1. Amplitud de Cobertura: Un enfoque mixto permite abordar una amplia gama de conductas inapropiadas, desde infracciones menores hasta delitos graves.
2. Proporcionalidad: Permite que las sanciones sean proporcionales a la gravedad de la infracción.
3. Flexibilidad y Rigor: Mientras que las sanciones administrativas pueden abordar infracciones menores con mayor flexibilidad, las sanciones penales pueden reservarse para delitos más graves.

Responsabilidad administrativa, cuando los incumplimientos de la ficción jurídica se relacionen a acciones u omisiones de normas, reglamentos y buenas prácticas en la gestión y operación de las organizaciones, las cuales, pueden sancionarse por medio de multas y otras medidas disciplinarias interpuestas por la administración.

Responsabilidad penal, para que la entidad sea procesada y sancionada en tribunales jurisdiccionales por la comisión de delitos, independientemente de la responsabilidad individual de los empleados y los directivos de la organización, para prevenir y castigar los comportamientos delictivos dentro de las empresas, promoviendo con ello una cultura de cumplimiento normativo y ético.

En la penal pues tenemos alcance de la persona natural detrás de la persona jurídica, tenemos medidas más coercitivas, también tenemos los acuerdos de pena y cooperación, mientras que en la parte de administrativas debemos buscar la sanción administrativa de la persona jurídica frente al estado, como son los casos de multas importantes e impedimento de volver a contratar con el estado.

Saludos

En mi opinión, la aplicación de las leyes anticorrupción serían mas efectivas con un sistema mixto:

Administrativos cuando son omisiones, la no implementación efectiva de un programa de compliance dentro de la organización, etc que permitan ser preventivas como tal. Pero si ante el cometimiento de delitos y sobornos, no se aplicaran sanciones penales, se estaría dejando un área gris donde las empresas establecerían márgenes de costo/beneficio en las cuales.

Considero también importante que ante la indagación y resultados de las investigaciones las sanciones no solo deberán ser “proporcionales” a las omisiones o delitos cometidos y su consecuente beneficio, sino también, una delimitación sobre las personas físicas involucradas y así evitar que solo los altos directivos sean imputados por desconocimiento de un hecho, pero también que ejecutivos de bajo rango (operativos) paguen penas por procesos y políticas no claras de la organización, mientras los que se hayan beneficiado del delito queden impunes.

En tal sentido, es importante tener presente el fin del derecho penal: protección de bienes jurídicos, que en lo que nos ocupa, son bienes colectivos de impacto social. De igual manera podría considerarse que los fines de la pena, en este caso la sanción, también aplican.

Esto por cuanto, estas por acción u omisión pueden incurrir en conductas tipificadas como delitos.

De igual manera, pueden ser objeto de responsabilidad administrativa en tanto corresponda según la conducta desplegada.

Y la responsabilidad civil cuyo fin es el resarcitorio.

Hay que tener presente que cada una de las responsabilidades no son excluyentes entre sí, puesto que la conducta desplagada puede violentar normas, deberes y leyes de diferentes ramas, por lo que la responsabilidad y la sanción son de distinto género.

Considero ambas formas de sanción debieran ser aplicables a la persona jurídica, no de forma simultánea, sino atiendo a la gravedad no solo del hecho cometido, sino también del bien jurídico tutelado.

Pudiéndose aplicar diferentes sanciones desde una multa, suspensión de participación en licitación y/o contratación, publicación de la sentencia así como también en último caso, la disolución de la persona jurídica. Esto iría en congruencia con el principio de proporcionalidad, aplicando la sanción acorde a la gravedad de la infracción.

No tengo experiencia o carrera legal, pero a mi criterio, la responsabilidad administrativa pudiese ser una responsabilidad casi que imperante, pero que solo afecta principalmente a la persona jurídica como tal.  Sin embargo considero que es importante tener responsabilidades que podrían alcanzar a la persona natural, de manera que en su actuar dentro de la empresa se evite caer en delitos o acciones que perjudiquen a la misma y de esta forma sea más difícil caer en malas prácticas o incumplimientos. 

En el caso de mi país Costa Rica, se ha optado por imponer a las personas jurídicas sanciones de índole penal, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la “Ley de responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos”; lo cual implica que la empresa puede ser procesada y sancionada penalmente por actos delictivos, lo que a menudo lleva a multas significativas o medidas correctivas.

No obstante, eso no quiere decir que otros países que adoptan otra serie de medidas sancionatorias en contra de las empresas infractoras estén equivocados, pues lo que se busca al fin de cuentas es evitar que las empresas cometan hechos irregulares.

Como en toda ley o normativa deben existir medidas sancionatorias que ayuden o favorezcan el cumplimiento de estas, teniendo claridad y en escalas las distintas sanciones dependiendo la falta u omisión cometida, castigando a quienes por negligencia o dolo actúen de forma contraria.

Al tomar una decisión, es crucial considerar la capacidad del sistema legal para aplicar y hacer cumplir efectivamente las sanciones, así como garantizar la proporcionalidad entre la infracción y la sanción. También es importante evaluar cómo se alinea con los principios fundamentales de justicia y equidad.

Considero que debe ser una responsabilidad mixta entre administrativa y penal.  La responsabilidad administrativa es necesaria por el hecho que muchas veces se dan incumplimientos a nivel de procedimientos o políticas de la empresa en la que se pueden tomar correctivos de esta índole y casos en los que quizás no se haya podido comprobar un delito.  Sin embargo, el hecho de incluir responsabilidad penal permite que se le dé la relevancia requerida a la prevención de delitos y refuerza la necesidad de la alta dirección de comprometerse con la definición de políticas anticorrupción que busquen mitigar la materialización de riesgos penales.

Abogada

Considero que desde la “teoría pura del delito” no es posible fundamentar la responsabilidad directa de las personas jurídicas, porque desde el elemento culpabilidad las personas jurídicas no son capaces de entender la ilicitud de su actuar. Es decir, las personas jurídicas no pueden delinquir, porque no pueden realizar acciones típicas, son sus administradores o gestores quienes lo hacen. Es por ello que, en muchos  sistemas legales, la responsabilidad penal se aplica a las personas físicas, mientras que las empresas pueden ser responsables en términos administrativos o civiles.

Sin embargo, este concepto ha ido cambiando con el tiempo y algunos países han adoptado enfoques más amplios que permiten la imposición de sanciones penales a las empresas, como el caso de Costa Rica. Estoy totalmente de acuerdo con este enfoque, ya que creo firmemente que el derecho debe evolucionar para adaptarse a las cambiantes necesidades de una economía globalizada y a las realidades de nuestra sociedad, inclusive si esto implica el surgimiento de nuevas figuras jurídicas.

En definitiva, el modelo mixto busca equilibrar sanciones disuasivas, proporcionalidad, eficiencia procesal y flexibilidad en la respuesta institucional frente al delito corporativo.

Módulo I – 6. Networking. Foro Netchat

Alumno: Federico Verdier

La responsabilidad de las personas jurídicas puede ser tanto administrativa como penal, y en muchos sistemas legales, ambas formas de responsabilidad coexisten.

Responsabilidad Administrativa: Se refiere a las sanciones o medidas que una autoridad administrativa puede imponer a una persona jurídica por incumplir normativas o regulaciones específicas. Estas sanciones pueden incluir multas, suspensiones de actividades, o medidas correctivas. El objetivo principal suele ser corregir conductas y garantizar el cumplimiento de las normas.

Responsabilidad Penal: Algunos sistemas legales también imponen responsabilidad penal a las personas jurídicas por ciertos actos delictivos cometidos en su nombre o en beneficio de la entidad. En este caso, las sanciones pueden incluir multas significativas, disolución de la entidad, o incluso la responsabilidad penal directa de los individuos que actuaron en nombre de la persona jurídica.

En muchos países, la tendencia moderna es reconocer la responsabilidad penal de las personas jurídicas como una herramienta adicional para combatir la corrupción, el fraude corporativo y otras conductas delictivas. Sin embargo, la forma y alcance de esta responsabilidad pueden variar según la jurisdicción. Es importante consultar las leyes locales específicas para comprender cómo se aborda este tema en una ubicación particular.

En Argentina, nuestro código penal (basado en el proyecto de 1870 del jurista Carlos Tejedor) no contemplaba la posibilidad de sancionar penalmente a una persona jurídica.

La legislación argentina más reciente ha incorporado cambios significativos en relación con la responsabilidad de las personas jurídicas. Uno de los eventos más importantes fue la sanción de la Ley Nacional de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (Ley 27.401) en 2017.

Dicha ley establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, lo que significa que ahora las empresas pueden ser responsables penalmente por ciertos delitos cometidos en su nombre o en su beneficio.

La ley contempla además la responsabilidad por las terceras partes así como la responsabilidad por fusión respecto de los hechos cometidos por la empresa aquirida.

Delitos Específicos: La responsabilidad penal de las personas jurídicas se aplica a una lista específica de delitos establecidos en la ley, como corrupción, lavado de activos, fraude, delitos contra la administración pública, entre otros.

Programas de Integridad: La ley establece la posibilidad de que las personas jurídicas implementen programas de integridad (comúnmente conocidos como programas de compliance) como un factor atenuante en caso de comisión de delitos. Estos programas buscan prevenir y detectar posibles conductas ilícitas dentro de la entidad.

Sanciones: Las sanciones aplicables a las personas jurídicas pueden incluir multas, decomiso de bienes, suspensión de actividades, intervención judicial, y hasta la disolución de la entidad en casos graves.

Responsabilidad de los Órganos de Control: La legislación argentina también establece la responsabilidad de los órganos de control y supervisión de la persona jurídica en la implementación y monitoreo de los programas de integridad.

En definitiva, considero que sea que se adopte un sistema administrativo o de responsabilidad penal, es muy positivo que la empresa sea una persona de derecho susceptible de ser sancionada y que no solamente pueda sancionarse a los directivos de la misma.

Mientras que en países donde se inicia y comienza a darse a conocer este tema, podría iniciar con sanciones administrativas.

y tomando en consideración la ley 70 de 2019 en Panamá, que establece que las personas jurídicas pueden ser sancionadas administrativamente con multas económicas, inhabilitación temporal o definitiva de actividades, entre otras medidas en caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en la ley, se observa como la responsabilidad en ambas partes tiene consecuencias por sanciones impuestas.

