El modelo extractivista en Perú ha generado una serie de conflictos socioambientales, afectando gravemente a las comunidades locales y al medio ambiente. La expansión de proyectos mineros y petroleros a menudo requiere grandes extensiones de tierra, lo que puede llevar al desplazamiento de comunidades indígenas y rurales. Estas comunidades, muchas veces, no son consultadas adecuadamente, lo que viola sus derechos y genera tensiones y resistencia. Además, la minería y la extracción de hidrocarburos causan graves problemas de contaminación del agua, suelo y aire, afectando la salud de las personas y la biodiversidad local. La deforestación para la extracción de madera o para expandir la frontera agrícola también degrada ecosistemas vitales, especialmente en la Amazonía, poniendo en riesgo la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que estas áreas proporcionan. Estos proyectos extractivos, que a menudo se superponen con territorios de comunidades indígenas que tienen derechos ancestrales sobre estas tierras, provocan conflictos por el uso del territorio. Además, la llegada de grandes proyectos extractivos puede alterar profundamente las dinámicas sociales y culturales de las comunidades locales, generando descontento y resistencia. Los videos de la Asociación Nomadesc y NotimexTV subrayan cómo el extractivismo no solo impacta el medio ambiente, sino también los derechos humanos y la calidad de vida de las personas. La explotación de recursos sin considerar los impactos sociales y ambientales a menudo resulta en conflictos intensos y persistentes, que requieren una atención urgente y un enfoque más sostenible y equitativo​.

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, es un tratado internacional adoptado en 1989 que aborda los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y reconoce el derecho de los pueblos indígenas a decidir sus propias prioridades de desarrollo y a controlar sus propias instituciones, formas de vida y desarrollo económico. También, establece que los gobiernos deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a las tierras que tradicionalmente ocupan, requiere que los gobiernos consulten a los pueblos indígenas y obtengan su consentimiento libre, y por último, promueve la educación de los pueblos indígenas en su propia lengua y cultura, y la difusión de información que refleje adecuadamente sus culturas.

La importancia del convenio 169 de la OIT se basa en proporcionar un marco legal internacional para proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas, busca corregir las injusticias históricas y contemporáneas que enfrentan estos pueblos. Al promover la participación y consulta de los pueblos indígenas, el convenio fortalece la gobernanza democrática y la toma de decisiones inclusiva. Además, sirve de guía para que los países elaboren y ajusten sus políticas nacionales respecto a los pueblos indígenas. (OIT, 2014)

El Convenio 169 de la OIT establece una relación con los conflictos socioambientales y con los movimientos indígenas debido a varios factores clave que abordan los derechos de los pueblos indígenas en relación con sus tierras, recursos naturales y participación en decisiones que les afectan. Como por ejemplo:

• Reconoce el derecho de los pueblos indígenas a las tierras que tradicionalmente ocupan y a los recursos naturales en esas tierras. Esto es fundamental en los conflictos socioambientales, ya que muchas disputas surgen por la explotación de recursos naturales sin su consentimiento.

• El convenio exige que los gobiernos consulten a los pueblos indígenas antes de llevar a cabo proyectos que puedan afectarlos. La falta de consulta y consentimiento es una fuente común de conflictos, ya que las comunidades indígenas luchan por su derecho a decidir sobre las actividades que impactan sus territorios y modos de vida.

• El Convenio 169 ha sido una herramienta importante para los movimientos indígenas en su lucha por el reconocimiento de sus derechos. Proporciona una base legal internacional que apoya sus reivindicaciones y luchas por la autodeterminación, la tierra y los recursos.

• El Convenio 169 ha facilitado la formación de alianzas entre movimientos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas y defensores de derechos humanos. Estas alianzas son cruciales para fortalecer las campañas y aumentar la presión sobre los gobiernos y las corporaciones para respetar los derechos indígenas.

• INFOBAE. (2024): La Primera Sala Constitucional del Poder Judicial ordenó al Congreso de la República cumplir con el derecho a la consulta previa a favor de pueblos indígenas antes de votar leyes que los afecten. La demanda presentada por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA), en 2017, marcó el inicio de este proceso judicial. Ambas organizaciones buscaban el cumplimiento del artículo 6° del Convenio 169 de la Organización Internacional Del Trabajo (OIT) y la Ley de Consulta Previa 29785, legislaciones que reconocen el derecho a la consulta de los pueblos originarios, vigente en Perú desde 1995. Esta medida reconoce la importancia de la participación activa de los pueblos indígenas en las decisiones legislativas que puedan impactar sus vidas y cultura.

