Sin embargo, tras la firma, InnovaTech niega la validez del contrato alegando que su representante legal nunca firmó el documento, y que se trató de una suplantación digital, acusando a un exempleado que aún tenía acceso a sus claves y certificados digitales.

El representante de TecnoSoluciones denuncia el hecho ante el Ministerio Público por delito informático (suplantación de identidad y falsificación digital) y a su vez, exige la ejecución del contrato, alegando que la firma digital empleada cumplía con los requisitos de ley y que se presume válida mientras no se impugne judicialmente.

El conflicto jurídico en análisis gira en torno a la validez y eficacia jurídica de un contrato digital firmado electrónicamente entre dos personas jurídicas: TecnoSoluciones S.A.C. e InnovaTech E.I.R.L.. La controversia se origina a raíz de que el contrato fue suscrito a través de una plataforma privada habilitada para la firma electrónica avanzada, lo que, en principio, otorga presunción de validez legal al acto jurídico. Sin embargo, InnovaTech E.I.R.L. niega la legitimidad de dicho acuerdo, alegando que su representante legal no firmó el documento y que, en realidad, se habría producido una suplantación digital por parte de un exempleado que aún tenía acceso a las claves y certificados digitales de la empresa.

En este contexto, se configuran dos dimensiones problemáticas claramente diferenciadas pero interrelacionadas:

1. La validez jurídica del contrato digital firmado electrónicamente, en la medida que se invoca el uso de una firma electrónica avanzada y se presume que se han respetado los estándares técnicos y legales establecidos en la Ley N.º 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales. Dicha norma reconoce la equivalencia legal entre la firma digital y la firma manuscrita cuando se cumplen los requisitos exigidos (Ley N.º 27269, art. 3).

2. La posible suplantación de identidad y el uso indebido de credenciales digitales, lo cual plantea una situación de aparente falsificación informática o fraude digital, en perjuicio tanto de InnovaTech como del orden legal contractual. De comprobarse, ello podría configurar un delito informático conforme al artículo 207-D del Código Penal, referido a la suplantación de identidad mediante medios tecnológicos.

   
   

El punto central de la disputa es, entonces, la tensión entre la presunción legal de validez que ampara a la firma electrónica avanzada —basada en el principio de seguridad jurídica y eficiencia de los actos digitales— y el cuestionamiento posterior sobre la autenticidad de dicha firma, fundado en hechos que podrían comprometer su integridad o atribución.

En términos más técnicos, nos encontramos ante un caso en el que debe determinarse si existe responsabilidad por el uso indebido de una firma digital válida y, a su vez, si el documento firmado digitalmente puede ejecutarse como contrato válido ante la posible impugnación por suplantación. Es decir, se trata de un caso que requiere analizar la legitimidad del consentimiento electrónico manifestado, la atribución de identidad digital, la responsabilidad por la custodia de claves y certificados, y el peso probatorio de la firma electrónica dentro del proceso contractual.

Además, esta controversia plantea un vacío operativo habitual en muchas empresas: la falta de políticas internas claras para revocar, desactivar o reconfigurar certificados digitales al momento del cese de trabajadores, lo que abre la puerta a conflictos legales complejos como el presente (Jara, 2021).

En consecuencia, el análisis legal deberá abordar dos frentes: por un lado, la ejecución del contrato digital desde el punto de vista civil y comercial, y por otro, la presunta comisión de un delito informático que podría invalidar dicho acto, siempre que se pruebe judicialmente.

En primer lugar, es importante señalar que, en el marco del ordenamiento jurídico peruano, la firma digital tiene plena validez jurídica si cumple con los requisitos establecidos en la Ley N.º 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales. Esta norma, en su artículo 3, define la firma digital como aquella generada usando un certificado digital emitido por una entidad acreditada, que permite verificar la identidad del firmante y garantizar la integridad del documento.

El Decreto Supremo N.º 052-2008-PCM, reglamento de dicha ley, en su artículo 8, dispone que la firma digital tiene el mismo valor y eficacia jurídica que una firma manuscrita, siempre que haya sido generada de manera segura y atribuible a su titular. Además, el artículo 12 de la Ley de Firmas Digitales establece la presunción de autoría y validez del contenido de los actos firmados digitalmente, mientras no se impugne judicialmente.

En el presente caso, TecnoSoluciones S.A.C. sustenta su posición en la presunción de validez que otorga la legislación nacional a los contratos digitales firmados con firma electrónica avanzada. En contraposición, InnovaTech alega que su representante legal no firmó el documento, sino que fue víctima de una suplantación por un tercero. Frente a esto, la carga de la prueba recae sobre InnovaTech, quien deberá demostrar fehacientemente, en sede judicial, que existió una falsificación digital o uso indebido de la firma (Jara, 2021).

Es importante destacar que este tipo de controversias ha sido tratado en jurisprudencia reciente. Por ejemplo, la Resolución N.º 12-2021/CC1 del Tribunal Registral señala que la validez de una firma digital no puede ser cuestionada administrativamente si fue generada por un certificado vigente, y solo puede ser desvirtuada mediante acción judicial específica, como lo indica el principio de seguridad jurídica.

Por otro lado, desde el enfoque penal, el uso indebido de claves o certificados digitales por un tercero configura una infracción al artículo 207-D del Código Penal peruano, el cual sanciona los delitos de suplantación de identidad por medios informáticos. Esto valida la denuncia interpuesta por TecnoSoluciones ante el Ministerio Público por delito informático.

En base a lo expuesto, se concluye que la firma digital utilizada para la celebración del contrato es presumiblemente válida, conforme al marco legal peruano (Ley N.º 27269, D.S. N.º 052-2008-PCM). Por tanto, la carga de la prueba corresponde a InnovaTech E.I.R.L., quien deberá demostrar judicialmente que el contrato fue firmado por un tercero sin autorización.

De no presentar prueba suficiente, el contrato se mantendrá plenamente válido y ejecutable, y TecnoSoluciones podrá solicitar su cumplimiento conforme a las reglas generales del derecho de obligaciones y contratos (artículos 1351 y siguientes del Código Civil peruano).

Asimismo, la responsabilidad penal por suplantación recaerá sobre el extrabajador si se comprueba su participación, sin que ello exima a InnovaTech de su responsabilidad civil frente al contrato.

Finalmente, como medida preventiva, es recomendable que ambas empresas implementen sistemas de revocación inmediata de certificados digitales al cesar la relación laboral de cualquier trabajador que haya tenido acceso a dichas credenciales, conforme a la práctica recomendada por Indecopi y la Autoridad Administrativa Competente en Firma Digital (JNE, 2022).