La Universidad Nacional de La Pampa y Canal 3 firmaron un convenio para darle pantalla a realizaciones del Centro de Producción Audiovisual, un área recientemente creada en la casa de altos estudios. El rector Sergio Baudino, durante la firma del acuerdo, reveló que reclamarán ante el gobierno nacional porque hubo un recorte del financiamiento previsto para el personal de ese centro. Hay quince trabajadores que ingresaron por concurso y este año solo llegará presupuesto para cinco cargos, según se informó.

Baudino firmó el convenio con el secretario general de la Gobernación, Juan Ramón Garay, y el director de Canal 3, Mario Ziaurriz, este martes al mediodía. Destacaron que no es el primer convenio que se firma entre las dos partes.“Hay un trabajo en conjunto que beneficia a los pampeanos”, destacó Garay.

El rector mencionó que la universidad decidió la creación del centro y se concursaron los cargos pero “en este momento estamos teniendo un problema de financiamiento y esperamos solucionarlo”. “Tenemos garantizado el financiamiento de cinco de los quince cargos concursados. Y otros diez no. Esa es la situación en este momento. Esperamos poder tratarlo institucionalmente y que eso no trascienda en decisiones negativas para los proyectos del centro”.

El recorte bajó desde la Secretaría de Políticas Universitarias. “En la última gestión que hicimos, la información del área presupuestaria, cuyo responsable es la abogada Zelaya, es que tendríamos financiado cinco de los quince cargos para el año en curso y nos vendría la financiación para lo que ya la universidad erogó de los que comenzaron durante el año 2015”, explicó.

“Vamos a tener el recupero de lo que gastamos por costo laboral del año pasado. Y durante el 2016 solamente cinco de los diez cargos es lo que tenemos como asegurado. Esperamos convencerlos. Lo que dice el convenio es que habiendo realizado todos los concursos, cosa que logramos hacer antes de diciembre, con un esfuerzo muy grande, se iban a cubrir. Y aun así la información que nos viene es que la universidad no va a tener ese dinero que tiene que venir extrapresupuestariamente ya que la asignación global de presupuesto de la universidad para ese año fue decidido a a fines de 2015 por el Congreso de la Nación y allí no estaba este contrato que venía ejecutándose y que de nuestra parte hemos cumplido”, completó.

El Centro de Producción Audiovisual avanzará en propuestas que tendrán pantalla en el canal oficial. El convenio establece, entre sus propósitos, la generación de contenidos en coproducción, capacitación para el personal, intercambio de tecnología, difusión de contenidos, realización de un registro audiovisual de la provincia, prácticas profesioanles para estudiantes, conformación de un archivo provincial.

Ziaurriz destacó que ya se viene trabajando de manera “informal” con el personal de la universidad y que eso “se cristaliza” en el convenio que “trasciende la buena voluntad, son líneas de trabajo a futuro que trascienden esta gestión, hay una clara política de fortalecer estos dos organismos del estado para fortalecerlos y que la audiencia reciba producción de calidad a través de este centro con profesionales concursados, formados, dispuestos a fortalecer la identidad, inclusción de los pampeanos y la capacitación del personal de canal 3”.

“Es el primer paso, quedan hacer los protocolos para seguir poder avanando. Para el canal es importante en el marco de la decisión política de arreglar nuestra casa y darle a los trabajadores del canal la dignidad necesaria. Se está llevando adelante la obra y en esta semana parte del personal se trasladará a una casa a la ciudad, para poder seguir avanzando con la obra pública”, contó.

“Esto es otro aporte más, estamos pensando en pasantías pero para el año que viene, cuando mejoremos la estructura del canal para ofrecer un lugar digno y seguro. Si bien no están específicamente en este convenio, hay un convenio marco de pasantías para todas las carreras con el gobierno”, completó.

Sebastián Battistoni

Me parece que durante este tiempo transcurrido los “cambios” que se han realizado son muy notorios, ya sea al ámbito universitario (al cual me referiré), como así también social en general. Cambios, que según mi opinión, afectan en gran manera a las clases media y por supuesto baja. 

Como vivencia laboral puedo apuntar a aquel relacionado al acuerdo paritario que hemos logrado para este año 2016; en el que el gremio acordó un aumento salarial del 31% dividido en 3 partes!!!, ya en diciembre del año 2015 la inflación superaba en 40 %  y para julio 2016 (que fue el 1er. Aumento salarial del 15%) la inflación superó el 90%; aun no terminamos de cobrar los aumentos y día a día absolutamente todos los costos de vida se incrementan. Supongo que con este acuerdo nuestros sueldos se han disminuido en relación a la inflación con la que cuenta el país.

