Colombia es la segunda nación con más hispanohablantes, se estima que un 92,5% de la población es cristiana del cual el 89% es católica, el 10,8% protestante y el 6.6% no tiene ninguna afiliación religiosa. El partido actual que gobierna es el partido MIRA (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta) fundado el año 2000 y surgió de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional siendo así el primer partido cristiano con participación parlamentaria en Colombia, el partido Polo Democrático Alternativo y el partido de la Alianza Verde.

Tienen un estado unitario, social y democrático de derecha y su forma de gobierno es presidencialista.

Hay nuevas referencias memoriales estrechamente relacionadas con la Guerra Fría que han surgido en el debate público en Argentina, Colombia y Perú. Nombrar a las víctimas es una de ellas.

La indiferencia frente a las víctimas ha sido y es aún demasiado grande como para que pueda afirmarse lo contrario. En los casos de América Central, Colombia y el Perú, es decir, allí donde los conflictos internos surgidos en el curso de la Guerra Fría asumieron un matiz rural, las víctimas permanecen marginadas.

Los esfuerzos de algunos miembros de la sociedad civil y del gobierno no han bastado para sensibilizar a la población urbana frente al sufrimiento de las comunidades campesinas. Tanto Salomón Lerner, presidente de la Comisión de la verdad y reconciliación del Perú (CVR), como Gonzalo Sánchez, director del centro de Memoria y reconciliación en Colombia, han coincidido en señalar que uno de los problemas más graves en sus países ha sido la indiferencia social e institucional hacia las víctimas. A eso se suma la escasa difusión de sus historias de vida en los medios de comunicación. Por eso, si las políticas memoriales existen, y a pesar de que hayan ganado terreno en la última década, hay que matizar su eficacia en el cuerpo social.

En el caso de Colombia, un informe del Alto Comisionado para los Derechos humanos de las Naciones Unidas revela que a los desplazados se les identifica con la pobreza, la mendicidad y el robo, pero no necesariamente con las causas del conflicto ni con las iniquidades que ha producido. Estudios realizados por psicólogos demuestran también que a las víctimas y a sus familiares se les asocia con la inseguridad, los comportamientos delictivos, e incluso, con el anti-patriotismo. Se trata de una respuesta de protección frente a las situaciones difíciles, que busca invisibilizar aquello que se rechaza aceptar.

Queda, en segundo lugar, el problema del contenido democrático de las iniciativas de reconciliación nacional y de apoyo a los procesos materiales y psicológicos de reparación de las víctimas. Por más paradójico que pueda resultar a los ojos de los observadores extranjeros, en Colombia y Perú la reconciliación se ha convertido en una imposición desde arriba más que en un proyecto social respaldado desde abajo. Los gobiernos han debido imponer actos simbólicos de reparación a poblaciones locales recelosas de apoyarlos. 

Hay una hipótesis subyacente en este análisis que apunta a una interdependencia entre los asuntos internos y externos en la realidad colombiana, y la forma en que se desarrolla esta interconexión ha pasado por el tipo de relación que este país establece con los Estados Unidos.

Como resulta evidente, la certificación es el instrumento que simboliza la nueva condicionalidad estadounidense en materia de drogas psicoactivas. Hoy es Colombia el país colocado en cuarentena diplomática por parte de EEUU. Washington detenta un conjunto de medios y herramientas para propiciar ajustes internos entrometiendose de hecho en el devenir político del país, en medio de la elocuente pasividad nacional durante los años recientes. La mayoría de la élite civil y militar aún no ha entendido que la Guerra Fría terminó y que el país está sometido a la lógica vehemente de un prohibicionismo militante.

Colombia sigue siendo un blanco fácil en la lucha contra el crimen organizado transnacional ligado a los narcóticos. El relativo poco valor de Colombia para Washington, sumado a la enorme vulnerabilidad diplomática de Bogotá y la potencial consolidación de un narco-proyecto de gobierno en el país, hacen que para EEUU sea poco costoso y muy rentable seguir condicionando a Colombia en el frente de las drogas a través del proceso certificatorio. La recertificación de un país no ha sido la norma. Eso será más difícil en el futuro porque de acuerdo a la Sección 490 de la "Foreign Assistance Act" de 1961, la recertificación es posible cuando el ejecutivo corrobora que «un país ha experimentado un cambio fundamental en el gobierno» o que se hayan transformado las condiciones que llevaron a la desertificación inicial, o cuando el legislativo apruebe una resolución al respecto.

En esa dirección, el caso colombiano representa un parámetro de condicionalidad en referencia al asunto de las drogas que bien podría reproducirse en varios países latinoamericanos y caribeños. Hoy la desertificación solitaria de Colombia en América Latina focaliza el problema de las drogas en un país, evita que se conforme una coalición regional contra la certificación y logra de los demás concesiones anticipadas. Mañana, la experiencia colombiana puede multiplicarse ante la inercia latinoamericana y caribeña para responder a la certificación como modalidad de condicionamiento estadounidense.

La lucha antinarcóticos se utiliza de manera oportunista por consideraciones de orden político, puesto que Estados Unidos tolera y fomenta redes de narcotraficantes, si éstas son funcionales a sus intereses y además garantiza la existencia de la economía transnacional de narcóticos. 

