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      <title>¿Estado de Derecho y garantías constitucionales? by HILARY NICOLL DEYRA PAZ</title>
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      <description>El Grupo 1 opina que...</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-09-19 15:05:42 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hdeyrap</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-09-19 15:12:08 UTC</pubDate>
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         <title>Deyra Paz, H. Nicoll</title>
         <author>hdeyrap</author>
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         <description><![CDATA[<p>Es profundamente indignante la situación que enfrentan las comunidades de Espinar. Podríamos calificarlo y comprenderlo incluso como un acto hipócrita e irresponsable, ya que el Estado, en teoría, debería ser el garante de los derechos humanos y de la salud de todos sus ciudadanos. La existencia de leyes y planes de acción que reconocen el problema de la contaminación y, sin embargo, la falta de implementación efectiva y atención especializada, demuestra un desinterés real por parte de las autoridades.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-19 15:27:49 UTC</pubDate>
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         <title>Jennifer Esthefanny, Anco Baldeon</title>
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         <description><![CDATA[<p>La situación por la que se encuentra pasando en Espinar es crítica. por que a pesar de la acción de cumplimiento para atender a las personas afectadas por metales pesados, la falta de infraestructura adecuada, especialistas en toxicología y presupuesto dedicado limita la atención especializada. Es fundamental determinar las causas de la contaminación y tomar medidas para garantizar el acceso a servicios sanitarios de calidad y el cumplimiento de los estándares ambientales. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-19 15:39:03 UTC</pubDate>
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         <title>Burga Agip Mary Carmen</title>
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         <description><![CDATA[<p>El pueblo de Espinar viene luchando por más de 12 años lo único que el estado peruano en el 2021 es aprobar el Plan especial multisectorial de metales pesados, metaloides y sustancias químicas tóxicas y el Plan de acción de salud integral para la población en riesgo a metales pesados y metaloides, en la provincia de Espinar 2021 – 2023.&nbsp;&nbsp;Esto de nada sirve puesto que no han recibido ayuda medica especializada por el gobierno y el sector privado sigue las excavaciones se extracciones contaminando el agua. Por lo cual el gobierno esta incumpliendo totalmente el acuerdo de los derechos humanos y desde la atención medica y acceso a una educación adecuada.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-19 15:42:47 UTC</pubDate>
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         <title>Yaringaño Hinostroza, Yhina Angelli </title>
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         <description><![CDATA[<p>La realidad que enfrentan las comunidades de Espinar es profundamente alarmante, ya que se espera que el Estado defienda los derechos humanos y la salud de todos los ciudadanos. A pesar de contar con leyes y estrategias que abordan la contaminación, la ausencia de una implementación efectiva y de atención especializada demuestra una total dejadez por parte de organizaciones, el ministerio y el Ejecutivo.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-19 15:53:30 UTC</pubDate>
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         <title>Cabrera Amaro, Rosa Nicolle</title>
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         <description><![CDATA[<p>La situación en Espinar es realmente preocupante. Es inaceptable que, a pesar de contar con normativas que reconocen el problema de la contaminación, las autoridades no actúen de manera efectiva. Este desinterés por parte del Estado refleja una falta de compromiso con la salud y los derechos de las comunidades afectadas. Es fundamental que se tomen medidas concretas para garantizar un ambiente saludable y proteger a los ciudadanos que están sufriendo las consecuencias de la contaminación.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-09-19 15:57:05 UTC</pubDate>
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         <title>Patilla de la Cruz, Katiuska</title>
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         <description><![CDATA[El pueblo de Espinar continúa exigiendo desde hace más de una década que se respeten sus derechos fundamentales. A pesar de sentencias judiciales que reconocen la contaminación por metales pesados y ordenan medidas de salud y consulta previa, el Estado y la empresa minera Antapaccay no han garantizado una atención médica especializada ni reparaciones efectivas. Las comunidades denuncian que las actividades extractivas siguen afectando el agua y el ambiente, vulnerando el derecho constitucional a un ambiente sano, a la salud, al acceso a información y a la participación. Esta situación evidencia un grave incumplimiento del Estado de Derecho, que exige que las autoridades y las empresas actúen conforme a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos. La falta de acción efectiva también atenta contra las garantías constitucionales de las comunidades, como el debido proceso, la consulta previa y la igualdad ante la ley.]]></description>
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         <pubDate>2025-09-17 14:55:26 UTC</pubDate>
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