A partir de que se incorporó el derecho humano al agua en el artículo 4º constitucional, está pendiente la discusión de la Ley General de Aguas que lo normará.

No obstante la normatividad existente, prevalecen problemas como los siguientes:

• Los hábitos y prácticas en el uso del agua, que son elementos que fomentan el desperdicio.

• La insuficiente capacidad de los municipios para satisfacer en cantidad y calidad los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

• La falta de coordinación interinstitucional y de claridad en la competencia de la federación, los estados y los municipios.

• El rezago de tarifas y los subsidios que fomentan el desperdicio.

• Las malas condiciones de la infraestructura.

• Una gestión centralizada que impide una visión integral de cuenca en la que se fomente la participación ciudadana.

• La concesión de volúmenes superiores a la disponibilidad y las extracciones ilegales, sin sanciones.

• Los trasvases de una cuenca a otra con serias consecuencias ambientales y alto consumo energético.

• La contaminación de los cuerpos de agua por descargas legales, ilegales o no tratadas.