Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud u otra condición. Y aun así, con demasiada frecuencia oímos historias desgarradoras de personas que sufren la crueldad sólo por pertenecer a un grupo “diferente” de quienes están en posiciones de privilegio o de poder.

En muchas partes del mundo, las políticas de la culpa y el miedo están en auge. La intolerancia, el odio y la discriminación causan una fractura cada vez mayor en las sociedades. La política del miedo divide a la población mientras los dirigentes difunden un discurso tóxico y culpan de los problemas económicos o sociales a determinados grupos o personas.

Algunos países castigan a las personas por su orientación sexual o su identidad de género con penas de prisión o incluso con la muerte. Por ejemplo, en octubre de 2019, el ministro de Ética e Integridad de Uganda anunció que su gobierno tenía previsto introducir la pena de muerte para actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo.

El 80 por ciento de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo. La inmensa mayoría de las personas con discapacidad —el 82 por ciento— viven por debajo del umbral de pobreza. Las mujeres con discapacidad son dos o tres veces más susceptibles de sufrir abusos físicos y sexuales que la mujeres sin discapacidad.