelsen, basado en el concepto de tres autonomías que cumplen los requisitos de una descentralización político administrativa: la Autonomía Departamental, la Autonomía Municipal y la Autonomía Indígena. Es un principio que implica la existencia de un orden, que responde a la armonía entre las normas que responde a dos principios: El principio de la jerarquía, que señala que entre las normas hay una gradación, pudiendo ser normas fundamentales y normas de segunda orden, y el principio de competencia, la cual no aplica al contexto de superioridad de unas normas sobre otras, sino de igualdad. Es sistemático porque representa gráficamente la idea del sistema jurídico escalonado, también es un método jurídico estricto, mediante el cual se quiere eliminar toda influencia psicológica, sociológica y teológica en la construcción jurídica. (pp.127-130)

Siendo aclarado en qué consiste la jerarquía normativa, la Constitución se ve organizada dependiendo del país pero sigue una estructura similar, suele estar organizada en varios artículos o secciones que abordan diferentes aspectos fundamentales del gobierno y de los derechos humanos.

1. Preámbulo: Establece los propósitos fundamentales del gobierno y principios fundamentales de la constitución.

2. Dogmática: Se refiere a la forma del Estado y los regímenes de los derechos, deberes y garantías constitucionales.

3. Orgánica: Establece la organización del Estado, órganos, los entes que los representan, la función de los órganos, protección de la constitución y modalidades para su reforma.

4. Proceso Legislativo: Reglas y procedimientos para la creación y aprobación de leyes.

5. Organización territorial: Distribución del poder entre los niveles del gobierno.

6. Disposiciones transitorias y finales: Establecen cláusulas de cómo se implementará y modificará la constitución.

Los requisitos constitucionales para integrar el poder legislativo del Perú están establecidos en la Constitución Política del Perú.

1. Ciudadanía peruana: Los candidatos deben ser ciudadanos peruanos, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

2. Edad mínima: La Constitución establece que para ser elegido congresista se requiere tener como mínimo 25 años de edad al momento de la elección.

3. No tener impedimentos legales: Los candidatos no deben tener antecedentes penales ni estar inhabilitados legalmente para ejercer cargos públicos.

4. Residencia: No existe un requisito específico de residencia en la circunscripción electoral para ser candidato al Congreso de la República. Sin embargo, los candidatos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por las leyes electorales.

5. Afiliación política: No es necesario estar afiliado a un partido político para ser candidato al Congreso, pero si el candidato es postulado por un partido político, debe cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos por dicho partido.

En Perú, la vacancia de un congresista (miembro del poder legislativo) puede producirse por los siguientes motivos establecidos en la Constitución Política del Perú:

1. Inhabilidad moral: Cuando un congresista ha incurrido en actos de corrupción u otras conductas que afecten su idoneidad moral para el ejercicio del cargo.

   • Artículo 34 de la Constitución Política del Perú: Este artículo establece que los congresistas están sujetos a las mismas responsabilidades y prohibiciones que los funcionarios públicos, incluyendo la prohibición de recibir regalos, dádivas, prebendas o beneficios en razón de su cargo que comprometan su imparcialidad.

2. Sentencia condenatoria: Cuando un congresista es condenado por delito doloso, pierde automáticamente su condición de congresista.

   • Artículo 34 de la Constitución Política del Perú: Además de establecer las responsabilidades y prohibiciones de los congresistas, este artículo establece que los condenados por delito doloso quedan excluidos del sufragio activo y pasivo mientras dure la condena.

3. Incapacidad permanente: Cuando un congresista sufre una incapacidad física o mental permanente que le impide el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

   • Artículo 34 de la Constitución Política del Perú: En este artículo se establece que los congresistas son responsables por el incumplimiento de sus deberes o por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

4. Renuncia: Cuando un congresista presenta su renuncia voluntaria al cargo.

   • Artículo 34 de la Constitución Política del Perú: No hay un artículo específico sobre la renuncia, pero se entiende como un acto voluntario del congresista.

En Perú, los requisitos constitucionales para integrar los Gobiernos Regionales y Locales están establecidos en la Constitución Política del Perú, así como en las leyes electorales y normativas complementarias.