• CooperAcción. (2023): A pesar de que el Estado peruano ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y se comprometió a proteger los derechos de los más de 50 pueblos indígenas u originarios que habitan en su territorio, aún son muchos los derechos que no se aplican de manera adecuada. Esto se confirmó en la presentación del “Informe alternativo sobre el cumplimiento al Convenio 169 de la OIT” elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH). Durante la presentación, realizada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la abogada Ana Leyva, de CooperAcción, comentó que en el Perú aún se tiene un Estado con rasgos coloniales, ya que conceptos como el de “territorio” aún no están del todo incorporados en la legislación peruana y en consecuencia no está protegido.

Son iniciativas colectivas que buscan el reconocimiento, la protección y la promoción de sus derechos, identidades, territorios y culturas. Estos movimientos han surgido como respuesta a la marginación, discriminación y explotación que han sufrido las comunidades indígenas. Estos movimientos ponen un fuerte énfasis en la preservación y promoción de sus identidades culturales, lenguas, tradiciones y modos de vida, luchan por la equidad social y económica, buscando mejoras en la salud, educación, empleo y condiciones de vida, así como la reparación por injusticias históricas. Muchos movimientos indígenas están estrechamente vinculados con la defensa del medio ambiente, ya que sus territorios suelen ser ricos en biodiversidad y recursos naturales. La sostenibilidad y la gestión ambiental basada en conocimientos tradicionales son temas recurrentes.

Vargas-Hernández (2005) menciona que los movimientos indígenas han buscado reconocimiento y respeto de sus derechos a lo largo del tiempo, enfrentando luchas de clase y conflictos étnicos desde la época colonial y postcolonial. Asimismo, la lucha contra la privatización de tierras y recursos ha sido la causa central. En los años 70 y 80, la movilización basada en la identidad étnica se hizo más prominente, en parte debido a la apertura dentro de la clase política gobernante y la fuerte movilización desde abajo.

Como consecuencias principales, los movimientos han llevado al reconocimiento de los derechos indígenas en varias áreas, incluyendo reformas en la tierra y la participación política​, así como han tenido un impacto transformador en las estructuras de gobernabilidad, como se observó en Ecuador, donde las alianzas políticas a nivel comunitario influyeron en la política nacional. Los movimientos han revitalizado las identidades colectivas y han dado lugar a nuevas formas de acción colectiva, como respuesta a las reformas del libre mercado y otros desafíos contemporáneos​.

Estas causas y consecuencias destacan la importancia de los movimientos indígenas no solo en la lucha por derechos específicos, sino también en la transformación de estructuras políticas y sociales en América Latina.

• Forbes México. (2024): Activistas zapatistas y representantes comunitarios expresan su malestar ante el 'desprecio, despojo y agresión a los pueblos' sufridos en el sexenio. Portavoces de los cholultecas, comunidad originaria en Puebla, denunciaron lo que consideran ataques del Estado contra sus pueblos, el saqueo de sus aguas por parte de empresas privadas y la instalación de un basurero que contamina sus tierras. Juan Bobadilla, concejal purépecha, pueblo originario de Michoacán, del Congreso Nacional Indígena (CNI), se quejó ante el encarcelamiento y la represión que sufrieron compañeros de su comunidad dedicados a la protección del medioambiente.

• Amazon Watch. (2023): El 24 de junio de 2023, luego de una enorme protesta de la sociedad civil peruana y grupos internacionales de derechos humanos, el Congreso de Perú votó en contra de una ley que buscaba eliminar las reservas de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) en una formidable demostración de fuerza en el parte del movimiento indígena peruano. Juntos, lanzamos una campaña de participación directa dirigida al Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques para exigir que cualquier miembro de su red deje de recibir financiamiento climático, ya que algunos miembros, como los de Perú, continúan promoviendo activamente iniciativas que afectan los derechos humanos y territoriales. , lo que lleva a un aumento de las amenazas de deforestación y va en contra de la misión del Grupo de Trabajo. El grupo de trabajo respondió, pero la amenaza persiste y seguiremos interactuando con su liderazgo. Los actores extractivos aún están impulsando un paquete de legislación virulentamente antiambiental a través del Congreso de Perú, lo que podría poner a la Amazonía en mayor riesgo. 

