Según se comprende en el Decreto Ley 26122 “se considera como acto de competencia desleal y, por ende, ilícito y prohibido, cualquier conducta que sea contraria a la buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y a las normas de corrección que deben regir las actividades económicas.”

Asimismo, se considera esto como una infracción contra la reputación de una marca al explotar de forma indebida la imagen ajena y compararse de algún modo con esta. Esta acción está prohibida, ya que lo que hace es conseguir que el consumidor prefiera un producto, en este caso del anunciante, sobre el producto. Sin embargo, se puede realizar algún daño al competidor al utilizar una comparación objetiva y verificable. Es decir, con datos exactos y no con subjetivas.

Asimismo, en la Ley de la Represión de la Competencia Desleal, en el artículo 8 inciso 1 se considera un acto de engaño el hecho de inducir a error por las características o beneficios mencionados en un producto que no tiene una base de sustentación para que se considere algo veraz.  Bajo esa premisa, la empresa fue multada por Indecopi por haber presentado una prueba que no tenía el sustento necesario y por aceptar haber cometido actos de competencia desleal.

Por otro lado, en el artículo 8.2, se sostiene que es acto de engaño el hecho de difundir publicidad con testimonios que no se sustentan en experiencias reales de un testigo. En el caso de este comercial, solo se incluyó un testimonio respaldado únicamente por una declaración jurada firmada por una sola persona en base a su experiencia.

La revista Asia Sur, al difundir su información, no aplicó el rótulo de publirreportaje en sus contenidos publicitarios. Es así, que la empresa fue denunciada por el ex redactor, que adquiría como prueba de su denuncia, la ficha de Publirreportaje, donde se especificaba: ”La entrevista no tendrá la palabra publirreportaje y será ubicada en el especial de Diseño y Arquitectura”.

 

Finalmente, la revista solamente recibió un llamado de atención, que no implicó una resolución económica, ya que la revista documentó que habían publicado el rótulo en otros publirreportajes, por lo que la empresa no había cometido actos de competencia desleal.