La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas supone que pueden ser sancionadas por las infracciones administrativas cometidas. Estas faltas podrían ser el incumplimiento de las normas de seguridad, medio ambiente, protección de datos, competencia, etc.

Al co existir ambas responsabilidades se podrían evitar vacíos legales y que sea más justa la aplicación de la ley dependiendo de la gravedad del delito o falta.

Dependiendo del delito, seria importante que el juez determine que sancion debera imponerse. esto dependiendo de la gravedad de la falta cometida.

Esto dependiendo de que tan robusta sea la legislación del pais, ya que en paises con una legislación robusta, puede que la misma orille a determinar a que categoria de responsabilidad corresponde la ofensa

En el caso de responsabilidad administrativa se aplicaría aquellas infracciones leves en las cuales aparte de tener una sanción tambien nos permitan corregir inmediatamente algún procedimiento es decir que su impacto sea instantáneo.

En cuanto a la responsabilidad penal se aplicaría en aquellos casos que mayor trascendencia y tambien dentro de los grupos jerárquicos de mas alto nivel que tengan tambien mayor responsabilidad a cargo, asi como las consecuencias mas graves repercutiendo a mas personas o grupos includo al mismo estado, es por esto que considero que se procedería con la responsabilidad penal en este tipo de faltas.

Adicionalmente pienso que la responsabilidad penal también debería ser un proceso especial de acuerdo a la magnitud de estas faltas graves, siendo así el caso no solo seria la privación de libertad, si no la devolución de valores o bienes que adicionalmente deban tener una imputación de una multa y finalmente que este acto sea de conocimiento en un medio de comunicación de alta audiencia que permita evidenciar esta falta como lo hemos visto en muchos países de lationamerica, en conclusión mi criterio es la aplicación de responsabilidad mixta como la mas viable para la persona jurídica.

1. Desde el punto de vista Administrativa, ya que por medio de ésta, se pueden aplicar las sanciones a las personas físicas.

2. Desde el punto de vista Juridica, aplicar sanciones a las empresas, pues son las responsables de definir, implementar y monitorear todo lo relacionado a cumplimiento.

Porque esta perspectiva? Simple:

AL final somos seres humanos que siempre buscaremos el beneficio mas práctico, el de menor esfuerzo; sin embargo, debemos ser capaces de crear conciencia desde nosotros, donde la responsabilidad qu ecomo persona ejerces en un trabajo o en tu via diaria, sera el ejemplo a seguir por quienes sigan tu ejemplo, y estas mismas personas, son quienes definirán en una empresa, los lineamientos a seguir tanto anivel local como internacional. Gracias

Por lo que me inclino a que debe haber un equilibrio y tener un mix de ambas.

Además, este formato abordar una amplia gama de situaciones a depender de la complejidad de los delitos y a la necesidad de considerar tanto la corrección de comportamientos como la disuasión.

La elección entre responsabilidad administrativa, penal o una combinación de ambas depende de diversos factores, como la cultura legal de la jurisdicción, el objetivo de la legislación (correctivo, preventivo, disuasorio), y la gravedad de los delitos en cuestión.

La persona jurídica puede ser sujeto de responsabilidad administrativa, lo que implica que puede ser sancionada con multas económicas u otras medidas administrativas por infracciones cometidas en el ejercicio de su actividad.

Las sanciones administrativas se aplican a la entidad como un todo y pueden incluir medidas correctivas para prevenir futuras infracciones.

Responsabilidad penal de las personas físicas:

Las personas físicas que toman decisiones o realizan acciones en nombre de la persona jurídica pueden ser sujetos de responsabilidad penal si cometen delitos en el ejercicio de sus funciones.

La responsabilidad penal se basa en la participación directa o indirecta en la comisión de un delito y puede resultar en sanciones que van desde multas hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del delito y las leyes aplicables.

Autonomía del proceso penal:

El proceso penal tiene sus propios principios y procedimientos, diseñados para garantizar el debido proceso y proteger los derechos de los acusados.

La responsabilidad penal se determina mediante un proceso judicial independiente, donde se evalúa la culpabilidad de las personas físicas involucradas en la comisión del delito.

Considero que para implementar de forma efectiva un régimen eficaz de responsabilidad jurídica es necesario contar con la aplicación de sanciones con carácter pena para así enviar el mensaje claro sobre la cero tolerancia a la corrupción. Pero para llegar a esto es necesaria toda una reforma de nuestros códigos y procedimientos de manera que se encuentre claridad en nuestras leyes a la hora de aplicar las sanciones, ya que la falta de estas es lo que provoca que actualmente muchas legislaciones mantienen una mezcla entre ambas doctrinas.

Históricamente Latinoamerica ha tenido grandes retos en temas de corrupción, si bien es cierto a nivel gubernamental el ritmo para implementar regulaciones en materia de compliance ha sido lento la globalización ha exigido que los Gobiernos cooperen e implementen medidas en esta materia. Desde mi punto de vista el mayor avance lo seguiremos bien en dentro de las empresas privadas quienes en los últimos 5 años ha fortalecido sus controles internos. Cada vez más compañías incorporaron roles de Compliance, y desarrollaron sus programas de Integridad, en pa­ralelo con la promulgación de nor­mas anticorrupción, esto se percibe de manera especial en empresas Multinacionales. Tomando en cuenta lo anterior considero que la responsabilidad jurídica en el corto plazo 10 años apunta hacia un ambiente más regulado, colaborativo, tecnológico y ético. Aquellas empresas que adopten proactivamente medidas para fortalecer sus programas de compliance estarán mejor posicionadas para navegar por estos cambios, mitigar riesgos y contribuir al desarrollo de un entorno empresarial más transparente y sostenible en la región.

Nadia Muralles

Guatemala

Al ser mixta permite combinar la fuerza disuasoria de las sanciones penales con la flexibilidad y enfoque correctivo de las sanciones administrativas.

Un enfoque mixto que combine elementos penales y administrativos es más efectivo.

Esto permitiría abordar la gravedad de los delitos con sanciones penales cuando sea necesario, al tiempo que proporciona flexibilidad para aplicar medidas correctivas y preventivas a través de la responsabilidad administrativa.

Nadia Muralles

Guatemala

Considero que lo ideal es un sistema mixto; es decir contemplar sanciones tanto penales como administrativas. Dependiendo también de las circunstancias de cada jurisdicción y naturaleza de los delitos incurridos por las personas jurídicas.

Gabriela Núñez - Costa Rica

• Argumentos a favor de la responsabilidad penal:

Disuasión: La amenaza de una responsabilidad penal puede disuadir a las empresas de cometer delitos.

Retribución: Las empresas que cometen delitos deben ser castigadas por sus actos.

Reparación: La responsabilidad penal puede permitir a las víctimas de delitos corporativos obtener una reparación del daño.

• Argumentos en contra de la responsabilidad penal:

Dificultad de imputación: Es difícil imputar un delito a una empresa, ya que no es una persona física.

Estigmatización: La responsabilidad penal puede estigmatizar a una empresa y dificultar su actividad comercial.

Doble sanción: La responsabilidad penal puede suponer una doble sanción para la empresa, ya que además de la responsabilidad penal, también puede ser multada administrativamente.

• Argumentos a favor de la responsabilidad administrativa:

Flexibilidad: La responsabilidad administrativa puede ser más flexible que la penal, porque puede ajustarse a las particularidades de cada situación, a diferencia de la responsabilidad penal, que suele ser más rígida y predefinida.

Eficacia: La responsabilidad administrativa puede ser más eficaz que la penal para prevenir los delitos corporativos.

Eficiencia: La responsabilidad administrativa es generalmente más eficiente que la penal, ya que es menos costosa y requiere menos tiempo.

• Argumentos en contra de la responsabilidad administrativa:

Falta de disuasión: La responsabilidad administrativa puede no ser tan disuasoria como la penal.

Falta de retribución: La responsabilidad administrativa no tiene un carácter retributivo, ya que no busca castigar a la empresa, sino prevenir futuros delitos.

Falta de reparación: La responsabilidad administrativa no siempre permite a las víctimas de delitos corporativos obtener una reparación del daño.

En mi opinión, la mejor solución es una combinación de responsabilidad penal y administrativa. La responsabilidad penal debería ser utilizada para los delitos más graves, mientras que la responsabilidad administrativa debería ser utilizada para los delitos menos graves.

Es importante tener en cuenta que la responsabilidad de las personas jurídicas no debe eximir de responsabilidad a las personas físicas que cometen delitos. Las personas físicas que cometan delitos en el seno de una empresa también deben ser responsables de sus actos.

En Latinoamérica, la tendencia actual es hacia la adopción de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, todavía hay muchos países en la región que no tienen una legislación específica sobre este tema.

Es importante que los países de Latinoamérica adopten una legislación clara y efectiva sobre la responsabilidad de las personas jurídicas. Esta legislación debe ser coherente con los principios del derecho penal y administrativo, y debe tener en cuenta las características específicas de la región.

Meybel Erroa, El Salvador.

Considero, que para establecer responsabilidad a la personas jurídica esta debe ser de carácter penal y de igual manera administrativa, con independencia a responsabilidad de las personas naturales que acordaron o ejecutaron en nombre las acciones delictivas o de incumplimiento a los deberes normativos.

Considerando que a las personas jurídicas, personas individuales como tal ante la ley. No debe excluirse la responsabilidad de las personas físicas al momento de establecer sanción a la persona jurídica, es decir, atribución de responsabilidad a la persona jurídica y responsabilidad atenuada a sus administradores.

Es innegable que en el mundo actual, las corporaciones tienen un inmenso poder económico y de influencia, por lo que de incurrir en actos ilícitos pueden ocasionar daños gravísimos a la sociedad. Por lo tanto, parece necesario poder sancionarlas contundentemente cuando se vean involucradas en delitos, ya sea por haber propiciado esas conductas o por no haber tenido los controles adecuados para prevenirlas.

Ahora bien, tratar de aplicar las categorías clásicas del derecho penal, pensadas originalmente para individuos, a entes colectivos como las empresas genera problemas conceptuales. Al no ser personas naturales, conceptos como la culpabilidad o la capacidad de actuar de otro modo no terminan de encajar bien con las corporaciones.