Así, entre 1989-1993 Estados Unidos realiza la operación Heavy Shadow , coordinada por la Embajada en Colombia y con la participación de la CIA, DEA, FBI, Agencia de Seguridad Nacional y fuerzas especiales, para matar a Pablo Escobar. Estas agencias y aparatos de seguridad extranjeros actúan con el Ejército, la Policía y los Pepes agrupación paramilitar vinculada al Cartel de Cali

Ernesto Samper, pese a sus conflictivas relaciones con Estados Unidos, escala la agresión anti-narcóticos en contra de las comunidades en el sur del país en 1997, mediante un agresivo programa de fumigaciones y restricciones a múltiples productos esenciales que además sirven para la elaboración de la pasta de coca, como la gasolina y el cemento, lo que ocasiona protestas en el Putumayo, Caquetá y Guaviare. 

El gobierno de Estados Unidos evita el contacto con el presidente y trabaja directamente con las Fuerzas Armadas, hecho que amplía su autonomía dentro del Estado.

La visión tradicional de seguridad nacional en Colombia sigue vigente dada la persistencia de la subversión y la reiterada desatención de las autoridades civiles a los problemas de seguridad. Hasta los ochenta, la adopción de los principios de la seguridad nacional por parte de las instituciones militares fue más que todo esquemática e ideológica. De ahí que se redujera la capacidad necesaria para que la Fuerza Pública pudiera enfrentar con eficiencia a guerrillas y paramilitares. La inercia de esta situación llegó hasta el gobierno del presidente Samper. Y en el cuatrienio del presidente Pastrana la incompetencia política del gobierno contrastó con la recuperación operativa militar, que contó con la ayuda de Estados Unidos.

Esto explica las relaciones entre los fenómenos de la venganza, la Justicia y la reconciliación en contextos de guerra y de transición a la democracia en general, pero con un énfasis y un interés muy particular en la situación colombiana. Esto está orientado a limar por lo menos en parte las tensiones que acompañan el trabajo de los hacedores de paz y de los defensores de derechos humanos en torno al asunto de la “impunidad” por crímenes atroces perpetrados por los estados y por otras organizaciones políticas, a través de distinguir entre procesos verticales y procesos horizontales de victimización y de distribuir las funciones de unos y otros siguiendo las pautas que resultan de esa distinción. Partiendo de la premisa de que la Justicia transicional implica siempre un compromiso entre el Castigo, la Verdad y la Reconciliación, el trabajo ensaya argumentos en favor de un cierto privilegio del castigo en contextos de victimización vertical, así como de un privilegio parcial de la reconciliación en contextos de victimización horizontal.

El ensayo, finalmente, luego de caracterizar el conflicto colombiano como un caso de victimización horizontal propone para Colombia un modelo de justicia transicional, edificado sobre el primado de la verdad y del perdón en lo que atañe a los habitantes de las zonas grises, pero así mismo, sobre el castigo de los planificadores y gerentes de la barbarie.

La forma de cómo se vivió en Colombia, y en general en el Continente americano el conflicto de la Guerra Fría, no responde a lo que se vivió en el concierto universal pues mientras, por ejemplo, en el orden universal durante los años sesenta se dio comienzo a un acercamiento entre los dos modelos que se habían declarado en 1947 como antagónicos e irreconciliables por el mismo presidente Truman, en América se presenta una intensificación de las contradicciones entre defensores del comunismo y los defensores del capitalismo que se manifiesta en la concreción de procesos subversivos con el auge de guerrillas en casi todo el continente, con la toma del poder por parte de organizaciones guerrilleras comunistas o por la llegada al poder de gobiernos de corte socialista, por un lado; pero de otra parte también con el endurecimiento y militarización de muchos regímenes incluidas las dictaduras que se convirtieron en la forma de gobierno mayoritario en el continente; mientras la tercera fase del concierto internacional corresponde a la disolución del comunismo, en el continente se intensifica la lucha contra el comunismo por el mismo avance de las organizaciones promotoras de esta forma de vida, con prácticas como el terrorismo de estado diseñado y promovido desde los Estados Unidos e implementado abiertamente por instituciones como la CIA.

Lo anterior permite inferir la necesidad de construir análisis sobre realidades concretas que puedan dar pistas sobre la complejidad del fenómeno y la forma como en cada estado fueron asumidas políticas y prácticas que se tradujeron en algunos casos, como el colombiano, en afianzamiento de la crisis social y de la ola de violencia.

Finalmente, es necesario para una mejor comprensión del pasado no perder de vista que la Guerra Fría fue en esencia una guerra por la conquista de las mentes, una guerra que se desarrolló a través de instrumentos de la guerra psicológica y que contó en Colombia con el apoyo de los líderes del gobierno que asumieron el control del Estado y el ejercicio del poder, lo que se traduce en que ésta hizo presencia en forma abierta o encubierta y que son esas raíces las que han influido en los procesos, las que hay que desentrañar para comprender mejor la historia nacional.

Los movimientos de víctimas de las dictaduras del Cono Sur, que trajeron a primer plano a muchas organizaciones de la sociedad civil, o las negociaciones de paz en América Central y en el espacio andino, que han transformado el orden jurídico de Guatemala, Perú y Colombia para incluir diversos mecanismos de justicia transicional, e incluso instituciones como las comisiones de la verdad y los museos de la memoria, creados para superar la amnesia colectiva y favorecer la reconciliación, demuestran que los problemas memoriales están presentes en los espacios públicos.