El 5 de junio de 2009, el Baguazo fue producto de un violento desalojo de cientos o miles de comuneros amazónicos que ocupaban desde abril del mismo año el lugar denominado La Curva del Diablo, en Bagua, Amazonas, como protesta por la violación de sus derechos históricos u originarios. El desalojo, ordenado por el gobierno central del Perú, produjo una batalla entre policías y comuneros que devino en decenas de muertos, cientos de heridos y el desprestigio de las autoridades del Estado. La principal causa del conflicto se encontró, y se sigue encontrando, en la falta de integración de quienes habitamos el territorio peruano. Existe un divorcio entre quienes asumen la representación como autoridades de nuestro Estado peruano, y de quienes ocupamos, en su compleja diversidad, el territorio del mismo Estado. Esta causa principal puede graficarse en la interrelación conflictiva de dos grupos culturales: de un lado, el Perú Oficial integrado por los descendientes criollos y los mestizos (empresarios y profesionales generalmente) que conocen y utilizan el Estado peruano, centralista o capitalino; y, de otro lado, el Perú No-Oficial integrado por los mestizos y su población originaria (rural y urbana, de las comunidades campesinas, comunidades nativas y rondas campesinas) que ocupan históricamente los Andes, la Amazonía y hoy los sectores populares de la costa y las grandes ciudades. (Peña, 2019)

Las empresas, especialmente aquellas del sector extractivo (petróleo, minería, madera), se vieron beneficiadas por los decretos legislativos que promovían la inversión y facilitaban el acceso a recursos naturales en territorios indígenas. Estas empresas influyeron en la creación y promulgación de estos decretos mediante lobbying y presiones al gobierno, buscando un marco regulatorio más favorable para sus actividades. Además, en respuesta a las protestas, el Estado utilizó la fuerza policial para desalojar las carreteras bloqueadas por los manifestantes indígenas. Esto llevó a enfrentamientos violentos que resultaron en la muerte de varios policías y manifestantes.

Como respuesta ante los roles del Estado y las empresas privadas, las comunidades indígenas y otras organizaciones de la sociedad civil se movilizaron para protestar contra los decretos legislativos, defendiendo sus derechos territoriales y ambientales. Las manifestaciones incluyeron bloqueos de carreteras y ocupaciones pacíficas. Muchas organizaciones y ciudadanos peruanos se solidarizaron con la causa indígena, apoyando las protestas y abogando por una solución pacífica y justa al conflicto.

Los conflictos socioambientales en el Perú se han originado principalmente por la expansión de actividades mineras y extractivas, la contaminación ambiental y el desplazamiento de comunidades, en un contexto de debilidad estatal y respuestas insuficientes por parte de las empresas. Las causas y consecuencias de estos conflictos son las siguientes:

CAUSAS DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

1. Expansión en la minería: Las empresas mineras han extendido sus actividades a nuevas áreas como valles transandinos, zonas costeras y la Amazonía, lo que ha generado disputas por el control de tierras agrícolas y recursos hídricos.

2. Contaminación y desplazamiento: La contaminación de ríos y la necesidad de desplazamiento de poblaciones y actividades productivas se convirtieron en causas centrales de conflictos​.

3. Desigualdad estructural: Los conflictos socioambientales también reflejan problemas estructurales más amplios, como la desconexión entre la población y el Estado, así como la falta de confianza en las instituciones públicas​.

4. Debilidad del Estado: El Estado peruano ha demostrado una capacidad limitada para regular y controlar a las empresas inversionistas, lo cual ha exacerbado los problemas causados por la actividad extractiva.

   
   

CONSECUENCIAS DE LOS CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES

1. Violencia y cohesión social: Los conflictos han generado niveles significativos de violencia y han contribuido a una mayor cohesión social en las comunidades afectadas. Las organizaciones sociales han recurrido a la presión pública e incluso a actos de violencia para lograr soluciones a sus demandas.

