“Los Estados se comprometen a adoptar medidas (…) hasta el máximo de los recursos que se dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados (…) la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 

Esto es diferente si se compara con el PIDCP, que establece que los derechos son de exigibilidad inmediata.

·         Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992)

·         Conferencia Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. Bridgetown, Barbados (1994)

·         Cumbre de la Tierra de Kyoto (1997)

·         Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Johannesburgo, Sudáfrica (2002)

·         Cumbre de Cambio Climático de Copenhague (2009)

·         Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20. (2012)

·         Convenio de Minamata Kumamoto, Japón (2013)

·         Conferencia sobre los Océanos en Nueva York. (2017)

 

El desarrollo sustentable o sostenible es la forma responsable en la que se deberían utilizar los recursos naturales para poder lograr un medio ambiente menos contaminado y que las generaciones futuras no tengan que pagar por los errores de la sociedad actual. 

 

“Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.”

 

Art. 19 Principio de reserva: lo que una persona haga en la intimidad de su hogar, por ejemplo, mientras no constituya un perjuicio para un tercero, o escandalice la moral pública, no se puede juzgar.

 

Art. 19 Principio de legalidad: tiene que ver con el hecho de que todo lo que el Estado exija tiene que estar fundamentado con la ley. Nadie puede obligar a una persona a hacer lo que no manda la ley ni tampoco se le puede prohibir a una persona hacer algo que la ley no prohíba. 

 

Art. 28. Principio de razonabilidad: ninguno de los derechos y garantías de la CN pueden ser alterados por las leyes que se dicten para reglamentar las vigencias de esos derechos.

 

Art. 18 (derecho penal). Principio de irretroactividad: nadie puede ser acusado de un delito que no exista cuando cometió el hecho.

Las garantías que comprende son:

 

Juez natural: el juez que ese día esté determinado por tribunales será el que juzgue a la persona, no será un juez elegido.  

 

Juicio público y con jueces imparciales.

 

Prohibición de detenciones arbitrarias: solo es posible detener a alguien con una orden de un juez que lo autorice porque la restricción a la libertad tiene que estar plenamente fundamentada en la ley.

 

Presunción de inocencia: la inocencia no se debe demostrar. Se presume la inocencia y se demuestra la culpabilidad.

 

Derecho a la defensa en juicio: los ciudadanos cuentan con la asistencia de un abogado que pueda defender sus derechos.

 

Derecho a no declarar en contra de sí mismo: en caso de que una persona no tenga un abogado que lo defienda, puede defenderse por sí mismo en un juicio y lo que diga no será usado en su contra. 

 

Derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo delito. 

 

>> Amparo de los derechos individuales. Cuando toda persona, física o jurídica se encuentre con que un acto u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares hubiera producido una lesión a un derecho.

>> Amparo de los derechos de incidencia colectiva. La CN otorga reconocimiento a los derechos denominados como “intereses difusos” que cada ciudadano tiene en razón de pertenecer a un grupo social.

Es la tradicional protección jurídica, según la cual, cuando la libertad física se encontrara lesionada o amenazada, puede ser interpuesto un reclamo por parte del afectado para que el juez resuelva de inmediato sobre su situación. Si no hay una orden escrita por una autoridad competente, los únicos arrestos que puede disponer la autoridad pública son: por averiguación de antecedentes o en caso de una persona demente violenta. Luego de haber cumplido los informativos policiales, el detenido debe ser puesto en libertad o quedar a disposición de un juez competente. Si esto no ocurre, procede el habeas corpus. Protege el derecho a la libertad.