1. Ciudadanía peruana: Los candidatos deben ser ciudadanos peruanos, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

2. Edad mínima: La Constitución establece que para ser elegido gobernador regional o alcalde se requiere tener como mínimo 25 años de edad al momento de la elección.

3. Residencia: Los candidatos deben ser residentes en la región o localidad donde se postulan, dependiendo del cargo.

4. No tener impedimentos legales: Los candidatos no deben tener antecedentes penales ni estar inhabilitados legalmente para ejercer cargos públicos.

5. Inscripción en el registro electoral: Los candidatos deben estar inscritos en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por las leyes electorales peruanas.

6. Afiliación política: No se requiere afiliación a un partido político para ser candidato, pero si el candidato es postulado por un partido político, debe cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos por dicho partido.

Es importante tener en cuenta que estos son requisitos generales y que pueden variar dependiendo de la normativa específica para cada tipo de elección y cargo, así como de las regulaciones establecidas por los organismos electorales correspondientes.

1. Incapacidad moral: La incapacidad moral permanente del presidente regional o alcalde es un motivo de vacancia. Esto puede incluir actos de corrupción u otros comportamientos contrarios a la ética y al interés público.

   • Artículo 22 de la Constitución Política del Perú: Este artículo establece que "el ejercicio de la función pública es incompatible con la conducta delictiva".

2. Incumplimiento de funciones: Si el presidente regional o alcalde incumple sus funciones de manera grave y reiterada, puede ser motivo de vacancia.

   • Artículo 20 de la Constitución Política del Perú: Este artículo establece que "los funcionarios y servidores públicos son responsables por incumplimiento de sus deberes o por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones".

3. Condena por delito doloso: Si el presidente regional o alcalde es condenado por delito doloso, puede ser motivo de vacancia.

   • Artículo 31 de la Constitución Política del Perú: Este artículo establece que "los condenados por delito doloso quedan excluidos del sufragio activo y pasivo, mientras dure la condena".

4. Otros casos específicos: La Constitución y la ley pueden establecer otros casos específicos de vacancia para cargos regionales y locales.

   • Artículo 39 de la Constitución Política del Perú: Este artículo establece que "la ley establece los casos y modalidades de procedimientos de pérdida de la condición de congresista, regidor y alcalde".

El Estado peruano se estructura sobre la base del principio de separación de poderes, garantizando así la autonomía de tres poderes fundamentales. Uno de estos poderes es el Ejecutivo, encabezado por el presidente de la República, quien no solo ejerce el papel de jefe de Estado, simbolizando y representando los intereses perennes de la nación, sino que también asume la responsabilidad de dirigir la política gubernamental como jefe de Gobierno. Esta función ejecutiva se organiza en diversos niveles, reflejando el carácter unitario y descentralizado del Estado peruano. En este esquema, se distinguen el nivel nacional, abarcando competencias de alcance nacional, los niveles regional y local, correspondientes a los gobiernos regionales y municipalidades, respectivamente. La organización del Poder Ejecutivo, regida por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, abarca la Presidencia de la República, el Consejo de Ministros, la Presidencia del Consejo de Ministros, los Ministerios y diversas Entidades Públicas. Esta estructura gubernamental busca garantizar una gestión eficiente y descentralizada, adaptada a las necesidades y realidades tanto a nivel nacional como regional y local.

