En ese contexto, la cámara local a través de la Comisión permanente de Ecología, se suma a la demanda ciudadana expresada por el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida, BCS (FRECIUDAV) para evitar que la autorización del Proyecto Punta Norte no se formalice por las irregularidades que presenta y la gran amenaza para la sobreexplotación del agua para la ciudad de La Paz.

Cabe recordar que el pasado 25 de marzo, la Comisión de Ecología desde tribuna exhortó al cabildo de La Paz a no autorizar en una sesión que se celebraba en ese momento, el Proyecto Inmobiliario Punta Norte, porque se incurriría en diversas situaciones irregulares, señalando que dada la situación de estrés hídrico de este municipio, que podría ser el primero en agotar sus reservas de agua potable, sería una gran irresponsabilidad aprobar dicho proyecto, especialmente si consideramos esa condición tan vulnerable del acuífero de La Paz en estado crítico, que convierte a esta ciudad en la primera en el país donde podemos en poco tiempo llegar al día cero en cuanto a la

disponibilidad de este recurso; no obstante, cabildo con la oposición de algunos regidores, aprobó por mayoría el dictamen autorizando dicho proyecto, omitiendo los múltiples cuestionamientos de especialistas organizaciones de la sociedad civil, y de esta Comisión de Ecología.

El artículo 4˚ reconoce que toda persona tiene derecho al acceso, la disposición y el saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado debe garantizar este derecho de forma equitativa y sustentable, y establecer la participación de la Federación, los estados y la ciudadanía para conseguirlo.

El artículo 27 señala que las aguas son propiedad de la Nación y sienta las bases para que el Estado regule su aprovechamiento sostenible, con la participación de la ciudadanía y de los tres niveles de gobierno. Especifica que la explotación, el uso o aprovechamiento de los recursos se realizará mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo, con base en las leyes.

El artículo 115, por su parte, especifica que los municipios tienen a su cargo los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.