2. Fragmentación de organizaciones sociales: Las organizaciones sociales involucradas en estos conflictos no han logrado una articulación a nivel nacional y se han caracterizado por su fragmentación. Sin embargo, ha habido algunos intentos de coordinación entre diversos actores locales.

3. Incremento en la conflictividad: Durante el segundo gobierno de Alan García (2006-2011), los conflictos socioambientales aumentaron exponencialmente, especialmente aquellos relacionados con proyectos de inversión en minería, petróleo y energía hidroeléctrica​.

4. Desconfianza en el Estado: La inacción y el incumplimiento de compromisos por parte del Estado han profundizado el déficit de confianza de la población en las instituciones públicas​.

• INICIO DEL CONFLICTO: Los conflictos socioambientales comienzan como disputas por el acceso y manejo de recursos naturales. Estos conflictos pueden ser locales o globales y afectan a diversos actores, incluyendo comunidades locales y grandes empresas transnacionales​.

• DESARROLLO DEL CONFLICTO: El desarrollo del conflicto se ve influenciado por la presencia o ausencia del Estado y sus mecanismos legales y administrativos. Las experiencias de zonificación económica ecológica y mesas de diálogo demuestran la importancia del diálogo y la concertación en esta fase.

• GESTIÓN DEL CONFLICTO: La gestión efectiva de los conflictos requiere la implementación de políticas públicas que equilibren lo económico, lo ambiental y lo social. La industria extractiva, en particular, necesita reglas claras que protejan los derechos y preocupaciones ambientales y sociales en todas las etapas del proceso: desde la exploración hasta la finalización de actividades​.

• RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO: La resolución se busca a través de la negociación y la institucionalización del diálogo. Se destaca la necesidad de avanzar en la regulación e institucionalización para prevenir conflictos y construir soluciones duraderas que favorezcan el desarrollo sostenible​. (Soria, 2014)

Los conflictos socioambientales surgen cuando existen disputas entre distintos actores sobre el uso y gestión de recursos naturales y el impacto ambiental de actividades económicas. El Estado tiene la responsabilidad de establecer y hacer cumplir las leyes y regulaciones ambientales. Esto incluye la evaluación de impacto ambiental, la emisión de permisos y la supervisión de las actividades empresariales, pero a veces, el Estado impulsa proyectos de desarrollo económico que pueden causar conflictos socioambientales, ya sea por la falta de consulta a las comunidades afectadas o por priorizar el crecimiento económico sobre la protección ambiental.

Además, las empresas buscan explotar recursos naturales para obtener beneficios económicos, lo que a menudo implica actividades extractivas, industriales o agrícolas que pueden tener un impacto significativo en el medio ambiente. Siendo vistas como principales causantes de los conflictos socioambientales cuando sus actividades resultan en daños ambientales y afectan negativamente a las comunidades locales, lo que puede generar resistencia y protesta.

Las comunidades locales y organizaciones de la sociedad civil a menudo juegan un papel crucial en la defensa del medio ambiente, denunciando actividades perjudiciales y presionando por cambios en políticas y prácticas. La población local suele ser la más directamente afectada por los impactos ambientales de proyectos extractivos o industriales, enfrentando problemas como la contaminación, la pérdida de recursos naturales y la afectación de su salud y medios de vida.

1. Defensoría del Pueblo (2024): La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N° 240, correspondiente al mes de febrero de 2024, el cual da cuenta de 206 conflictos sociales registrados (164 activos y 42 latentes). Del total de activos, hay 99 casos en fase de diálogo (60.4 %). Del resto de conflictos sociales activos, hay 9 en fase temprana, 7 en escalamiento, ninguno en crisis y 49 en desescalamiento. En el mes de Febrero, se resolvieron siete conflictos sociales. Según su ubicación, en Piura se resolvieron tres casos, uno por asuntos de gobierno nacional, uno por asuntos de gobierno local y uno de tipo socioambiental vinculado a la agroindustria. En Áncash se resolvieron dos casos socioambientales vinculados a la minería. Tanto en Junín como en Huánuco se resolvió un conflicto socioambiental vinculado a la minería.

