Otorgando así a la parte interesada la posibilidad de aportar su versión de los hechos en la doble versión tanto fáctica como jurídica.

2. Podrán realizarse antes de la comparecencia las inspecciones oculares y periciales.

3. Se convocará a una segunda comparecencia únicamente cuando haya sido imposible en la primera dejar listo el expediente para su decisión final, y las diligencias pendientes así lo requieran.

Artículo 311.-La citación a la comparecencia oral deberá hacerse con quince días de anticipación.

3. Los alegatos podrán presentarse por escrito después de la comparecencia únicamente cuando no hubiere sido posible hacerlo en la misma.

2. La revocatoria contra el acto final del jerarca se regirá por las reglas de la reposición del Código Procesal Contencioso-Administrativo.

3. Se considerará como final también el acto de tramitación que suspenda indefinidamente o haga imposible la continuación del procedimiento.

"IV. El principio de intimación pretende garantizar dos aspectos: a) que a la persona investigada, se le comuniquen de manera exacta los hechos que dan origen al proceso que se interesa, con la finalidad de que pueda proveer a su defensa, y b) que en el pronunciamiento de fondo se de una identidad entre lo intimado y lo resuelto.". (Voto 955-95 de las 10:30 horas del 17 de febrero de 1995).

La revocación obedece a que desde que fue asignado no se ha presentado a cumplir con sus labores.

En el ejemplo anterior al funcionario se le notifican los hechos que dieron origen al proceso, los cargos, las consecuencias. 

 

Partiendo de lo establecido en el artículo 298, y de acuerdo a lo expuesto por Álvaro Mora (2008) también existen una serie de principios que son la base de la apreciación de la prueba en un procedimiento administrativo. Existe un principio conocido como el principio de amplitud de la prueba o de prueba libre que indica que se puede utilizar cualquier tipo de prueba que permita llegar a la verdad real de los hechos. En otras palabras, no existe una lista taxativa del tipo de pruebas que puedan ser utilizadas en el proceso administrativo.

 

Sin embargo, si existen limitaciones en relación a las pruebas permitidas. El principio de legitimidad de la prueba indica que cualquier medio probatorio es aceptado mientras sea legítimo y que se encuentre dentro de lo posible y razonable. Si la forma en que se obtuvo la prueba es ilegal nos encontraríamos frente a prueba espuria que no debe tomarse en cuenta para la valoración de los hechos. 

 

Además, es importante que se tomen en cuenta las reglas de la sana crítica racional en el momento que la admininistración se disponga a valorar la prueba presentada. Esto, bajo el principio de valoración razonable de la prueba que busca que la prueba sea valorada acorde a los elementos del procedimiento con el fin de llegar a la verdad real de los hechos y a una resolución justa. 

 

Es necesario que la prueba que sea presentada permita acreditar la versión de los hechos que las partes están buscando demostrar. Existen medios de prueba de uso más usual como es la prueba documental, la prueba testimonial, y la prueba pericial. La prueba documental serían los documentos públicos o privados que permitan acreditar la verdad real de los hechos. La prueba testimonial es la que involucra la apreciación de los hechos de personas que pudieron observar o escuchar lo que aconteció. Y la prueba pericial es la que toma en cuenta la observación u opinión técnica sobre los hechos de parte de un perito que esté debidamente acreditado.

 

Los artículos 293, 294 y 295 de la Ley General de la Administración Pública hacen referencia a la prueba documental que deben presentar para conseguir demostrar los hechos. El artículo 294, indica la necesidad de legalizar documentos expedidos fuera de Costa Rica y la necesidad de traducir en caso de que se encuentre redactado en idioma extranjero. Además, el artículo 295 indica otros requisitos para la certifación y legitimación de los documentos aportados. 

 

En el artículo 300 de la LGAP se hace referencia a la prueba testimonial y pericial, al indicar que este tipo de prueba se encuentra igualmente circunscrita a lo dispuesto en el Código Penal en relación al falso testimonio y perjurio. Esto permite que exista una mayor credibilidad de los testimonios pero siempre tomando en cuenta las reglas de la sana crítica al valorar la prueba.

 

Como ya se mencionó previamente, además de la prueba documental, testimonial y pericial, se admite cualquier tipo de prueba que no sea ilegítima que permita acreditar la verdad real de los hechos. Cada prueba debe ser evaluada para determinar si no es espuria y además debe valorarse con atención a los principios que ya fueron mencionados, al procedimiento y a los hechos. La libertad probatoria permite que se establezca una búsqueda más clara de la verdad real y no de la verdad formal.

