Tal como se expone en los textos revisados, aún persisten barreras externas, como la pobreza, la discriminación o la falta de políticas públicas coherentes, que condicionan el acceso y la permanencia en el sistema educativo. A su vez, las barreras internas, como la rigidez curricular, las prácticas pedagógicas excluyentes y la falta de formación docente, contribuyen a la permanencia de mecanismos de exclusión dentro de las propias escuelas.

Por ello no basta con solo  incorporar el discurso de la inclusión en las políticas educativas; sino que es necesario que estas políticas se materialicen en acciones concretas, sostenidas, y con enfoque de derechos. Se requiere una transformación profunda de los sistemas educativos, donde el estudiante sea visto como sujeto de derecho, y donde la diversidad sea considerada un valor que enriquece el proceso educativo.

En lo personal, considero que el principal desafío no es solo técnico o pedagógico, sino profundamente ético y político. Implica decidir qué tipo de sociedad queremos construir desde la escuela: una que reproduce desigualdades o una que promueve justicia social. La inclusión no puede ser entendida como una excepción o adaptación para algunos, sino como la base estructural de un sistema educativo justo y democrático para todos.