Los requisitos constitucionales para integrar el Poder Ejecutivo en Perú se detallan en varios artículos de la Constitución. En el artículo 110 se establece que para ser elegido Presidente de la República se requiere ser peruano por nacimiento, tener más de treinta y cinco años de edad al momento de la postulación y gozar del derecho de sufragio. Además, el Presidente es elegido por sufragio directo y debe obtener más de la mitad de los votos para ser electo. Si ningún candidato logra esta mayoría, se realiza una segunda elección entre los dos candidatos con las más altas mayorías relativas. Junto con el Presidente, se eligen dos vicepresidentes, quienes deben cumplir los mismos requisitos. Por otro lado, el artículo 112° establece que el mandato presidencial es de cinco años y no hay reelección inmediata. Sin embargo, luego de otro período constitucional, el expresidente puede volver a postular, siempre y cuando cumpla con las mismas condiciones. Además, se detallan las circunstancias bajo las cuales la Presidencia de la República vaca, incluyendo la muerte del presidente, su incapacidad permanente o su destitución por infracciones graves. En caso de impedimento temporal del presidente, asumen sus funciones el Primer Vicepresidente, el Segundo Vicepresidente o el Presidente del Congreso, según corresponda. Estos artículos delinean los requisitos y procedimientos que rigen la integración y el ejercicio del Poder Ejecutivo en Perú.

El proceso de vacancia de la Presidencia de la República en Perú está definida por la Constitución en el artículo 113°. La vacancia puede ocurrir por diversas causas, que incluyen la muerte del presidente, su incapacidad moral o física permanente declarada por el Congreso, la aceptación de su renuncia por el mismo Congreso, su salida del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado, y finalmente, su destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117° de la Constitución. Estas disposiciones constitucionales garantizan un marco claro y sólido para el funcionamiento institucional, asegurando que la vacancia presidencial sea un proceso legal y legítimo en casos de necesidad. Respecto a las causales de vacancia para alcaldes y regidores municipales están definidas de manera precisa por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estas incluyen situaciones como el fallecimiento de la autoridad municipal, la ocupación de otro cargo proveniente de mandato popular, padecer enfermedad o tener impedimento físico permanente. Asimismo, la condena por delito doloso con pena privativa de la libertad, la ausencia injustificada de la circunscripción por más de 30 días, el nepotismo y la infracción de reglas sobre contratación también están contemplados como causales. Además, no asistir injustificadamente a un número específico de sesiones ordinarias del concejo municipal puede derivar en la vacancia. El procedimiento para resolver los pedidos de vacancia implica la participación del concejo municipal en una sesión extraordinaria, donde se evalúan los argumentos de ambas partes. La aprobación de la vacancia requiere el voto a favor de al menos dos tercios del número legal de sus integrantes. En caso de apelación, el JNE actúa como instancia definitiva para resolver el caso, emitiendo una posición en un plazo de 30 días hábiles, la cual es final y no sujeta a revisión. Las elecciones presidenciales en Perú durante el 2021 fueron marcadas por una prolongada incertidumbre debido al ajustado margen de votos y las impugnaciones presentadas por el partido de Keiko Fujimori, Fuerza Popular. A pesar de que el recuento de votos alcanzó el 100% más de un mes después de los comicios, las autoridades electorales no habían proclamado un ganador debido a los pedidos de nulidad de actas de votación presentados principalmente por Fujimori y su partido. Esta situación generó una atmósfera de incertidumbre y tensión política en el país, exacerbada por las alegaciones de fraude electoral por parte de Fujimori y sus aliados. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) actuó conforme a su mandato constitucional y llevó a cabo un exhaustivo proceso de verificación y evaluación de las impugnaciones y reclamos. Finalmente, el JNE proclamó oficialmente a Pedro Castillo como ganador de las elecciones presidenciales, luego de descartar las acusaciones de fraude por falta de evidencia sustancial. Este proceso, aunque prolongado y desafiante, demostró la solidez del sistema electoral peruano y la capacidad del JNE para garantizar la integridad y transparencia de los procesos electorales, respetando la voluntad democrática del pueblo peruano.

Palacios (2024) menciona que al presente año, el Pleno del Congreso de la República aprobó una reforma constitucional que no sólo comprende el retorno a la bicameralidad como se han difundido, sino también otros aspectos de vital importancia para la vida democrática de nuestro país. En total, son 53 artículos de la Constitución vigente que han sido modificados. Las principales reformas constitucionales son:

1. El retorno de la bicameralidad: En las próximas elecciones, los peruanos podrán elegir dos cámaras legislativas: diputados y senadores. La cámara de diputados conservará las potestades de aprobar leyes, de acusar a los altos funcionarios del Estado, interpelar o censurar ministros, entre otras. La cámara de senadores no sólo revisará las leyes aprobadas por los diputados y juzgará a los altos funcionarios públicos acusados por la otra cámara, sino que también elegirá a algunas altas autoridades.

