La sanción del Ministerio de Medio Ambiente y demás entidades encargadas del equilibrio ambiental, cuando se analiza el impacto de la minería en el país es muy mínima para lo que esto ocasiona en el medio ambiente. 

Eso, justamente, es lo que hace la más reciente investigación de la Contraloría General, este jueves 16 de enero del 2017, dará una radiografía de esa actividad en la que, en suma, se advierte y se reitera que Colombia aún parece no estar preparada para hacerle frente al sector; que aún, como lo dice en un aparte, no existen las condiciones para avanzar hacia la preservación de los recursos naturales.

Los hidrocarburos y los minerales juegan un papel esencial en las exportaciones del país y generan ingresos significativos. De hecho, su participación en el Producto Interno Bruto es cada vez más importante: en el 2012 representó un 7,7% mientras que sectores como el industrial y el agropecuario apenas alcanzaron 1,6 y 1,8 puntos porcentuales

El balance, entonces parece dramático. Pese a que el modelo es exitoso por el aumento de la inversión extranjera, las exportaciones y la notable producción, parece poco alentador desde donde se le mire, ya sea por la condición social de los municipios aledaños a las explotaciones, el daño ambiental o la situación legal de muchas mineras.

Hay que articular acciones, para reducir el tiempo transcurrido entre las sanciones administrativas de las corporaciones autónomas regionales y la judicialización por explotación ilegal. Hay que iniciar, en los ámbitos local y regional, estrecho control, y vigilancia a los compradores y comercializadores del metal, para sacar del mercado a quienes ayudan a lavar dinero del narcotráfico. Finalmente, estrategias técnicas, sociales y económicas que se puedan coordinar entre las autoridades y las empresas formales vinculadas al sector podrían ser de gran ayuda para articular y mejorar esta actividad tan importante para decenas de miles de familias antioqueñas…