Tratados como el de Lisboa, que marcan la pertenencia a una entidad supranacional –en este caso, la Unión Europea– marcan sanciones para los Estados Miembros que incumplan sus cláusulas clave. Sin embargo, los equilibrios políticos pueden hacer que no se apliquen. Así, pese a las preocupaciones por la falta de respeto del Gobierno de Hungría por las libertades fundamentales y la histórica petición del Parlamento Europeo de sanciones contra un Estado Miembro, dichas medidas no han llegado a materializarse.

En el caso de los tratados de derechos humanos, no hay un mecanismo claro de sanciones por su incumplimiento. Todos los tratados tienen el correspondiente Comité dentro del entramado de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos que examina el cumplimiento de los tratados por parte de los Estados Parte, pero dichos comités solo emiten recomendaciones. Las violaciones masivas de derechos humanos pueden llevar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a aprobar sanciones y hasta intervenciones militares contra Estados en base al principio de Responsabilidad de Proteger. Sin embargo, el derecho a veto que tienen en el consejo Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y China, complica enormemente la adopción de dichas medidas.