El poder colonial usa categorías de raza y género para imponer una jerarquía en la que los pueblos indígenas son reducidos a "subalternos" sin derechos plenos.

La respuesta del gobierno argentino fue brutal. Una combinación de fuerzas policiales y civiles rodeó la reserva indígena de Napalpí y, sin advertencia, abrió fuego contra la comunidad. Se estima que más de 400 personas, entre adultos y niños, fueron asesinadas. La represión no solo consistió en disparos; se utilizó machetes para asegurar la muerte de quienes intentaban escapar y se impidió a las familias dar sepultura a sus muertos, dejando los cuerpos expuestos como advertencia.

En los años posteriores, la versión oficial intentó justificar la masacre, acusando a la comunidad de ser un foco de violencia y bandidaje, con el fin de legitimar la acción del Estado. Sin embargo, décadas después, testimonios como el de Rosa Grillo, una sobreviviente, y la labor de historiadores como Juan Chico han sacado a la luz los detalles de este crimen, que hoy es investigado como un crimen de lesa humanidad en busca de verdad y justicia para las víctimas y sus descendientes.