En el ámbito universitario, ha impactado en gran manera recorte presupuestario. http://www.clarin.com/sociedad/UBA-afirman-presupuesto-alcanza-agosto_0_1562843942.html

Los tarifazos no solo nos afectan a quienes trabajamos en el ámbito Universitario, el impacto en la sociedad no es menor. Muchas familias que llevaban a sus hijos a estudiar a otras provincias, hoy les resulta casi imposible realizar tal esfuerzo; los servicios (inmobiliarios, luz, gas, transporte, ALIMENTOS) están a precios elevadísimos en comparación a los sueldos básicos e irrisorios del trabajador común. 

Es cierto que es muy poco el tiempo transcurrido como para hacer una evaluación y emitir una opinión formada y fundamentada sobre el tema, pero existen ciertos indicadores que nos permiten hacer un juicio parcial.

En octubre de 2015 se aprobó en el senado las reformas de la ley de Educación Superior 24.521, reformas, que tiene que ver con la importancia de presencia y responsabilidad del Estado en la educación Superior como por ejemplo la gratuidad de la educación, la inclusión e igualdad, etc, en esos tiempos referentes (diputados y Senadores) del espacio de Cambiemos votaron en contra de la sanción de la ley.  Frente a esto y más cerca de los comicios parte de la comunidad universitaria envió un mensaje alerta sobre lo que podía llegar a venir.

Ya finalizados los comicios y con el resultado que todos conocemos, empezando el 2016, la relación de las Universidades, el sistema Universitario y el gobierno no fue la mejor, con la designación de Juan Cruz Avila como secretario de políticas universitarias, quien,  luego de un fuerte rechazo de la comunidad Universitaria, fue reemplazado por el Actual Secretario Albor Cantard. Los tarifazos, despidos, salarios y presupuesto universitario fueron motivo de varias reuniones entre el gobierno y el CIN.

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-299158-2016-05-12.html

 

Desde mi punto de vista y como conclusión, considero que  la relación Universidad, Estado y Sociedad deben ser primordial, participativa (por todos los sectores de la  sociedad) y fluida, si lo que se persigue es un modelo educativo ejemplo. El Estado debe tener presencia y responsabilidad en las políticas Universitarias, sin que esto afecte a la autonomía de las Universidades, pero además y lo más importante que esas políticas busquen el bien para todo el sistema universitario y no fines de políticos partidarios.

Es importante destacar en esta relación, tal cual manifiesta el Secretario de políticas Universitarias que estamos próximamente al centenario de la histórica reforma universitaria del 18, razón por la cual debemos y tenemos, toda la comunidad universitaria,  la obligación de defender la educación pública.

 

Pero más allá de este tema es primordial dar una mirada a lo que está aconteciendo con los programas que dependen de la cartera educativa. Como también sucede en otras áreas de las políticas públicas, bajo el pretexto de “federalizar” el Estado nacional se desprende de responsabilidades educativas solicitando a cada jurisdicción que se haga cargo de la gestión y para ello le traslada partidas presupuestarias. Con menos tareas a su cargo, el Ministerio de Educación nacional precisa menos recursos humanos y transfiere también futuros conflictos a las jurisdicciones provinciales. Los sindicatos intentaron, sin éxito, evitar la “provincialización”. Los traslados de fondos a las provincias son, por otra parte, una manera de cooptar voluntades aunque nadie toma medidas para garantizar que las prestaciones que se “federalizan” se van a efectivizar y que los fondos enviados serán utilizados en educación y no con otros fines. Esto a pesar de que las partidas se giran después que las provincias presentan sus planes. Otros se preguntan si esta “generosidad” actual no es el camino para, en el futuro, obligar a las provincias a hacer frente a estos compromisos con presupuesto propio.

Lo cierto también es que la educación, donde existe un alto índice de sindicalización de los trabajadores, ha sido uno de los frentes que más resistió la catarata de despidos lanzada desde el oficialismo. También por eso gran parte de los programas que venían de la gestión anterior continúan ahora, pero a todos se les impone un cambio de perspectiva no solo ideológica sino pedagógica, hay otras referencias, otras bibliografías y distintos énfasis.

