La Coordinadora Nacional Afrouruguaya solicitó al gobierno una ley integral que declare la emergencia social de la población afrodescendiente -nativa y migrante- y permita llevar adelante una política de Estado «coherente y planificada a nivel de los próximos años». En esta ocasión, los representantes del Estado se centraron en mencionar diversas medidas y organismos relacionados a la población afrodescendiente y se comprometieron a contestar en un plazo de 60 días consultas de integrantes de la CIDH, en especial referidas a la falta de cumplimiento de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y las Formas Conexas de Intolerancia . Las recomendaciones de las organizaciones que integran la Coordinadora Afrouruguaya se basaron en la necesidad del cumplimiento de la Cirdi, ratificada por Uruguay en 2017, y señalaron el estancamiento y la falta de implementación de políticas públicas dirigidas a las personas afrodescendientes, a cuya situación crítica se sumó el impacto negativo de la pandemia por covid-19, sin medidas específicas para esta población. Entre otros puntos, este colectivo recomendó al Estado que active mecanismos en los tres poderes para resolver la violencia racial que vive la población afrodescendiente.

La abogada defensora, Noemí Barreto, señaló que la denuncia fue realizada la semana pasada por violencia de los derechos humanos consagrados en la Convención Americana, a petición de don Alberto Medina, padre de Anderson Medina, víctima de gatillo fácil.
Barreto mencionó a Última Hora que se pretende que el Estado repare los daños causados en las diligencias del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional. Para la abogada, la familia Medina fue violada en sus derechos explícitos de la Declaración Universal de DDHH en los artículos: 3, «Derecho de la libertad y seguridad de las personas»; 5, «De la prohibición de tratos crueles e inhumanos o degradantes»; 10, «Del derecho a ser oídos públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial», y 12, «De las injerencias arbitrarias en el domicilio, vida privada y familia». Anderson Medina sufrió en el 2012 una herida de bala en la columna, por la cual se sindica como responsable a Narciso Cañete. El joven quedó con graves secuelas de por vida. Cañete fue condenado en dos instancias, pero no se sometía a la prisión preventiva.