La violencia se convirtió en el eje multifacético en torno al cual se definieron las nuevas pautas sociales: las tasas de homicidio, feminicidio, desaparición y desplazamiento forzados se desataron. Las estructuras jerárquicas de los grupos delincuenciales se dislocaron y bajo una violencia descontrolada transcurrió el acaparamiento de tierras, la pérdida de derechos, el cambio de los agentes de la producción, la ruptura de reglas de convivencia y la ruptura del tejido social tanto en el espectro urbano, mucho más individualizado, como en el comunitario de las zonas rurales.

Desde entonces, las políticas de seguridad (emprendidas en conjunto con Estados Unidos) no han hecho más que reafirmar las causas del crimen organizado y profundizar sus daños. De este modo, la violencia se ha convertido en la herramienta privilegiada de cambio y, en el método más rápido y eficaz para el rediseño social y productivo. Mientras las causas de la violencia se encuentran en la disponibilidad de “recursos” y los negocios delictivos (como la producción de anfetaminas y el tráfico de personas), los daños se relacionan con los desplazamientos forzados, las masacres, la amenaza a las poblaciones y el control de los territorios.

En todo este proceso, la economía criminal se ha ido diversificando. Ya no se circunscriben a la producción, traslado y comercialización de estimulantes ilegales, sino que se han desplegado hacia otras actividades consideradas “legales” o “lícitas” (si bien emplean mano de trabajo esclava o forzada): desde actividades extractivas hasta la creación de monopolios sobre ramas de la economía formal. Muchas veces, las víctimas son los pueblos indígenas que viven en armonía con la naturaleza y conservan la biodiversidad, en lugar de estar asociados a prácticas predatorias.

El “gasolinazo” desató una breve, pero intensa ola de protestas. De enero a marzo del 2017 se registraron 624 que representaron el 25.8% de las 2, 414 protestas registradas ese año.

72.09% de quienes protestaron eran ciudadanos, vecinos, transportistas y campesinos. Las protestas se concentraron en la CDMX (12.02%), el Estado de México (11.8%) y Chihuahua (11.3%).

El 92.8% de las protestas fueron pacíficas: marchas y bloqueos. Solo en el 7.1 % de las protestas hubo violencia y destrucción de bienes privados.