Los programas que atendían actividades extra escolares y fuera del currícula son los más afectados. Es el caso del CAJ (Centro de Actividades Juveniles) y del CAI (Centro de Actividades Infantiles). Ambos fueron transferidos a las provincias y cada una de ellas determinará como continúan. Los presupuestos de estos programas estuvieron destinados mayormente a fomentar acciones ligadas a la educación popular, talleres de arte, de radio y algunas actividades deportivas. Varias provincias ya anunciaron que, en adelante, los fondos serán dedicados prioritariamente a reforzar la enseñanza de idiomas. El programa de Radios Escolares, que funcionaba en esta órbita, está paralizado. Algo similar ocurre con el programa de orquestas infantiles y juveniles cuyo histórico director, Claudio Espector, fue despedido.

El ministro Bullrich afirma que el Plan Fines, de terminalidad educativa, “va a seguir” y rescata la importancia de lo hecho que queda en evidencia con el número de aproximadamente 700 mil graduados. Denuncia, no obstante, que “en algunas provincias se nombró como docentes a gente que no tenía ese título”. En el Fines también se están transfiriendo los fondos a las provincias –que siempre estuvieron a cargo de extender los títulos primarios y secundarios– pero sin una propuesta nacional que impulse el desarrollo del plan y que garantice la marcha del mismo bajo la coordinación del Estado nacional.

Como parte del cambio de orientación del actual gobierno en el Fines se ha decidido darle prioridad a las escuelas, relegando la oferta educativa que se hacía a través de organizaciones sociales que, en los últimos años, permitieron el más fácil acceso de personas de bajos recursos y sectores populares que estaban fuera de la educación formal. Son precisamente estas organizaciones sociales las que están ubicadas territorialmente en zonas en las que habita la mayoría de la población a la que está prioritariamente dirigido el programa. Tanto esto como la revisión de los convenios que el Ministerio de Educación nacional tenía con las universidades públicas para concretar el Fines pueden resultar un duro revés para los objetivos del programa. El ministerio ya le adelantó a algunas universidades del conurbano que dejarán de ser sedes del Fines.

El recorte presupuestario también afectó el programa de Turismo Educativo por el cual gran cantidad de niños de todas las provincias viajaban por el país, especialmente a Embalse (Córdoba) y Chapadmalal (Mar del Plata). Ese programa está frenado actualmente y tampoco se asegura que haya fondos para trasladar a niños y jóvenes a Tecnópolis si es que finalmente se concreta su reapertura.

Nuestra Escuela es un programa de formación continua de docentes que tiene la particularidad de haber sido consensuado a través de la negociación paritaria con los cinco sindicatos nacionales. A través del mismo los docentes de los diferentes niveles tenían posibilidad de realizar cursos gratuitos de muy diversas temáticas en los propios sindicatos, en universidades o en otras instituciones. Actualmente se están concluyendo los cursos que estaban programados pero no hay nuevas ofertas, si bien las autoridades del Ministerio aseguran que le darán continuidad.

La Dirección Nacional de Políticas Socio Educativas (DNPS) desde siempre tuvo a su cargo la adquisición de libros destinados a las bibliotecas escolares. Fuentes gremiales sostienen que esta iniciativa está en riesgo y, en el caso de continuar, se reducirían fuertemente los volúmenes de inversión con esta finalidad. El temor radica en que el proceso de selección y adquisición de estos materiales lleva muchos meses y no está ni siquiera iniciado. La compra de libros incluía textos para los alumnos, lectura complementaria y de referencia y material para docentes.

Según el ministro Bullrich, el programa Conectar Igualdad por el cual se entregan netbooks y que ha sido una política insignia de la administración anterior, tiene asegurada su continuidad a pesar de los despidos de personal que se produjeron en su sede central en Buenos aires. Se sabe que el Anses ya inició la compra de equipos para este año. El ministro habló también de la creación de “centros de innovación” para que los estudiantes de nivel secundario tengan acceso a la tecnología. Según el funcionario se están dando pasos para mejorar la conectividad de las escuelas –se pretende alcanzar al 90% de los establecimientos conectados a fines de 2017–, para garantizar la reparación de los equipos dañados, incorporar tabletas e impresoras 3D. Admite que “se está redefiniendo el equipo de contenidos y se busca una visión más federal”. Sin embargo, no habría que descartar que parte de la gestión de Conectar Igualdad pase a manos de organizaciones no gubernamentales o a organismos privados.