Por ello, un modelo mixto o combinado permite abordar este desafío de manera equilibrada. Por un lado, al incluir elementos propios del proceso penal se deja en claro la gravedad de los hechos que se juzgan y se trata a las empresas con la misma rigurosidad que a una persona natural. Esto es clave para no dejar impunes conductas delictivas de enorme impacto social solo por provenir de entes colectivos.

Pero al mismo tiempo, al aplicar finalmente sanciones del derecho administrativo sancionador como multas, disolución, inhabilitación para contratar, etc., en lugar de penas clásicas del derecho penal, se respeta la naturaleza especial de las personas jurídicas carentes de capacidad de culpabilidad individual. Se las sanciona ejemplarmente por los hechos, pero sin forzar conceptos que no terminan de adaptarse bien a su realidad como entes ideales.

Gracias

En relación a la culpabilidad de la persona jurídica -siendo esta, un ente suprainvididual, se traduciría como un déficit de organización, lo cual implicaría en principio la ausencia de un programa de cumplimiento idóneo. Lo cual supone que al momento de determinar la responsabilidad penal de la persona jurídica, se evalúe no solo la existencia del programa de cumplimiento en sí, sino la efectividad, y correcta implementación del mismo.

1. Evaluación de riesgos: Identificar y evaluar los riesgos de conductas ilegales o no éticas que podrían dar lugar a la responsabilidad penal de la persona jurídica.

2. Políticas y procedimientos: Desarrollar y comunicar claramente políticas y procedimientos que establezcan estándares claros de conducta ética y legal para todos los empleados y partes interesadas.

3. Capacitación y sensibilización: Proporcionar capacitación periódica a empleados y directivos sobre las leyes, regulaciones y políticas pertinentes, así como sobre las consecuencias legales y éticas de las conductas delictivas.

4. Monitoreo y supervisión: Implementar controles internos y procedimientos de monitoreo para detectar y prevenir actividades ilegales o no éticas, así como establecer un sistema de denuncias confidenciales para informar posibles infracciones.

5. Respuesta y corrección: Establecer protocolos para investigar y responder a las infracciones detectadas, incluyendo medidas disciplinarias apropiadas y acciones correctivas para prevenir futuras violaciones.

No considero que una responsabilidad exima a la otra.

Asimismo, no toda infracción debe ser considerada como ilícito penal pero si sancionable administrativamente, en muchas legislaciones existe el el derecho administrativo punitivo por lo que separar a una con la otra resultaría contraproducente.

Es importante de igual forma contemplar la normativa del país y las tipificaciones de las infracciones. Además, creo que se debe generar sanciones para cada tipo de falta.

Este método mixto nos permite crear un balance y abordar cada caso de manera eficiente y completo, sin dejar que se nos escape ningún detalle.

En casos de delitos penales donde se demuestre que la entidad haya sido beneficiada directa o indirectamente, entiendo debe tener responsabilidad penal.

En casos de delitos cometidos por sus representantes o directivos, donde la entidad no haya sido directa o indirectamente beneficiada, debería ser sancionada administrativamente por la falta o debilidad de sus controles.

La responsabilidad administrativa se enfoca en la imposición de sanciones no penales tales como suspensión de las licencias, multas, infracciones a regulaciones administrativa. Tiende a ser un tanto menos riguroso y enrutado mas hacia la corrección de la mala praxis.

En algunos sistemas legales utilizan un mix de ambos ya que algunos ilícitos son sujetos a sanciones punitivas y otras infracciones se castigan con la sanción administrativa.

La selección del enfoque penal o administrativo dependerá de que tan grave haya sido la conducta, la finalidad de las normas en cuestión y la eficacia de cada tipo de sanción para el logro final de los objetivos. Dicho equilibrio entre lo penal y lo administrativo es el resultante de un proceso legislativo y judicial en el que se consideren los factores.

En última instancia, la elección del enfoque depende de varios factores, incluida la cultura legal y la capacidad de aplicación de la ley en un país específico. Lo importante es garantizar que cualquier sistema de responsabilidad de personas jurídicas sea justo, efectivo y proporcional a la gravedad de las infracciones cometidas.

Es por eso que es necesaria una reforma en materia de responsabilidad penal de la persona jurídica para incluir una lista numerus clausus, que contenga los delitos que puede cometer una persona jurídica. Ahora bien, considero que en primera instancia debería de existir una sanción administrativa, una manera correctiva de regresar al cumplimiento legal de la persona jurídica. Entonces debería de verse en dos etapas, una primera, administrativa, en la que se discute el incumplimiento legal y se otorgue una sanción de tipo administrativa, y una segunda etapa en la que se juzgue el delito y se otorgue una sanción penal.

Considero que al establecer un modelo mixto que combine responsabilidad penal y administrativa podría ser el más adecuado para enfrentar las complejidades de responsabilizar a las personas jurídicas. Este enfoque permite utilizar la severidad de las sanciones penales cuando es necesario y al mismo tiempo se aprovechan las ventajas de la flexibilidad y especialización de las sanciones administrativas para una aplicación más general.

De este modo damos un equilibrio entre las ventajas y desventajas de ambos sistemas, tal es el caso que la responsabilidad reservar sanciones penales para los casos más graves, donde se pueda demostrar un nivel significativo de negligencia o complicidad a nivel directivo.

Y también, puede ser aplicable sanciones administrativas ante infracciones, asegurando que las sanciones sean suficientemente disuasorias. Esto converge a mantener procedimientos claros y Justos y por ende obtener fomentar que las empresas adopten programas de compliance robustos y mecanismos internos para prevenir conductas indebidas.

Debe ser una responsabilidad mixta dependiendo la gravedad que la persona jurídica llegue a cometer y poder determinar la responsabilidad si es penal por es un delito grave o administrativa, dicha responsabilidad obligara a la persona jurídica a implementar sistemas de compliance

Con base en la experiencia de la responsabilidad penal y administrativa que se aplica en México considero que ambos rubros son importantes en la prevención de la corrupción ya que su aplicación versa en la magnitud de la falta. Por una parte temas como el cohecho, la defraudación fiscal y el fraude, con responsabilidad penal (en México a través del Código Penal Federal), así como la responsabilidad administrativa por faltas graves como el soborno, participación  ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, uso de información falsa colusión, uso indebido de recursos públicos entre otros (Ley General de Responsabilidades Administrativas).

En primera instancia, el enfoque de la responsabilidad penal permite imputar a las PJ por delitos graves, enviando un mensaje fuerte de intolerancia hacia la corrupción y otros crímenes corporativos. Sin embargo, imputar culpabilidad a una entidad ideal puede ser complejo. Ahora, la responsabilidad administrativa, a través de las sanciones administrativas, como multas y restricciones operativas, ofrecen flexibilidad y rapidez en la respuesta a infracciones regulatorias. Son especialmente útiles para abordar cuestiones donde la culpabilidad individual es difícil de establecer.

En este sentido, un enfoque mixto combinara las fortalezas de ambos enfoques, permitiendo sancionar severamente los delitos graves a través de la vía penal, mientras se abordan infracciones menores mediante sanciones administrativas. Este modelo puede adaptarse a la gravedad del delito y ofrecer una respuesta más completa y eficaz.

Esta perspectiva la considero tomando en cuenta el caso de mi país Bolivia. Donde, sería ideal un enfoque que combine la parte penal y administrativa, ya que, a las empresas en la mayoría de los casos, cuando incurren en delitos de corrupción o abuso de poder (sobornando a funcionarios públicos) solo se les aplica sanciones administrativas. En cambio, si se aplicara un enfoque de responsabilidad mixto, permitiría abordar tanto los delitos financieros graves como las infracciones regulatorias menores, asegurando una mayor transparencia y cumplimiento. En si considero que este modelo ofrece una solución efectiva y flexible para enfrentar los desafíos de la responsabilidad corporativa.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas se fundamenta en la idea de que las empresas, como entidades con personalidad jurídica propia, pueden incurrir en conductas delictivas a través de sus representantes, empleados u otros agentes, y por lo tanto deben ser responsables por dichas acciones. Esta responsabilidad penal busca promover la ética empresarial, prevenir la corrupción y garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las organizaciones.

En contraste, la responsabilidad administrativa suele estar relacionada con incumplimientos de normativas o regulaciones específicas que no constituyen delitos penales, pero que pueden acarrear sanciones de carácter administrativo, como multas, suspensiones de actividades, entre otras medidas.

En el caso de las personas jurídicas, la responsabilidad penal ha ganado terreno en Latinoamérica como un mecanismo efectivo para combatir la corrupción y promover la transparencia en el ámbito empresarial. A través de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se busca establecer un marco legal que incentive a las empresas a implementar programas de compliance efectivos y a cumplir con las normativas vigentes para evitar la comisión de delitos. Por lo que a mi parecer si se debe sancionar a persona juridica tanto de manera administrativa como penalmente, no totalmente pero si de manera mixta en aspectos imputables a la organizacion.

La responsabilidad de las personas jurídicas debe ser mixta y esto dependerá del tipo de delito o falta cometida.

Tipificar como delitos penales todas las faltas que pueda cometer una persona jurídica por una obligación de hacer o no hacer sería caer en un modelo en extremo punitivista.

La responsabilidad penal debería ser por las faltas o delitos que ya la normativa de cada país contempla para los actos cometidos por personas físicas, en dónde sea identificable el sujeto que realiza el acto delictivo.

En materia administrativa se deberían sancionar faltas que tengan más relación con asuntos operacionales u omisiones en las que resulte un poco más complicado establecer quién es el sujeto responsable.

La responsabilidad de las personas jurídicas  debe ser mixta.

Responsabilidad Penal  tanto en la persona jurídica como respecto de la persona física, atendiendo a la gravedad del  incumplimiento normativo,  la empresa debe asumir la responsabilidad que cabe penalmente , ya que de acuerdo a su actividad  debe  conocer de la normativa específica  que la rige y de la legislación del país en la cual realiza su actividad,  generando todos los mecanismo para poder evitar que ese incumplimiento se produzca; sumado a lo anterior  se debe también considerar que ese delito solo puede haberse cometido  al alero de una organización aprovechando la infraestructura, los recursos físico y humanos de esta y el beneficio económico que estas conductas le reportan y no menos importante la posición que esta ocupa en el mercado.

