• La Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a manifestarse. Las protestas, cuando se realizan de manera pacífica y ordenada, son una forma legítima de expresión y reclamo social. En este caso, la exigencia de mayor presupuesto para una región históricamente marginada debe ser escuchada sin criminalizar la protesta.

• Tanto los manifestantes como las autoridades deben actuar con responsabilidad y transparencia. En el caso de Oscorima, por ejemplo, su llamado a la protesta debe diferenciarse claramente de los intereses personales relacionados con investigaciones judiciales, para no deslegitimar una demanda que puede ser justa desde el punto de vista social.

• Las autoridades del Ejecutivo deben abrir espacios de diálogo reales y efectivos con las regiones, especialmente cuando estas expresan demandas presupuestales o sociales urgentes.

Sin embargo, es clave que las motivaciones personales no interfieran con el reclamo social, ya que esto puede deslegitimar la causa.

Atender estas necesidades mediante mecanismos institucionales puede evitar el conflicto en las calles.

En resumen, la paz social y el derecho a la protesta pueden coexistir si hay voluntad política, diálogo efectivo y una ciudadanía comprometida con la justicia social y el respeto mutuo. El equilibrio se construye cuando el Estado escucha y la población se moviliza de manera pacífica.

Creemos que en violencia violencia las autoridades deben velar por la protección de las personas, primero mediante medidas de prevención, realizando charlas a las familias o comunidades acerca de los derechos que tenemos, educando también a los más jóvenes acerca de la violencia y el maltrato para garantizar de esta manera una mejor comprensión sobre el derecho a la paz y tranquilidad.

Además de brindar una atención inmediata en casos de denuncia por violencia, pues por ejemplo , hay casos en dónde un policía hace caso omiso a una denuncia de una mujer que se encuentra desesperada, mientras el policía estaba en un “live” en tik tok, en estos casos se debería sancionar a aquellos que no cumplan con su deber.

Así como las empresas también tienen un rol clave: deben respetar los derechos laborales, cuidar el medio ambiente y promover entornos laborales libres de violencia o discriminación. Así pueden impulsar campañas de responsabilidad social que fomenten valores como la inclusión, el respeto y la justicia.

El Estado, por su parte, es quien debe garantizar que el derecho a la paz y la tranquilidad se cumpla de forma concreta: creando políticas públicas justas, asegurando el acceso a servicios básicos, atendiendo las demandas sociales y resolviendo conflictos mediante el diálogo.

En conjunto, cuando estos tres actores: Ciudadanía, sector privado y gobierno, asumen su rol con compromiso, la paz deja de ser solo un ideal y se vuelve una realidad vivida día a día.

Frank Castro Huayta

Jannet Cerpa Espinoza

Genesis Shaloom Figueroa Figueroa

Yoshira Huerta Paucar

Macedo Valdivia Rusell

Yusara Nicole Melendez Vela

Diego Natividad León

Jhordy Sanchez Apeña

Wendy Sanchez Sigüeñas