2. Número de parlamentarios puede aumentar sólo por ley: Uno de los aspectos más preocupantes de esta reforma, es que permitirá la posibilidad de que los propios congresistas puedan aumentar el número de diputados y senadores.

3. Relección inmediata de congresistas: El retorno de relección inmediata de diputados y senadores, el cual se refiere al proceso mediante un miembro del Congreso puede postularse para un nuevo mandato en las siguientes elecciones sin necesidad de dejar pasar un determinado tiempo.

4. Postulación simultánea a la Presidencia de la República y al Parlamento: Quien postule a la Presidencia de la República podrá postular a una curul en la Cámara de Senadores o Diputados. Esto era permitido por la Constitución de 1979 pero la Carta de 1993 lo eliminó, a pesar que el expresidente Alberto Fujimori en las elecciones generales de 1990 postuló a la presidencia y al Senado. Lo que puede generar esta reforma es que más candidaturas presidenciales solo busquen entrar al Parlamento.

   
   

Existen otras más reformas constitucionales que pueden generar preocupaciones o beneficios tanto al Gobierno como a la ciudadanía, de las cuales serían convenientes un sistema de justicia, en donde las reformas podrán la independencia judicial, mejorar la eficiencia del sistema judicial y garantizar un acceso más igualitario a la justicia para todos los ciudadanos. Además de una reforma política en donde la modernización de un sistema político, incluyendo la financiación de partidos políticos, el sistema electoral y la representación parlamentaria, puedan promover una mayor representatividad y legitimidad en el gobierno.

La participación ciudadana es un derecho y una oportunidad. Es la actividad por medio de la cual los ciudadanos, respetando el Estado de derecho, buscan incidir en las decisiones y procesos relacionados con asuntos públicos. Su objetivo es contribuir al desarrollo de una convivencia efectivamente democrática. La participación ciudadana exige que nos interesemos en los problemas públicos y busquemos comprenderlos a profundidad, implica informarse sobre ellos y analizarlos para entender su complejidad, también requiere generar espacios de deliberación para elaborar r posibles soluciones a través del diálogo con otros ciudadanos. Es necesario pensar cómo comunicar nuestras propuestas a las autoridades buscando canales adecuados. (Ministerio de Educación, s.f)

Del Carpio (2013) también explica que la participación, por parte de la sociedad civil, en los asuntos públicos de nuestro país es un derecho fundamental, reconocido por los tratados y pactos internacionales suscritos por el Estado, los cuales establecen que toda persona tiene derecho a participar en los asuntos públicos de su país. Por su parte, la Constitución Política del Perú de 1993 reconoce los derechos de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos del Estado. Es por ello que, a lo largo de los años, se han venido instituyendo y regulando diversos mecanismos o instituciones para que las personas puedan participar en la toma de decisiones del Estado.

Los mecanismos de participación ciudadana, los cuales se encuentran establecidos en las diversas normas del sistema jurídico nacional y que pueden ser ejercidos por cualquier ciudadano: (pp. 9-10)

1. Iniciativa de reforma constitucional

2. Iniciativa en la formación de las leyes

3. Referéndum

4. Iniciativa en la formación de dispositivos municipales y regionales

5. Revocatoria de autoridades

6. Remoción de autoridades

7. Presupuestos participativos

8. Acceso a la información pública

Sánchez (2015) menciona que la importancia de la participación ciudadana ocurre en dos planos: en el nivel institucional, en el que más naciones lo han reconocido en la agenda del buen gobierno, y a nivel teórico desde la propuesta de Arnstein , el “Spectrum de participación” de la International Association for Public Participation, hasta la propuesta de la Cooperación y el Desarrollo Económico, en donde se definen tres niveles de participación ciudadana: información, consulta y participación activa. A partir de estos referentes prácticos y teóricos, se ubica a la participación ciudadana en el contexto del gobierno abierto.

