ART. 8, 14, 16, 49, 103, 104, 105, 106, 107,133

-Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

ART. 10, 13, 34, 38, 42, 42ª, 43, 44, 45, 46,46ª, 48, 53, 117, 134, 137,169

-Ley Federal de Derechos del Contribuyente.

ART. 2, 5, 6, 12, 23, 24

-Ley Aduanera y su Reglamento.

Título Octavo ART 176 AL 202 Y 203

-Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo.

ART. 2,3,4,5,8,9,10, 14, 15, 16, 22, 28, 43, 44, 51, 52

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

La frase que mencionas es parte de los principios fundamentales del derecho, comúnmente conocida como el principio de irretroactividad de la ley. Esta regla establece que una ley nueva no puede aplicarse para afectar situaciones o derechos que surgieron antes de que la ley entrara en vigor. En pocas palabras, una ley no puede hacer que algo que era legal en el pasado de repente se convierta en ilegal, ni puede imponer sanciones retroactivamente por acciones que no eran consideradas delito en el momento en que ocurrieron.

El motivo principal que genera el PAMA, es que se realiza el embargo precautorio (privar durante el tiempo que dure el procedimiento la libre circulación de las mercancías, mismas que quedarán depositadas físicamente en un recinto fiscal para su manejo, guarda y custodia) de la mercancía, motivo de la presunción de irregularidades o infracciones, en este caso aunque los medios en que se transporte la mercancía no estén involucrados, quedan también bajo embargo precautorio para “garantizar el interés fiscal” y en algunos casos la autoridad puede realizar también el “embargo precautorio del resto del embarque”.

Cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquél en que quede integrado el expediente.

10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acta de inicio

Esta ley establece que nadie puede ser molestado o privado de sus derechos fundamentales, como su integridad personal, su familia, su hogar, sus documentos o sus posesiones, a menos que exista una orden escrita emitida por una autoridad competente que especifique la causa legal del procedimiento. Esto significa que las autoridades no pueden actuar arbitrariamente ni sin justificación legal para interferir en la vida de las personas.

1. Levantamiento de un escrito o acta de Irregularidades

2. Elaboración del acta de inicio de PAMA

3. Periodo para la presentación de alegatos y pruebas (10 días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del acta de inicio)

4. Periodos para que la autoridad dicte la resolución al procedimiento (Cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquél en que quede integrado el expediente.)

5. Emisión del documento con el que pone fin al procedimiento

1. Levantamiento de un escrito de irregularidades: Identificación y documentación de las violaciones o incumplimientos.

2. Elaboración del acta de inicio: Formalización del inicio del procedimiento administrativo, detallando las irregularidades y las partes involucradas.

3. Apertura del periodo para elaboración de alegatos y aportación de pruebas: Notificación a las partes afectadas para que presenten sus argumentos y evidencias en su defensa.

4. Emisión y notificación de la resolución: Decisión final de la autoridad competente, incluyendo sanciones o medidas correctivas, comunicada a todas las partes involucradas.

Estos pasos aseguran un proceso ordenado y justo para resolver las irregularidades detectadas.

I. El demandante.

II. Los demandados, que pueden ser:

a) La autoridad que emitió la resolución impugnada.

b) El particular beneficiado por la resolución que la autoridad administrativa desea modificar o anular.

c) El Jefe del Servicio de Administración Tributaria, el titular de dependencias u organismos desconcentrados o descentralizados que sean parte en juicios que disputen resoluciones de autoridades federativas coordinadas bajo convenios o acuerdos de coordinación, en materias competentes del Tribunal.

Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede intervenir como parte en juicios que involucren intereses fiscales federales, dentro del mismo plazo que corresponda a la autoridad demandada.

III. También puede ser parte un tercero que tenga un derecho opuesto a la pretensión del demandante.

Las personas morales tienen la opción de presentar demandas o cualquier solicitud usando su firma electrónica avanzada o la de su representante legal. En el primer caso, la persona moral será la titular del certificado de firma. Cuando una resolución afecta a varias personas, cada una debe firmar la demanda y designar un representante común entre ellas. Si no lo hacen, el Magistrado Instructor nombrará a uno de los interesados como representante común al admitir la demanda.

1. No se permite la gestión de negocios ante el Tribunal.

2. Quien actúe en nombre de otro debe demostrar que tiene la representación legal al momento de presentar la demanda o contestarla.

3. La representación de los particulares debe ser otorgada mediante escritura pública, carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas ante notario o secretarios del Tribunal, según la legislación de profesiones. Para menores de edad, la patria potestad ejerce la representación; para otros incapaces, sucesiones y ausentes, se necesita la resolución judicial correspondiente.

4. Se presume que las presentaciones electrónicas con la firma electrónica avanzada de una persona moral fueron hechas por su Administrador Único o Presidente del Consejo de Administración, según el cargo ocupado al momento de la presentación, salvo prueba en contrario.

5. Las autoridades serán representadas por las unidades administrativas responsables de su defensa jurídica, según lo establecido por el Ejecutivo Federal, su reglamento o la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Para autoridades de Entidades Federativas coordinadas, se aplicarán las disposiciones locales correspondientes.

6. Los particulares o sus representantes pueden autorizar a un abogado para recibir notificaciones y realizar diversas acciones procesales. Las autoridades también pueden designar delegados con estos fines. Otras personas pueden ser autorizadas solo para recibir notificaciones y conocer los autos, sin otras facultades procesales.

1. Mediante juicio en la vía tradicional, presentando un escrito ante la sala regional competente.

2. En línea, a través del Sistema de Justicia en Línea. El demandante debe elegir su opción al momento de presentar la demanda y esta elección no podrá ser modificada posteriormente.

Cuando la autoridad actúe como demandante, la demanda siempre se presentará en línea a través del Sistema de Justicia en Línea. Si el demandante no especifica su opción al momento de presentar la demanda, se entenderá que ha elegido tramitar el juicio en la vía tradicional.

1. Por escrito ante la sala regional competente, optando por el Juicio en la vía tradicional.

2. En línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, debiendo elegir esta opción al momento de presentar la demanda y sin posibilidad de cambiarla posteriormente.

Cuando la autoridad actúe como demandante, siempre deberá presentar la demanda en línea mediante el Sistema de Justicia en Línea.

Una vez vencido este plazo de cinco días, con o sin alegatos, la instrucción del juicio se considerará cerrada sin necesidad de una declaración expresa. A partir del día siguiente comenzarán a contar los plazos establecidos en el artículo 49 de esta Ley.

Las autoridades fiscales pueden realizar visitas al domicilio fiscal de los contribuyentes para revisar su contabilidad, bienes o mercancías, y determinar posibles omisiones de contribuciones o créditos fiscales, así como la comisión de delitos fiscales y proporcionar información a otras autoridades.

Para presentar una demanda de amparo indirecto, se debe proporcionar información detallada sobre el quejoso, la autoridad responsable, y el acto o norma impugnada, así como los hechos y derechos humanos violados. La suspensión del acto reclamado, que se solicita aparte, se concede si no perjudica el interés social ni infringe el orden público.