Es importante que la sanción sea ejemplificadora, para justamente desincentivar la comisión de los mismos. El catálogo de delitos debiera estar en concordancia con los delitos que también existen en otras legislaciones en materia de incumplimiento por parte de persona jurídicas, ya que tarde o temprano  producto de la globalización  en materia comercial, la suscripción de distintos tratados internacionales o acuerdo suscritos en organizaciones internacionales por parte de los países participantes, hace necesario tener al menos un catálogo de delitos que sea similar a nivel global para  perseguir la responsabilidad penal de las  personas jurídicas.

Por otra parte en lo que dice relacion a la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, las materias que debieran ser sancionadas administrativamente deben ser incumplimientos  no graves de la legislación,  las conductas u omisiones que dan origen a esta infracción  no deben reportar beneficio económica a la compañía ,  surgen del incumplimientos  normativo que actualmente  en las legislaciones  tienen aparejadas  como sanción,  ordenar  la corrección de la hecho que generó la infracción , capacitaciones  a los miembros de la compañía para no incurrir nuevamente  en dicha infracción,   el pago  de multas, el pago de indemnizaciones hasta cierto tope y la cancelación de la autorización para operar, entre otro tipo de sanciones similares. Estas sanciones se tramitan en procedimientos que se siguen ante un órgano de la administración del Estado que generalmente  es del cual deriva la normativa que se incumplió,  que es el que toma conocimiento de la infracción, fiscaliza, formula cargos , recibe los descargo y determina si se aplica la sanción  o no, también es posible que se judicialice .

Para que el legislador  al momento de generar la ley  pueda  determinar qué incumplimiento  legal es de carácter penal o administrativos es importante que en ambos caso se tome en consideración la gravedad del incumplimiento y qué efectos este incumplimiento genera, tanto como beneficio económico al que lo realiza como al que recibe finalmente el beneficio de esa infracción ,  como por otra parte que efectos genera  respecto a terceros y  la sociedad, en la multiplicidad de sub efectos tanto en lo económico, en lo ambiental, en la salud, en la competitividad en determinados rubros,  en la seguridad pública y aumento de la  delincuencia , en la adjudicación de contratos , etc.  todos escenarios tan variados pero ciertos como los antes mencionados .Considerando que los  efectos que provocan las infracciones a la normativa no necesariamente   todos  son inmediato ,sino  hay efectos que se manifiestan con el transcurso del tiempo.

Por supuesto considerar  al momento del análisis de la gravedad  para la tipificación en delito o infracción administrativa, la situación, ubicación  o posición que tiene  el sujeto o empresa que se beneficia con el incumplimiento en área que se desempeña y su influencia en esta ,  ya que no es lo mismo  ser una  empresa que  posee los recursos económicos para contratar estudios jurídicos que la asesoran respecto del cumplimiento de la normativa  o tiene su propia gerencial legal  y financiera y su propio   oficial de cumplimiento v/s una pyme.

Es importante que, a la hora de fijar responsabilidad a la persona jurídica, se tenga en cuenta cual fue la conducta desplegada por la misma y como impactó esta en los terceros que pudieron verse perjudicados (V.gr. fiscos nacionales, provinciales, daños sufridos por particulares, etc.).

Por otro lado, las sanciones administrativas son igualmente valiosas, ya que permiten abordar faltas de manera más ágil y con menos formalidades que las penales. Esto no significa que las sanciones administrativas sean menos graves; las multas pueden ser igualmente sustanciales y ajustadas según la gravedad de la falta. Además, ofrecen flexibilidad para implementar medidas correctivas, como la mejora de los programas de compliance, para atenuar las penas.

Desde mi punto de vista, un enfoque combinado es a menudo lo más conveniente, ya que proporciona mayor flexibilidad a las autoridades para determinar la mejor ruta de acción dependiendo de la naturaleza y la gravedad del delito. Este enfoque ofrece una cobertura más completa y permite una gestión más expedita del riesgo y la resolución de casos.

Considero que la responsabilidad de las personas jurídicas debe ser mixta, con sanciones que estén claramente tipificadas y acorde al incumplimiento o gravedad de la falta.   Lo anterior le daría robustez al sistema de Compliance para que las empresas, organizaciones lo tomen con los niveles de seriedad y compromiso que amerita.

• La gravedad de la falta.

• Perjuicio ocasionado al Estado y a la sociedad.

• Quién la comete (empleados, representantes legales, directivos, accionistas, proveedores, entre otros).

• Si genera un beneficio directo o indirecto a la compañía.

• Controles que la compañía tiene aplicados para evitar la conducta incorrecta.

La multa o sanciones a la empresa deberían ser vistas más bien como algo propio del derecho administrativo sancionador, cuya imposición requiera de la ejecutoria de la sentencia penal. Tal vez se podría explorar como a nivel procesal se pueda darle la atribución a alguna agencia del estado para la imposición de las sanciones empresariales, pero que para hacer esto se necesite de forma sine qua non de la sentencia ejecutoriada en vía penal en la cual se establezca la culpabilidad de las personas físicas miembros de la empresa y se demuestra el nexo causal entre las acciones y omisiones de estas y la materialización del delito en favor de la empresa.

En otras palabras, se establece la responsabilidad de las personas físicas en vía penal, pero se sanciona a la empresa en vía administrativa.

1. Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas:

   • Desde que se introdujo en el Código Penal la llamada responsabilidad penal de las personas jurídicas, ha surgido una cultura del compliance o cumplimiento normativo. Esto busca evitar que las empresas sean penalmente responsables por los delitos cometidos por sus miembros.

   • Las empresas debe llevar a cabo controles específicos para evitar la comisión de delitos por parte de personas físicas vinculadas a ellas. Si cumplen con estos controles, pueden librarse de responsabilidad penal.

   • La figura del compliance officer (o responsable de cumplimiento) se ha vuelto crucial. Este profesional supervisa el cumplimiento normativo y ayuda a prevenir infracciones.

     
     

     Desde mi perspectiva se deben cumplir con un mix de sanciones administrativas y penales para las empresas o personas jurídicas, esto con el fin de mantener un mayor control sobre cumplimiento normativo y apego a la legislaciòn respectiva.

     
     

     En ese sentido y buscando un equilibrio es importante tambièn que existan atenuantes en la ley para las empresas que logren demostrar un buen plan de compliance, un seguimiento adecuado y una debida diligencia al proceso

     
     

Bajo este panorama, las personas jurídicas en Latinoamérica, no pueden abstraerse del cambio social, político y legal en el que se desenvuelven, y en consecuencia, la adopción de sistemas de cumplimiento, que tomen en cuenta los riesgos asociados a cada una de las actividades desplegadas, se torna vital.

Sin embargo, para que el alcance de la norma surta los efectos deseados, definitivamente las sanciones, deben abarcar, tanto la sede administrativa como la penal; ya que, lamentablemente la idiosincrasia propia de la región, torna supremamente difícil, que solo por medio del convenimiento, se logren los ajustes y mejoras a corto plazo.

Un mix entre ambos tipos de consecuencias, permitiría un mayor alcance, y cumpliría con dos fines: en primera instancia, educar a la población sobre la importancia del compliance en todas las fases del desarrollo empresarial, y en segunda instancia, y lamentablemente, como medio claro y contundente de divulgación, sobre las consecuencias que un incumplimiento en la materia supone, ya que una legislación sin consecuencias, difícilmente va a dar solución al problema social que atiende.

Considero que debe ser desde la perspectiva de un modelo mixto, desde la perspectiva tanto penal como administrativa, aunque esto dependerá mucho del modelo de responsabilidades. Esto también se fundamenta en que en caso de delitos graves deben juzgarse según el país y su legislación, pero la responsabilidad administrativa de imponer sanciones o medidas a la organización en general que prevenga el delito o repetir el mismo es clave para cerrar el paso de comisión futura de delitos. La apertura a que las autoridades puedan perseguir las conductas ilegales según marcos de sanción objetivos e imparciales, es relevante, pero la responsabilidad penal en las personas jurídicas debe ser empujado como un mecanismo efectivo para combatir la corrupción y promover la transparencia en los ámbitos empresariales en un marco legal que sea a través de programas de compliance efectivos y realistas.

Considero que los sistemas judiciales deben de implementar un modelo híbrido entre la responsabilidad de carácter administrativo y penal; siendo para los efectos que deberán de contemplar los siguientes aspectos de importancia:

a.      Delito cometido.

b.      Daños causados.

c.      Si dicha empresa contaba con normativa interna que regulara y previera la ejecución de las actuaciones cometidas.

d.      Si la empresa velaba por el cumplimiento de dichas medidas mediante la aplicación de auditorías.

e.      La persona que comete dicho delito.

Se debe de tomar en consideración lo que estipule la normativa y leyes del país, para evaluar la gravedad de la falta o del delito, para la toma de decisión si establecerle una sanción administrativa o penal.

Estos más a favor de manejar una mezcla que según el tipo de falta o delito que se cometa será la tipificación que se le dé, ya sea penal o administrativa; partiendo desde esa idea, ya se puede determinar el tipo de sanción, siendo en materia administrativa por ejemplo en cuanto a la pena una multa dineraria; o bien, en materia penal la imposición de pena de prisión a los representantes o directivos responsables de cometer el delito. Tendrá mucho que ver también quien asumirá la sanción, puesto que si hubo una colaboración efectiva de algún representante o directivo, este será responsable de cumplir la sanción ya sea dineraria o de prisión; de igual manera pasaría en materia administrativa puesto que será responsable la persona jurídica o el representante o directivo, dependiendo el caso.

Siendo que si entidad comete un delito, debe procesarse mediante un proceso penal. Sin emabargo, no todas las acciones de una entidad van a ser consideradas como un delito. Por lo tanto, esas acciones que no encajan dentro un tipo penal (delito) pueden ser procesadas y sancionadas administrativamente.

De esta manera, podemos concluir que la severidad de la sanción (penal o administrativa) va a ser consecuencia de la severidad de la acción acusada.

Un programa de compliance robusto debe considerar temas relevantes en lo que se considere los criterios de los cuales se expone.

