Según la resolución del 26 de julio de 2010, que declara el agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial, lo cual genera para los Estados obligaciones exigibles por parte de los particulares. A partir de lo anterior, surge para los Estados miembro de las Naciones Unidas, entre ellos Colombia, la tarea de garantizar el servicio de acueducto con calidad y cobertura al 100 % a todos sus habitantes pero, a la vez, el Gobierno enfrenta el reto de conservar las fuentes de agua, que son el insumo para garantizar los derechos que la ONU ha considerado exigibles para todo ser humano.

La problema radica en que no hay igualdad de condiciones para todos los usuarias, ya que algunos debe pagar una cuota de mantenimiento del mismo mas alto que los demás, mientras unos pagan $28.000 mil pesos colombianos, otros deben pagar en las facturas mas de $50.000 mil pesos colombianos. Siendo este un acueducto veredal sin ánimo de lucro y administrado por los mismos usuarios debería de regir una igualdad social y una unión comunitaria.