1. Infobae. (2023): Los generales de la Policía Nacional del Perú (PNP) José Armando Sánchez Farfán y Luis Elías Muguruza Delgado fueron condenados a cuatro años de pena suspendida y al pago de una reparación civil de más de un millón de soles por el ‘Baguazo’, tras un juicio que acreditó falta de planificación en el operativo, denominado la Curva del Diablo, que resultó en 33 muertes por arma de fuego. La Corte Superior de Justicia de Amazonas, a través de la Sala Penal Liquidadora de Bagua, dictó la sentencia el último lunes 27 de noviembre, la cual establece la responsabilidad de Sánchez Farfán, director general de la PNP y Muguruza Delgado, jefe de operaciones especiales de la PNP, en agravio de ocho fallecidos y 14 heridos de gravedad, y por no garantizar la seguridad durante el desalojo ocurrido en Bagua el 5 de junio de 2009.

2. Infobae. (2024): En el marco de los 15 años del ‘Baguazo’ —uno de los conflictos sociales socioambientales más cruentos de la historia del Perú que dejó un saldo de 33 muertos— y el Día Mundial del Medio Ambiente, este miércoles 5 de junio se estrenará el documental “Entre el verde y el oro” en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

La Ley de Consulta Previa

Normativa que establece el derecho de los pueblos indígenas y tribales a ser consultados antes de que se tomen decisiones que puedan afectar sus vidas, territorios o culturas, Esta ley busca garantizar que estas comunidades tengan voz y participación en los procesos que les conciernen directamente

• Informen a las comunidades sobre proyectos o medidas propuestas

• Dialoguen con ellas de manera respetuosa y culturalmente apropiada

• Consideren seriamente sus opiniones y preocupaciones

• Busquen llegar a acuerdos o, en algunos casos, obtengan su consentimiento

La importancia es:

1. Protege los derechos humanos y colectivos de grupos históricamente marginados

2. Ayuda a prevenir conflictos sociales y ambientales

3. Fomenta un desarrollo más inclusivo y sostenible

4. Preserva la diversidad cultural y los conocimientos tradicionales

5. Fortalece la democracia al promover la participación de todos los sectores de la sociedad

Esta ley reconoce que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a decidir sobre su propio desarrollo y a mantener sus formas de vida únicas, equilibrando así el progreso económico con el respeto a la diversidad cultural.

Las fases de la consulta previa

1. Identificación:

- Se determina qué comunidades indígenas o tribales podrían ser afectadas por la medida o proyecto propuesto.

- Se verifica la presencia de estos grupos en el área de influencia.

2. Planificación:

- Se diseña la metodología para llevar a cabo la consulta.

- Se acuerda con las comunidades el cronograma, los lugares y la forma de realizar el proceso.

3. Información:

- Se proporciona a las comunidades información completa, clara y precisa sobre el proyecto o medida.

- Se explican los posibles impactos, tanto positivos como negativos.

- Se asegura que la información sea culturalmente apropiada y comprensible.

4. Preconsulta:

- Se realizan reuniones preliminares para explicar el proceso de consulta.

- Se acuerdan las reglas de juego y se resuelven dudas iniciales.

5. Consulta propiamente dicha:

- Se llevan a cabo reuniones y diálogos entre las autoridades, los promotores del proyecto y las comunidades.

- Se discuten a fondo las implicaciones del proyecto o medida.

- Las comunidades expresan sus preocupaciones, objeciones y propuestas.

6. Evaluación interna:

- Las comunidades analizan internamente la información recibida.

- Discuten entre ellos según sus propias costumbres y tiempos.

7. Diálogo y negociación:

- Se buscan acuerdos entre las partes.

- Se negocian medidas de mitigación, compensación o beneficios para las comunidades.

8. Formalización de acuerdos:

- Se documenta por escrito lo acordado entre las partes.

- Se establecen compromisos claros y mecanismos de seguimiento.

9. Implementación y seguimiento:

- Se ponen en práctica los acuerdos alcanzados.

- Se monitorea el cumplimiento de los compromisos por todas las partes.

10. Cierre del proceso:

- Se evalúa el proceso de consulta.

- Se documenta la experiencia para futuras referencias.

Es importante saber que estas fases pueden variar según la legislación y las características específicas de cada caso. El proceso debe ser flexible para adaptarse a las necesidades y circunstancias particulares de cada comunidad.

