de la oposición dialéctica entre conservación ambiental y desarrollo económico que estuvo 

presionando y mediatizando las políticas y las normas del Derecho Ambiental desde su mis-

mo origen.

cipio “es fundamental en la actuación ambiental, debido al alto potencial de irreparabilidad.De aquí que una expresión práctica 

del principio se menciona en instrumentos tales como la evaluación de impacto ambiental 

o, en una proyección estrictamente procesal, el instituto de la tutela inhibitoria o preventi-

va, las medidas cautelares y autosatisfactivas

 

de los daños ambientales, y se cifra, como es fácil colegir en la potestad del sometimiento 

de las actividades con riesgo ambiental a los respectivos controles, tanto previos, como de 

funcionamiento”.

pio de fraternidad, que junto a los de libertad e igualdad tuvieron la piedra angular que el ba-

samento de la forma liberal del Estado Moderno, tiene proyecciones bifrontes, en cuanto se conjuga en una dimensión 

intergeneracional y en otra intrageneracional, derivándose de la primera perspectiva los de-

rechos y deberes de compensación a los sacrificios que de la aplicación efectiva de la protec-

ción ambiental 

el principio 15 de la Declaración de Río cuando se expresa que: “Con el fin de proteger el 

medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución confor-

me a sus capacidades.

mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los 

Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas”. Su explicitación más contun-

dente se encuentra en el principio 7 que establece el deber de los Estados de cooperar para 

conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. 

el ya citado principio 7 se contiene la enunciación de un principio que, en cierta manera, es 

la clave de bóveda en orden a las relaciones diplomáticas ambientales internacionales, esto 

es el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas dice lo siguiente: En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente 

mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados 

reconocen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en 

vista de las presiones que sus sociedades ejercen el medio ambiente y de las tecnologías y los recursos 

financieros de que disponen. 

protección ambiental tiene a todos los ciudadanos por destinatarios y, en este sentido, resulta co-

herente y adecuado que se implementen al máximo los mecanismos y vías para que sea efectiva su 

participación y la de las instituciones que los representan de forma más directa. En virtud de este 

principio se han potenciado con especial pericial insistencia en el marco del Derecho Ambiental, 

los  instrumentos  destinados  a  dar  publicidad  a  las  políticas  y  medidas  ambientales  y  facilitar  la  

participación  efectiva  de  ciudadanos,  tanto  individual  como  colectivamente