El Programa Nacional Itinerante de Educación, Arte y Cultura que recorría el país con tres camiones equipados con aulas móviles y llevaba espectáculos de arte, talleres culturales y educativos, ferias y fiestas populares, fue directamente cerrado.

Un capítulo aparte merecerían los tres canales (Encuentro, Paka Paka y DxTV) que antes dependían del Ministerio de Educación y ahora forman parte del mutimedios público que controla Hernán Lombardi. Todos los contenidos están siendo revisados para “desideologizarlos”, dicen en el gobierno de Cambiemos.

Mientras tanto, y aunque todas las fuentes oficiales lo nieguen, sobre las universidades públicas sigue sobrevolando el fantasma del arancelamiento

Viernes, 20 de mayo de 2016.Pàgina 12-Claudia Revuelta

Hemos vivenciado desde intervenciones militares hasta grandes conquistas de lucha de poder dentro de las Universidades, que no han impedido que la educación pública siga en pie. Gracias a la Reforma Universitaria de 1918, que nació en Córdoba y se extendió por cada rincón de la Argentina, se puso en discusión y se pudo transformar aspectos estructurales de las políticas que sostenían un modelo elitista del sistema universitario. 

Se potenció la lucha por una Universidad  constructora del conocimiento en función de las necesidades de la sociedad en la que se inserta (introducido a partir de la extensión universitaria),  una lucha por la democratización de la educación superior a través del ingreso irrestricto y en contra de la injerencia de los intereses privados y eclesiásticos dominantes en la época a partir de la autonomía universitaria. Una lucha que reflejaba el protagonismo de todos los claustros en las decisiones a partir del co-gobierno y que exigía el reconocimiento de los centro de estudiantes. Todas y cada una de esas luchas nacidas dentro de las instituciones educativas fueron los legados que nos dejaron aquellos estudiantes que en 1918 transformaron de raíz el sistema universitario. 

Después vinieron los bastones largos, la censura, los aranceles, los ingresos restrictivos, el desfinanciamiento, la privatización del conocimiento, las Leyes de Educación neoliberal, y muchos tropezones por los cuales la Universidad y sus partes conformantes, tuvieron que luchar y mediar para defender la educación pública en el marco de un proyecto de país inclusivo. 

Todo esto sigue dejando en evidencia que la Universidad Argentina, en cada etapa histórica, ha sido profundamente atravesada por los conflictos políticos y sociales de nuestro país, y ha sido también protagonista de sus luchas. El  22 de Noviembre del 2015, el pueblo argentino sufrió un duro revés en las urnas, con el triunfo electoral de Mauricio Macri  a través de la propuesta de “Cambiemos”.  Es este contexto, es imposible no ver cómo el gobierno actual ha encarado una fuerte ofensiva contra los derechos ciudadanos a través del ajuste por medio de la inflación en los productos de la canasta básica, por los tarifazos en los servicios públicos (agua, gas, electricidad, transporte), la ola masiva de despidos en el sector público y privado, el avance sobre las empresas estratégicas del Estado, entre otras cuestiones que se ven en las noticias del día a día. 

En el plano educativo el no declarado pero evidente “plan de ajustamiento” de la educación pública impactó fuertemente sobre las Universidades Argentinas quienes se vieron obligadas a movilizarse como respuesta de la comunidad universitaria en su conjunto. La masiva movilización del 12 de Mayo que se produjo en distintos puntos de toda la Argentina, deja en evidencia la decisión con la que cargan los estudiantes, docentes, no docentes, científicos, profesionales, y la sociedad en general, de defender lo que tanto nos ha costado conquistar y enfrentar en la calle a todos aquellos sectores que pretendan avanzar sobre la educación pública, y por lo que venimos luchando mantener desde hace casi 100 años desde aquel Cordobazo Revolucionario.

 

Hemos sido protagonistas del proceso de lucha más importante de la docencia universitaria desde el año 2005 y que se reflejan en los siguientes artículos periodísticos… 

 - http://adunlpam.com.ar/index.php/actualidad/67-arranco-el-paro-de-los-docentes-universitarios

 - http://www.planbnoticias.com.ar/v2/en-asamblea-estudiantes-y-docentes-determinaron-la-modalidad-de-la-protesta-universitaria/

 - http://www.lafua.org/?p=814

 - http://www.laarena.com.ar/avances/docentes-y-estudiantes-de-la-unlpam-reclamaron-en-la-calle

 - http://www.laarena.com.ar/avances/habra-paro-de-una-semana-en-la-unlpam

 

Frantz Fanon decía que “todas las generaciones tenemos una misión histórica; es nuestro deber cumplirlas o traicionarlas”.