1. Minería: Consulta Previa culminó con la aceptación de comunidades indígenas de Ayacucho y Cusco

   Se culminaron positivamente 2 procesos de Consulta Previa con comunidades indígenas de Ayacucho y Cusco, respectivamente, lo que permitirá viabilizar el desarrollo de proyectos de exploración minera en dichas regiones.

   “Las consultas previas culminadas, se realizaron respetando, reconociendo y valorando las expresiones culturales de las comunidades indígenas, así como el marco legal vigente”, destacó el titular del Minem, Jaime Gálvez.

   “Ambos procesos de Consulta Previa se ejecutaron respetando, reconociendo y valorando las expresiones culturales de la comunidad en un clima de confianza, colaboración y respeto mutuo”, precisó Jaime Gálvez.

   Con la finalidad de realizar de forma eficiente los talleres informativos previos, el Minem incluyó en el equipo técnico un intérprete quechua acreditado por el Ministerio de Cultura. De igual forma, se implementaron con éxito, en todos los procesos que se están llevando a cabo, los protocolos sanitarios de prevención frente al COVID-19 que han sido consensuados con el MINSA para las distintas acciones y etapas de la Consulta Previa.

   El ministro Gálvez felicitó a la Oficina General de Gestión Social (OGGS), que lidera los procesos de Consulta Previa en el sector minero-energético, por la labor realizada y por seguir promoviendo el desarrollo de actividades mineras sostenibles y respetuosas de los derechos de las poblaciones originarias.

Causas:

• Falta de oportunidades laborales: Muchas personas se dedican a la minería informal y ilegal por falta de oportunidades de trabajo en otras áreas.

• Falta de control estatal: La falta de control por parte del Estado en las zonas mineras facilita la proliferación de la minería informal y ilegal.

• Corrupción: La corrupción en las instituciones públicas permite que la minería informal y ilegal operé con impunidad.

• Precios de los metales: Los altos precios de los metales como el oro y la plata incentivan la actividad minera informal y ilegal.

Consecuencias:

1. Degradación ambiental: La minería informal y ilegal causa la deforestación, la contaminación de ríos y suelos, y la pérdida de biodiversidad.

2. Riesgos para la salud: La exposición a sustancias químicas y metales pesados puede causar enfermedades respiratorias, dermatológicas y cancerígenas.

3. Conflictos sociales: La minería informal y ilegal genera conflictos entre las comunidades indígenas, los mineros informales y las empresas mineras.

4. Pérdida de ingresos fiscales: El Estado pierde ingresos fiscales por la evasión de impuestos por parte de los mineros informales y ilegales.

1. Minería ilegal amenaza a 32 distritos y 22 ríos en la Amazonía peruana

   En Perú, la minería ilegal en la Amazonía está amenazando a 32 distritos y 22 ríos en las regiones de Loreto, Amazonas, San Martín, Huánuco, Ucayali y Madre de Dios, según un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) - Perú.

   Específicamente, el estudio identifica que el 66.66% de la actividad de minería aluvial, que se realiza generalmente en las orillas de los ríos, utiliza maquinaria prohibida, tales como dragas de diferentes tamaños, para extraer oro de los ríos, siendo la región de Madre de Dios la más afectada.

   Asimismo, entre los cursos de agua impactados se encuentran el Marañón, Huallaga, Santiago, Nanay, Napo, Mazán, Curaray, Putumayo, Tapiche, Yaguas, Cenepa, Pachitea, Pozuzo, Yuyapichis, Inambari, Madre de Dios, Malinowski, Punkiri, Pariamanu, y otros afluentes de la cuenca de Madre de Dios.

2. Minería ilegal: Destruyen 7 dragas durante dos operativos en la zona de La Pampa, en Madre de Dios

   En ambas intervenciones se emplearon helicópteros del Ejército. En lo que va del 2024, la PNP, la Dicapi y el Ejército han ejecutado 955 operativos de interdicción a nivel nacional.

   El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, supervisó dos operativos de interdicción realizados en simultáneo en La Pampa, región Madre de Dios.

   Uno de los operativos consistió en desplegar 33 efectivos de la Policía Nacional (PNP) y el Ejército y dos representante del Ministerio Público en la zona de Mangote y el “Sector Primavera”.