La elección entre responsabilidad penal, administrativa o mixta debe considerar factores como la naturaleza del delito, la cultura organizacional, y el marco legal vigente, buscando siempre fomentar la ética y el cumplimiento normativo dentro de las organizaciones.

Por ejemplo, piénsese en una empresa farmacéutica que produce medicamentos para uso humano, fielmente creemos que parte de la visión y misión de este sector es devolver la salud a las personas, prevenir problemas de salud o sus complicaciones o en su defecto de alguna manera traer alivio, mejoría o calidad de vida para las personas con algún padecimiento de salud.

En un caso hipotético, en donde la farmacéutica por medio de uno o varios funcionarios debido a la negligencia, falta de cuidado, o dolo, cause la muerte de una o varias personas por no haber cumplido con protocolos de excelencia para un medicamento para uso humano, apoyo la responsabilidad penal para la persona jurídica, es sumamente delicado desempeñar una labor tan importante sin tomar en cuenta las consecuencias que conlleva para los afectados directos: en este caso las muertes causadas, el autor del delito, y los indirectos como el gremio y la empresa, en evidencia es vital que se establezca la responsabilidad penal, para sentar precedentes a nivel mundial, para que por medio del Derecho se restablezca la paz social, se mantenga y se respete. La teoría finalista, justamente apunta a la finalidad del acto sin importar si el individuo tenía una intención o no, lo que cuenta es el fin de la conducta del sujeto al momento de actuar, el daño causado producto de la acción u omisión.

Por otro lado, la responsabilidad administrativa, la encuentro aplicable a ilícitos menos graves, pero no menos importantes, como por ejemplo no cumplir con un procedimiento organizacional, gobernanza o de calidad en productos que puedan fabricarse como defectuosos sin causar mayor daño, publicidad engañosa por ejemplo.

La responsabilidad penal de las personas naturales es diferente de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. La responsabilidad administrativa de las personas jurídicas no se ve afectada por las causas que extinguen la acción penal contra la persona natural.

En el otro caso, cuando se apoya la responsabilidad administrativa de la persona jurídica se considera como beneficio que es más flexible y por ende más efectiva para regular el comportamiento corporativo ya que permite sanciones económicas (multas) o restricciones o suspensiones de caracter operativo. Así mismo, quienes se oponen a este sistema argumentan que el regulado lo percibe como menos seria o drástica que la responsabilidad penal y en consecuencia no desanima a las compañías al incumplimiento.

En mi opinión, se debería adoptar un enfoque mixto o híbrido que acoja elementos de responsabilidad administrativa y penal por las siguientes razones:flexibilidad y proporcionalidad (la respuesta legal se adapta según la naturaleza y gravedad de la infracción y otorga un matiz de sanciones que deben ajustarse al caso concreto) modernización legal (mostrando una evolución del derecho para reconocer que las entidades puedan ser imputadas por la comisión de ciertos delitos y que a su vez se mantengan mecanismos administrativos para sancionar infracciones que revistan menor gravedad o afectación) y finalmente, la eficacia (ya que desalienta y atemoriza el incumplimiento corporativo ante la imposición de sanciones económicas.

María Inés Castillo

Panamá

En jurisdicciones que recién están empezando a regular la materia de compliance, considero que se debe apuntar a un modelo mixto.

Las sanciones administrativas serán las catalizadoras para reforzar el cumplimiento de estándares básicos, tal como lo es el mero hecho de contar con un Manual de Cumplimiento BC/FT/FPADM adecuado al sector de negocios. Eso sí, es necesario que las sanciones sean ejemplares para poder sentar precedentes.

La esfera penal será de gran utilidad, pero ello conllevará un análisis y transformación de orden legislativo a fin de poder tipificar los delitos y que los mismos abarquen a personas jurídicas. Una vez alcanzado este punto, se podrá tener las garantías necesarias para un debido proceso en el cual un juez analice y determine los grados de culpabilidad y con estudio en el iter criminis.

Responsabildiad Mixta

La responsabilidad de las personas jurídicas debe achacarse penal y administrativamente también. Penal en cuanto las conductas hayan sido tipificadas como delitos debido al daño ocasionado al bien jurídico protegido por la ley. Y administrativa, tratándose de las conductas que suponen una falta al ordenamiento jurídico de la Administración Pública. Opino que las sanciones penales no deben subsumir a las sanciones administrativas, sino que deben realizarse ambos procesos de comprobación y aplicarse ambas sanciones si se comprobaron los hechos imputados. Al sancionar las conductas ilícitas de las personas jurídicas, se deben aplicar tanto las sanciones penales correspondientes al delito como las sanciones administrativas por la comisión de la falta.

Y a su vez, se deberían implementar las reformas necesarias en las leyes y normas, con la finalidad de contemplar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, debido a que en su mayoría solamente se encuentran reguladas sanciones administrativas, y el tener reguladas diversas penas, promovería que las personas jurídicas implementen todo tipo de metodologías y políticas que les permitan regular las acciones de su personal, de terceros y cualquier persona vinculada con estas organizaciones.

Una responsabilidad penal aplica siempre y cuando se perfeccione un delito tipificado en la normativa penal de cada jurisdicción y sea declarado por la autoridad judicial competente.

Una responsabilidad administrativa, para aquellos actos que no estén contemplados como delitos penales, pero que definitivamente generan un beneficio indebido.

Con esto definitivamente al conocer la responsabilidad penal de las empresas creo que se consideraría un potencial delito, también que dichos procesos pueden terminar con la vida y reputación de las empresas.

• Graduar las sanciones: Aplicar sanciones proporcionadas a la gravedad de la infracción.

• Disuadir conductas ilícitas: Combinar sanciones penales y administrativas para generar un mayor efecto disuasorio.

• Promover la prevención: Incentivar a las empresas a implementar programas de compliance efectivos.

Sin embargo, es fundamental que un sistema mixto se diseñe con cuidado, evitando duplicidades y garantizando la proporcionalidad de las sanciones. Además, es necesario establecer criterios claros para determinar cuándo se aplica una sanción penal y cuándo una sanción administrativa.

En conclusión, la elección del régimen de responsabilidad de la persona jurídica debe ser analizada caso por caso, teniendo en cuenta las particularidades de cada sistema jurídico y las características de la economía y la sociedad en cuestión.

Por un lado, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es clave para sancionar actos graves como la corrupción, financiamiento del terrorismo y lavado de activos, mientras que la responsabilidad del tipo administrativo, permite la imposición de sanciones ante escenarios "menos graves", o cuando se busca una respuesta más proporcional. Enfin, un enfoque mixto contempla las fortalezas de ambas vías, lo cual ofrece una respuesta justa, proporcional y efectiva frente a los riesgos presentados.

Esto permitirá consolidar que adicional a las personas físicas las personas jurídicas deben responder por los actos de corrupcion que se desarrollen en el ejercicio de su objeto social o en nombre de ésta para su operacion en el sector y país donde opere. Es la forma de generar percepción de riesgo y disminuir las pretensiones de adelantar acciones corruptas, es decir, prevenir acciones no eticas tanto por sus organos colectivos como de sus administradores.

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Así mismo, esta modalidad de mezclar lo penal y administrativo permitiría abordar de manera integral y completa todas las dimensiones de las actividades y conductas ilícitas que cometieron las personas.

Sin embargo, se debe tener cuidado que la persona jurídica no sea sancionada dos veces por el mismo delito.

Una persona jurídica puede ser responsable de actos como fraude, corrupción, entre otros; lo que puede resultar en sanciones como: pena a la empresa, prohibición de operar, disolución o multas. En muchos países, esto se considera una responsabilidad penal que debe asumir la persona jurídica.

Por otro lado, la responsabilidad administrativa surge por el incumplimiento de normativas y regulaciones.  Tanto así que, pueden imponerse multas o medidas correctivas por parte de una autoridad administrativa.

Todo esto dependerá de las leyes aplicables en cada país y de las circunstancias del caso en particular.

La responsabilidad penal surge de la comisión del hecho ilícito (fraude, cohecho, corrupción, financiamiento de terrorismo); mientras que la responsabilidad administrativa surge del incumplimiento de una norma y la necesidad de reparar los daños derivados de este incumplimiento.

Por ejemplo si se trata de malversación de fondos, sobornos entre otros puede existir una responsabilidad administrativa cuando el delito fue cometido por un persona física relacionada con la organización y que se castigue con multas. En cambio cuando un delito tenga que ver con delitos como por ejemplo homicidio por negligencia, financiación de actividades del terrorismo, trafico de personas, crímenes ambientales en donde con todo el dolo o debido a la falta de una debida diligencia afectan a la sociedad.

Es mi consideración que la responsabilidad debe ser un mix de lo penal con lo administrativo, aunque por supuesto que esto dependerá de lo implementado en los países.

De esta manera se da más flexibilidad en la imposición de las sanciones ya que estas pueden ser de índole administrativa y/o penales dependiendo de la gravedad de estas.

Desde mi perspectiva, considero que si es necesario la aplicación de ambas sanciones a las empresas, ello derivado de que las conductas como se han ido analizando que cometen las personas físicas llámense directivos o equivalente, son exactamente a las tipificadas como delitos y lesionan bienes jurídicos protegidos y por el lado administrativo de igual forma se señala que las multas son fundamentales su imposición por que afectan económicamente  a la empresa, ya que analizando el aspecto desde el punto de vista monetario se ven más afectados porque lesionan sus intereses al tener el sentido de que las empresas se hicieron para tener ingresos económicos que al ser acreedoras a sanciones administrativas como la multa o el decomiso se ven mermadas, lo que ocasionara tener como fin que eviten incurrir en responsabilidades.  

Considero la aplicación de sanciones debe ser mixta, esto brinda mayor flexibilidad y amplitud para que el regulador tenga mas herramientas de disuación para con el regulado, de esta forma dependiendo de la falta se atribulla/imponga la sanción equivalente a la falta.  Considero que si las sanciones son únicamente penales las sanciones serían mayoritariamente para faltas severas y viceversa con las sanciones administrativas.

Considero que debe ser mixta, ya que si la persona jurídica a través de su representante legal incurre en algún delito deberá atenderlo penalmente o bien, si transgrede una norma administrativa deberán considerar la penalización correspondiente.  La responsabilidad de la persona jurídica está relacionada al incumplimiento que cometa y así deberá ser sancionada.

