Aunque a veces este principio choca con otros objetivos sociales, como querer que todos tengan acceso a servicios básicos como luz, agua. Se aplica este principio con mayor facilidad a los usuarios de servicios públicos que implican el acopio y tratamientos de influentes, los cobros dependen de cuanto contaminan cada uno y mejorar la calidad de los efluentes a través de reciclaje.

Los impuestos al carbono buscan reducir el uso de combustibles fósiles y emisiones de gases contaminantes, incentivando el uso de energías limpias como la solar y la eólica. Se aplican tasas diferentes según el contenido de carbono del combustible.

En países como Suecia y Estados Unidos, se ha demostrado que estos impuestos pueden generar ingresos significativos sin afectar gravemente a la economía, además pueden ofrecer un doble dividendo que es proteger el medio ambiente y reducir impuestos laborales.

Se creó en 1981 un sistema de permisos transferibles para descargas de DBO entre fuentes puntuales.

No se realizaron intercambios debido a restricciones estrictas (justificación por necesidad, duración limitada, exclusión de zonas tóxicas)

2. Colorado – Intercambio de fósforo en presa Dillon

En 1984 un programa regulado por la EPA permitió trading de fósforo entre fuentes puntuales y no puntuales.

Se registró una única transacción formal, con potencial de ahorro económico significativo

3. Carolina del Norte – Cuenca Tar‑Pamlico

Declarada sensible a nutrientes en 1989, se implementó trading de nutrientes entre 1990 y 1994.

Se logró una reducción del 30 % de nitrógeno respecto a 1991, límites de fósforo y créditos financiados por prácticas agrícolas eficientes.

Lecciones clave

La mayoría de los programas se enfocan en trading entre fuentes puntuales y no puntuales, especialmente para fósforo y nitrógeno.

Las barreras comunes incluyen costos transaccionales elevados, rigidez normativa e incertidumbre legal.

Las estructuras de mercado varían ampliamente: negociación bilateral, clearinghouses o intermediarios según el contexto.

En muchos países, parece que sacar la basura no cuesta nada porque ese cobro viene disfrazado dentro de los impuestos. Eso hace que pocas veces nos pongamos a pensar en cuánto cuesta realmente lidiar con toda esa basura. Pero con el tiempo, los tiraderos se están saturando y los costos para manejar los desechos siguen aumentando.

Pues con incentivos se solucionan los problemas de botar menos basura. En Estados Unidos, por ejemplo, ya se han probado sistemas en los que la gente paga por cada bolsa que genera. Eso ha hecho que muchos se lo piensen dos veces antes de tirar cosas a la basura y mejor se animen a reciclar.

y esto se aplica vendiendo etiquetas o calcomanías que se pegan en cada bolsa. Si la bolsa no trae su etiqueta, simplemente no se la llevan. Claro, esto implica otros gastos, como la impresión de etiquetas, y también abre la puerta a que algunos le quieran hacer trampa al sistema: desde llenar las bolsas hasta reventarlas, hasta llevarse la basura a otro lado para no pagar.

Ahora, no todo es tan sencillo ni tan bonito.

Siempre hay quienes buscan sacarle la vuelta al sistema con trucos ilegales.
Algunos hacen lo que llaman el “baile de la compactación”: exprimen al máximo las bolsas para meter lo más que se pueda y así pagar menos.

Y como reciclar generalmente no cuesta, muchos se van por esa opción. Suena bien, pero también puede provocar que la gente tire materiales reciclables en lugares indebidos, lo que genera nuevos problemas.

La ley estableció procedimientos para responder a emergencias ambientales y priorizar sitios contaminados. En 1986 se amplió la base tributaria y se asignaron más fondos para nuevas tecnologías y eliminación de residuos peligrosos.

El gobierno autoriza estas transferencias para asegurar que el crecimiento urbano se realice en zonas adecuadas. El terreno que cede los derechos recibe un pago y el otro puede desarrollar más, lo cual incentiva la conservación sin afectar el desarrollo económico.

Un ejemplo exitoso es el de Nueva York, donde en los años 70 se permitió a los desarrolladores construir más a cambio de preservar zonas naturales. En Long Island, se aplica en la zona de Pine Barrens, donde se protege un área de 40,500 hectáreas abastecedora de agua. Los créditos de desarrollo allí se pueden vender o intercambiar para construir más en otras áreas.

Varios estados de EE.UU. están aplicando estos sistemas con distintos niveles de éxito.