La importancia de la participación conlleva a situar el modo en que los ciudadanos se interesan por los asuntos políticos. En la democracia, la participación es una fórmula que permite a los ciudadanos ganar espacios de gestión y decisión que son cruciales en la definición e implementación de las políticas públicas. Gestión y decisión, son un medio para definir espacios de actuación que conciernen a la sociedad y a los propios ciudadanos, mismos que se articulan en formas de organización que tiene presencia y efectividad en la vida asociada.

A continuación, dos ejemplos de participación ciudadana en nuestro país:

1. Diario Oficial del Bicentenario ElPeruano (2023): La ministra del ambiente resaltó la participación ciudadana en labores de fiscalización ambiental. Mencionó los monitoreos en las playas afectadas por el derrame del petróleo de Repsol (2022) donde los pescadores participan en las evaluaciones junto con el personal técnico del sector. Este monitoreo participativo se hace con la participación de las comunidades aledañas. La ministra Ruiz también anuncia que este 13 de mayo del 2024 se realizarán campañas "Perú Limpio Chuya Chuya Perú" y "Gran Cruzada Verde" en la comunidad de Manchay. Convocó a la ciudadanía a sumarse a la jornada de limpieza, recuperación de espacio público y arborización que se realizará en dicho centro poblado.

2. Perú21 (2023): El distrito de Villa María del Triunfo alberga a la comunidad Cerro Franco, en la cual sus vecinos consiguieron módulos educativos aprobados por la UGEL para personas mayores de edad que deseen culminar su formación estudiantil, además de poder acceder a diferentes oportunidades laborales. La iniciativa apoya a 50 personas que están cursando la secundaria allí, razón por la cual el Proyecto Arcoiris, que tiene como objetivo potenciar espacios que cumplan un rol social importante para el desarrollo de la comunidad, para brindar soporte con la ayuda de la sociedad civil y la asociación artística Color Energía.

Perú, ha tenido varias constituciones políticas a lo largo de su periodo republicano desde su independencia en 1821.

La historia de estas constituciones políticas promulgadas durante todo el periodo republicano :

• Constitución de 1823: Promulgada por el Congreso Constituyente reunido en 1822, fue la primera constitución del Perú independiente. Estableció un régimen democrático y representativo con separación de poderes. Sin embargo, tuvo una vigencia efímera debido a los constantes conflictos políticos.

  
  

• Constitución Vitalicia de 1826: Elaborada por el Consejo de Gobierno e impuesta por el presidente Simón Bolívar, estableció un régimen presidencialista y centralista. Otorgó amplios poderes al presidente y fue derogada en 1827 tras la renuncia de Bolívar.

  
  

• Constitución de 1828: Restableció el régimen democrático y representativo. Consagró derechos individuales y la separación de poderes. Rigió hasta 1834.

  
  

• Constitución de 1834: Fortaleció el poder del presidente y del Consejo de Estado. Estuvo vigente hasta 1839.

  
  

• Constitución de 1839: Profundizó el régimen presidencialista y tuvo un marcado acento conservador. Rigió hasta 1856.

  
  

• Constitución de 1856: De corte liberal, restableció derechos individuales y la separación Iglesia-Estado. Estuvo vigente hasta 1860.

  
  

• Constitución de 1860: Consolidó el liberalismo y el modelo democrático y representativo. Fue suspendida en 1865 por la guerra con España.

• Constitución de 1867: Restableció la Constitución de 1860 y tuvo una efímera vigencia.

  
  

• Constitución de 1920: Fortaleció el Ejecutivo e incorporó derechos sociales. Rigió hasta 1933.

  
  

• Constitución de 1933: De corte democrático y social, con mayor énfasis en los derechos laborales. Estuvo vigente hasta 1979.

  
  

• Constitución de 1979: Amplió los derechos sociales y estableció un sistema democrático con equilibrio de poderes. Fue reemplazada en 1993.

  
  

• Constitución de 1993: Es la constitución actualmente vigente. Retomó los principios liberales y reforzó los poderes del presidente.