Asimismo, se considerada como actor  a todos aquellos que intervienen dentro de un conflicto social, ya sea antes, durante o posterior al conflicto. Estas presentan escalas según el papel de participación que presenten en dicho contexto de discrepancia. Por ejemplo, los actores primarios (quienes actúan como protagonistas dentro del conflicto social, estos pueden ser los afectados o los afectantes), los actores secundarios, (esto lo conforma aquellos que apoyan la manifestación para que se efectúe acciones de cambio), y, finalmente, los actores terciarios (los cuales son aquellos que participan en el conflicto como intermediarios y su postura suele estar regido por el principio de imparcialidad). 

Los conflictos buscan una negociación el cual pasa por distintos procesos y los actores participan de diferentes maneras. Castro (2021) nos explica que la negociación tiene tres ingredientes fundamentales que se percibe consecutivamente. En primer lugar, las posiciones de las partes, el cual permitirá que se conozca, desde una vista general, las actitudes de cada actor implicado y la predisponían que muestran para solucionar el conflicto, En segundo lugar, las posiciones de las partes, esta es diferente a una posición, en esta parte implica conocer los argumentos que sustentan las pretensiones de cada actor partícipe en la discrepancia. Y, por último, las necesidades. En este último punto debemos ser analíticos, pues esta es la parte más importante dentro de la negociación. Si bien ya habíamos explicado sobre las posiciones y las posiciones, estas están sujetas a las necesidades. Las necesidades son el principal factor del porqué se inicia un conflicto, y para solucionar este meollo se debe atender a dichas necesidades. (p. 31) 

Así, comprendemos que, el análisis de los actores dentro de los conflictos sociales son claves para comprender mejor el desarrollo de cualquier conflicto y, además, el desarrollo de una buena negociación, donde los resultados de esta puedan satisfacer a los actores implicados, permitirá mitigar las manifestaciones sociales. 

Las consecuencias de cada conflicto social pueden variar, esto según en contexto de exigencias y/o necesidades que reclame la manifestación. Pero, aun así, se conoce que los conflictos tienen características comunes que permiten conocer las consecuencias a rasgos generales.  Según Maldonado (2017) “Las consecuencias de la violencia durante un conflicto en general recaen en los DDHH, la gobernabilidad, el orden público, la seguridad y el establecimiento de una democracia basada en el ejercicio del diálogo”. (p. 5) Asimismo, estas consecuencias repercuten en diferentes aspectos nacionales, ya sea económica, política o social. Por ejemplo, al pronunciarse una marcha o un paro nacional, esta repercute en la economía de toda la nación, afectando indiscriminadamente a todos.

1.1.    Consecuencias económicas de un conflicto social:

Gran parte del PBI peruano está compuesto por los ingresos mineros, este último ha sido el mayor impulsador para dejar la pobreza nacional atrás, pues, pese a que aún existe escasez de recursos económicos en algunas zonas rurales, esta pobreza nacional no presenta tanta agudez como lo hubiera sido si no contáramos con los ingresos mineros. Los ingresos económicos del sector minero permitieron que se crearan más colegios y se impulse la educación. Además, el sector salud también se vio beneficiado, debido a que se han tratado de equiparse de la mayor medida posible con los ingresos del PBI. Estos no son los únicos sectores que fueron beneficiados, pero se recalca estos dos como ejemplos de mejoras gracias a ingresos económicos nacionales. Sin embargo, es bien sabido, también, que el sector minero es uno de los protagonistas que más conflictos sociales en el Perú ha tenido, por lo que dichos conflictos repercuten en los ingresos económicos del país. Según el informe publicado por la Defensoría del Pueblo, (2019) menciona una investigación económica el cual permite observar los efectos de los conflictos sociales en la economía.

En nuestro país, un estudio realizado por el Instituto Peruano de Economía mostró que la no ejecución de proyectos mineros produjo una pérdida estimada en US$ 67,203 millones de PBI, en un periodo de siete años. De manera más reciente, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que las protestas en el caso Tía María, ocurridas entre julio y agosto del 2019, habrían tenido un impacto económico equivalente a S/ 250 millones, lo que representa el 0,4% del PBI nacional mensual y 6,1% del PBI mensual de Arequipa. De la cifra total, se considera un impacto directo en el orden de S/ 160 millones a las actividades en los sectores agropecuario, comercio, transporte, alojamiento y restaurantes; mientras que uno indirecto de S/ 90 millones en sectores de manufactura, servicios financieros, servicios prestados a empresas y telecomunicaciones. Además, se estima que el paro en las operaciones del puerto Matarani generó un efecto temporal sobre la exportación por aproximadamente US$ 100 millones. (Defensoría del Pueblo, 2019, p. 16)

Asimismo, se estima que no se puede tomar una cifra exacta sobre las pérdidas económicas por el impacto de los conflictos sociales, debido a que no existe instrumentos sistémicos que puedan calcular. Además, se conoce que las paralizaciones que se producen durante el conflicto afectan, también, al mercado general, pues el desabastecimiento y los enfrentamientos constantes que se perciben en las manifestaciones suelen provocar un declive en el comercio nacional y, por ende, las estimaciones de las pérdidas económicas pueden ser muy variables.  

No obstante, para comprender la medida de estos cambios se debe ahondar en el proceso de su inicio, desarrollo, ajustes y de su prorrogación.

