Dicha política colocó como objetivo la seguridad de las familias, y si bien cumplía el mismo papel en la ley de seguridad nacional, nunca se estableció una estrategia clara para alcanzar lo planteado. Es decir, no existe una política pública concreta que coordine los esfuerzos gubernamentales e intergubernamentales. Por esta razón, aquí se ha recurrido a la normatividad, los planes y programas correspondientes a la acción gubernamental para inferir cuál es la política del gobierno federal en su batalla contra el crimen organizado. Así es como se discute, en función de la normatividad aplicable, si el combate al crimen organizado es un asunto de seguridad pública o de seguridad nacional, cuestionando la relación entre estos ámbitos; en segundo lugar, se analizan los planes que estructuran las políticas de seguridad nacional y de seguridad pública: el Plan Nacional de Desarrollo y los planes sectoriales correspondientes. Finalmente, en tercer lugar, se expone y analiza la estrategia derivada del segundo punto.

Sin embargo, al estudiar las estrategias en ambos documentos, llama la atención que no se tomen en cuenta las posibles causas del fortalecimiento del crimen organizado. Asimismo, que la política de seguridad pública no combate al crimen organizado sino a los delitos relacionados con éste, esto es, la política ataca los productos del crimen organizado, en particular la violencia, pero no su estructura organizacional.

Después del PND y el PNSP se ubican los planes sectoriales de las dependencias relacionadas con la política de seguridad pública y de seguridad nacional.

Se considera que la consecuencia más preocupante que surge a partir del narcotráfico es la amenaza a la seguridad nacional. En México, concretamente se ha señalado que amenaza la integridad territorial y la soberanía nacional.

El narcotráfico desafía el control central del Gobierno en el país y debilita el control territorial del Estado. En Perú, por ejemplo, existen porciones de territorio totalmente fuera del control del Gobierno.

Fortalecimiento de los militares en detrimento de la autoridad civil en algunas regiones del país y la policía se militariza.

La actividad económica en México se ha desacelerado en años recientes. Durante el gobierno de Felipe Calderón, la economía creció a una tasa promedio del 1,84%, la tasa más baja durante las últimas cuatro administraciones.

Bajo condiciones de guerra entre carteles del crimen organizado, es de esperar que los empresarios propietarios de micro, mediana y macro industrias cierren sus negocios y busquen mudarse a tierras más seguras.
Hay un desvió de recursos por parte de empresas privadas y organizaciones publicas para su propio beneficio.

La migración causada por la violencia no sólo perjudica la oferta laboral sino también la inversión en capital, la existencia de empresas y la creación de nuevos negocios.

Otra consecuencia preocupante es la Seguridad Pública en las distintas entidades:

-A partir de finales de 2006 los niveles de violencia en México, representados en forma de homicidios (ejecutados), se han disparado.

-La violencia en México se intensificó de forma drástica

-A medida que la guerra contra las drogas ha escalado en México, los carteles y sus células criminales han diversificado su portafolio de actividades al secuestro, la extorsión, el tráfico de personas, el robo de petróleo, entre otros crímenes (Guerrero, 2010). 

Las guerras entre carteles las organizaciones criminales se convierten con frecuencia en los poderes de facto, lo que significa que nadie está por encima de ellas.

Ejemplo, la matanza ocurrida en Puerto Vallarta en 1992
o  Un número considerable de mexicanos ha emigrado hacia Estados Unidos por falta de seguridad del país (Felbab-Brown, 2009)