Considero que en este contexto se nos presenta la difícil, compleja y ante todo necesaria tarea como agentes sociales y universitarios de construir alternativas y políticas institucionales que permitan plantear nuevamente un proyecto de país y de Universidad que estén íntegramente ligados a los intereses de y para la sociedad argentina, en donde ningún estudiante quede afuera de las aulas como producto del ajuste, y en donde todos los estudiantes y docentes tengan a su alcance instituciones capaces de brindar formación inclusiva, de calidad y comprometida socialmente.

El Presidente anunció una partida de 500 millones de pesos para que las universidades puedan pagar el tarifazo a los servicios. Algunos rectores recibieron positivamente la medida y otros la consideraron insuficiente. Rechazo de alumnos y docentes.

En medio de los reclamos presupuestarios y salariales de la comunidad universitaria, el presidente Mauricio Macri recibió ayer a un grupo de rectores y anunció una partida de “más de 500 millones de pesos para acompañar el costo del funcionamiento” de las casas de estudios, afectadas por el tarifazo a los servicios aplicado por el propio gobierno nacional. El presupuesto del sistema universitario nacional en 2016 es de 51,9 mil millones de pesos, y cerca del 85 por ciento se destina al pago de salarios, para los que no se anunció ningún aumento –de hecho, están trabadas las paritarias docentes–. Algunos rectores consideraron positivamente la medida de Macri, mientras que otros alertaron que los fondos anunciados resultan insuficientes.

“Esto demuestra la importancia que tiene para nosotros el rol de la universidad pública”, dijo el Presidente al dar a conocer su decisión de mejorar en un 1 por ciento el presupuesto del sector.

Macri hizo el anuncio en Casa Rosada, después de recibir a unos 30 rectores de universidades nacionales. Según calculó el Gobierno, en la actualidad el pago de los servicios públicos representa el 18 por ciento del total de los gastos de funcionamiento de las universidades: los 500 millones se destinarían a pagar los incrementos en los servicios públicos (electricidad, gas, agua, etc.), para los que el presupuesto aprobado el año pasado –antes de la devaluación, la creciente inflación y el aumento de tarifas– no daba abasto.

Si bien el comunicado oficial de Casa Rosada indicó que “con la partida extra de 500 millones se busca que (las universidades) puedan afrontar los mayores costos producto del sinceramiento de las tarifas”, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, estimó que “no sólo será para pagar las tarifas: es un poco más amplio”. Bullrich descartó que se vaya a “hacer un ajuste” y se comprometió a “resolver problemas puntuales de cada institución, para que todas puedan seguir funcionando”.

El gobierno nacional también anunció, como ya se había informado, que el Ministerio de Educación, las universidades y la Secretaria de Energía acordarán un plan de uso eficiente de la energía, que “contemple la revisión y recategorización de las tarifas contratadas, la capacitación del personal universitario para el cumplimiento de la racionalización energética, y un plan de reconversión y reorganización de la infraestructura universitaria que permita cumplimentar metas de uso eficiente de la energía”.

Rectores

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Guillermo Tamarit, estimó que el refuerzo presupuestario “apunta a resolver el desfasaje del cuadro tarifario que tienen que afrontar las universidades. Fue muy bueno el aumento en ese sentido”, señaló el rector de la Unnoba, alineado con bloque radical del CIN. “Estamos esperanzados y expectantes”, dijo el rector de la UBA, Alberto Barbieri. “Dijeron que se iban a hacer cargo de la situación y expectantes porque estamos a la espera de una resolución definitiva.” Barbieri dijo que, en el caso de la UBA, para pagar tarifas se requieren unos 150 millones de pesos.

En el encuentro con el Presidente, los rectores escucharon los anuncios de Macri. Luego, ya sin el Presidente, mantuvieron un diálogo con Bullrich, a quien le plantearon sus principales preocupaciones: la necesidad de nuevas mejoras para un presupuesto desfasado por las condiciones económicas de los últimos meses; la preocupación por el atraso en la transferencia de las partidas presupuestarias; la urgencia de un incremento salarial para docentes y no docentes, en acuerdo con los gremios; y pidieron la continuidad de las obras de infraestructura.