Otro aspecto es que se eliminarían los servicios de intermediación laboral, pero estos ya estaban prohibidos para casi todos los trabajadores del sector y la gran mayoría de ellos operaba en la informalidad.

De acuerdo con Germán Lora, abogado laboralista, el uso de empresas de intermediación solo está permitido en casos de suplencia o para labores ocasionales. Así, su eliminación no representará un cambio respecto de lo ya contemplado en la ley que regula el uso de empresas de intermediación.

Para Lora, el problema no está en modificar la norma, sino en fortalecer la labor fiscalizadora de la Sunafil y el Ministerio de Trabajo, ya que se trata de evitar el uso ilegal de intermediarios informales que no cumplen la legislación laboral.

(Según el Instituto peruano de economía, 28 de diciembre) 

El pasado 30 de noviembre de 2020 se comenzó una marcha en contra de la Ley N° 27360, dicha Ley estipulaba condiciones laborales que, según los manifestantes, eran contraproducentes para cualquier trabajador. Denunciaban que lo estipulado en la Ley iba en contra de sus derechos laborales y que por lo cual exigían que se derogue la misma. Asimismo, pedían mejores condiciones laborales en el sector agrario, que se garantice un mejor control dentro de este sector para que la Ley se cumpla en todas sus dimensiones. 

1.     Las manifestaciones 

La manifestación por esta Ley comenzó en el departamento de Ica, bloqueando la vía de la Panamericana Sur. Posterior a ello, se extendió al norte hasta el departamento de La Libertad este conflicto tuvo un desarrollo interrumpido, pues, si bien se comenzó la protesta el 30 de noviembre, está se volvió activar el 21 de diciembre luego de que el pleno del
congreso no llegara a un acuerdo total. Después de esto, los trabajadores del sector agrario anunciaron un paro agrario nacional, motivo por el cual trataron de presionar para que se brindara una solución al caso y se les reivindique sus derechos de trabajador. 

2.     Los actores sociales 

Los actores dentro de este conflicto lo conforman el Estado, las empresas agroindustriales y los trabajadores del sector agrario. Estos tuvieron que desarrollar su papel de actores según la participación que tenían durante la discordia social. Es decir, dentro de los actores primarios estaban los civiles, las empresas agroindustriales y el Estado. Seguidamente, como actores secundarios están los medios de comunicación que influyeron en la población en general, presionando al Estado a ceder a las peticiones de la protesta. Y por último, los actores terciarios lo conforman la Defensoría del Pueblo, organismo autónomo, mediante una actitud neutral, promovía conciliar con las partes y establecer un acuerdo mutuo. 

3.     Las consecuencias 

Producto de todo este enfrentamiento se percibieron consecuencias económicas, sociales y políticas. Dentro de las consecuencias económicas está el bloqueo de la carretera panamericana, esto no permitió la circulación de transportistas y el Perú no tenia comunicación por estos bloqueos. Además, esto también afectó el mercado nacional, habiendo desabastecimiento en los mercados por el problema de las vías. Asimismo, durante esos días, las empresas agroindustriales se encontraron paralizados, por lo que la inactividad laboral en este sector también repercute en las consecuencias económicas. Por otro lado, dentro de las consecuencias sociales, se registro daños a los DD.HH.
Según los informes de la marcha, se presentó un hecho violento en donde dos personas perdieron la vida, uno de ellos un adolescente de 16 años que no participaba en la protesta y, el otro, un señor obrero llamado Reynaldo Reyes Ulloa. Según manifiestan los testigos de la marcha, los policías estuvieron vestidos como civiles y que, además, estos empezaron a disparar repentinamente. Es ahí donde se
produce la muerte de ambas personas señaladas. Además, también se reportó daños físicos producto del enfrentamiento violento entre la PNP y los civiles. Por último, dentro de las consecuencias políticas, se planeó todo un consenso, se agendó una reunión extraordinaria para que solucionara este conflicto y cesar con los enfrentamientos bélicos.

4.  La nulidad de la Ley 

Tras un largo debate en el Pleno del Congreso el día 4 de diciembre, con 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones, se aprobó la nulidad de la Ley de Promoción Agraria N° 27360 a través del Proyecto Ley N° 5759, establecido en un decreto supremo de Ley N° 31087. Esta fue sustentada por algunos congresistas quienes afirmaron que la Ley N° 27360 vulneraba muchas leyes fundamentales del trabajar y que, además, no se
consideró la condición del trabajador al momento de extender su vigencia. Por otro lado, un congresista perteneciente a la mesa del partido FREPAP afirmo: “no estamos en contra de una empresa y sus intereses lucrativos, estamos en contra de la explotación del hombre por el hombre”. Así, se dio por conceder la demanda de los protestantes; es decir, la derogación de la Ley N° 27360.

Por otro lado, se añade el aspecto legal como un elemento sustancial de  estas problemáticas sociales. La Ley N° 27360 requería de una modificatoria urgente por no cumplir con los derechos laborales del sector agrario. Entonces, el sector que domina y abastece los mercados locales tiende a emplear mecanismos de defensa para el debido reconocimiento de sus derechos frente al Estado, apoyándose en las disposiciones de la Constitución Política del Perú. Es decir, este grupo social, económico y laboral está empezando a cuestionar el accionar de estas políticas públicas y exaltan la igualdad que tienen con el resto de peruanos.

"Dignidad de ci constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado".