Esta situación es crítica, ya que la ambigüedad en definiciones como "violencia psicológica", "acoso" o "violencia simbólica" permite que casos similares tengan fallos judiciales contradictorios, lo que afecta la credibilidad del sistema judicial y perpetúa la vulnerabilidad de las personas afectadas.

Si se realiza una reforma legal integral que precise de forma detallada los conceptos de violencia de género, estableciendo criterios claros para su identificación y sanción, se logrará una mayor uniformidad en las decisiones judiciales, una protección más efectiva para las víctimas y se fortalecerá la seguridad jurídica en la aplicación de estas normas.