En donde las sanciones penales, como multas elevadas y la posible disolución de la empresa, tienen un fuerte poder disuasorio, en donde su aplicación requiere un proceso judicial complejo y puede no ser siempre la solución más eficiente.

Se debe de implementar disminuciones de las penas cuando se aplican acciones efectivas de cumplimiento que generen mitigación en el proceso.

Las sanciones administrativas, como multas, inhabilitaciones y la obligación de implementar programas de cumplimiento permiten una respuesta más ágil y adaptada a la naturaleza de la infracción.

La combinación de ambas permite aplicar sanciones proporcionales a la gravedad de la conducta, maximizando el impacto preventivo y correctivo.

El derecho penal se centra en la sanción de conductas delictivas, mientras que el derecho administrativo busca prevenir y corregir infracciones, por lo cual, un enfoque mixto permite, castigar las conductas más graves y, por otro, promover una cultura de cumplimiento y prevenir futuras infracciones.

Esto es especialmente relevante en el ámbito del Compliance, donde el objetivo principal es fomentar la ética y la transparencia en la conducta empresarial.

Las personas jurídicas son entidades complejas con estructuras y procesos diversos, un enfoque mixto permite adaptar la respuesta sancionadora a la naturaleza y el tamaño de la organización, así como a la gravedad de la infracción.

La combinación de responsabilidad penal y administrativa incentiva a las empresas a implementar programas de Compliance efectivos, el temor a sanciones penales severas motiva a las empresas a prevenir la comisión de delitos, mientras que las sanciones administrativas las impulsan a corregir deficiencias en sus sistemas de control interno.

Esta combinación crea un entorno normativo que favorece la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo y la prevención de riesgos.

La combinación entre lo penal y lo administrativo ayuda a tipificar el delitos como por ejemplo; la corrupción, el lavado de activos entre otros.

La responsabilidad penal envía un mensaje contundente sobre la gravedad de ciertos delitos y tiene un mayor poder disuasorio, especialmente en casos de corrupción grave, lavado de activos o delitos que causan un daño social significativo. Las sanciones penales, como multas elevadas, inhabilitaciones o incluso la disolución de la empresa, pueden generar un impacto significativo y promover una cultura de cumplimiento.

Por otro lado, la responsabilidad administrativa permite una respuesta más ágil y flexible ante infracciones menos graves o que requieren una intervención más rápida por parte del Estado. Las sanciones administrativas, como multas, inhabilitaciones temporales o la revocación de licencias, pueden ser efectivas para corregir conductas irregulares y garantizar el cumplimiento de las regulaciones sectoriales.

Un enfoque mixto permite utilizar las herramientas más adecuadas para cada tipo de infracción, combinando la severidad de la respuesta penal con la agilidad de la vía administrativa.

En mi opinión, la inclusión de la sanción penal a la persona jurídica tiene un efecto disuasorio poderoso frente a la prevención de delitos, sin perjuicio de que, a la par se puedan imponer sanciones administrativas, dependiendo de la gravedad de los actos violatorios del compliance, como son corrupción, lavado de activos, etc. realizados por las personas jurídicas.  Es por esto, que la versatilidad del sistema híbrido, puede ser interesante, ya que por un lado permite imponer, con mayor agilidad, sanciones administrativas por la comisión de infracciones menores; mientras que, si se desea evitar la comisión de delitos graves, las sanciones penales para las personas jurídicas infractoras tendrán un efecto disuasorio, más contundente.

Desde el punto de vista penal, este enfoque es necesario para los delitos más graves, como corrupción, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. La posibilidad de aplicar sanciones severas, como la disolución de la empresa o la intervención judicial, genera un mayor efecto disuasorio y refuerza el compromiso empresarial con la legalidad. Sin embargo, los procesos penales pueden ser largos y afectar a empleados y accionistas que no participaron en el delito.

Por otro lado, la responsabilidad administrativa permite una aplicación más ágil de sanciones, como multas, prohibiciones para contratar con el Estado y acuerdos de colaboración con las autoridades. Este enfoque es útil para infracciones menos graves y fomenta la prevención mediante incentivos a las empresas que implementan programas de cumplimiento efectivos. No obstante, si las sanciones administrativas son muy leves, pueden volverse un simple "costo de hacer negocios" en lugar de un verdadero castigo.

Un sistema mixto, que combine ambos enfoques, sería el más adecuado. En este modelo, los delitos graves se sancionan penalmente, mientras que las infracciones menores recibirán sanciones administrativas. Además, se podría establecer un sistema de atenuantes para aquellas empresas que demuestren un compromiso real con el cumplimiento normativo.

Un ejemplo de este enfoque se encuentra en España con la Ley Orgánica 1/2015, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero permite reducir sanciones si la empresa cuenta con programas de compliance efectivos. En América Latina, países como Brasil y Chile han implementado modelos similares, combinando sanciones administrativas con la posibilidad de intervención judicial en casos más graves.

En conclusión, la mejor opción es un sistema mixto, donde las empresas puedan ser penalmente responsables por delitos graves, pero también enfrenten sanciones administrativas para infracciones menores. Esto permitiría un equilibrio entre la prevención, la disuasión y la aplicación eficiente de la justicia.

Sí, creo que el compliance llegó para quedarse, ya que representa un componente esencial en la sostenibilidad y legitimidad de las organizaciones modernas. En un entorno global cada vez más regulado y exigente, el cumplimiento normativo no solo protege a las empresas de riesgos legales, sanciones y pérdidas reputacionales, sino que también fortalece la confianza de los grupos de interés, incluyendo inversionistas, consumidores y autoridades. Además, el compliance ha evolucionado más allá de lo legal, incorporando principios éticos, criterios ambientales, sociales y de gobernanza, y herramientas tecnológicas que permiten una supervisión efectiva y transparente. Lejos de ser una moda, es ya un estándar de gestión imprescindible para operar con integridad en mercados globales y complejos.

Cada país debe implementar regulaciones más severas sobre las personas jurídicas tanto penales como administrativas (mixtas) para que tomen en serio de la gravedad de incurrir o permitir la ocurrencia de los delitos de corrupción o precedentes de BC_FT_FPADM. Sin las existencia de leyes rígidas y de sanciones severas (penales y administrativas) no se permite que las personas jurídicas se interesen en conocer y cumplir las normativas en materia de Compliance.

No obstante, es fundamental evitar que una misma infracción genere sanciones duplicadas para la entidad.

En primer lugar, para responsabilizar a una persona jurídica, debe existir una investigación penal para los delitos tipificados en el Código Penal.

En el caso particular de Panamá se ha visto como organizaciones han sido objeto de investigación penal con diligencias de allanamiento, peritajes forenses, entre otras diligencias judiciales, las cuales han sido utilizadas para cometer delitos de corrupción, sobornos, fraudes, lavado de dinero, delitos ambientales, etcétera. Por ende, resulta necesario que estos actos tengan consecuencias penales y deben ser juzgados por entidades judiciales.

Por otro lado, existen otros actos que no llegan a tipificarse penalmente, como fallas en los controles internos, negligencia en la gestión de riesgos o inacción ante señales de algún riesgo o también cuando es evidente la cooperación de la organización ante una investigación penal.

En esos casos, sancionar a las personas jurídicas por la vía administrativa es más eficiente, permitiendo aplicar multas, suspensiones o restricciones operativas, sin necesidad de una causa penal.

Desde la perspectiva de la teoría del delito, la figura de la “culpabilidad” no es clara porque una persona jurídica no tiene conciencia ni voluntad para cometer el ilícito. Sin embargo, puede construirse responsabilidad penal objetiva cuando se comprueba que existía una estructura organizativa deficiente o cuando se compruebe que los directivos tenían conocimiento pleno de estas prácticas ilícitas.

En conclusión, el modelo mixto permite más proporcionalidad y eficiencia. La vía penal se aplica cuando el hecho es grave y justifica una sanción judicial, mientras que la vía administrativa se usa para fomentar el cumplimiento, corregir fallos y prevenir la reincidencia. Ambos caminos se complementan y refuerzan mutuamente.

¿Por qué? Porque una empresa sí puede crear un entorno donde se cometan delitos (por acción o por omisión), y no debería quedar impune solo porque “no tiene conciencia”. Aunque no se le pueda aplicar la culpabilidad como a una persona física, sí se le puede exigir responsabilidad por fallas graves de organización, cultura interna o falta de controles.

Lo penal entra cuando hay hechos graves y la empresa se beneficia o no hizo nada por evitarlo (ej. corrupción, lavado, fraude). Pero también se necesita lo administrativo, para casos donde no hay delito como tal, pero sí incumplimientos que deben corregirse o sancionarse.

En resumen:

• Lo penal para lo grave y con impacto social.

• Lo administrativo para controlar, corregir y prevenir.

• Y el compliance como escudo (si está bien hecho, claro).

Así ninguna empresa se esconde detrás del “ente ideal” y tampoco se cae en abusos sancionatorios sin base legal solida

desde mi perspectiva, si bien se dice que una persona jurídica no tiene noción de culpabilidad, en el derecho moderno, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a reconocido que las personas jurídicas son susceptibles de reconocimiento de derechos y obligaciones, ya que constituyen un medio o "instrumento" para la comisión de determinada actuación, en ese sentido, una empresa utilizada para la comisión de una conducta ilícita es identificable penalmente, por ser esa herramienta para evadir responsabilidades, en Panamá en el Código Penal, específicamente en el artículo 91 se trazan esas aristas y situaciones en las que se identifica como una persona jurídica es utilizada para la comisión de un delito.

Este enfoque también promueve una cultura de cumplimiento en las empresas, sin criminalizarlas innecesariamente.

Si la responsabilidad fuera sólo penal, se puede entrar en conflicto con principios del derecho penal clásico, como el de culpabilidad personal o peor aún, se puede generar estigmatización innecesaria y consecuencias graves (como la quiebra) sin reparar realmente el daño social.

Y si es solo administrativa, se corre el riesgo de parecer menos severa, que a veces es percibida como una sanción sólo de pago, sin consecuencias profundas.

