El mandatario actual Nayib Bukele identifica a la delincuencia se clasficia como terrorismo, por eso mismo tomo accion con el regimen de excepcion, un régimen de excepción es un mecanismo legal para abordar situaciones de emergencia y debe ser eminentemente temporal y extraordinario. Acción propia del mandatario ya que los anteriores tomaron otras acciones como Tony Saca intento seguir con la mano dura pero no logró ningún cambio significante, posteriormente Funes busco apoyo en militares para detener la delincuencia y no dio los resultados esperados. Luego Sanchez Ceren intento hablar y quedar en acuerdos con los pandilleros pero ellos se negaron, finalmente Nayib Bukele busca frenar el terrorismo, ha recurrido a sus leyes antiterrorismo para enjuiciar a presuntos miembros de pandillas, generando un debate sobre las definiciones de delincuencia y terrorismo, donde las dos se cruzan, y los motivos del gobierno para calificar las pandillas de organizaciones terroristas.

El terrorismo atenta contra los valores y principios que sustentan el orden interamericano y contra las instituciones democráticas y libertades protegidas y promovidas por la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos internacionales.

Posterior al gobierno de Antonio Saca hubo un cambio y la gente votó por mayoría eligiendo al primer candidato de un partido de izquierda. Al tomar un vistazo a las medidas en contra del crimen organizado de diferentes épocas, no solo vemos la naturaleza de los decretos y leyes, sino también la reacción e impresiones que han quedado en la población. El gobierno de Funes instauró un esquema de militarización sin precedentes después de los Acuerdos de Paz, que implicó entre otras cosas, el nombramiento de militares en la conducción de la seguridad. Entre octubre de 2009 y marzo de 2014 se aprobaron siete decretos ejecutivos y uno legislativo que establecía la incorporación progresiva de militares a diferentes tareas de seguridad y la ampliación de sus atribuciones y competencias en el área de seguridad. Esto derivó en un aumento de abusos en contra de la población.

En el transcurso del gobierno de Sánchez Cerén intentó disminuir las cifras de homicidios y por la reaparición de grupos de exterminio en la Policía Nacional Civil, y por una leve mejoría en la gestión de las cárceles. Hubo un total de 23,000 salvadoreños asesinados durante los cinco años de la administración. Es decir un promedio de 13 muertes por día, un aumento respecto al quinquenio anterior.

La principal idea del gobierno fue una serie de reformas legales que permitieron a la administración endurecer las condiciones a los pandilleros presos para disminuir sus comunicaciones con el exterior. Pero esa idea fracaso totalmente ya que el control territorial que las pandillas ejercen permaneció casi intacto, las cifras de homicidios se mantuvieron estables y la extorsión.

Ya por último en la Presidencia de Nayib, se aprobó el régimen de excepción en El Salvador (marzo del 2022) que permite la limitación de derechos gubernamentales, eliminar o reducir controles legales, reduce el acceso a la información pública entre otras cosas.

Debe ser corto y extraordinario pero esta figura lleva casi un año viéndose en el país, como resultado, el gobierno reportaba 212 días sin homicidios hasta el día 11 de octubre del 2022 sin embargo se desconoce la cifra total de muertes de ese año.

También ha tenido como resultado la captura de más de 50 000 presuntos pandilleros, muchos han sido llevados "por apariencia o conducta sospechosa" mientras se reportan que al menos 69 personas han muerto, mientras permanecían bajo la custodia del estado.