El bloque de rectores afín al peronismo advirtió anoche, mediante un comunicado, que “ninguno de los problemas enunciados ha tenido respuestas precisas ni suficientes en la reunión” sostenida con Bullrich y que “los 500 millones anunciados por el Presidente ante los medios –y no en la reunión con los rectores–” sólo representan “el 4,5 por ciento del presupuesto correspondiente a gastos de funcionamiento, lo que queda muy por debajo de la inflación acumulada en lo que va del año. La declaración firmada por rectores de más de veinte universidades concluye: “De mantenerse esta situación en el tiempo, las universidades públicas verán resentidas sus actividades de formación, de investigación, de extensión y de vinculación con la comunidad y con ello, el cumplimiento de la función social para la que han sido creadas”.

“Parches”

Las organizaciones de docentes y estudiantes también criticaron el anuncio oficial. “Los 500 millones son parches que no terminan con el problema presupuestario. Además, nada garantiza que se frene la inflación y terminen los tarifazos. Bienvenido sea que el Gobierno se acuerde de las universidades nacionales, pero no es con parches que se van a resolver los problemas”, dijo Verónica Bethencourt, secretaria adjunta de la federación docente Conadu.

Desde la FUBA, Julián Asiner (PO) coincidió: “Los 500 millones de Macri sirven para contentar a los rectores pero no para resolver los problemas de la universidad. Los 500 millones, distribuidos entre las 49 universidades nacionales, son una gota el océano del ajuste”. Para Adrián Lutvak (La Mella), el otro copresidente de la federación estudiantil, “el anuncio de Macri está muy lejos de resolver la crisis presupuestaria de las universidades y de la UBA en particular. Esto, sumado al conflicto que vienen llevando nuestros docentes, a los que tan sólo les ofrecen un 15 por ciento de aumento, y los no docentes, que entran en paro nuevamente este jueves, ponen a la universidad en una situación crítica”. Docentes y estudiantes confirmaron una movilización a Plaza de Mayo el jueves 12, en reclamo de un incremento presupuestario para las universidades, un aumento salarial para los trabajadores de las casas de estudios y el boleto educativo.
Reflexión personal:
Coincido que el tema coyuntural entre gobierno y universidades es el presupuestario,  en este sentido se expreso en decano de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra UNLPam, Sergio Maluendres (http://www.eldiariodelapampa.com.ar/index.php/108-portada/terciario/18643-humanas-advierte-serios-problemas-presupuestarios). Respecto de la entrevista a Albor Cantard, para mi gusto la periodista cuestiona algunas respuestas del funcionario, como cuando dice si su respuesta no es corporativa o bien cuando cuestiona de alguna manera la autonomía universitaria. En este sentido me preguntaba si para la entrevistadora son mejores las universidades privadas. En otro punto de la entrevista si me pareció interesante que se trabaje en conjunto con los colegios secundarios para logran un mayor porcentaje de alumnos que ingresan a las UUNN y con ello ir logrando una mejora cuantitativa y de calidad de la educación en todos los niveles.

Guillermo Sotelo

El rector de la UNLPam, Sergio Aldo Baudino, participó en la reunión con el Presidente Mauricio Macri, junto a 30 colegas de todo el sistema universitario. Además, estuvieron presentes el Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña; el Ministro de Educación, Esteban Bullrich y el titular de la SPU, Albor Cantard.
Inicialmente el ministro Bullrich relató al conjunto de rectores, las alternativas de la última reunión con los gremios docentes universitarios, ámbito donde a lapropuesta del 15% del primer semestre se le sumó un porcentaje por jerarquización. E indicó que el miércoles se reunirán nuevamente con los gremios.

Macri destacó la importancia del sistema universitario y el compromiso gubernamental para su funcionamiento.Invito, en momentos de ebullición, con mucho debate sobre el rumbo del país, a las universidades a sumarse a ese debate y aseveró que las universidades nuevas van a seguir funcionando. Y Anticipó que cuando la situación actual mejore se podrá analizar la creación de nuevas universidades.

 

Tras el breve intercambio con los rectores, Macri se dirigió a otro ámbito para anunciar -en conferencia de prensa- una ampliación del presupuesto universitario de más de 500 millones de pesos "para afrontar costos de funcionamiento y obras". "Estamos ampliando el presupuesto para acompañarlos en todos los costos de funcionamiento, e incluye la reparación y obras para que se puedan concentran en la tarea tan importante que tienen de preparar a los futuros líderes de la Argentina", manifestó.
Expresó que el gobierno hace un "esfuerzo" al aumentar las partidas "para que docentes y directivos puedan concentrarse en esa tarea tan importante que tienen de formar un millón y medio de jóvenes". 
Macri le pidió a las universidades que "ayuden a construir esa Argentina que soñamos a partir de construir ese puente entre el país que somos hoy y la que podemos y vamos a ser".
"En ese camino esperamos que las universidades nos acompañen en el compromiso que asumimos en París en diciembre pasado en la COP21 para la reducción de energía y los invitamos a ser parte del rico debate que se abrió en la Argentina a partir de tener un gobierno que fomenta y promueve el diálogo y el debate", añadió.

Gabriela Pagliasso

Sergio Maluendres planteó un escenario de crisis alarmante en  una reunión que mantuvo con integrantes de las agrupaciones Frente Estudiantil Popular y Nilda Masci, de cara a lo que resta del año.

La Universidad Nacional de La Pampa funciona con el cálculo de recursos de 2015 ya que no tiene aprobado el presupuesto 2016. “Durante una reunión que mantuvimos con el decano Sergio Maluendres y en el informe de presidencia realizado durante la X sesión del Consejo Directivo” la autoridad “alertó sobre el déficit presupuestario que sufre la UNLPam y nuestra Facultad”, indicaron desde las 2 agrupaciones estudiantiles que conformaron la lista 12 de abril.

“El presupuesto 2016 para toda la Universidad no ha sido siquiera presentado por las autoridades de Rectorado. Por lo tanto la Universidad Nacional de La Pampa sigue funcionando con una prórroga del presupuesto 2015. Esta situación es preocupante debido a que no permite que se hagan proyecciones económicas concretas para lo que resta de año. Esto es fundamental si tenemos en cuenta el contexto inflacionario que vive el país”, añadieron en un informe al que accedió Plan B Noticias.

Señalan que “por otra parte, se entregó a la UNLPam un adelanto de la repartición del refuerzo presupuestario de 500 millones decretado por Macri. Este adelante significa una suma de $808.000 y fueron adjudicados en julio. Sin embargo, esta suma no fue distribuida aun en las distintas Facultades. Este dinero, no solo es insuficiente, sino que están destinados única y exclusivamente al pago de los servicios que el mismo gobierno aumentó indiscriminadamente”..

El FEP y Nilda Masci indicaron que “según palabras del Decano, el actual presupuesto con el que están trabajando solo alcanza hasta fines de agosto. Esto se debe a que los fondos se están agotando. Nuestra Facultad actualmente posee un presupuesto de más de 3 millones de pesos, sin embargo esto no alcanza para cubrir los gastos de funcionamiento hasta el 31 de diciembre”.

“Desde la Lista de consejeros 12 de Abril (FEP+Nida Masci), estamos preocupados y en alerta sobre la situación presupuestaria de nuestra Universidad. A su vez, entendemos que esto forma parte de un plan de desfinanciamiento de la educación pública en pos de legitimar futuros posicionamientos privatizadores” y ante eso “manifestamos y reafirmamos nuestro compromiso en la lucha por la educación pública, gratuita, laica y de calidad”, finalizaron.

Más de cuatro millones de alumnos de nivel inicial, primario y secundario de la provincia de Buenos Aires podrán viajar desde hoy gratis en colectivo. Además, la medida alcanza a los estudiantes de la Universidad de La Plata. e trata de la puesta en marcha del Boleto Estudiantil Gratuito, por el cual los alumnos de los tres niveles educativos que asisten a escuelas de la provincia de Buenos Aires contarán con 50 viajes gratis por mes en colectivos de líneas provinciales y aquellas líneas municipales que vayan adhiriendo al beneficio.

Los alumnos de nivel inicial y primario viajarán gratis de lunes a viernes y el único requisito es que tengan guardapolvo blanco o uniforme escolar mientras que los alumnos secundarios, que actualmente tramitan un carnet con la línea de colectivos que usan, viajarán sin abonar boleto utilizando ese mismo carnet.