Por el contrario el modelo mixto de penal y administrativo, equilibra la necesidad de castigar con la de prevenir y corregir. A la vez, permite una respuesta proporcional penal en casos graves y administrativa en casos menos lesivos. Y finalmente, fomenta la implementación de Programas de Integridad o Compliance efectivos.

La complejidad de las estructuras corporativas que, si bien no son personas físicas, actúan a través de ellas, plantea desafíos significativos en el ámbito de la responsabilidad legal. Un modelo exclusivamente penal puede resultar limitado si no se adapta a la dinámica y funcionamiento real de las personas jurídicas. En este sentido, un enfoque mixto es la opción más adecuada, ya que permite sancionar tanto delitos penales graves, como el cohecho, el fraude, el crimen organizado, la corrupción o el lavado de activos; así como faltas administrativas relevantes, tales como infracciones regulatorias, vulneraciones a la normativa de protección de datos personales, derechos del consumidor o incumplimientos de las normas laborales.

En conclusión, un modelo exclusivamente penal puede ser lento y limitado. Uno solo administrativo puede ser insuficiente frente a delitos graves. Un modelo mixto ofrece un equilibrio eficaz entre prevención, sanción y reparación, adaptado a la realidad del funcionamiento empresarial actual.

Desde esta perspectiva, el modelo mixto permite articular una respuesta diferenciada y equilibrada. La vía penal debe reservarse para aquellos supuestos en los que se constate una conducta particularmente grave, que genere un beneficio directo para la empresa y refleje una clara tolerancia institucional frente al ilícito. En estos casos, las sanciones aplicables pueden incluir multas penales, inhabilitación para contratar con el Estado, intervención judicial e incluso la disolución de la persona jurídica, siempre garantizando el pleno respeto a las garantías propias del proceso penal.

Por otro lado, cuando se trate de infracciones de menor entidad o de carácter no doloso, como el incumplimiento de deberes normativos, omisiones en los mecanismos de control interno o deficiencias administrativas, lo más adecuado es la aplicación del Derecho Administrativo Sancionador. Esta vía ofrece respuestas menos gravosas pero igualmente eficaces, permitiendo corregir la conducta sin recurrir a la estigmatización penal, todo ello sin perder de vista el principio de proporcionalidad como límite sustantivo y metodológico.

En conclusión, un modelo mixto bien diseñado y sustentado en una aplicación rigurosa del principio de proporcionalidad representa una solución jurídicamente sólida frente a las particularidades de la responsabilidad empresarial en el contexto contemporáneo. No se trata de una superposición de regímenes sancionadores, sino de una estructura complementaria y coherente, capaz de abordar con eficacia los distintos niveles de imputación a las personas jurídicas, sin desatender los valores fundamentales del Estado de Derecho.

 José Francisco Cardona Bueso

Honduras

¿Por qué no optar solo por un modelo penal o administrativo?

• Solo penal: limita la capacidad del Estado para sancionar conductas graves que no alcanzan el umbral del delito.

• Solo administrativa: puede carecer de fuerza disuasoria suficiente frente a delitos graves y no permite aplicar penas proporcionales como la disolución.

¿Cuáles son los beneficios estratégicos?

Proteger el interés público.

Fomentar una cultura organizacional de cumplimiento.

Garantizar proporcionalidad y efectividad en las sanciones.

El sistema mixto permite que, ante delitos, sea un juez penal quien determine las responsabilidades y sancione, pero que también existan vías administrativas para castigar incumplimientos menos graves o aspectos preventivos. De esta forma, se asegura que las empresas cumplan con sus deberes de control y contribuyan a prevenir la criminalidad.

Aquí en Costa Rica ya dimos un paso con la Ley 9699, que permite castigar penalmente a una empresa si se ve involucrada en delitos como cohecho o soborno transnacional. O sea, no solo se castiga al funcionario, sino también la empresa si no actuó con la debida diligencia o se benefició.

Y además de eso, existen medidas administrativas, como sacarla de contrataciones públicas o hasta cerrarla, si se trata de una falta de carácter grave. Entonces, tener las dos opciones le da al Estado más campo para actuar y a las empresas las pone a pensar dos veces antes de hacerse las locas. Así que sí, para mí, lo mixto es lo más justo y lo más completo.

En mi opinion la responsabilidad mixta es la que mejor se adapta al objetivo de prevenir la corrupcion el fraude y demas actividades delictivas conexas, pues no solo se centra en sanciones administrativas, sino que al plantear una responsabilidad penal a la persona juridica y a sus representantes por los actos cometidos, se desalienta hasta cierto punto la comision de hechos punibles.

Desde el punto de vista teórico, es cierto que resulta complejo —incluso polémico— atribuir culpabilidad penal a un ente que no posee conciencia ni voluntad como lo haría una persona natural. La teoría clásica del derecho penal exige dolo o culpa, elementos que no encajan fácilmente en una estructura organizacional, que actúa a través de personas físicas. Por esta razón, algunos sistemas optaron inicialmente por un modelo puramente administrativo, que evita forzar los principios penales clásicos.

Sin embargo, la realidad ha demostrado que la persona jurídica puede ser un vehículo eficaz para la comisión de delitos graves, y que en muchos casos, su diseño institucional —falta de controles, cultura permisiva, incentivos perversos— contribuye directamente a la materialización del ilícito. Ante esto, muchos países han adoptado un enfoque mixto o “cuasipenal”, que permite sancionar a la organización sin necesariamente aplicar los mismos criterios subjetivos que rigen para las personas naturales, pero manteniendo garantías mínimas.

En mi opinión, el modelo más razonable para Latinoamérica es precisamente este enfoque mixto, en el que:

• La persona jurídica pueda ser sancionada penalmente, con un régimen específico adaptado a su naturaleza (por ejemplo, responsabilidad por defecto de organización).

• Existan alternativas administrativas efectivas, que permitan actuar de forma ágil ante infracciones menos graves o cuando no se justifique una intervención penal.

• Se priorice la prevención, incentivando Programas de Integridad como mecanismo de exoneración o atenuación de responsabilidad.

Este modelo reconoce las limitaciones teóricas, pero también responde a las exigencias prácticas de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y otros delitos económicos modernos, que no siempre se pueden enfrentar eficazmente desde el derecho penal clásico.

Lo ideal es un sistema mixto, penal/administrativo, que permita sancionar eficazmente sin romper con principios fundamentales del derecho.

Un modelo “mixto” combinando responsabilidad administrativa y penal, ya sea cuando hay cuando hay delitos graves y fallas estructurales y también para faltas menores o técnicas, se asoma como la solución más balanceada ya que puede sancionar sin forzar, pero sin perder el poder de la disuasión. Considero que un modelo mixto es el más equilibrado ya que reconoce lo complejo de las organizaciones, permite sancionar dentro las leyes y las normas, y fomenta la prevención incentivando a las empresas a implementar programas de cumplimiento.

Porque si bien es cierto que las organizaciones no tienen conciencia ni voluntad como las personas naturales, sí pueden actuar mediante sus órganos, representantes o estructuras internas, generando daños graves a bienes jurídicos protegidos, como la administración pública.

El Derecho Penal debería aplicarse en los casos más graves, como corrupción, lavado de dinero o delitos económicos complejos, siempre que se garantice el debido proceso y se definan claramente los criterios de imputación penal a la persona jurídica.

El Derecho Administrativo Sancionador, por su parte, resulta útil y ágil para sancionar incumplimientos menos graves o regulatorios, sin necesidad de probar “culpabilidad” en el sentido estricto, pero sí una omisión o falta de diligencia razonable.

No se trata de elegir entre penal o administrativo, sino de diseñar un sistema coherente, proporcional y funcional, donde ambos tipos de responsabilidad se complementen y permitan una respuesta eficaz frente a las infracciones cometidas en el marco de una organización.

1. juzgado Penal, determina la comisión del delito y sanciona según las normas penales.

2. Entidad administrativa, estudia mediante libros contables, auditorias y estados financieros, para sancionar mediante multa según lo que corresponda.

Sin embargo, también considero útil un enfoque mixto en ciertos casos. Por ejemplo, cuando las conductas de sus representantes o directivos causan daños graves, la sanción administrativa puede complementarse con responsabilidad penal individual, dejando que el juzgado actúe sobre las personas físicas involucradas mientras la empresa enfrenta multas, medidas correctivas o supervisión. Este esquema protege el principio de culpabilidad, asegura la prevención de riesgos y permite que las empresas adopten programas de cumplimiento (compliance) sin ser penalizadas de manera automática por delitos cometidos por individuos aislados.

Responsabilidad Penal

• ¿Qué es?
  Se trata de sanciones penales impuestas a una empresa cuando sus representantes o trabajadores cometen delitos en su nombre.

• Requisitos:
  El delito debe ser cometido por personas vinculadas a la empresa, generar un beneficio para ella o reflejar defectos en su organización.

• Objetivo:
  Promover la resocialización de la empresa y evitar que se repitan estas conductas.

Responsabilidad Administrativa

• ¿Qué es?
  Sanciones por incumplir normas o reglamentos, sin que necesariamente sean delitos graves.

• Base:
  Se basa en acciones u omisiones que violan regulaciones administrativas, pero no implican faltas penales.

Sistema Mixto

• ¿Por qué es necesario?
  Este enfoque permite sancionar desde infracciones menores hasta delitos graves.

• Consecuencias:
  Las medidas pueden incluir multas, reparación de daños o incluso la inhabilitación para ciertas actividades, dependiendo de la gravedad de la falta.

Aspectos clave

• Falla Organizacional:
  En países como Panamá, es necesario demostrar que el delito refleja un defecto en la organización de la empresa o que esta fue creada con fines ilícitos.

Responsabilidad de Gestores:
Aunque los gestores y trabajadores pueden ser responsables directos, no son la única vía para atribuir culpa a la empresa.

Se está evolucionando tanto en la parte legal como tecnológica lo que conlleva a mayor efectividad en los procesos de cumplimiento como condición estratégica estado actual de la normativa y las reformas recientes.

Sin embargo, esto puede depender de cuales son los fines perseguidos por el sistema juridico e inclusive de la capacidad institucional. Importante destacar a mi parecer este modelo mixto evitaria la impunidad cuando no hay una condena penal individual, pero si hay fallas en la organización.