 

1. Para dictar el acto que agota la vía administrativa, será indispensable que el órgano que lo emita consulte previamente al Asesor Jurídico de la correspondiente Administración. 

 

2. El acto que agota la vía deberá incluir mención expresa de la consulta y de la opinión del órgano consultado, así como, en su caso, de las razones por las cuales se aparta del dictamen, si éste no es vinculante.

 

3. La consulta deberá evacuarse dentro de los seis días siguientes a su recibo, sin suspensión del término para resolver.

Entre los puntos esenciales, aborda que "Dentro de la Administración, el Derecho Sancionador tiene como finalidad mantener el orden del sistema y reprimir por medios coactivos, aquellas conductas contrarias a las políticas del ente estatal" (p.59).
De esta forma, el poder sancionar de la Administración es la imposición de sanciones a  quienes "incurran en la inobservancia de las acciones u omisiones que le son impuestas por el ordenamiento normativo administrativo" (p.59).

 

Por la gravedad de la posible sanción adquiere particular importancia que se cumplan todos los presupuestos del debido proceso. Dentro de los derechos que tiene el administrado está el derecho de presentar prueba en la audiencia. En este caso uno de los elementos de prueba fue denegado pero sin la debida fundamentación. Por esa razón, el abogado del administrado consideró menester que se interpusiera un recurso de revocatoria contra este acto. Al ser un procedimiento ordinario si se caben los recursos, a diferencia del proceso sumario. 

 

Al momento de presentar el recurso es importante hacer ver al órgano, que es el mismo órgano que dictó el acto, que si la prueba que se denegó si estuviera presente, la eventual resolución final tendría cambios significativos. Se hace una inclusión hipotética de la prueba que se denegó y además, el abogado le hace ver que la prueba fue denegada sin ningún fundamento. 

 

En este caso que se planteó, el órgano le da curso al recurso, revoca el acto que denegó la prueba y se toma en cuenta el testimonio para continuar con el procedimiento ordinario disciplinario. 

 

Al ser un procedimiento ordinario se deben tomar en cuenta los presupuestos y principios que derivan del debido proceso. En este caso, existen vicios en el procedimiento por no cumplirse el derecho de defensa cabalidad. No se le da el acceso a la prueba al administrado para poder conocer y combatirla en caso de que le perjudique. 

 

Este vicio afecta gravemente el debido proceso y por esa razón es que el administrado interpone un recurso de apelación con el órgano de alzada. Esto, ateniendose al artículo 344, inciso 2, que indica que si el acto recurrible emanare del inferior, cabrá sólo el recurso de apelación. 

 

El órgano de alzada de la curso al recurso de apelación, revisa el acto emanado del inferior, lo anula y concluye que sí se está violentando el derecho de defensa al no permitirle acceder, revisar y objetar la prueba en caso de ser necesario.

 

En este caso el administrado observa posibles vicios en el debido proceso al constituirse un órgano con miembros que debieron ser removidos o recusados. Según el artículo 230 existen motivos de impedimento y recusación según lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. Lo que sucede es que el administrado no fundamentó debidamente la razón detrás de la falta de objetividad que pudiese tener el órgano y por esa razón no se le da lugar al recurso de reposición que fue planteado. 

 

Los recursos aunque no tengan que ser tan formales como en la vía judicial por el principio de informalidad del procedimiento administrativo, si requieren de fundamentación para ser acogidas y no simplemente enunciar posibles vicios sin evidencia o fundamento.

 

En este caso existe un vicio grave del procedimiento al tener un órgano compuesto por funcionarios que se encontraban amenazados por miembros de una banda de narcotráfico, así como vicios en los testimonios dados por los otros policias que estaban recibiendo dinero a cambio de dar falsos testimonios. 

 

Se cumple con el supuesto del artículo 353 donde cabe un recurso de revisión según los incisos c) y d) de dicho artículo. La sentencia judicial concluyo que existían una serie de delitos que involucraban a varios funcionarios del centro penitenciario y esto llevó a que se realizara un procedimiento administrativo lleno de vicios.

 

El recurso se interpuso en tiempo según lo dispuesto en el artículo 354 inciso c) y fue interpuesto antes de cumplir el año de la sentencia judicial firme que le da fundamento al recurso de revisión. 

 

Está dentro de sus posiblidades emitir la queja contra el funcioanario que tramitó mal la notificación y esta queja tuvo que presentarla ante el superior de dicho funcionario. En el caso planteado el superior jerárquico acogió la queja y procedió a amonestar al funcionario.