En el caso de los alumnos de la Universidad Nacional de La Plata, que actualmente pagan su pasaje como cualquier pasajero, a partir de hoy la Provincia de Buenos Aires hará una precarga en la tarjeta SUBE, asignando a cada alumno 315 pesos, equivalentes a 45 viajes.

Los estudiantes universitarios para acceder a este boleto gratis deben ser alumnos regulares, es decir, haber aprobado dos materias en el ciclo anterior y deben acreditar su regularidad de manera semestral.

El año próximo se incluirá al resto de las universidades de la Provincia.

“Durante el primer semestre de 2016, las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales mostraron niveles de ejecución sustantivamente por debajo de lo esperable”, explicó Gabriel Martínez, quien estuvo a cargo del informe sobre el presupuesto universitario. El economista advirtió también que el gasto realizado se concentró casi exclusivamente en el pago de salarios.

El estudio señala que de los 56 mil millones de pesos presupuestados en total para las universidades este año, al 20 de mayo pasado se habían ejecutado menos de 16 mil millones, el 28,9 por ciento del presupuesto anual. “Este nivel de ejecución se encuentra por debajo del nivel de ejecución general del sector público que es del 32 por ciento”, sostiene el informe.

Además, el dato toma otra dimensión cuando se explica que el presupuesto del que se habla se aprobó el año pasado, por lo que no se contempló la inflación y el tarifazo (que en algunos servicios públicos superó el 700 por ciento). Por esa razón, los rectores universitarios solicitaron un refuerzo de fondos. El Gobierno anunció a comienzos de mayo un extra de 500 millones, pero aún no lo distribuyó.

La comparación de este período del año en relación con el mismo del 2015 ilustra las diferencias. “El parate en la gestión se magnifica si observamos la cantidad y peso de las resoluciones firmadas por la Secretaría de Políticas Universitarias a través de las cuales se autoriza la transferencia de recursos a las universidades.” En los primeros cuatro meses de este año, la SPU firmó solamente trece resoluciones, cuando en el mismo lapso del año anterior se habían firmado 268. Las resoluciones constituyen una autorización de gasto, que puede concretarse el mes que se firmó o los subsiguientes. “Por lo tanto, no significa en sí misma una transferencia efectiva de recursos; es probable que los recursos que hayan recibido las universidades sean menores aún a los informados”, alerta el informe.

En el caso de los diversos programas desarrollados por las universidades y sostenidos por el Estado nacional con financiamiento específico, la mayoría de ellos no recibió fondos en lo que va del año. El informe de Conadu detalle que son 59 los programas con 0 por ciento de ejecución presupuestaria, a 15 se les ejecutó menos del 20 por ciento y a 14 más de ese porcentaje. La decena de programas con la ejecución esperable a la fecha son los relacionados con la Conae y la Conea, los vinculados al Ministerio de Transporte, al INTA, la cartera de Agroindustria, Dirección de Vialidad, el Instituto Geográfico y el Enargas.

Si bien a través del decreto 336/2016 el Ejecutivo resolvió dejar sin efecto desde abril a los programas celebrados entre la administración pública nacional y las universidades u otras instituciones educativas, salvo los casos en que los ministros requiriesen lo contrario, el informe destaca que “esto no significa que las distintas entidades y jurisdicciones pierdan instantáneamente el crédito presupuestario que estaba asignado”.

“Venimos de una década donde el sector universitario público fue uno de los sectores priorizados por las políticas públicas. Ayudaron a eso leyes como la de Financiamiento Educativo y la de Educación Nacional, grandes avances. Es necesario asegurar su cumplimiento e iniciar un debate en el ámbito de la comunidad educativa, para reforzarlas con una nueva ley que asegure el financiamiento que la universidad pública requiere”, señaló el autor del estudio.

Federico Montero, dirigente de Conadu, dijo a Página/12 que “el tema del presupuesto va a ser determinante para el segundo semestre, porque no se resolvió ninguna cuestión de fondo”. Y apuntó a la cuestión salarial, que volverá a discutirse en septiembre, cuando se abra la instancia prevista en la paritaria para relevar la inflación: “Lamentablemente, la inflación está lejos de seguir los parámetros que el macrismo pautó; ni siquiera con sus índices hubo una recomposición salarial, si la tendencia sigue es probable que se reactive el conflicto”
Página 12   /5 de julio de 2016
Hebe Paredes