Y lo penal por su puesto para delitos que atentan contra los recursos publicos

¿Por qué la responsabilidad penal es fundamental? 

• Cumplimiento de la ley: 

Permite que la persona jurídica sea sancionada por sus propias acciones u omisiones, y no solo por las de sus miembros, mediante un modelo de auto-responsabilidad.

• Prevención: 

Fomenta una cultura de cumplimiento dentro de las organizaciones, previniendo que se comentan delitos.

¿Cuándo puede ser mixta?

• Responsabilidad administrativa: 

Una persona jurídica puede ser sancionada administrativamente por infracciones, pero esto no exime de su responsabilidad penal. 

• Responsabilidad civil: 

La empresa también puede ser responsable de forma civil por los daños que puedan causar sus miembros, como ocurrió en el sistema español hasta el Código Penal de 1995. 

Ejemplos en la legislación:

• En el caso de Ecuador, el artículo 49 del COIP establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

• Las reformas al Código Penal español de 2010 incluyeron la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos cometidos en su beneficio, lo que permitió sancionar a empresas por irregularidades organizadas de sus miembros. 

Mi visión para los próximos 5 a 10 años es que veremos una convergencia de tres grandes tendencias. Primero, la tecnología (RegTech) transformará la función, pasando de procesos manuales a un monitoreo proactivo y en tiempo real mediante inteligencia artificial y análisis de datos. Segundo, el universo de riesgos se expandirá decididamente más allá de la corrupción y el lavado de activos, abarcando de forma central la ciberseguridad, la protección de datos y la sostenibilidad.

Finalmente, y como resultado de lo anterior, el compliance dejará de ser percibido como un centro de costo para consolidarse como un generador de valor. Una cultura de integridad robusta es una ventaja competitiva que genera confianza, atrae capital y protege el activo más importante de cualquier empresa: su reputación. El Oficial de Cumplimiento del futuro es, sin duda, un asesor estratégico clave en la mesa de decisiones.

Además, si se aplica solo lo administrativo, muchas veces las sanciones no llegan a generar un cambio real en la conducta de la empresa. En cambio, cuando hay riesgo penal como inhabilitación, disolución o pérdida de contratos con el Estado las empresas se ven obligadas a tomarse en serio sus políticas de cumplimiento.

Eso sí, hay que aplicar esa responsabilidad con criterio. No se trata de castigar por castigar, sino de hacerlo cuando realmente hubo falta de control o beneficio directo de la empresa en el delito.

Una perspectiva es que la responsabilidad debe ser administrativa o mixta. Esto se justifica en la dificultad de aplicar principios del derecho penal tradicional, como la culpabilidad (dado que una empresa no puede tener "intención" de la misma forma que una persona física), a una persona jurídica. En este enfoque, las sanciones suelen ser de tipo pecuniario (multas) o de inhabilitación.

No obstante, la naturaleza penal de la responsabilidad corporativa cobra relevancia cuando se trata de delitos graves como el cohecho transnacional, el lavado de activos o la financiación del terrorismo. En estos casos, la aplicación de un sistema penal busca un mayor nivel de disuasión y justicia, incluso si las consecuencias terminan recayendo en la persona física que actuó en nombre de la empresa. La característica penal o administrativa de la sanción, entonces, no es una simple elección, sino que está directamente relacionada con la gravedad del ilícito cometido y el marco normativo específico del país.

En conclusión, la clasificación de la responsabilidad de la persona jurídica es crucial para el diseño efectivo del sistema de compliance, ya que las empresas y sus compliance officers necesitan saber bajo qué reglas y con qué consecuencias están operando.

Optar únicamente por un modelo administrativo tiene la ventaja de una tramitación más ágil y con menos garantías procesales que pueden ralentizar las decisiones judiciales. Sin embargo, este esquema suele ser percibido como insuficiente, ya que las sanciones administrativas no siempre transmiten la gravedad social de delitos como la corrupción, el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo.

Por otro lado, un modelo exclusivamente penal puede dotar de mayor fuerza simbólica y preventiva al sistema, ya que reconoce que las empresas pueden cometer delitos que afectan gravemente a la sociedad. No obstante, también presenta dificultades prácticas: el derecho penal está diseñado históricamente para individuos, y trasladarlo a entes colectivos genera debates sobre culpabilidad, dolo o nexo causal.

La solución más equilibrada es un modelo mixto, en el cual las personas jurídicas respondan penalmente por delitos de alta lesividad social, pero también estén sujetas a sanciones administrativas que permitan actuar de forma más rápida y proporcional frente a infracciones menos graves. Este esquema ya ha sido adoptado en varios países, pues refuerza tanto la prevención como la efectividad de la sanción, sin perder de vista la seguridad jurídica.

En conclusión, la combinación de responsabilidad penal y administrativa otorga mayor coherencia al sistema, protege de manera más eficaz los bienes jurídicos colectivos y envía un mensaje claro a las organizaciones: la integridad corporativa no es opcional, sino un deber exigible desde diferentes frentes.

1. La realidad delictiva corporativa exige una respuesta eficaz, debido a que las organizaciones puede cometer delitos complejos mediante estructuras jerárquicas y procesos corporativos organizados. Estas estructuras, si bien impersonales, facilitan delitos que no podrían ser cometidos por individuos aislados. Limitar la sanción únicamente a personas naturales deja vacíos de impunidad, especialmente cuando el beneficio es directo para la organización y no hay un autor claramente identificable.

2. El derecho penal moderno ya acepta la responsabilidad peral empresarial, aun cuando las personas jurídicas no tienen culpabilidad en sentido estricto al no tener conciencia ni voluntad, el derecho penal ha evolucionado con conceptos como: culpa organizacional, defecto estructural y deficiencia de control interno.

   Esto permite asignar la responsabilidad penal autónoma a la persona jurídica si esta no implementó programas de cumplimiento eficaces, o si tolera una cultura delictiva dentro de su estructura.

3. La vía administrativa por si sola es insuficiente. Las sanciones administrativas (multas, cancelación de permisos, etc.) son útiles pero tienen limitaciones importantes: no generan reproche moral ni simbólico equivalente al delito; pueden ser percibidas como un costo del giro del negocio especialmente en grandes corporaciones y no permiten medidas cautelares penales como intervenciones judiciales o disolución forzosa.

4. Un modelo mixto permite aplicar sanciones penales severas cuando la organización ha sido el vehículo directo del delito y aplicar sanciones administrativas cuando se trata de infracciones por omisión de deberes de control o prevención. Además el modelo mixto fortalece los programas de compliance, al permitir que su adopción e implementación efectiva sea una causa eximente o atenuante.

   
   

   Conclusión:

   
   

   La responsabilidad de las personas jurídicas no debe limitarse exclusivamente al ámbito penal ni al administrativo. Un modelo mixto que combine ambos enfoques, respeta los principios del derecho penal moderno, cierra las brechas de impunidad, incentiva el desarrollo de modelos de cumplimiento efectivos y fortalece la cultura ética empresarial.

   Por lo tanto, la mejor opción es un modelo mixto penal-administrativo, que permita responder adecuadamente a las diferentes formas de responsabilidad corporativa, protegiendo así tanto la legalidad como el interés público.

La responsabilidad de estas personas juridicas debe ser implementada para amabass funciones tanto penales como administrativas, para gener major eficiencia y cumplir siempre con los marcos regulatorios. Mientras se conoce lo penal, es importante saber mitigar el riesgo principalmente para no contrinuir con ninguna practica donde se aplica penas o sanciones, al igual que administrativo donde se convierta en un factor de practica y rol del cumplimiento

En tal sentido limitar a un tipo de sanción conllevaría a que las personas jurídicas opten por justificar sus actos ilícitos, generando brechas de impunidad.

Los incumplimientos o delitos que comentan las personas jurídicas deben ser sancionados con un principio de proporcionalidad.

Los incumplimientos administrativos deberán ser atendidos por la autoridad competente, así como los delitos tipificados como penales.

En el contexto del compliance, la responsabilidad de la persona jurídica puede ser penal  administrativa  o ambas, siendo una combinación de ambas la más adecuada para cubrir todos los escenarios posibles

Entendiendo que  la responsabilidad penal surge cuando un delito es cometido en nombre o beneficio de la empresa, y puede ser atenuada o incluso eximida si existe un programa de compliance efectivo y la empresa puede demostrar la diligencia debida. La responsabilidad administrativa, por su parte, abarca el incumplimiento de normativas y regulaciones, sancionándose a través de multas, inhabilitaciones u otras sanciones.

Ambas responsabilidades son complementarias, ya que no todo incumplimiento es un delito penal, pero el cumplimiento del compliance penal es esencial para prevenir la responsabilidad pena

 La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Colombia. Un modelo de autorresponsabilidad

El gran aporte de los sistemas de cumplimiento normativo es la posibilidad de estructurar un modelo autónomo de responsabilidad de los entes colectivos, superando las tradicionales dificultades teóricas y dogmáticas para aceptarla. La cuestión a resolver, en este último apartado, es si en Colombia existe o no la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pregunta que, en nuestro criterio, debe responderse de forma afirmativa.

Al respecto, encontramos que el artículo 34 de la Ley 1774 de 2011, Estatuto Anticorrupción indica que

Independientemente de las responsabilidades penales individuales a que hubiere lugar, las medidas contempladas en el artículo 91 de la Ley 906 de 2004 se aplicarán a las personas jurídicas que se hayan buscado beneficiar de la comisión de delitos contra la Administración Pública, o cualquier conducta punible relacionada con el patrimonio público, realizados por su representante legal o sus administradores, directa o indirectamente. (Ley N°1774, 2011)

Las medidas a que hace referencia este artículo se relacionan con la suspensión de la personería jurídica o el cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público (Código Procedimiento Penal, 2004, art. 91), consecuencias de tipo administrativo que se imponen dentro del proceso penal.

Referencias

 EL COMPLIANCE Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN COLOMBIA

Compliance and criminal liability of legal persons in Colombia

Francisco Bernate Ochoa

BERNATE Ochoa, Francisco (2018). El Compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo,

Desde mi punto de vista, la clasificación del tipo de responsabilidad aplicable debe depender directamente de la magnitud del acto, del nivel de afectación producido y del grado de participación u omisión de los órganos de dirección