Son parte de los derechos humanos de tercera generación, posteriores a los derechos civiles, políticos, económicos y sociales.

Son indivisibles: se ejercen como grupo, pero protegen a cada miembro individualmente.

Incluyen derechos de pueblos indígenas, migrantes, consumidores, protección ambiental, entre otros.

Se originan ante el impacto negativo del desarrollo industrial y la explotación irracional de recursos naturales, afectando la habitabilidad planetaria y amenazando a generaciones futuras.

Se reconoce el derecho a un ambiente sano como un derecho colectivo porque afecta a todos los habitantes de una región.

Las principales causas de la migración son la falta de empleo, guerras, conflictos internos y persecución política o étnica.

Los migrantes enfrentan condiciones precarias: bajos ingresos y trabajos informales o inseguros, así como alojamientos inadecuados.

Debido a su situación vulnerable, requieren protección especial que garantice el respeto a sus derechos humanos y acceso a servicios básicos.

La Convención Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias (1990), ratificada por Perú en 2004, protege los derechos fundamentales de este grupo, independientemente de su estatus legal.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y el protocolo adicional (1967) establecen el marco para la protección de refugiados perseguidos por motivos políticos, étnicos o religiosos.

La Conferencia de Estocolmo (1972) fue la primera en tratar el tema ambiental a nivel global.

La Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992) consolidó el derecho a un ambiente equilibrado como prioridad mundial.

Río+20 (2012) reforzó los compromisos hacia el desarrollo sostenible.

Estos encuentros muestran el esfuerzo internacional para promover la sostenibilidad y reducir la degradación ambiental.

La Constitución Política del Perú garantiza el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para la vida (Art. 2, inc. 22).

La Ley General del Ambiente (2005) regula la gestión sostenible de recursos y establece derechos y deberes ambientales.

La creación del Ministerio del Ambiente (2011) impulsa políticas para conservar y recuperar ecosistemas y recursos.

El Estado está obligado a garantizar y promover el respeto a los derechos colectivos.

La sociedad civil puede participar activamente mediante veedurías, educación popular, y denuncias para exigir cumplimiento y justicia social.

La protección de estos derechos es fundamental para la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y el respeto a la dignidad humana.