Los derechos intelectuales se refieren a las creaciones de la mente, tales como obras literarias, artísticas, invenciones científicas e industriales, así como los símbolos, nombres e imágenes utilizadas en el comercio

La Propiedad Intelectual otorga al autor, creador e inventor el derecho de ser reconocido como titular de su creación o invento y, por consiguiente, ser beneficiario del mismo.

Los Estados son los responsables de garantizar una legislación clara para precautelar este bien común. En Ecuador, el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI) es el organismo encargado de proteger, fomentar, divulgar y conducir el buen uso de la Propiedad Intelectual desde el enfoque de tres áreas distintas: propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos y obtenciones vegetales y conocimientos tradicionales.

Derecho de Autor y Derechos Conexos se encarga de proteger los derechos de los creadores sobre las obras, sean estas literarias o artísticas, esto incluye: libros, textos de investigación, software, folletos, discursos, conferencias, composiciones musicales, coreografías, obras de teatro, obras audiovisuales, esculturas, dibujos, grabados, litografías, historietas, comics, planos,  maquetas, mapas, fotografías y videojuegos.

Obtenciones Vegetales y Conocimientos Tradicionales es una forma de propiedad intelectual que se confiere a la persona que ha creado, descubierto y/o desarrollado, una variedad vegetal. También se incluye dentro de esta área la biodiversidad y los saberes ancestrales.

El Plan Nacional del Buen Vivir establece que la generación de conocimiento sea uno de los ejes donde se asiente el cambio de la matriz productiva, necesaria para el desarrollo del país y proyección regional y mundial.

Los derechos de propiedad intelectual pueden ser de dos tipos: i) el derecho de autor (obras literarias, artísticas, etc.) y ii) la propiedad industrial (marcas y patentes)

La defensa y respeto el medio ambiente por parte de los poderes públicos tiene la entidad de principio rector de la política social y económica en nuestra Constitución23, pero las leyes sobre comunicaciones comerciales no se han hecho eco de este principio o lo han hecho en forma limitada. Así, la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (en su último texto consolidado de 28 de marzo de 2014), no contiene ninguna disposición expresa en relación al medio ambiente.