La responsabilidad subjetiva también conocida como teoría clásica de la culpa expresa que si una persona comete un daño que se tiene que reparar se debe de presentar tres elementos, Escobar Mendoza (2014) nos menciona lo siguiente: 

“basados en la teoría subjetiva o teoría clásica de la culpa, es necesario que se presenten tres elementos, a saber: el daño, el actuar doloso o culposo del actor y la relación de causalidad entre el daño y el actuar doloso o culposo del sujeto generador del daño.” (Pág. 13) 
 

La responsabilidad objetiva o también conocida como teoría del riesgo consiste en que lo único relevante e importante es el daño hecho, al contrario de la responsabilidad subjetiva que la culpa es un elemento indispensable para saber si el sujeto debe de reparar el daño o no, esta teoría solamente involucra el daño cometido, por lo tanto deja por fuera la negligencia y el dolo. Escobar Mendoza (2014) nuevamente nos explica lo siguiente: 

“Lo relevante para establecer una responsabilidad es la presencia del daño y la relación de causalidad entre el hecho o acción ejercida y el daño. No es necesario analizar si quien realizó la acción lo hizo de una forma dolosa o negligente.”

“La reparación del daño consiste en el restablecimiento de la situación anterior al hecho, en los casos que sea posible, e n la compensación económica del daño y los perjuicios ocasionados al ambiente, a las comunidades o a los particulares.”

Por otra parte, sobre la responsabilidad ambiental Aguilar & Iza (2005) mencionan que esta “tiene por objeto obligar al causante de daños al medio ambiente a pagar la reparación de tales daños” (p. 125).

En este caso me refiero específicamente al procedimiento administrativo en el marco de Ley 217, Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, su reglamento y la Ley 647, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley 217.

El Art. 144 de la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales que indica que las infracciones a dicha Ley y sus reglamentos serán sancionada administrativamente por la autoridad competente, de conformidad al procedimiento administrativo, y sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y las leyes específicas, así como de otras acciones penales y civiles que puedan derivarse de las mismas.

En los artículos 146 y subsiguientes hasta el art. 151 —de la ley anteriormente citada— se establece la vía administrativa, es decir, el procedimiento administrativo para aplicación de sanciones por las infracciones a la ley 217 y los recursos de cuales el administrado dispone para impugnar las resoluciones administrativas emitidas debido al procedimiento mencionado.

3- El pago por los servicios ambientales.
4- Asumir y responder por las sanciones aplicadas por la autoridad competente, derivadas de las infracciones a la Ley 217, y su reglamento, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y las leyes específicas, así como de otras acciones penales y civiles que puedan derivarse de las mismas.

5- Reparar los daños y perjuicios ocasionados a los recursos ambientales, al equilibrio del ecosistema, a la salud y calidad de vida de la población, derivados de cualquier acción u omisión.

6- Hacer efectivo el pago de cualquier sanción o multa en los plazos establecidos en cada caso. 

5- Realizar las auditorías ambientales, así como el monitoreo y seguimiento de los resultados de las mismas.

6- Aplicar las sanciones administrativas respectivas a todo aquel que cometa una infracción a la Ley 217 y su reglamento.

7- Disponer de oficio o a solicitud de parte, de las medidas todas las medidas legales que estime necesarias para dentro del proceso garantizar la tutela efectiva del interés general en la producción del ambiente, así como las medidas que sean estrictamente necesarias para detener o evitar un daño irreversible al medio ambiente que se esté produciendo o sea inminente e a la calidad de vida de la población y a la salud humana.

8- Revocar o cancelar la concesión, permiso, licencia y en general de toda autorización otorgada, cuando la gravedad de la infracción lo amerite.
9- Revisar, revocar, anular o reformar en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del Recurso Administrativo que dispone el particular, afectado en sus derechos o intereses por un Acto administrativo.

-Espinoza Espinoza, J (2008) Responsabilidad Civil por daño ambiental ¿Tutela efectiva de los derechos de los dañados o simplemente un lirismo?. Actualidad Jurídica No-84. Lima, Perú.

-González Márquez, J. (2003). La responsabilidad por el daño ambiental en América Latina. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. CDMX, México.

 -Gracia Pazmiño, M. (2011). La Responsabilidad Penal en los delitos ambientales mediante el incremento de las penas establecidas en los artículos 437 A – 437 J del Código Penal. (Tesis de grado). Universidad San Francisco de Quito. Quito, Ecuador.